La política exterior paraguaya de los últimos meses parece moverse impulsada por vientos de soberanía y determinación, atributos escasos en la región que paradójicamente tienen su detonante en la costumbre del Departamento de Estado –y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– de agitar el fantasma del narcotráfico y su lavado de dinero para obtener resultados inconfesables. Explotar la vinculación de Horacio Carter, expresidente de Paraguay (2013-2018) y actual presidente del gobernante Partido Colorado, con el lavado de activos del contrabando fue el frustrado caballito de batalla del gobierno Biden.
«SIGNIFICATIVAMENTE CORRUPTO»
En diciembre pasado, no bien los órganos deliberantes del Partido Colorado resolvieron la designación de su candidato a la presidencia de la nación, el gobierno estadounidense activó su estrategia. El congreso partidario finalmente se inclinó por consagrar al economista Santiago Peña, con lo que Horacio Cartes obtuvo una resonante victoria sobre el candidato del entonces presidente Mario Abdo; de paso, se consagró una profunda división en el partido. La leyenda urbana en Asunción atribuye a Cartes la mefistofélica maniobra de comprar los votos necesarios y después devolver el dinero para no tener que retribuir el favor a quienes hacían cola para obtener privilegios en el futuro gobierno.
La derrota de Abdo fue la de Estados Unidos. Para incidir en las elecciones y evitar el triunfo de Peña, en un tiro por elevación el secretario de Estado, Antony Blinken, difundió una declaración que designaba a Horacio Cartes «responsable de actos de corrupción significativos», al obstruir «una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional» y por su participación «recientemente documentada en conjunto con organizaciones terroristas extranjeras». La declaración no tuvo consecuencias, ni en el agonizante gobierno de Abdo, ni en la Justicia; en la calle –y en guaraní– se popularizó el dicho «es significativamente corrupto, pero es nuestro». La popularidad de Cartes, se dice, es consecuencia de una política generosa en salarios y en condiciones de trabajo de las casi 100 empresas que integran el conglomerado empresarial del expresidente. Tal política es posible que se apoye en las actividades de lavado de dinero que se le atribuyen, pero, hasta ahora, legalmente no se ha podido probar que las manufacturas que producen sus establecimientos sean contrabandeadas a Brasil. La producción –explican los expertos– se vende a intermediarios y distribuidores a nivel nacional, que no tienen, aparentemente, vínculos económicos con Cartes, pero los malpensados susurran que la fabricación de cigarrillos de su tabacalera, por ejemplo, requeriría un mercado local que multiplica por seis la población total de Paraguay.
EL TERRORISMO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
La inoperancia de la declaración de Blinken impulsó al gobierno de Estados Unidos a dar un paso más en la escalada contra Paraguay con una medida que hasta ahora reservaba para los «terroristas», ya fueran Estados como organizaciones: el 23 de enero pasado, al reiterar la «corrupción rampante que socava las instituciones democráticas», el Departamento del Tesoro le prohibió a Horacio Cartes «hacer negocios con empresas del país», es decir, empresas que operaran en la bolsa de Nueva York, fueran estadounidenses o no. Como la orden imperial no sería, lógicamente, acatada por el presidente del Partido Colorado, el Departamento de Estado movilizó a un verdadero ejército de amanuenses oficiosos (en su mayoría una constelación de ejecutivos de segunda línea) cuya tarea consistió en presionar a ejecutivos de empresas que mantenían relaciones con las firmas comerciales y financieras de Cartes. Esas presiones complementaban el anuncio oficial de que, si no se cortaban los vínculos con las empresas paraguayas, el gobierno estadounidense les impediría operar en la bolsa de Nueva York.
A tres meses de las elecciones nacionales, la movida estadounidense resultó muy efectiva. Empresas tales como Visa, Western Union, Pedidos Ya, Heineken y la chilena Enex, distribuidora de combustibles, para mencionar algunas, cerraron todo trato comercial con el emporio Cartes. También financieras y bancos internacionales, como Sudameris, cuyo propietario es el grupo Abbeyfield, con sede en Irlanda, que, para demostrar su buena voluntad con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, resolvió adquirir las acciones de Enex, del grupo chileno Luksic, y de Bebidas del Paraguay, que correspondía al grupo Cartes, con lo que convirtió una orden en un beneficio.
Arrinconado, el expresidente se deshizo de las acciones en aquellas empresas que podían estar en la mira del Departamento de Estado: la mayoría accionaria de las compañías Cementos Concepción SAE, Jiménez Gaona y Lima y Farmacenter pasaron a poder de sus hijos, y a su hermana le transfirió la propiedad de la empresa de servicios financieros Fintech Inversiones. Sin embargo, las empresas que no operan en la bolsa de Nueva York desconocieron la orden del Departamento del Tesoro y las empresas nacionales paraguayas redoblaron sus vínculos con el grupo Cartes.
El imperio Cartes quedó económicamente escorado pero políticamente fortalecido, algo que el gobierno de Biden no había previsto. Las elecciones de abril mostraron un panorama casi alucinante: la embajada de Estados Unidos apoyaba al competidor de Peña, el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, con tal de oponerse al poder en las sombras de Horacio Cartes. También apoyó a Alegre el presidente saliente Mario Abdo, y, finalmente, Alegre contó con una porción del Partido Colorado, que prefirió ayudar al candidato del enemigo histórico antes de consagrar a Peña. Tan profunda era la división colorada.
El triunfo del economista Peña tuvo otras connotaciones. Lejos de adoptar una postura beligerante frente a Estados Unidos, el flamante presidente reconoció que el gobierno de Biden tenía todo el derecho a decidir quién podía hacer negocios en su propio país, pero reclamó la misma potestad para el suyo. Y cuando le preguntaron qué haría si se solicitaba la extradición de Cartes, dijo que no se entrometería, porque era un asunto de la Justicia. Hasta ahora, Estados Unidos no ha tomado la iniciativa en ese sentido. Sobre las declaraciones de Blinken –sobre «la significativa corrupción»–, no han circulado pruebas que vinculen a Cartes con el lavado de dinero. Por los antecedentes de las invasiones de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México y Colombia, el presidente de Paraguay sabe que la ausencia de pruebas no es un obstáculo. (Sabe, como cualquier paraguayo, que Estados Unidos tiene la vista fija en la llamada triple frontera, supuesto enclave terrorista, acusación que funciona como tapadera de las intenciones verdaderas: Paraguay no tiene oro, ni cobre, ni estaño, ni petróleo, pero a 1.800 metros de profundidad, en la triple frontera, se ubica el centro geográfico del Acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua más grande del mundo.)
A pesar de los embates estadounidenses, Peña no disimula el apoyo que brinda al presidente del Partido Colorado. En una reciente asamblea, Peña ocupó el estrado junto con Horacio Cartes y asistió a una encendida oratoria de exaltación de la soberanía y de cuestionamientos al «intervencionismo», algo por cierto insólito en el partido que el dictador Alfredo Stroessner supo controlar por décadas. Cosas veredes, Sancho, que no crederes.
La sorda disputa por la energía paraguaya
Imperialismo argentino
Hay que interpretar el presente en términos del pasado.
Frank Herbert
Recurrentemente, el fantasma de la Triple Alianza sacude la actualidad paraguaya. Ocho días después de asumir como presidente de Paraguay, Santiago Peña mantuvo una breve entrevista con el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, el miércoles 23 de agosto, en el Palacio de López. La inquietud del presidente paraguayo era el cobro de un peaje en el tramo argentino de la hidrovía, entre el puerto de Santa Fe y la confluencia del río Paraná con el río Paraguay. Vigente desde el 1 de enero de 2023, las barcazas no argentinas que recorren esa «autopista» del comercio mediterráneo (y que concentra el 80 por ciento del flujo de mercaderías paraguayas exportadas) deben pagar 1,47 dólares por tonelada transportada. Peña le recordó a Massa que la disposición violaba acuerdos del Mercosur sobre libre tránsito de mercaderías: Massa retrucó que las barcazas argentinas también pagan peaje, pero Peña le recordó que la tasa para argentinos se cobra en pesos, es decir, 300 veces más barata que en dólares. Massa, finalmente, accedió a suspender la medida.
Pero cuando llegó a Buenos Aires cambió su traje de ministro por el de candidato a la presidencia, de modo que desmintió el compromiso y explicó que probablemente Peña lo había malinterpretado. De la forma más contundente, Peña demostró que no hubo error: el 8 de setiembre formuló un enérgico planteo ante el Mercosur y solicitó un arbitraje internacional. Argentina respondió reteniendo en Zárate diez barcazas de la naviera Mercurio Group SA; la Prefectura Naval Argentina extendió una «notificación de embargo e interdicción (o prohibición) de navegar» a la barcaza MGT-05 y reclamó de pago por una factura de 27.031 dólares, «correspondiente al peaje del tramo Santa Fe-Confluencia».
La pelota volvió a la cancha de Peña: el gobierno paraguayo denunció que Argentina adeudaba 150 millones de dólares a la Entidad Binacional Yacyretá por el suministro de energía eléctrica de la represa, royalties y gastos de funcionamiento del lado paraguayo.
Otro salto en la escalada se produjo el 1 de octubre, cuando la aduana argentina, en represalia, retuvo los camiones que transportan gas licuado de petróleo a Asunción, una medida que comprometía el abastecimiento energético de Paraguay. La medida fue reforzada con la prohibición de cargar nafta virgen en barcazas.
El cerco energético impuesto por Argentina se asemejó a una soga al cuello. Peña duplicó la apuesta y ordenó suspender la entrega de energía eléctrica de Yacyretá a Argentina. Esa energía es el sobrante de la cuota parte que le corresponde a Paraguay en la producción de la represa binacional y constituye una fuente imprescindible de las necesidades eléctricas argentinas. Los atrasos en los pagos argentinos trepaban a 36 millones de dólares en 2022, y sumaban 12 millones y medio acumulados este año.
El «corte energético» paraguayo fue contundente: el presidente Alberto Fernández ordenó saldar la deuda en tres cuotas en 60 días y se comprometió a congelar los embargos a los convoyes con la bandera de Paraguay que transiten por la hidrovía.
Así, la tensión disminuyó notoriamente y los entredichos serán ventilados en el ámbito diplomático del Mercosur. Al parecer, la crisis con Paraguay no afectó el desarrollo de la campaña electoral de Massa, quizás porque sus oponentes consideraron más redituable explotar el escándalo por enriquecimiento ilícito del funcionario kirchnerista Martín Insaurralde, atrapado in fraganti cuando disfrutaba de unas vacaciones en un yate alquilado en 10 mil dólares diarios en Marbella.
Peña, en cambio, salió notoriamente fortalecido. La decisión de cortar el suministro de energía a Argentina será un antecedente decisivo para las negociaciones que Paraguay y Brasil encaran por estos días para renegociar el anexo C del Tratado de Itaipú, que establece condiciones leoninas en perjuicio de Paraguay para el uso de los sobrantes de energía que produce la represa. Según el tratado, Paraguay se compromete a vender ese sobrante a Brasil y solo a Brasil. En los 39 años de existencia de la represa binacional, Paraguay solo ha usado el 9 por ciento de la energía que le corresponde. El precio que paga Brasil a Paraguay por quilovatio sobrante es sensiblemente menor al precio internacional, pero Paraguay está impedido de venderlo dados los términos del tratado. Si así lo hiciera, si el sobrante fuera destinado a otros clientes, el complejo industrial paulista, cuyo desarrollo se apoya históricamente en esa energía barata, entraría en una crisis inimaginada.
Las negociaciones entre Peña y Luiz Inácio Lula da Silva por el anexo C, que decidieron comenzar, tras una reunión de ambos mandatarios en Nueva York, en oportunidad de la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, seguramente se centrarán en una reformulación del precio que paga Brasil a Paraguay por el sobrante de energía, pero, sin dudas, quedará fuera de agenda el cepo brasileño que obliga a Paraguay a tenerlo como único cliente. El Tratado de Itaipú se ajusta punto por punto al mismo espíritu que inspiró al barón de Mauá a cobrar las deudas de la Guerra Grande (esa que supuestamente no tuvo ni vencidos ni vencedores) y que también inspiró al duque de Caxias a imponer al pueblo paraguayo una descomunal deuda externa por haber perdido la guerra de la Triple Alianza.
