Salvador, la película española que narra la vida del anarquista Salvador Puig Antich, una de las últimas víctimas del franquismo, en 1974, cuenta entre sus protagonistas al argentino Leonardo Sbaraglia. El actor funge de guardiacárcel duro que termina convertido en amigo de Salvador, condenado a muerte por el atentado que sufriera el presidente del gobierno franquista Carrero Blanco a manos de la eta. Casi 40 años después, en Buenos Aires, otra argentina, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, tiene en sus manos la posibilidad de reparar ese crimen y el de otros 50 españoles asesinados entre 1936 y 1975, durante la dictadura de Francisco Franco.
“Argentina es quizá nuestra última esperanza para obtener justicia”, señaló a la prensa apenas llegado a Buenos Aires Mikel Unzalu Hermosa, legislador e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento vasco. Junto a él viajaron otros 27 españoles en representación del País Vasco, de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. Trece de ellos declararon durante toda esta semana ante Servini. La causa judicial en Argentina fue abierta por la magistrada federal el 14 de abril de 2010 a instancia de la presentación hecha por Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre, alcalde de Castro Rei, un pueblo de Lugo, fue asesinado por la Falange. Después de Rivas se presentó Inés García Holgado, sobrina nieta de Luis García Holgado, un funcionario de correos del municipio de Hervás, en Extremadura, fusilado a los 40 años por las huestes de Franco. Con esas dos presentaciones fue abierta la causa judicial basada en el principio de la jurisdicción universal para crímenes considerados de lesa humanidad, norma que habilita a un juez a iniciar acciones legales en cualquier país. España, que en los noventa oxigenó los reclamos de familiares y víctimas de la represión dictatorial en América del Sur con ese mismo principio de jurisdicción universal, no aplicó el mismo criterio para los crímenes de la dictadura franquista.
LAS VÍCTIMAS. “En España las autoridades políticas sostienen que esos delitos prescribieron a partir de la amnistía dictada en 1977”, dice Adriana Fernández, titular de la Plataforma Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Fernández también es querellante por el asesinato de su abuelo Antonio Fernández González, apodado el “Cesterín”. Antonio fue encontrado culpable de avisar al alcalde de Villanueva, de Valdueza, su pueblo, de la llegada de las fuerzas franquistas, y asesinado el 9 de octubre de 1936. Exactamente 74 años después su hijo y su nieta, Adriana, lograron dar con sus huesos en una fosa común. “Mi padre perdió al suyo cuando tenía un año y medio de edad y siempre le dijeron que había muerto en una refriega entre vecinos. En 2011 encontramos el certificado de defunción y decía: ‘Muerto en la lucha de España contra el marxismo’. Hoy ese papel es una prueba en el expediente judicial”, señala Fernández a Brecha.
Entre los españoles declarantes ante la jueza Servini hay otra octogenaria larga, Ascensión Mendieta. Su padre era republicano y fue detenido al término de la guerra civil, torturado, fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. “Mi madre pudo dar con su cuerpo entre 822 compañeros fusilados, entre 1939 y 1944, y enterrados en el mismo cementerio”, dice con tono esperanzado.
El ex sacerdote franciscano Felipe Izaguirre declaró el jueves en busca de justicia por “los curas de la cárcel de Zamora”, un grupo de sacerdotes obreros que enfrentaron al régimen franquista en el País Vasco. Dieciséis de ellos fueron condenados a muerte y fusilados, 278 encarcelados y 1.300 trasladados a otras diócesis. Los encarcelados tuvieron el raro privilegio de contar con un presidio exclusivo, la cárcel concordatoria de Zamora. Al cura Felipe las autoridades le pedían ver sus sermones, pero ante su negativa fue trasladado a Granada como capellán militar. Allí, en plena catedral y ante la cúpula militar de la región, reivindicó la necesidad de separar a la Iglesia Católica del Estado franquista, que no se tocara más el himno en misa, y abogó por los derechos de las familias de los soldados pobres de Andalucía. Fue enviado a Baza y tras un breve período en esa región fue expulsado y obligado a elegir entre exiliarse en América o marcharse a Valladolid. Decidió convertirse en cura obrero en Eibar, pero fue detenido por denunciar malos tratos policiales en las comisarías del régimen; interrogado a golpes y encerrado en una cárcel común, dejó los hábitos mientras purgaba su pena.
EL CAMINO DE LA MEMORIA. “España está empezando a transitar recién ahora el camino de la búsqueda de su memoria –dice a Brecha Adriana Fernández–. Mientras durante los años noventa los latinoamericanos encontramos en España y en el juez Baltasar Garzón la esperanza de encontrar la justicia que se nos negaba en nuestra tierra, donde fueron asesinados y desaparecidos nuestros familiares, ahora es España la que no reconoce su propio horror. Y no sólo eso, también termina por destituir a Garzón, lo cual habla de la ceguera y complicidad de la clase política con su propio pasado.” En España las diferentes plataformas de apoyo a este proceso de justicia reparadora señalan la existencia de 150 mil cuerpos de víctimas del franquismo que aún hoy no fueron identificados. Soledad Luque preside la asociación Todos los Niños Robados son mis Niños, desde donde pretende que el robo de chicos hijos de republicanos durante el franquismo sea reconocido como delito de lesa humanidad. Su propio hermano mellizo es una víctima de esta práctica y sigue sin saber su identidad. Luque viajó desde España en setiembre pasado para declarar ante la jueza Servini. “En España hay cientos de miles de chicos apropiados durante el franquismo, y no tenemos una cifra estimada sencillamente porque nadie se ocupó de hacer una investigación”, decía ante la prensa argentina.
LOS VERDUGOS. Por ahora en el expediente judicial argentino hay nueve imputados, aunque sólo siete siguen con vida. El 30 de noviembre el gobierno español habilitó la posibilidad de que la justicia extradite a dos de ellos. Se trata del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, y del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, ambos acusados de torturas durante el franquismo. Otro caso que ya salpica al propio gobierno del Partido Popular es el del suegro de un actual ministro. Se trata de Rodolfo Martín Villa, ex ministro de Franco, a quien las víctimas responsabilizan por la muerte de cinco trabajadores guarecidos en una iglesia el 3 de marzo de 1976 durante una asamblea obrera. Villa, de 70 años, es suegro del actual ministro de Justicia del gobierno conservador de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón. El ministro fue alcalde de Madrid y actualmente es consejero del “banco malo” –una entidad interventora de otros bancos, financieras e inmobiliarias españolas–, y nada pudo hacer para evitar las acciones judiciales.
“No sabemos hasta dónde llegará esta causa. En España sirve para despertar conciencias sobre el pasado, y aquí, mientras se suman testimonios, aumenta el número de torturadores denunciados que empiezan a ser conocidos por la gente. Veremos cómo sigue la causa. Nosotros buscamos justicia”, sentencia Adriana Fernández.
Cambios para apuntalar al kirchnerismo
Otro toque en el gabinete de Cristina
La ex funcionaria de las Naciones Unidas Cecilia Rodríguez asumió como nueva ministra de Seguridad en el gabinete nacional en reemplazo del santacruceño Arturo Puricelli, en una maniobra dirigida por el gobierno argentino a consolidar una imagen de preocupación por la inseguridad ciudadana. Rodríguez es una técnica formada en Ciencia Política y con experiencia en misiones internacionales como Haití, Kosovo y atendiendo en Indonesia a las víctimas del tsunami. Cristina Fernández pudo verla trabajar como funcionaria de Desarrollo Social durante los rescates de víctimas de la explosión por escape de gas en la ciudad de Rosario en agosto pasado. “Su sólida formación y su capacidad de acción decidieron a la presidenta”, anunciaron fuentes de la Casa Rosada.
La decisión de completar los cambios en el gabinete apunta a sacar al gobierno de la inmovilidad en que lo postró la operación de Fernández y la derrota en las parlamentarias de octubre. El pase de un hombre fiel como Agustín Rossi del Parlamento a Defensa, el desembarco de Axel Kicillof en Economía y el de Jorge Capitanich en la jefatura de gabinete reflejan la necesidad de mostrar acciones concretas. Con el ingreso de Rodríguez, una especialista no kirchnerista pero recomendada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el gobierno completa el equipo titular con el que piensa enfrentar el resto de su mandato.
Pero el panorama sigue complicado. La salida acordada del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con destino diplomático en Italia se vio manchada por su procesamiento por abuso de autoridad en la justicia federal. Y la suerte del vicepresidente Amado Boudou también parece echada. Las causas judiciales avanzan también sobre el ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito y conforman un panorama gris para el oficialismo.
Con todo, la idea de mostrar gestión y acción efectiva parece ser la apuesta oficial para revertir una imagen que llevó a la derrota en las parlamentarias y de paso asumir algunas banderas tomadas a la oposición.
