La presentación era un secreto a voces. El tema era motivo de conversación en las reuniones de los popes del fútbol uruguayo y en los pasillos de la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Solo faltaba saber cuándo y quiénes serían los encargados de mover las fichas y sacudir el tablero. La incertidumbre terminó sobre fines de agosto. Doce clubes presentaron una denuncia penal contra el anterior Consejo Ejecutivo de la AUF por adulteración de balances y desvío de fondos. La denuncia –patrocinada por los abogados Marcelo Domínguez y Daiana Abracinskas– afirma que en los estados financieros de 2021 y 2022 de la AUF no surge ningún registro sobre partidas por 25 millones de dólares enviadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al fútbol uruguayo en esos años. Además, incorpora un informe del catedrático de Derecho Penal Gonzalo Fernández que señala desvíos en el uso de los fondos Conmebol Evolución destinados para financiar infraestructura deportiva (El Observador, 14-IX-24).
En este contexto, el fiscal Gilberto Rodríguez intimó a la AUF a que presente toda la información contable y financiera que certifique el destino de esos fondos; la documentación será entregada en estas horas, dijeron fuentes de la AUF a Brecha. La denuncia, sin embargo, tiene otro trasfondo: el diferendo por los derechos de televisación del fútbol uruguayo que enfrenta al Consejo Ejecutivo de la AUF y a la empresa Tenfield SA, propietaria de los derechos del fútbol local desde hace tres décadas que ha visto cómo, de a poco, su poder omnipotente se desvanece.
TIEMPOS REMOTOS
Francisco Paco Casal tenía una disputa comercial y política con la Conmebol. El empresario –el más poderoso del fútbol uruguayo– quería adquirir los derechos de televisación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por entonces en poder de T&T Sports, holding formado por la argentina Torneos y Competencias y la brasileña Traffic SA. Por esos años, Casal presentó a través de su empresa Global Sports SA (Gol TV), con sede en Miami (Estados Unidos), una fastuosa oferta de 805 millones de dólares por estos derechos, que duplicaba el contrato con T&T Sports, pero que ni siquiera fue considerada. El diferendo terminó en los estrados judiciales: con la venia del empresario, una decena de clubes uruguayos presentaron una denuncia penal contra las autoridades de la Conmebol.
Un año y medio después, la Justicia de Estados Unidos ejecutó el denominado FIFA Gate, que provocó la caída de la cúpula del fútbol sudamericano e imputaciones por delitos de estafa y lavado de activos. Se los acusaba de recibir coimas para venderles los derechos de televisación a T&T Sports y a Full Play SA, propietaria de los derechos de los torneos de selecciones nacionales del continente. Por este caso, la Justicia uruguaya condenó a Eugenio Figueredo, expresidente de la AUF y otrora hombre cercano a Casal, por recibir 10 millones de dólares en sobornos durante su paso por la Conmebol.
Si aquella denuncia impulsada por Casal abrió el esquema bipolar que domina al fútbol uruguayo en la última década –clubes pro-Tenfield y anti-Tenfield–, la de ahora, presentada por clubes enfrentados a la gestión del presidente Ignacio Alonso, que bregan por la extensión del contrato con Tenfield, muestra que esa dicotomía sigue vigente. Según informó Búsqueda (2-IX-24), el escrito tiene la firma de 12 clubes: Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Cooper, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo. Danubio y Peñarol respaldan este proceso, pero decidieron no plegarse a la acción penal, que puede acarrear sanciones deportivas a los clubes, como la prohibición de participar en torneos internacionales o la desafiliación.
Si bien la denuncia no individualiza personas, la acusación alcanza a todos los integrantes del anterior Consejo Ejecutivo, como Ignacio Alonso –presidente de la AUF–, Andrea Lanfranco, Matías Pérez, Eduardo Ache, Gastón Tealdi y Jorge Casales, y a la directora ejecutiva, Victoria Díaz. Todos ellos serán citados como indagados por el fiscal Rodríguez. También deberán declarar los integrantes de la Comisión Fiscal, órgano encargado de controlar los aspectos económicos y financieros de la AUF.
Las citaciones difícilmente se concreten este año, ya que antes el fiscal analizará la evidencia documental presentada por denunciantes y denunciados. Rodríguez ya intimó a la AUF a que presente sus balances y remitió un oficio a la Conmebol para que adjunte documentación sobre los créditos otorgados al fútbol uruguayo, dijeron fuentes judiciales a Brecha. Más allá de esto, los imputados ya definieron sus defensas: Alonso será representado por el abogado Jorge Barrera; Eduardo Ache eligió a Gustavo Bordes y Fernando Posada, socio del presidenciable colorado, Andrés Ojeda. Sobre la mesa, el fiscal tiene varias posibles medidas de investigación, entre ellas, el levantamiento del secreto bancario de los imputados.
En el seno de la AUF, sin embargo, existe «tranquilidad», ya que los balances –dicen– fueron auditados por empresas de primer nivel mundial como PriceWaterhouseCooper y Grant Thornton, y fueron aprobados por los clubes. Además, alegan que no existió ningún desvío de los fondos de Conmebol Evolución, porque existe una resolución expresa del organismo continental que autoriza a utilizar estos recursos para atender el impacto de la pandemia por Covid-19. «Quienes trabajan en los temas financieros y contables son gente seria; esperábamos algún tipo de embate hace mucho tiempo atrás, pero estamos muy tranquilos», dijeron fuentes de la AUF a Brecha. El embate de los clubes, dicen, tiene otros motivos.
LA PLATA
En 1998, bajo el mando de Figueredo, la AUF cedió los derechos del fútbol local a Tenfield. La empresa de Casal ofertó 50 millones de dólares por diez años, suficientes para superar los 82 millones de dólares ofertados por Bersabel SA (entonces Torneos y Competencias). Desde allí, Tenfield logró extender el contrato en cinco oportunidades. La última fue en 2016, cuando prolongó el vínculo comercial hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se aseguró el derecho de preferencia, o sea, el poder de igualar cualquier oferta de un eventual proceso competitivo.
Los grandes trazos del actual contrato fueron acordados en 2012. En esa instancia, la AUF cedió a Tenfield «los derechos de filmación y transmisión en directo y/o diferido por televisión abierta y por cable, HD, 3D, televisión digital, Intranet e Internet, telefonía celular, tabletas u otros sistemas de nuevas tecnologías» de todo el fútbol uruguayo. También entregó «los derechos a la imagen de todos los actores del espectáculo, los nombres, la imagen de escudos y símbolos de los clubes, el derecho a instrumentar conferencias de prensa luego de los partidos, los derechos de la publicidad estática audiovisual y publicidad virtual de los campos de juego en que se desarrollen espectáculos televisados» (véase «Sigo siendo el rey», Brecha, 5-X-12). Por todo esto, la empresa paga unos 17 millones de dólares al año. El grueso del dinero queda en manos de Peñarol y Nacional, mientras que la mayoría de los clubes cobra unos 35 mil dólares al mes. Desde la AUF entienden que esa cifra no se ajusta al valor del mercado.
En 2017, un informe de la empresa Mediapro –hecho a pedido del Ejecutivo liderado por Wilmar Valdez– estimó que el fútbol uruguayo valía entre 45 y 50 millones de dólares. Ese valor podría duplicarse si se realizaran inversiones en infraestructura y en tecnología de transmisión que redimensionaran el valor del producto. Entre otras cosas, la consultora española recomendaba a la AUF crear su propio canal para eliminar intermediarios y aumentar los ingresos por la venta directa del producto a los cableoperadores y plataformas de streaming; esto decantó en la creación de AUF TV.
Un estudio reciente de la consultora EY (Ernst & Young) sobre los derechos televisivos arrojó resultados similares. El informe analizó los balances de Tenfield y los ingresos por cantidad de abonados a televisión por cable, y determinó que los ingresos por televisión del fútbol uruguayo rondan los 45 millones de dólares. Si a esa cifra se le sustrae el 10 por ciento de costos de producción y los 17 millones de dólares que Tenfield le paga a la AUF, se puede calcular que la ganancia anual de la empresa de Casal sería de entre 22 y 23 millones de dólares al año. Quién se queda con esos dólares es parte de la disputa.
AMIGOS PODEROSOS
En agosto de 2018, la FIFA decidió intervenir la gestión de la AUF. La decisión fue un coletazo de la movilización del colectivo de futbolistas Más Unidos Que Nunca, que reclamaba el pago de los derechos de imagen cedidos por la AUF a la empresa y que tenía como trasfondo el enfrentamiento entre Casal y sus clubes
aliados con los futbolistas de la selección, encabezados por Diego Lugano y Diego Godín. En efecto, la FIFA argumentó que la elección del presidente de la AUF –que se llevaría adelante por esas horas– no cumplía con los requisitos de transparencia que establecen los estatutos de la FIFA y de la Conmebol. La intervención fue dispuesta con la venia de la Conmebol, tras una nota enviada por los denominados grupos de interés1 que pretendían que la votación se hiciera con base en un nuevo estatuto, cuya aprobación se dilataba desde 2015.
Ese proceso –liderado por el entonces senador Pedro Bordaberry– culminó con la aprobación de un estatuto que modificó la gobernanza de la AUF y otorgó más poder al fútbol del interior y a los grupos de interés. Con esta nueva estructura de poder, Ignacio Alonso fue electo presidente. El economista recostó su gestión en su vínculo con los grupos de interés y las sociedades anónimas deportivas, forma que actualmente toma la mitad de los clubes profesionales en Uruguay. También en su relación con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y con el gobierno nacional, a través de su vínculo con el presidente Luis Lacalle Pou –de quien fue asesor en temas deportivos– y Roberto Lafluf, hombre de confianza del mandatario que hoy ostenta un cargo rentado en la Conmebol.
Con esas alianzas sobre la mesa, el Consejo Ejecutivo trazó su estrategia. El actual estatuto trae un cambio significativo para la gestión de la AUF: la cesión de los derechos de televisación debe hacerse por licitación y el contrato no puede extenderse por más de cuatro años. Esto puso una traba insalvable a la intención de Tenfield de extender el contrato hasta 2032 y les dio tiempo a los planes asociacionistas. En reuniones con los clubes, Alonso y otros dirigentes plantearon que la negociación por los derechos debía partir de un piso de 30 millones de dólares al año para la AUF, cifra que adecuaría los ingresos del fútbol uruguayo a la realidad regional. Como ejemplo, utilizó el contrato entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y Tigo Sports: 98 millones de dólares por cuatro años. Pero hay otra alternativa: la AUF analiza explotar el contenido por medio de la plataforma AUF TV, dejando de lado la licitación y los intermediarios. Esta segunda opción sería más rentable, pero también más riesgosa, ya que no garantizaría un ingreso fijo para las alicaídas arcas del fútbol uruguayo.
OTROS ACTORES
Según el actual contrato por los derechos televisivos, la AUF y Tenfield pueden renegociar su ampliación antes del 30 de junio de 2025.
Esa negociación, dice el acuerdo, debe ser «de buena fe». Sin embargo, hasta ahora no existió ningún contacto entre las partes, lo que revela el quiebre en la relación. «Tenfield SA desconoce al Consejo Ejecutivo e incumplió la negociación “de buena fe”. Y con esta denuncia penal se frustró toda posibilidad de negociar», afirmó un integrante del gobierno de la AUF a Brecha.
En los hechos, la estrategia de Tenfield apuntó a su relación con los clubes. La empresa ofreció extender el vínculo comercial por cuatro años –el máximo que permite el estatuto– con un aumento del 50 por ciento del precio actual; con esto se alcanzaría un ingreso de unos 25,5 millones de dólares al año, cifra similar al acuerdo logrado en Paraguay. Se trata, por ahora, de la única oferta concreta para adquirir los derechos.
Con este argumento, en una reciente entrevista radial, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, redobló su enfrentamiento con la AUF y defendió el contrato con Tenfield. Ruglio aseguró que lo que paga la empresa por derechos de televisación «es un milagro» y que el presidente de la AUF hace cuatro años que promete que habrá una oferta mejor, pero aún no mostró nada. «Acá nos dicen que hay mucha más plata para sacar: que traigan la oferta. A mí lo único que me mueve es el dinero y no le debo nada a la AUF ni a Tenfield. Mi club tiene independencia. Díganme dónde están esos 7, 8 o 9 millones de dólares que salen para Peñarol y Nacional, con un 70 por ciento de aumento para los equipos menores, traigan la oferta. […] No está pasando que venga alguien a poner 50 centésimos más que Tenfield, nos traen a cuento hace cuatro años», dijo Ruglio (Carve Deportiva, 11-IX-24).
Según el presidente de Peñarol, el objetivo del actual Consejo Ejecutivo es crear una grieta entre los clubes para lograr que venza el contrato con Tenfield, y esa estrategia busca favorecer a otros grupos económicos interesados en el negocio del fútbol: «Es claro que esto está ofrecido a un grupo de poder que no es Tenfield. Y vuelvo a decir la posición de Peñarol: traigan a ese grupo, que tenga avales suficientes y que diga que están dispuestos a pagar desde 2026 a 2029 ese dinero maravilloso».
La realidad es que la AUF recibió diversos sondeos y ofertas de grupos interesados para adquirir los derechos. Allí se encuentran empresas internacionales, fondos de inversión y también un holding local. Incluso, una empresa se comprometió a pagar dinero por adelantado a cambio de garantizar un acuerdo comercial después de 2026. «En lo que se fijan estas empresas como los fondos de inversión es en la rentabilidad del negocio.
Si tenemos en cuenta que la ganancia de Tenfield serían unos 22 millones de dólares al año, podemos decir que es un negocio rentable», dijo una fuente de la AUF.
Según pudo saber Brecha, entre los interesados está Disney Plus (The Walt Disney Company Latin America), propietaria del 50 por ciento de los derechos de televisación del fútbol argentino por intermedio de FSLA Holding LLC. La empresa ya transmite los partidos del fútbol uruguayo vía streaming, a través de su señal de ESPN, tras un acuerdo comercial directo con Tenfield. Otro de los grupos interesados en el negocio tiene un peso significativo en los medios uruguayos: un holding de los canales de televisión privada de Montevideo –Saeta (Canal 10), Sociedad Televisora Larrañaga (Canal 12) y Monte Carlo (Canal 4)– en acuerdo con el Grupo Magnolio, que desde el comienzo de sus operaciones adquirió varias radios (Del Sol, El Espectador y Azul FM, entre otras) y también el semanario Búsqueda. Los canales tienen una fortaleza especial para avanzar en este negocio, ya que el gobierno autorizó a sus cableoperadoras a vender internet, con lo cual tienen el paquete de distribución (televisión por cable y streaming) asegurado.
Sin embargo, no se descarta desarrollar directamente el negocio a través de AUF TV vendiendo el producto a los cableoperadores, sin intermediarios. Con esto, la asociación podría incrementar sus ganancias y, de paso, evitarse una sorpresa en una eventual licitación. El estatuto establece que la decisión final sobre la adjudicación de los derechos de televisación será del Consejo de Fútbol Profesional, integrado por los clubes de Primera División (con dos votos cada uno) y de Segunda División (con un voto por club). Es decir, cualesquiera que sean las ofertas que estén sobre la mesa, la decisión final estará en manos de los clubes.
El temor que existe en el Consejo Ejecutivo es que, en esa instancia, otra vez, como sucedió en 1998, los clubes elijan la oferta de Tenfield sin importar que haya otra superior. Si el fútbol se explota a través de AUF TV, en cambio, se evitaría que Tenfield gane la votación entre los clubes y que utilice la cláusula de preferencia para igualar la mejor oferta; con esta opción se la radiaría definitivamente del negocio. La definición de la estrategia comercial se conocerá a fines de este año o principios de 2025, y la opción elegida será un reflejo de la lucha de poder en el fútbol uruguayo.
1. La nota estaba firmada por la Organización del Fútbol del Interior, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol y los «capitanes de la selección mayor».
