Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales el 11 de abril, cuando dos políticos conservadores pasaron a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos que haya registrado el país andino: con el 19 por ciento el dirigente magisterial de izquierda dura Pedro Castillo y el 13 por ciento la candidata derechista Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público ha acusado de lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la Justicia, luego de dos años de investigar aportes de campaña electoral no declarados, procedentes de Odebrecht y del principal grupo financiero peruano.
Los comicios han ocurrido en la fase más severa de la pandemia –con cifras diarias de muertes más altas que en la primera ola–, así como en un contexto de grave crisis económica: la reducción del producto bruto interno el año pasado fue de 11 puntos, debido a las medidas para contener la transmisión de la covid-19. Este contexto de precarización y pugna por la supervivencia podría ser una clave para comprender por qué Castillo y Fujimori disputarán el balotaje aun con esos bajos porcentajes de votación. Antes de la pandemia era un 20 por ciento de la población el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Aún no hay cifras oficiales sobre los nuevos pobres y es esta población la que ambos candidatos han priorizado en sus discursos de campaña. En lo que va de la crisis sanitaria, además, unos 300 mil escolares han dejado las clases, debido a la imposibilidad de conectarse a Internet o a la carencia de radio y televisión para educarse a distancia, y han fallecido más de 151 mil personas debido al nuevo coronavirus, según el Sistema Nacional de Defunciones.
Una alta cantidad muere en sus casas, por evitar morir sin contacto familiar ni oxígeno en los hospitales: desde enero el país tiene un déficit semanal de 100 toneladas de dicho insumo médico. Gran parte del personal de salud aún no ha recibido los bonos que el gobierno aprobó por trabajar en la pandemia y labora hace un año con tensión por la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, así como de ventiladores artificiales y oxígeno. El cuadro es de agotamiento para el personal sanitario y miedo para los pacientes y sus familiares. Sin dinero, quienes no alcanzan un espacio en los hospitales tienen más posibilidad de morir, pues tienen que comprar cilindros de oxígeno o concentradores de este gas en el sector privado.
LA HORA DEL MAESTRO
Castillo se hizo conocido en 2017 como cabeza de una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. Durante la campaña electoral, una estudiante universitaria que participó en las protestas de noviembre contra la corrupción del Congreso y fue herida durante la violenta represión policial (véase «Tiempos turbulentos», Brecha, 20-XI-20) comentó a esta periodista que la primera vez que vio tanta brutalidad de los agentes contra manifestantes pacíficos fue durante la huelga de maestros que lideró Castillo.
El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea –el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú–, que las empresas extractivas reinviertan sus ganancias en el país e impulsar las empresas estatales –que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa–. Esta candidatura quitó votos a Verónika Mendoza, de izquierda moderada, quien proponía abiertamente una agenda de derechos sociales –incluidos los de la población LGTBI–, además de la defensa del medioambiente y de un mayor acceso a la salud y la educación.
«No más pobres en un país rico» es el eslogan que ha repetido sin aburrimiento el profesor Castillo durante su campaña hecha a ras de tierra, a diferencia de los otros candidatos, que viajaron menos que él –debido a las restricciones de bioseguridad por la pandemia– e invirtieron tiempo y recursos en campañas en Tiktok y otros medios sociales. Cuatro candidatos a la presidencia se contagiaron durante la campaña electoral. Castillo tiene una cuenta de Twitter, que usó muy poco: no estaba buscando allí a sus votantes.
COINCIDENCIAS: FAMILIA Y MANO DURA
La excongresista Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia, hizo una campaña distinta a la de 2016 (véase «El fujimorismo social», Brecha, 10-VI-16), cuando quiso distanciarse de la imagen del padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, robo y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Esta vez reivindicó los supuestos logros de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, usando un discurso que el fujimorismo ha asentado en 30 años: el de que salvó al país de la crisis económica y venció al terrorismo. Ello pese a que el grupo especial de inteligencia policial que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso trabajaba sin apoyo gubernamental y enfrentado al jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori.
La lideresa del partido Fuerza Popular ha dicho que el fujimorismo volverá a rescatar al país de la crisis económica y enfrentará con mano dura la pandemia y la delincuencia. Además, ha destacado su identificación con los grupos que se oponen al aborto –salvo el previsto en la ley, el aborto terapéutico– y al enfoque de género en el currículo educativo. También ha dicho que, si bien «tiene amigos» de la comunidad LGTBI, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario.
El profesor Castillo, en una entrevista en la principal radio de noticias peruana, respondió sobre esos temas pocos días antes de las elecciones, pues no se mencionan en el plan de gobierno de Perú Libre, de 77 páginas. El periodista le recordó que el líder de su partido dijo en alguna entrevista: «Nuestro pueblo, lleno de valores familiares, jamás podrá aceptar el enfoque de género». Y le preguntó si él es «profamilia». «No sólo somos profamilia: hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestro, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarla», contestó.
Esta posición coincide no sólo con la de Fujimori, sino con la de otros sectores de ultraderecha, que a partir del 28 de julio, cuando sea el cambio de gobierno, tendrán por primera vez escaños en el Congreso, de la mano del grupo político Renovación Popular. Desde 2016 un movimiento llamado Con mis Hijos No te Metas se ha opuesto, con marchas, plantones y un constante litigio judicial, al enfoque de género en las escuelas, pues señala que con él se promueve la homosexualidad en los niños. En dicho movimiento se encuentran seguidores de grupos ultracatólicos y sectas escindidas de los evangélicos.
En la misma entrevista radial, a la consulta de si legalizaría el aborto, Castillo respondió: «Para nada. Trasladaría el tema a una asamblea constituyente. Personalmente, no estoy de acuerdo». ¿Y sobre la eutanasia?: «Para nada». ¿Matrimonio igualitario?: «Peor todavía: primero la familia. La familia y la escuela: estas dos instituciones tienen que ir de la mano», añadió el candidato de la izquierda.
En tanto, así como la hija mayor de Fujimori ha usado desde 2016 el populismo penal en campaña y los congresistas de su partido lo usan constantemente en el debate parlamentario (pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte en caso de violación y, por tanto, exigiendo que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José), también Castillo y Cerrón apuestan por esa retórica. «Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y analice el Pacto de San José», manifestó Castillo en un reciente debate. El candidato de Perú Libre, que ha hecho campaña con un lápiz como símbolo, dice que la pena de muerte servirá para eliminar las lacras de la sociedad peruana.
Sin embargo, en el plan de gobierno que representa Castillo y firma Cerrón, la motivación para apartarse del sistema legal interamericano es distinta a la del fujimorismo: Perú Libre, desde una proclamada posición marxista y anticapitalista, señala que la Organización de los Estados Americanos es un mecanismo de dominación e injerencia en la Justicia de los países del continente, y por ello la rechazan. Castillo no menciona ese motivo en sus intervenciones públicas, pero este está plasmado en el documento inscrito por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Además de ser maestro de escuela primaria rural en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca –en los Andes del norte del país–, Castillo ha sido dirigente rondero. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado –los abigeos– y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», señaló en el debate presidencial oficial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con los 18 candidatos. La idea de que quienes hicieron el servicio militar o han sido militares se sumen al trabajo contra la inseguridad ciudadana es compartida hace años por congresistas y dirigentes del fujimorismo, así como por el candidato más votado de Renovación Popular, un oficial retirado de la Marina.
LAS DIFERENCIAS
En la primera vuelta, Castillo ha enfrentado –al igual que Mendoza– la fuerte contracampaña de los grupos políticos de derecha y la prensa tradicional, que alientan el miedo a que Perú se convierta en Venezuela o Cuba si ellos llegan a la presidencia. Pero, en el caso de Castillo, han ido más allá, al repetir alegaciones no comprobadas de que estaba vinculado a una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef). En Perú, los maestros que han cumplido una condena por terrorismo no pueden volver a ejercer la docencia. Sin embargo, en la huelga magisterial de 2017 la prensa indicó que algunos agitadores pertenecían al Movadef y cuestionaban a Castillo por esa presencia. Los remanentes actuales de Sendero Luminoso son una columna pequeña dedicada al narcotráfico y la extorsión, en un valle cocalero entre las montañas de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica, y el propio Movadef, que intenta infiltrarse en sindicatos y universidades. Castillo se ha deslindado muchas veces de esa agrupación. Es más: los ronderos combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca.
Pese a esto, ese será el mejor blanco de los ataques de la campaña del fujimorismo a la segunda vuelta, que está habituado desde 2000 a buscar votos promoviendo o alentando el miedo al terrorismo e insistiendo en que el padre de la actual candidata fue quien acabó con Sendero Luminoso. Sin embargo, en los años noventa, Alberto Fujimori usó la lucha antisubversiva como pretexto para que un destacamento del Ejército, el llamado Grupo Colina, desapareciera y asesinara a estudiantes de universidades públicas y a dirigentes campesinos y sindicales que denunciaban la corrupción de su gobierno y los retrocesos en los derechos laborales causados por la nueva Constitución de 1993 –aprobada luego del autogolpe de abril de 1992–, que cambió el modelo económico peruano y que hoy defiende Keiko Fujimori.
Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha invocado este miércoles a sus seguidores a «no abrir heridas» y no hacer campaña contra Castillo ligándolo al terrorismo. «Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación, pero no voy a terruquear a nadie», anunció. El terruqueo es la ofensa a una persona o grupo llamándolo terrorista cuando no lo es: la palabra viene de terruco, la forma como se denominaba en el campo a los subversivos en la década del 80. «Propongo generar riqueza, no estatizar; que Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases», añadió en un pronunciamiento público cuando el escrutinio llegó al 99 por ciento de las cédulas de votación. Además, ha encarado a Castillo diciéndole que no se atribuya la representación de los pobres, porque «el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos». El candidato aún no ha respondido. Sin embargo, en cierto modo, su vida y su trayectoria hablan por él. Es maestro rural desde 1995 en una de las regiones con mayor pobreza extrema y menos acceso a la salud, pese a que en Cajamarca se ubica la mina con mayor producción de oro de Sudamérica.
El maestro ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una asamblea constituyente y pretende que la educación y la salud sean derechos constitucionales, «y no servicios, como ahora», mientras que Fujimori defiende el modelo neoliberal. «Yo no necesito disfrazarme de paisano para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores. Soy chacrero, obrero, rondero, agricultor y profesor a mucha honra», afirmó en una entrevista anterior a los comicios. El voto «por el lápiz, por el lapicito», como decían algunos electores días pasados, puede haber sido no sólo por una necesidad de orden en una sociedad caótica e impredecible por causa de la pandemia, sino también por un personaje ajeno al repertorio de políticos visibles desde 2016, cuando se ha agudizado la corrupción en la política y en el sistema judicial.
En Cajamarca, Castillo fue dirigente entre 2005 y 2017 de Perú Posible, el partido que fundó el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, navegó en el sistema formal de la política, pero no saltó a la escena nacional desde esa plataforma. Todos los presidentes que asumieron de 1990 en adelante, con la excepción del presidente de transición Valentín Paniagua, están presos, investigados o enjuiciados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Y Alan García se suicidó en abril de 2019, cuando llegaron a su casa un fiscal y la Policía con una orden de prisión preliminar por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El politólogo Arturo Maldonado destacó recientemente en conversación con la emisora radial Radioprogramas que tanto Castillo como Fujimori tienen muy poca legitimidad debido al bajo porcentaje de votos que obtuvieron, a lo que debe sumarse que hubo un 5 por ciento de votos nulos y un 12 por ciento de votos en blanco, además de un alto ausentismo, de un 28 por ciento, aun cuando el voto es obligatorio. Quizás ese 28 por ciento se explica por las múltiples desconfianzas y dificultades de ir a votar en pandemia, el temor a las colas y el consiguiente contagio, la obligación de ir con mascarilla, la necesidad de cuidar a un pariente enfermo y el hecho de estar en una ciudad distinta a la del lugar de votación: en mayo, miles de peruanos se desplazaron de los centros urbanos al campo porque se quedaron sin trabajo en las ciudades (véase «Los caminos del hambre», Brecha, 8-V-20). En ciertos casos es más barato pagar la multa que costear un pasaje interprovincial. Tampoco los cuidados sanitarios son accesibles para todos: una radio reportó el domingo que una mujer se acercó a votar en Lima sin cubrebocas porque no tenía dinero para comprarlo, un policía sacó dinero de su bolsillo y compró uno, y la mujer pudo ejercer su derecho.
Lo cierto es que el próximo presidente (o presidenta) peruano, sea de izquierda o de derecha, será conservador y populista. Pero no fue esa la voluntad de un amplio sector del electorado.
