Carrera de obstáculos

La anticonferencia de prensa del político Edgardo Novick provocó el rechazo del gremio periodístico en Montevideo. Sin embargo, un caso similar protagonizado en Maldonado por Germán Cardoso, máxima autoridad nacional del Partido Colorado, no tuvo la misma repercusión mediática.

La anticonferencia de prensa del político Edgardo Novick provocó el rechazo del gremio periodístico en Montevideo. Sin embargo, un caso similar protagonizado en Maldonado por Germán Cardoso, máxima autoridad nacional del Partido Colorado, no tuvo la misma repercusión mediática.

La actitud del empresario, líder del Partido de la Gente, quien el 1 de diciembre convocó a una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y cuestionó a un periodista que pretendió formulárselas, desató el rechazo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (Apu) y el repudio del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

“La actitud del empresario y político configura una amenaza a la libertad de expresión de los periodistas al impedirles realizar su trabajo y avanza en una mala práctica que se ha extendido en los últimos tiempos entre gobernantes, políticos y personalidades públicas. Asimismo implica un obstáculo para que la población acceda de manera adecuada a informaciones de interés público que lo involucran, lo cual afecta la calidad democrática”, sentenció Cainfo en su comunicado. Según esta organización, sólo un medio (Canal 4) contó lo ocurrido a su público al divulgar la nota. Aunque no fueron pocos los periodistas que, a título personal, plasmaron en las redes sociales su malestar por esa situación. Pongamos que el resto no consideró relevante expedirse o prefirió no incordiar al político en cuestión. Como sea, lo menos recomendable es el silencio. En Uruguay, país mentado internacionalmente por su libertad de prensa (tal vez porque a los periodistas no nos matan como moscas por informar lo que alguien no quiere que se sepa), es una perogrullada decir que existen amenazas más sutiles para obstruir nuestro trabajo. Sin embargo, hasta hace dos años no había ninguna estadística ni medición al respecto.

Entonces Cainfo comenzó a registrar las amenazas a la libertad de prensa en Uruguay, basado en las denuncias confirmadas que recibió de los trabajadores de la comunicación, con la colaboración de Apu y el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (Ifex). Desde que se inició el monitoreo, a principios de 2014, ha comprobado un total de 74 casos en todo el país. El último informe contabiliza 25 amenazas en lo que va de 2016.1 “La obstrucción al trabajo periodístico, con diez casos, es la categoría que más se repitió en el período, mientras que el hostigamiento a través de la justicia fue la segunda, con cinco. También se registraron situaciones de hostigamiento físico (cuatro), intento de censura en distintos niveles (cuatro) y amenazas (dos)”, señala el documento, divulgado esta semana. Por obstrucción al trabajo periodístico se identificaron acciones tales como: “no aceptar preguntas en conferencias de prensa, prohibir el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de los equipos de los periodistas (cámaras, grabadores, micrófonos) y negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas”. El hostigamiento a través de la justicia refiere a “la intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional”. La censura, en tanto, se ejerce mediante medidas directas o indirectas adoptadas por autoridades públicas para evitar la difusión de contenidos periodísticos, incluye “el manejo arbitrario de la publicidad oficial”, destaca el informe. El origen de estas prácticas varía según el año: en 2014, año electoral, la mayor parte provino de funcionarios públicos; en 2015, surgieron desde la órbita privada (empresarios, particulares); en lo que va de este año, nuevamente, los principales autores surgieron del sector público.

Tanto Apu como Cainfo estiman que existen más casos que los denunciados y por eso alientan a divulgar este tipo de actitudes. Parece claro que, si la razón del periodismo es informar para favorecer el ejercicio de las decisiones ciudadanas, el público debe saber quiénes intentan socavar su derecho a la información. Y si la intención es definir acciones para corregir o erradicar esas prácticas, el monitoreo debe ser lo más preciso posible. Sin embargo, esto es muy difícil cuando los propios periodistas no identifican las amenazas, las naturalizan como “gajes del oficio” o las dejan pasar por temor a represalias laborales. O cuando la precarización del empleo no se percibe, fuera de la organización gremial, como otra variable que atenta contra la libertad de prensa.

Un episodio que ejemplifica esas situaciones ocurrió en Maldonado, un día después del sonado caso de Novick. El 2 de diciembre el diputado colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), máxima autoridad nacional de su partido, convocó a algunos medios a una conferencia de prensa en su casa fernandina para adelantar su plan de interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por los últimos hechos de violencia en el fútbol. Más temprano había anunciado la interpelación en su cuenta de Twitter y también en la radio local FM Gente, propiedad de su suplente en Diputados y secretario general del Partido Colorado en Maldonado, Francisco Sanabria. A la convocatoria respondieron Telemundo y Subrayado y el Canal Once de Punta del Este. Este último sólo envió un camarógrafo con un micrófono, práctica que no es nueva, pero que se agudizó a mediados de este año cuando la gerencia mandó a seguro de desempleo a los tres periodistas a cargo del informativo central y terminó despidiéndolos a principios de noviembre junto con otros dos trabajadores. Como Cardoso resolvió hablar parado en el patio de su casa, su suplente Sanabria se ofreció a sostener el micrófono de Canal Once supliendo al periodista ausente. En tanto, el corresponsal de Telemundo, que había ido sin camarógrafo ante la premura de la convocatoria, pidió al corresponsal de Subrayado que tomara el suyo para manejar la cámara.

La conferencia no fue tal porque nadie formuló preguntas. Cardoso ofreció una declaración, luego emitida por los tres canales, sin que el público notara cómo se generó el material “informativo”.

La falacia habría pasado desapercibida de no ser porque Sanabria posteó en su Twitt­er y Facebook una fotografía en la que se lo ve de “notero” del Once junto a tres camarógrafos y un periodista. “En plena Conferencia de PRENSA (sic) con todos los medios nacionales y departamentales”, acotó.

Dada la investidura de los protagonistas, su poder político y económico en el departamento y las circunstancias en que se dio el caso, resulta tan o más grave que la no conferencia de Novick. Sin embargo, el episodio no tuvo mayor trascendencia. Sanabria alegó que sólo pretendió “dar una mano” a los trabajadores. “Si ayudar es delito: pues confieso!! Ayudé a gente laburante! He pecado!!! (sic), ironizó, también en Facebook, cuando tres o cuatro periodistas marcamos la gravedad del caso. Pero no fueron pocos los comunicadores locales que naturalizaron el episodio como un gesto de solidaridad del político y de compañerismo entre colegas. No percibieron el hecho como una amenaza a la calidad democrática ni parecieron notar que, al mismo tiempo, afecta a la ya paupérrima situación del sector en Maldonado, donde se perdieron decenas de empleos desde 2015. Cada vez con mayor frecuencia, los periodistas son sustituidos por los propios “entrevistados” que hablan a la cámara con solapero o micrófono en mano, sin que nadie formule preguntas. En este contexto, la vulnerabilidad a la manipulación y las presiones se han vuelto alarmantes. ¿Qué hacemos ante estos casos? ¿Nos retiramos de la falsa conferencia, exponiéndonos a una sanción del medio en que trabajamos? ¿Nos quedamos y aceptamos las condiciones del convocante porque lo que dirá tiene relevancia pública? Lo ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo y que todos, sin excepción, marcásemos el error al político o gobernante en cuestión (que avise que sólo hará una declaración, así sabemos a qué atenernos) y nos retirásemos sin la nota. Pero esa parece una opción lejana, al menos en Maldonado, donde la conciencia gremial todavía es muy débil y, como en el resto del país, los empleos penden de un hilo. Como decía Ryszard Kapuściński, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Aunque no basta. Falta formación académica y capacitación para sensibilizar a los trabajadores acerca de la ética profesional, o dicho de otro modo, faltan herramientas para defender su derecho a informar libremente sobre la gestión de quienes están en el poder. Pero si marcar malas prácticas se interpreta como un ataque entre colegas y si no somos capaces de debatir abierta y sanamente estas cuestiones, la carrera de obstáculos seguirá siendo larga y extenuante.

 

  1. El detalle de casos está disponible en www.cainfo.org.uy

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