Las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre no dejaron ningún tipo de sorpresa. Todo ocurrió según lo establecido por los principales actores: el triunfo de la coalición oficialista, el Gran Polo Patriótico, con el 68 por ciento de los votos. Y una abstención del 70 por ciento, según las cifras oficiales.
El oficialismo, victorioso, sacó alrededor de 1,5 millones de votos menos que en las parlamentarias de 2015, cuando, paradójicamente, fue derrotado de forma estruendosa. La explicación es sencilla: aquella vez la abstención fue del 25 por ciento.
La gran derrotada de la jornada es la oposición electoral. Sus dos coaliciones, Alianza Democrática y Venezuela Unida (intervenidas en sus liderazgos por el oficialismo), consiguieron el 17 y el 4 por ciento de los votos, respectivamente, muy lejos de la victoria opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las legislativas 2015, que cosechó el 56 por ciento.
La alta abstención le da cierto respiro al sector mayoritario de la oposición, que había llamado a no acudir a las urnas el domingo. Para medir fuerzas con el oficialismo, los liderados por Juan Guaidó ponen ahora sus expectativas en la convocatoria a una consulta popular que finalizará en forma de movilización el sábado 12.
EL FRACASO DE LOS MODERADOS
La oposición que sí fue a las urnas no logró lo mínimo que se había propuesto: convocar a votantes opositores. La inercia pudo más que sus intentos y, a medida que pasaban las semanas, la campaña se fue enfriando. Sumados, ninguno de sus partidos llegó al millón y medio de votos: muy lejos de los 7.728.025 que respaldaron a la MUD en las anteriores parlamentarias.
No ayudó a sus objetivos que esta oposición apareciera, para gran parte de la población, como prefabricada por el oficialismo. Sus líderes, originalmente críticos, en los últimos tiempos han venido adoptando discursos típicos del chavismo. Se han preocupado más por diferenciarse del resto de la oposición que de aquellos a quienes dicen oponerse, quizás en el afán de lograr un margen de maniobra en un espacio público cada vez más asfixiado por el partido de gobierno, en términos del control tanto de los medios de comunicación como del aparato estatal.
Varios de sus principales actores emergieron en la interna de partidos opositores en situaciones que suscitan dudas sobre la autenticidad de su convocatoria. Entre junio y agosto, el Tribunal Supremo de Justicia intervino los principales partidos opositores, despojó del cargo a sus líderes y puso al frente de esas formaciones a juntas directivas ad hoc con dirigentes que participaban de negociaciones con el Poder Ejecutivo.
Incluso, a pesar de ello, a fines del invierno se habían creado ciertas expectativas con respecto a una participación opositora de peso en las parlamentarias. La Conferencia Episcopal y dirigentes de las cámaras empresariales habían dicho sentirse preocupados por la inacción que implicaba abstenerse, y un líder opositor importante como el excandidato presidencial Henrique Capriles había amagado con presentar a su sector en las elecciones (véase «El dilema opositor», Brecha, 18-IX-20). Finalmente, tras fracasar en el intento de llegar a un acuerdo con el gobierno para que aplazara las fechas de los comicios y extendiera la campaña electoral, Capriles desistió de la convocatoria cuando faltaban poco más de dos meses.
DOMINIO ABSOLUTO
Con las grandes mayorías ausentes de la cita, el poder de decisión quedó en manos de un oficialismo que continúa su declive en el plano electoral pero avanza en el control de los poderes públicos. La nueva Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, podrá designar directamente altos funcionarios, como el fiscal general, el contralor general de la república, el defensor del pueblo, los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral –cuyos cargos duran siete años– y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –cuya gestión puede durar hasta 12 años–. La propia Asamblea Nacional se extenderá hasta 2026, más allá del actual Ejecutivo, que constitucionalmente llega hasta el 2024.
No es que el oficialismo se hubiera privado de nombrar estos cargos anteriormente. Pero, tras las elecciones del domingo 6, formaliza este dominio y refuerza su control sobre el Poder Judicial, que se mantendrá hasta al menos entrada la década del 30. Además, se vislumbra cuesta arriba la eventual llamada a un referendo revocatorio presidencial, que constitucionalmente podría convocarse a partir de 2022 y que el mismo presidente había barajado como opción en su momento.
Así, independientemente del desenlace de su consulta paralela, la oposición abstencionista también pierde en este proceso. Entrega ahora al oficialismo el único poder público que controlaba de forma legítima, el Legislativo, que le había permitido ejercer frente al Ejecutivo una oposición en el aparato estatal con respaldo constitucional, al menos hasta la autojuramentación de Guaidó, a comienzos de 2019, cuando decidió ubicarse en una órbita insurreccional.
Por estas horas los seguidores de Guaidó intentan justificar la permanencia de su proclamado interinato a través de una supuesta «continuidad administrativa», pero eso resulta muy difícil de justificar cuando existe un límite constitucional claramente establecido para la vigencia del actual Parlamento: el 5 de enero de 2021.
LA MERMA CHAVISTA
Todo ese poder no logra ocultar el alto grado de debilitamiento electoral del oficialismo. En estos cinco años ha perdido alrededor del 30 por ciento de sus votos y, en comparación con la última elección de Hugo Chávez –las presidenciales de 2012–, su electorado se contrajo a casi la mitad.
Tras mantenerse como mayoría sólida durante 15 años consecutivos, desde su derrota en las legislativas de 2015 ha venido sufriendo un trasvase de buena parte de sus votantes, que en esta ocasión se volcaron a la abstención y no hacia otro sector político, estuviese a su derecha o a su izquierda (la coalición chavista disidente que en estas elecciones se concentró detrás del Partido Comunista de Venezuela –que en agosto había roto su vieja alianza electoral con el Partido Socialista Unido de Venezuela– apenas obtuvo un 2 por ciento).
Así las cosas, el chavismo difícilmente podría ganar en unas elecciones con alta participación popular. Es probable que tienda a obstaculizar semejante escenario, algo para lo que esta vez no necesitó demasiado esfuerzo, gracias al llamado abstencionista de la oposición.
Repercusiones afuera
La mayoría de los miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea, condenó la forma en que se dieron las parlamentarias del domingo 6. Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, España, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido consideraron, en un comunicado del martes 8, que las elecciones no cumplieron «las condiciones aceptadas internacionalmente y tampoco cumplieron las condiciones exigidas por las leyes venezolanas».
De los miembros del Grupo de Contacto, sólo Argentina se reservó su posición y se abstuvo de acompañar lo resuelto por el resto de los miembros. Fuera del organismo, también México y Bolivia han preferido el silencio hasta el momento en que se escribían estas líneas.
El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fustigó las parlamentarias venezolanas como «esta patraña que no logró cumplir siquiera con un mínimo de credibilidad». Desde el otro lado, Rusia saludó el proceso electoral «responsable y transparente», a la par de Cuba, que felicitó escuetamente al chavismo por su triunfo, y Nicaragua, que en una larga y barroca misiva congratuló al «pueblo heroico de Bolívar, de Chávez, de Nicolás» por su victoria «frente a todas las modalidades de agresión que han lanzado los enemigos de la humanidad contra nuestras revoluciones».
En tanto, la vocera de la cancillería china, Hua Chunying, la emprendió este martes contra los dichos de Pompeo y afirmó que las parlamentarias venezolanas «son enteramente un asunto interno del pueblo de Venezuela». Agregó que «no deberían ser objeto de críticas gratuitas a manos de terceras partes». Aunque aún no han manifestado su posición, se espera que Turquía e Irán, otros aliados sólidos de Nicolás Maduro, reconozcan el resultado de la votación. A contrapelo del resto de la comunidad internacional y junto con Rusia, ambos países enviaron observadores a los comicios venezolanos.
Desde Nueva York, la oficina del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas se limitó a pedir que en Venezuela los actores políticos lleven a cabo «negociaciones serias» y aseveró que su titular, Antonio Guterres –que el año que viene intentará ser reelegido–, «no se va a pronunciar sobre la legitimidad de los nuevos órganos legislativos».
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