La publicación de «Sigue girando» (Brecha, 28-VIII-26) provocó una serie de efectos, entre ellos el pedido de remoción del subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Oscar Caputi, por parte de más de 100 organizaciones ambientales de todo el país. El gobierno debió dar explicaciones sobre el vínculo privado que unió al viceministro con Eduardo Costantini, el desarrollador de un posible proyecto de urbanización en las cercanías de los bañados de Carrasco. Una relación contractual de Caputi que también incluyó a otros integrantes de la familia Costantini entre 2012 y 2023, a través de la consultora Enviro. La información publicada por Brecha, antes desconocida por la ciudadanía, arrojó más luz sobre quienes están a cargo de las políticas ambientales del país. Eso es muy bueno, pero las reacciones oficiales de respaldo merecen algunas puntualizaciones:
1. El MA respondió a lo publicado con el envío a algunos medios de una resolución fechada el 31 de julio de 2025, en la que se acepta una excusación de Caputi (elevada por él en una nota del 11 de julio) para intervenir en «toda cuestión administrativa» referida a dos de las empresas para las que trabajó: Pifemil SA (razón social de Enviro Consultores) y Ontemar SA. Habría sido interesante que esa declaración de incompatibilidad se hubiera hecho pública desde el vamos, como ocurre en los países que procuran avanzar en la transparencia del Estado. Sin la publicación periodística, no se hubiera conocido esa nota ni sus alcances parciales.
2. La excusación fue delimitada por el interesado, quien identificó dos razones sociales, pero se desconoce si Caputi aclaró en el MA su vínculo con Costantini, sobre todo desde octubre de 2025, cuando se presentó el proyecto para los bañados de Carrasco en la Intendencia de Montevideo. El conflicto de interés, en un sistema político que quiera avanzar en estos asuntos en serio, tiene que ser descrito con detalle. Si el ciudadano no sabe qué es Enviro ni conoce sus clientes finales –punto fundamental–, la declaración de incompatibilidad no solo es reservada, sino también opaca.
3. La resolución, ahora sí difundida, permitió conocer otro trabajo de Caputi no declarado en sus currículums públicos: un vínculo con Ontemar SA, una de las accionistas de la terminal multipropósito de la zona franca de Nueva Palmira junto con UPM. El documento no da precisiones sobre la fecha de ese vínculo. Sí figura en el currículum oficial del ingeniero agrónomo una actuación vinculada a Stora Enso, que no queda claro si fue hecha en el ámbito público o privado.
4. Caputi redactó la carta de incompatibilidad ciertamente al otro día de su asunción, pero luego de un comunicado que hizo la Red Unión de la Costa, el 18 de junio de 2025. Ese colectivo alertó a la ciudadanía sobre proyectos en trámite de autorización ambiental asesorados por la consultora en la que trabajaba Caputi e instó a no designarlo por conflicto de interés. Si la excusación está «desde el día uno», al decir del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, es producto de la denuncia de la sociedad civil. Si no fue así y los gobernantes firman este tipo de cartas de incompatibilidad con frecuencia, sería muy útil para la sociedad saberlo. Como ocurre en otros países, debería estar disponible en un registro público, en tiempo y forma.
5. La excusación formal no evitó que el subsecretario se pronunciara en TV Ciudad (17-VIII-26) sobre el proyecto de urbanización próximo a los bañados de Carrasco, que, es cierto, no ingresó aún al MA. Pero vaya si es de interés público conocer la mirada de los responsables de ese ministerio sobre los bienes comunes naturales, y ni que hablar a partir de los vínculos revelados. La opinión de Caputi cobra otro valor al considerar el tipo de proyectos de los que fue consultor: barrios privados en la faja costera de Uruguay, un ecosistema amenazado precisamente por la presión de las urbanizaciones y el tan invocado cambio climático.
6. Para el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y para el propio Caputi, ese pronunciamiento receptivo con el proyecto de Costantini fue un «error». Pero, más allá de las formalidades, la gran pregunta que circula en buena parte de la sociedad es por qué se designa en el MA a alguien con su perfil. Y ahí la dimensión es política. La cuestión no es que haya trabajado en el ámbito privado, sino al servicio de qué intereses y de qué tipo de proyectos. No se trata solo de «experticia»: se trata de formación, independencia y visión política sobre los asuntos ambientales.