Campo minado

Venancio Acosta
11 noviembre, 2016

Hace dos semanas el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay publicó los datos de una investigación acerca del mercado de armas de fuego en Uruguay. Justo cuando el fútbol uruguayo empezaba, otra vez, a oler a pólvora. Justo cuando el ministro Bonomi era interpelado por séptima vez. Justo cuando –después del asesinato de Nicolás Cuña frente a Coyote– la bancada nacionalista ensayaba otra intentona para torcer el Código Penal y abrir el camino para que la Policía dispare sin remordimientos.

Después de emprenderla a tiros contra los hinchas del cuadro rival, uno de los pibes del grupo que asaltó la plaza de Santa Lucía a fines de setiembre reconoció ante el juez haberse deshecho del “matagatos” que llevaba –una pistola calibre 6,35– lanzándola a la Cantera de Suárez. Otro admitió haber disparado un 22 con balas de salva, comprado por 2 mil pesos en la feria de Piedras Blancas “a un desconocido de pelo largo al que le faltaba un diente en la paleta (sic)”.1 Se desentendería del arma luego, vendiéndola en el barrio con dos balas menos y al doble de lo que la había pagado. Un mes después (cuando uno de los baleados aquella noche moría en el Sanatorio Americano, y frente a los baños de la Ámsterdam alguien disparaba, de nuevo, contra otro hincha de Peñarol) la prensa escudriñaba e...