Justamente podría llegar a ser una oportunidad el desarrollo inmobiliario para exigirle al desarrollador el poner en valor el humedal [de Carrasco] –declaraba hace diez días Oscar Caputi (TV Ciudad, 18-VIII-26).1
—¿No es tarea del Estado eso? ¿No sería tarea del Estado controlar y fortalecer el humedal? –repreguntaba la periodista Pilar Teijeiro.
—Sí, no, no, ni que hablar.Lo que pasa es que cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal –insistía el viceministro.
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No se trata de una declaración sorprendente en boca de un gobernante frenteamplista ni una rara avis en la concepción del desarrollo y del urbanismo en los ciclos progresistas: el Estado podría reducir su peso en este tipo de cosas y el «privado», a fuerza de millones, sería el indicado para venir a restaurar las décadas de abandono de un área pública –un bien natural común– y recibir a cambio una recategorización de un suelo rural deprimido con la que multiplicará sus millones. Pero quizás puede ser más llamativo que el interlocutor esta vez haya sido el número dos del Ministerio de Ambiente (MA), un hombre de perfil bajo, quien, además, dio un paso más en comparación con Edgardo Ortuño, el titular del ministerio. Caputi, que está en funciones desde julio de 2025, no se limitó a decir que la situación de los bañados de Carrasco será analizada por un grupo de trabajo técnico: el funcionario directamente puso en el centro de la escena al «privado». Como se recordará, este tema dio un salto hacia las primeras planas cuando se conoció que el humedal fue excluido del listado de los 37 que fueron declarados de importancia ambiental, en un decreto aprobado por el gobierno, en octubre de 2025 (véase «El descarte», Brecha, 10-VII-26). El retiro de las 937 hectáreas protegidas se produjo en las mismas fechas en las que ingresó a consideración de la Intendencia de Montevideo la propuesta de un ambicioso desarrollo privado de residencias de alta gama. La desconfianza y el malestar –que se propagaron incluso hacia la interna del Frente Amplio– crecieron a tal magnitud que obligaron al MA a reincorporar este humedal metropolitano en el decreto.
Sin embargo, la referida opinión de Caputi cobra otra dimensión a partir de información muy relevante que el viceministro no colocó en la escena pública: sus vínculos con Eduardo Costantini, el desarrollador de ese proyecto de urbanización en el norte de Carrasco.
El empresario de 79 años de edad, uno de los más ricos de Argentina, es un viejo conocido por estas tierras. Allá por 2008 logró hacerse –mediante su firma Consultatio SA– de 240 hectáreas próximas a la laguna Garzón, una zona de gran relevancia ecosistémica, que fueron recategorizadas a su imagen y semejanza. En esas tierras privilegiadas de Rocha estableció el exclusivísimo barrio privado Las Garzas. Fue de nuevo una oportunidad para los oficialismos de turno: con el beneplácito del entonces intendente socialista Artigas Barrios y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, Costantini puso su óbolo para solventar el 80 por ciento del costo del puente circular de la laguna Garzón (unos 3 millones de dólares).
Pero el nombre del potentado resurgió en los últimos meses, cuando se supo que está detrás del proyecto que pretende instalar una urbanización de 3 mil viviendas de alto poder adquisitivo en las inmediaciones de uno de los humedales más grandes del Uruguay y uno de los pocos metropolitanos que sobrevive en un territorio presionado por una voraz mancha urbana y la antropización de los recursos naturales. Las comparaciones con otra opus de Costantini, el barrio privado bonaerense Nordelta –famoso en los reels a partir de la irrupción en sus jardines de los rústicos y territoriales carpinchos–, no tardaron en aparecer. Pero entre el desembarco de Costantini en el codiciado tramo limítrofe entre Maldonado y Rocha y la probable conquista de una de las zonas naturales más valiosas de la capital uruguaya pasaron cosas.
EL PADRE, EL HIJO Y EL HERMANO
En 2021, Caputi, de profesión ingeniero agrónomo, 2fue el responsable del estudio de impacto ambiental nada menos que de la mansión que Costantini construyó en las cercanías del faro de José Ignacio –en el padrón 27–, a escasos metros de la costa atlántica. Allí hay unas codiciadas 40 manzanas que ostentarían el valor por metro cuadrado más caro del país. La residencia del empresario de 1.647 metros cuadrados, que insumió una inversión de 5.600.000 dólares, posee un subsuelo para albergar cuatro autos, una cava y un spa junto a una piscina exterior. El emplazamiento que se hunde entre las rocas incluye una segunda casa «auxiliar» de dos dormitorios. En los documentos del proyecto, prometía mimetizarse con el entorno: «azoteas verdes» con «réplicas del suelo natural», rocas intocadas –algo llamativo ya que de por sí el emplazamiento está en una punta rocosa– y el trasplante de la vegetación nativa afectada a los propios techos.
El estudio ambiental del proyecto, que obtuvo la categoría B (impactos ambientales moderados), fue realizado por Enviro Consultores, la empresa en la que el subsecretario trabajó hasta el mes anterior al de su asunción en el MA. En su cuenta de LinkedIn declara haber sido «consultor senior» desde 2009.
Sin embargo, la tarea de Caputi hace cinco años no se limitó a firmar y supervisar los estudios técnicos sobre la mansión en la que Costantini iba a residir en la temporada veraniega con su cuarta y joven esposa, la modelo Elina Fernández. El subsecretario fue uno de los tres apoderados del empresario para representarlo no solo ante las distintas direcciones del MA, sino también para desempeñar variados cometidos relacionados con el proyecto: «Inscribir empresas u obras; fijar sueldos fictos patronales, otorgar y suscribir peticiones o declaraciones juradas, notificarse de resoluciones y consentirlas […] y realizar todo tipo de trámite administrativo conveniente a los intereses del mandante». El nombre del actual viceministro aparece en una carta poder labrada por escribano en Punta del Este, el 5 de abril de 2021, que cuenta al pie con la expansiva rúbrica de Costantini. El documento, al que accedió Brecha, está inserto en el expediente del proyecto de construcción elevado al MA (2021/14000/004380). Quiere decir que la función de Caputi no fue la de un mero técnico contratado, sino la de un apoderado, una persona de confianza para realizar gestiones a nombre del empresario.
Los otros dos apoderados de Costantini fueron el director de Enviro, el ingeniero agrimensor Daniel Sztern Goldhar, y Tomás Torres. Sztern es conocido en la administración pública. Fue director nacional de Ambiente en el período de Jorge Batlle,
como parte del equipo del ministro blanco Carlos Cat. Al cabo de un año y medio pasó a ser el gerente de Medio Ambiente de OSE. Sztern fue también consultor de intendentes nacionalistas, como el coloniense Walter Zimmer y especialmente de Enrique Antía, que avaló la mayoría de los emprendimientos asesorados por Enviro en José Ignacio y otras zonas vírgenes de la costa de Maldonado.
Caputi, apodado el Tero, viene de otra extracción política. Pertenece al sector frenteamplista Asamblea Uruguay (AU) y es desde 1984 funcionario de la Intendencia de Montevideo (IM). Pasó por varios puestos en la comuna: director de Viveros (cargo que pertenece a Áreas Verdes, su servicio de origen), director de Limpieza (2016-2017), director de la Unidad de Coordinación Metropolitana (2017-2020) y director de la Unidad Administradora del Mirador Panorámico (2020-2025). En su trayecto puede advertirse un vínculo muy cercano con Jaime Igorra, también del sector AU, a quien asesoró cuando fue subsecretario de Vivienda (2005-2008) y presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (2009-2010).
La puerta giratoria que condujo a Caputi a la subsecretaría de Ambiente se abrió por efecto del conocido acuerdo entre el presidente Yamandú Orsi y el intendente montevideano Mario Bergara. El economista logró llevarse al palacio de ladrillos a Leonardo Herou, el viceministro de Ambiente designado originalmente, para realizar el nuevo plan de limpieza de la capital y, en su lugar, llegó al MA el ingeniero agrónomo, que integra uno de los sectores del espacio Seregnistas. Como se sabe, la IM es un organismo que tendrá un rol central en el futuro del proyecto de los bañados de Carrasco, al igual que el MA.
Pero al adentrarse en los numerosos expedientes en los que actuó la consultora Enviro se descubre que el vínculo privado del subsecretario de Ambiente con la familia Costantini no se limita a episodios aislados. En 2023, Caputi fue el técnico responsable del estudio de impacto de una de las residencias del barrio privado que Rodolfo, hermano de Eduardo y, entre otras cosas, propietario de Frigorífico Rioplatense, construyó en el balneario San Vicente de Maldonado. Una de las mansiones de La Bonita by Rodolfo Costantini está hoy en venta por casi 5 millones de dólares, promocionada como «de alto standing» en la zona «de mayor privilegio de este país, bien establecida, primera línea, a solo pasos del resplandeciente océano».
A la luz de los documentos, Caputi también conoce las virtudes de los páramos más agrestes que se yerguen entre lagunas costeras y se derraman hacia Rocha. En 2012, supo ser el técnico responsable del estudio de impacto ambiental y de la «tramitación» de un pomposo proyecto en las costas rochenses: «Fraccionamiento Las Cárcavas». La urbanización de «chacras marítimas» llevada adelante en nombre de una ignota razón social –Gridock SA– proponía 20 lotes en el llamado, en ese entonces, Paraje Lagunas Costeras, al sur de la ruta 10. La sorpresa aparece cuando las entrevistas de prensa y portales inmobiliarios permiten conocer que ese emprendimiento, emplazado en el balneario Santa Isabel y muy cercano a Las Garzas, fue desarrollado por el hijo homónimo de Eduardo Costantini, Edo. Ese podría haber sido el primer trabajo del viceministro, a través de la consultora Enviro, para la familia. Como nota al pie, el emprendimiento terminó mal: los predios se remataron y hubo denuncias de compradores decepcionados por la falta de exclusividad del barrio (entre ellos, la de una exesposa de Franco Macri). «Habrá mayor cantidad de gente y familias que roten en la ocupación y, en ese sentido, más riesgo de inseguridad y trasiego de personas», se lee en la demanda consignada por Búsqueda (8-II-23).
NOMBRAMIENTO CUESTIONADO
Caputi ya fue objeto de severas resistencias cuando se conoció su designación. Los cuestionamientos provinieron del nutrido grupo de organizaciones que vienen accionando en defensa de la faja costera y los ecosistemas vulnerables en Maldonado y Rocha. El nombre Enviro era muy conocido por los colectivos de vecinos y científicos, ya que aparecía en los expedientes de múltiples fraccionamientos en áreas de gran importancia ambiental. Estos grupos vienen activando desde hace años acciones judiciales en salvaguarda de los ecosistemas.
Uno de los proyectos más polémicos que contó con un estudio de impacto ambiental de Enviro y en el cual el viceministro también fue apoderado fue el de Marina Beach (de Manantial del Sol SA, Coralview LLC y Lokview LLC), presentado al MA en 2022. Esta urbanización, ubicada en la proximidad del balneario Buenos Aires, provocó tanta controversia que terminó llegando a la Justicia y al Parlamento durante el anterior gobierno. En particular, logró considerable cobertura cuando el MA cambió la clasificación del proyecto de la categoría B a la A –la que no implica impactos significativos en el ambiente–. El cambio se produjo a instancias del entonces titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés (Búsqueda, 3-X-24). Esta es una modificación muy buscada por los empresarios porque no obliga a presentar un estudio de impacto ambiental ni a convocar audiencia pública. Frente a la presión social, el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, convocó a tal audiencia a pesar del cambio de categoría ambiental.
Pero el apellido Caputi, en su calidad de técnico principal o interviniente en nombre de Enviro, figura en un largo collar de perlas costeras, particularmente de Maldonado. Es el caso del fraccionamiento Mar Azul Villas, otro barrio cerrado de José Ignacio construido en 2018. El viceministro fue el responsable técnico de la consultoría para el proyecto de construcción sobre la faja costera en el lote 36 (a nombre de Gustavo Kogan) y fue técnico interviniente en los proyectos residenciales de Adrián Suar, Nicolás Repetto y Mariana Fabbiani.
Caputi, en verdad, estuvo teniendo estos vínculos comerciales hasta el mes previo al de su asunción, incluso como apoderado frente al MA de una sociedad anónima (Coralgres). Esta firma es la que solicitó la autorización ambiental para edificar la casa Las Rocas, otra impresionante construcción de casi 700 metros cuadrados en una de las pocas manzanas libres del casco del faro de José Ignacio a 45 metros de la ribera costera. Escasos datos existen sobre quiénes están detrás de esta sociedad anónima.
Estos expedientes son solo algunos de los que están en conocimiento de la organización Red Unión de la Costa, que en julio del año pasado emitió un comunicado en el que objetaba la designación de Caputi: «Nuestro descontento se basa en el conocimiento certero de que dicha persona trabaja en una de las consultoras ambientales que tienen más solicitudes de autorizaciones ambientales frente al MA. Consideramos que esta situación configura un potencial conflicto de intereses, ya que su trabajo en la consultora podría influir en su función pública, comprometiendo una actuación imparcial y objetiva en la toma de decisiones que le compete». En esa comunicación, detallaron otros proyectos asesorados por Enviro que aguardaban permiso ambiental: el barrio privado El Milagro, impulsado por el grupo La Tahona en Salto, la urbanización Reserva del Mar, en la zona del arroyo El Potrero, y una más en Guazuvirá.
TODO VUELVE
La historia cobra a esta altura la misma fisonomía circular del puente de la laguna Garzón. Casi que una metáfora urbana de esa puerta giratoria que decide el derrotero de las valiosas cuencas que se extienden desde Montevideo hasta Rocha: los mismos apellidos, los mismos conceptos y ahora la figura de este ingeniero agrónomo que está en la cúspide política del ministerio que tendrá que pronunciarse sobre inversiones multimillonarias de alto impacto ambiental, presentadas por el mismo inversor para el que trabajó.
A estudio de este joven y cascoteado ministerio está el destino final de los bañados de Carrasco. Y también el del proyecto de un aeropuerto especializado en vuelos privados que se quiere construir cerca de Las Garzas con el impulso del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y el Ministerio de Defensa Nacional: ese que se insertaría en el corredor biológico que une dos lagunas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en la reserva de biósfera de Bañados del Este. Dos proyectos sobre los que existen numerosas voces académicas que advierten acerca de sus consecuencias ambientales y sociales, que podrían resumirse en degradación y gentrificación. Los técnicos del MA, bajo la presión de autoridades nacionales y departamentales, deberán lidiar con la realidad de que el actual subsecretario trabajó para Eduardo Costantini, el desarrollador del barrio privado en el humedal metropolitano y, seguramente, uno de los mayores interesados en que el aeropuerto rochense de Corporación América se instale próximo al primer beach house que inauguró en 2013. Caputi no se ha excusado de opinar sobre las potencialidades de un proyecto capaz de «poner en valor» un humedal que ya está degradado, tiene asentamientos en sus cercanías y del que se retira turba. Los argumentos son similares a los que figuran en muchos de los documentos en los que contribuyó a relativizar los impactos ambientales de las urbanizaciones: después de todo se construirán en áreas ya «antropizadas» porque ya están loteadas, o ya hay muchas casas construidas, o carecen de cordón dunar por culpa de viejas plantaciones de acacias. Y si no están degradadas, después de todo, «no tienen actividades productivas relevantes». El círculo se cierra y merece conocerse.
1. Se intentó obtener la palabra del subsecretario, pero no se tuvo respuesta del área de comunicación del MA.
2. En una versión anterior del texto se escribió erróneamente que era ingeniero agrimensor. Las disculpas del caso.
Implicancias
Hay un artículo de una ley –la 19.823– que contiene el denominado Código de Ética de la Función Pública que parece estar en desuso. Es el decimocuarto, que impide al funcionario «intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico» y lo obliga «a poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que este adopte la resolución que corresponda». A modo de muestra: en Canadá, la recusación no solo es obligatoria sino pública (el funcionario debe apartarse de toda discusión y describir suficientemente el conflicto) y, en Francia, un organismo especializado investiga las implicancias. Los estándares de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) –con un enfoque preventivo– configuran el conflicto de interés más allá de que el jerarca haya intervenido o no en el asunto en cuestión («conflicto real») y alcanzan el conflicto potencial o aparente (duda razonable sobre la imparcialidad).
Espejados
La experiencia de cotejar las visiones de los políticos en función de si forman parte de los oficialismos o de las oposiciones suele ser ilustrativa. El actual intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, es hoy un férreo defensor del proyectado aeropuerto cercano al barrio privado Las Garzas: «Tenemos que lograr un desarrollo sostenible, pero no en el marco de los prohibicionismos que, en definitiva, terminan perjudicando a los habitantes de un departamento». Sin embargo, cuando era opositor del intendente frenteamplista Artigas Barrios, Umpiérrez parecía un ecologista: «Cuando esté lista la urbanización, Las Garzas va a tener una población superior en la temporada estival a las de San Luis, Cebollatí, 18 de Julio, Velázquez, y una superficie similar a la ciudad de Lascano, en un escenario que es reserva de biósfera mundial, lo cual es preocupante», decía en noviembre de 2008. El entonces edil de la lista 71 promovió llamados a sala al intendente y llegó a hablar de corrupción, al referirse a que un primer proyecto presentado por Consultatio, la empresa de Costantini, había recibido de la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente una categoría ambiental más exigente –la B– para terminar «a velocidad de rayo» en la categoría A, que estableció la inexistencia de impactos significativos de la urbanización: «Se barrió con la ordenanza departamental y también la nacional, facilitando ganancias que podrían superar los 70 millones de dólares en favor de un empresario privado», recoge una crónica de El País.
