Abdo Benítez, protegido de Cartes y los empresarios

Salvado por el enemigo

Jaqueado por las protestas, el presidente paraguayo sigue sostenido por importantes intereses económicos, pero su mayor puntal político es su antecesor y principal contrincante.

Un manifestante usa una máscara con la cara de Horacio Cartes y dos títeres, uno con el rostro de la fiscal general Sandra Quiñonez y otro del presidente Mario Abdo, durante las protestas de los últimos días en Paraguay que exigen la renuncia de Abdo Afp, Norberto Duarte

Hace más de dos semanas que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se oculta de los periodistas y la ciudadanía. Sus cuentas en las redes sociales, generalmente muy activas, permanecen en relativo silencio, con esporádicos posteos que no responden a las muchas preguntas que resuenan en las masivas marchas y movilizaciones que se vienen realizando en las calles y las plazas del Congreso, a apenas dos cuadras del Palacio de Gobierno y, en ocasiones, muy cerca de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.

«¿En dónde está el presidente de la república? ¿Por qué no aparece a dar la cara ante la población, a explicar por qué no tenemos camas de terapia intensiva y vacunas contra la covid-19, mientras la gente se muere en los pasillos, en su casa? ¿Por qué no rinde cuentas acerca de en qué se gastaron los 1.600 millones de dólares que autorizamos en el Congreso para hacer frente a la pandemia, de los que no se ven los resultados?», cuestionó ante los periodistas Celeste Amarilla, diputada del opositor Partido Liberal Radical Auténtico. Amarilla fue una de las designadas para elaborar el llamado libelo acusatorio del pedido de juicio político al jefe de Estado y al vicepresidente, Hugo Velázquez, presentado este miércoles en el Congreso y finalmente rechazado por la Cámara de Diputados con 42 votos en contra, 36 a favor y dos ausencias.

Mientras, en las calles y las plazas céntricas de Asunción, cada atardecer se concentran grupos de cientos o miles de ciudadanos, autoconvocados en las redes sociales, quienes repiten sin interrupción las protestas que se iniciaron el 5 de marzo. «¡Fuera, Marito, por inútil y corrupto!», «¡Que se vayan todos!» y «¡Juicio político ya!» son algunas de las consignas más escuchadas. La del miércoles fue otra noche de furia en las calles de Asunción, donde los manifestantes prendieron fuego una parte de la sede central del gobernante Partido Colorado. El estallido social se inició tras una protesta de médicos y familiares de pacientes con covid-19, que salieron a las calles a reclamar por la falta de camas debida al colapso de los hospitales públicos y de las unidades de terapia intensiva, así como a la escasez de medicamentos esenciales y el atraso del gobierno en obtener las vacunas. En estos momentos el país vive las horas más críticas de la pandemia, con un gran aumento de los contagios y un fallecimiento cada 35 minutos.

ENEMIGOS Y ALIADOS

¿Por qué el actual presidente se mantiene en el gobierno a pesar de que una legión cada vez mayor de ciudadanos, en la capital y en varios puntos del país, pide su cabeza? La principal razón es la alianza coyuntural que mantiene desde hace poco más de un año con su antecesor en el cargo, el poderoso empresario Horacio Cartes, cuyo movimiento político interno en el Partido Colorado (Honor Colorado) controla los votos de un importante número de legisladores en el Congreso. Junto con los del movimiento oficialista Colorado Añetete, suman los votos mayoritarios para impedir que se pueda hacer un juicio político.

La relación entre Cartes y el actual mandatario se sostiene, desde hace varios años, entre el enfrentamiento y la alianza de conveniencia. Llegó a su punto más crítico en marzo de 2017, cuando Abdo Benítez, entonces senador y uno de los líderes del Congreso, encabezó un movimiento de oposición a las pretensiones del entonces presidente Cartes de enmendar forzosamente la Constitución para ser reelecto. Las movilizaciones desembocaron en la quema del edificio del Congreso, la muerte de un joven político liberal a manos de la Policía y otras circunstancias dramáticas, que obligaron a Cartes a desistir de su propósito (véase «El luminoso espejo roto», Brecha, 7-IV-17).

Ello llevó a que Cartes apostara por seguir en el poder a través de otro candidato, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien, sin embargo, fue derrotado en las elecciones internas coloradas de diciembre de 2017 por Abdo Benítez (véase «Frankenstein contra el heredero de Stroessner», Brecha, 20-IV-18). En la campaña electoral, Abdo Benítez había hecho fuertes acusaciones contra Cartes, que reiteró durante su primer año de mandato, sindicándolo de mafioso, «poco hombre», beodo, entre otros epítetos. «¿Qué nos va a hablar de ética [Cartes], cuando los cigarrillos pasan nadando el río al otro lado? Que explique de dónde sacó todo lo que tiene», declaró durante un acto político en Alberdi, en 2015, suscribiendo las muchas versiones que involucran a su antecesor como principal cerebro del contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia Brasil y otros mercados.

Pero la guerra entre ambos acabó súbitamente en mayo de 2018, cuando se descubrió que la cancillería había firmado un acta secreta con Brasil, en la que otorgaba al país vecino condiciones muy favorables sobre la compra de energía de la represa de Itaipú (véase recuadro). En ese momento, el cartismo anunció que apoyaba el juicio político contra Abdo Benítez, por lo que había votos suficientes para destituirlo. El presidente respondió con un tuit: «Acepto la pelea. ¡Por un Paraguay sin mafias!». Sin embargo, tras arduas negociaciones políticas, Cartes decidió no apoyar el juicio y salvó así a su adversario. En ese momento, según varios analistas, Abdo Benítez se convirtió en un presidente títere, afín a los intereses de su excontrincante, quien consolidó su influencia en varios ámbitos estatales, como el parlamento, la fiscalía y el Poder Judicial.

ALIANZA PEGADA CON CHICLE

Desde entonces, el cartismo mantuvo una postura casi esquizofrénica con respecto al gobierno. Por un lado, sus principales referentes fungen de opositores críticos, lo fustigan duramente en declaraciones públicas y sostienen despiadadas campañas contra Abdo Benítez y sus ministros y colaboradores, utilizando para ello los diversos medios de comunicación que concentran el Grupo Cartes y sus socios del Grupo JB (los diarios La Nación, Popular, Crónica, Hoy y ADN; las señales de televisión El Trece, Unicanal y GEN; las radios Uno, 970, Montecarlo, entre otros). Pero, por otro lado, lo vienen protegiendo de todos los intentos de juicio político y las mociones de censura en el Congreso, y avalan con sus votos las medidas progubernamentales.

Esta alianza se institucionalizó aún más con una campaña denominada Operación Cicatriz, que presuntamente busca sanar las heridas causadas por los enfrentamientos entre cartistas y abdistas en el Partido Colorado. Con ella se determinó una alianza coyuntural ante las próximas elecciones municipales –previstas inicialmente para noviembre de 2020, pero que, debido a la pandemia, se postergaron para octubre de este año–, que se busca mantener también para las elecciones generales de 2023, a través de un movimiento denominado Concordia Colorada.

«Es una alianza pegada con chicle», grafica a Brecha el analista político Alfredo Boccia, que señala que en las bases coloradas la división es mucho más profunda, en ambos bandos. «En muchas localidades no se logra el consenso en las elecciones de candidatos y habrá enfrentamiento electoral. El apoyo de Cartes al actual presidente también es coyuntural y puede cambiar según la creciente presión de las manifestaciones ciudadanas en la medida en que afecte sus intereses. El día que a Cartes ya no le convenga apoyar a Marito, no habrá quien lo salve», enfatiza.

PROBLEMA POLÍTICO

El otro elemento que sostiene al actual presidente, a pesar de su creciente impopularidad, es la oscura lista de nombres en la línea de sucesión. Si Abdo Benítez es destituido por juicio político, deberá asumir el vicepresidente Velázquez, un exfiscal con un historial opaco. Velázquez ha sido vinculado a grupos de empresarios árabes de Ciudad del Este –en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay– acusados de financiar a grupos extremistas islámicos y de estar involucrados en casos de lavado de dinero, y está implicado en la venta irregular de energía eléctrica paraguaya a Brasil, a través de empresas ligadas a la familia del presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Ante esta situación, los principales partidos opositores plantean que tanto el presidente como el vicepresidente sean removidos por juicio político, pero hay discusiones jurídicas que aseguran que la doble acefalía no está contemplada en la Constitución. La carta magna paraguaya sólo establece que si la remoción del presidente ocurre antes del 15 agosto de este año, fecha que marca la mitad del período de mandato, deberá asumir el vicepresidente y se deberá convocar a elecciones para elegir a un nuevo vice. Si la salida del mandatario ocurre después de ese período, ya no se podrá llamar a comicios adelantados y se deberá seguir la línea de sucesión. El problema es que el tercero en la línea sucesora es el actual presidente del Congreso, el senador colorado oficialista Oscar Cachito Salomón, otro caudillo con un negro historial vinculado a hechos de corrupción y autoritarismo, repudiado por la mayoría de los sectores ciudadanos. Tal como lo señala a Brecha la periodista y analista política Estela Ruiz Díaz, cualquier cambio supone el riesgo de «saltar de la sartén al fuego».

CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y POLÍTICA

La idea de que seguir con el actual gobierno resulta «menos peor» que intentar cambiarlo por otro también la comparten los principales gremios empresariales: la Unión de Gremios de la Producción; la Unión Industrial Paraguaya; la Federación de la Producción; la Industria y el Comercio; la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, y la Asociación Rural del Paraguay. En diversos pronunciamientos, estas gremiales rechazaron la posibilidad de un juicio político y exhortaron a la pacificación, porque «la inestabilidad política le está haciendo a la economía del país un daño mayor que el que le ha causado la pandemia de coronavirus», según han afirmado. Aunque resaltan la actitud de los sectores ciudadanos en protesta por no tolerar los abusos, las cámaras empresariales se muestran ambiguas y, al respaldar al gobierno, asumen una abierta complicidad con los hechos de corrupción denunciados, especialmente los que tienen que ver con presuntas estafas en la compra de equipos médicos y hospitalarios para la lucha contra el covid-19.

Tras el primer día de una protesta multitudinaria en el centro de Asunción, con desbordes violentos y una fuerte represión policial que dejó varias personas heridas, Abdo Benítez, luego de prometer una conferencia de prensa, emitió finalmente un mensaje grabado en el que aseguró haber escuchado el reclamo ciudadano y anunció que haría cambios en su gobierno. Lo hizo con una exasperante lentitud, pero finalmente sustituyó a algunas de las figuras más cuestionadas –como el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el ministro de Educación, Eduardo Petta, y el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor– y ordenó otras destituciones de funcionarios de menor rango.

Los cambios no calmaron la indignación ciudadana. Las protestas continúan, más con rabia que con organización. Los grupos autoconvocados no solamente se mantienen críticos contra el gobierno, sino también contra su socio Cartes, contra los legisladores y contra la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, a quien acusan de ser un títere de Cartes y de dejar impune la mayoría de los hechos de corrupción denunciados. También los referentes de los principales partidos de oposición son cuestionados por permanecer tibios o cómplices de un esquema corrupto.

Con el trasfondo de la crisis política, económica y social, se agrava la crisis de la salud. Los contagios y las muertes por covid-19 aumentan cada día y los expertos médicos aseguran que las marchas en las calles, en muchos casos sin cuidados sanitarios, sólo agravarán aún más el cuadro. Ya no quedan camas de terapia disponibles, ni en los hospitales públicos ni en los privados. Muchos pacientes graves fallecen esperando, en los pasillos, conseguir un sitio de internación.

A ello se suma que Paraguay es el país de la región que más está tardando en conseguir vacunas. «Las autoridades se dejaron estar, confiaron solamente en recibir vacunas a través del sistema Covax, que lidera la Organización Mundial de la Salud, y no hicieron gestiones directas para otras adquisiciones. Hoy la crisis estalla y ni siquiera se han podido conseguir dosis suficientes para vacunar a los médicos de la primera línea de lucha contra la covid-19, mucho menos para vacunar a la población», sostiene Ruiz Díaz. «Tenemos plata [para adquirir vacunas]. Lo que no sabemos es de dónde comprar, okañymba orehegui [‘están todas ocultas para nosotros’]», admitió a la prensa el martes 16, con un tono de desesperación, el canciller Euclides Acevedo, quien esta semana inició una peregrinación diplomática por Brasil, Argentina y Chile, con la misión de pedir auxilio a los gobiernos vecinos para conseguir los antígenos.

La situación sanitaria en los próximos días será mucho peor, admitió, por su parte, el nuevo ministro de Salud, Julio Borba. Y, aunque se han hecho anuncios de que esta semana y la próxima llegarán lotes importantes de vacunas, tanto por compras como por donaciones solidarias, nada asegura una mejoría. Este jueves, el gobierno ha impuesto por decreto un nuevo toque de queda en el horario de 20.00 a 5.00, entre otras restricciones, que rige en 24 ciudades del país, consideradas las que se encuentran en situación de mayor riesgo. Con ello se busca reducir la expansión del virus, pero varios sectores ciudadanos se han declarado en abierta desobediencia civil ante las medidas.

«Nosotros no vamos a acatar este nuevo decreto, debido a que consideramos que es injusto, que discrimina y que de ninguna manera va a ayudar a disminuir los contagios», dijo el lunes al canal NPY el empresario Juan Galeano Grassi, directivo de la Asociación de Gastronómicos y Afines del Paraguay, quien aseguró, además, que el gobierno perdió toda autoridad moral para imponer restricciones, «por inútil y por corrupto». Invitó a que las autoridades «se metan el decreto en el lugar en donde no llegue el sol». Pocas horas después, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, anunció que modificaban las restricciones, permitiendo que los locales gastronómicos trabajen hasta las 0.00 y los clientes exhiban facturas y reservas para poder cruzar las barreras policiales del toque de queda.

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Brasil y la pulseada entre colorados

La distancia simplifica las cosas. Tras semanas de agitación callejera pidiendo la destitución del presidente Mario Abdo, el parlamento paraguayo desestimó, el miércoles 17, iniciar un juicio político. En Uruguay, los medios sintetizaron la información: «El oficialismo blindó al presidente Abdo»; el mandatario sigue en el poder a pesar de la ira de los opositores callejeros.

Hay, sin embargo, otra versión, más jugosa y probablemente más cierta. En 2019 cayó el acuerdo con Brasil por el uso de la energía que produce la represa de Itaipú y que representa, para tener una idea, una importación brasileña de energía superior al total del consumo anual del estado de San Pablo.

Una carta de entendimiento negociada hace un año como base para un futuro convenio de explotación binacional de la producción de Itaipú provocó un amague de juicio político a Abdo que se solucionó con la destitución de todos los funcionarios que habían participado en la negociación (véase «Justo a tiempo», Brecha, 2-VIII-19). La razón: el documento proponía entregar la administración de la energía de Itaipú, que corresponde a la estatal Embraer, a una empresa privada vinculada al hijo del presidente Jair Bolsonaro.

La actual crisis, disfrazada de enojo popular contra el presidente, es, en los hechos, una pulseada entre las dos fracciones del Partido Colorado, una digitada por el expresidente Horacio Cartes y otra de la vieja guardia colorada, que disputan el control de las negociaciones con Brasil, una instancia absolutamente crucial para los intereses nacionales y una inconmensurable oportunidad para los políticos y los empresarios que históricamente hicieron de Paraguay un enclave del negociado. El «blindaje» de Abdo sugiere que la vieja guardia obtuvo algún tipo de entendimiento con Cartes, que este miércoles prestó sus votos para salvar, de nuevo, al presidente.

Samuel Blixen

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