Todos los análisis advierten de la imposibilidad de proyectar el resultado del 30 de junio hacia las elecciones obligatorias de octubre. La historia reciente muestra que el Frente Amplio (FA) ha visto multiplicada su votación por tres y más, a pesar de que desde 2009 ha quedado siempre en segundo lugar, detrás del Partido Nacional (PN). Hay algunos datos que no pueden soslayarse, por ejemplo, la participación del electorado en las internas aumentó levemente (pasó del 37 en 2014 al 40,2 por ciento este año); sin embargo, el nivel de adhesión al FA volvió a caer respecto a la anterior interna, perdiendo unos 47 mil votos y alcanzando el 23,6 por ciento de quienes concurrieron a las urnas el último domingo del pasado mes. La contrapartida es el crecimiento de blancos y colorados, y la emergencia de un partido militar (Cabildo Abierto) que, a pesar de su reciente formación, alcanzó casi 47 mil votantes (4,5 por ciento). Esos son los datos duros.
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El escenario en que se desarrolló la campaña es distinto al que signó la de 2014. En primer lugar, aparecieron temas que en la anterior no tenían la fuerza del presente: la economía y el empleo. El crecimiento del Pbi en el primer trimestre del año comparado con el correspondiente a 2018 fue del 0,2 por ciento, lo que indica un estancamiento, aunque no se puede hablar de recesión. Desde 2014 se han perdido alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Esas dos variables han generado en sectores de la población un estado de malestar, que se refleja en que, según las encuestadoras, el 52 por ciento de la población desaprueba la gestión del gobierno. Y ese talante se refleja en forma particular en las poblaciones medias y pequeñas del Interior, las mismas que en función del alto precio de los productos agropecuarios exportables cinco años atrás tenían conformidad con la administración frenteamplista. Economía y empleo desplazaron del centro de las preocupaciones ciudadanas los temas de la seguridad y la educación. Una expresión de ese fenómeno fue el escaso rédito electoral que le dio a Jorge Larrañaga la campaña Vivir sin Miedo, a pesar de haber logrado las firmas necesarias para la realización del plebiscito en el último domingo de octubre, que permitiría la participación de los militares en la represión de la delincuencia, amén de otros ítems.
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A partir de esa realidad, el eje discursivo de la oposición fue uno fundamental: sacar al FA del gobierno. De esa lógica se nutrieron blancos, colorados y el Partido Independiente (PI); de ahí que comenzaron a hablar de una coalición multipartidaria para suceder al actual Ejecutivo. También es cierto que volvieron al sonsonete de achicar el Estado y reducir el gasto. En medio hubo algunas propuestas sobre la educación, entre ellas, la del candidato colorado Ernesto Talvi de crear liceos de tiempo extendido. Las iniciativas más llamativas surgieron del ex precandidato blanco Juan Sartori, quien propuso crear 100 mil empleos en cinco años y crear la tarjeta Medic Farma, para que los pasivos recibieran los medicamentos gratis. Esta última propuesta fue criticada por todo el espectro político por su carácter demagógico y por el desconocimiento de que quienes son usuarios de Asse ya acceden en forma gratuita a la medicación. La respuesta de Sartori fue extenderla a los jubilados que se atienden en el mutualismo, incluso empezó a entregarlas para que entraran en vigencia el 1 de marzo, inmediatamente después de que él asumiera el gobierno.
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La campaña frenteamplista, ante esta realidad de cuestionamientos de parte importante de la población a su gobierno, fue aburrida y mal diseñada en opinión de los analistas. Los cuatro precandidatos insistieron en que el FA era el único partido que podía mostrar juntos en un mismo estrado a quienes competían por ser el presidenciable. La cuestión era demostrar la “unidad”, que básicamente estaba dada por un programa común, ante las fricciones que vivían los competidores en otras tiendas. Otro eje fue avisar que en octubre se ponían en riesgo todos los avances logrados en las tres administraciones del Frente. Pero eso no alcanzó para despertar a la militancia del FA, y de ahí la reducción en la cantidad de votantes del último domingo de junio. Una primera observación es que los cuatro y el propio FA no comprendieron que la realidad era más compleja que en 2014 y que era necesario plantear soluciones a los problemas que percibe la población. Daniel Martínez habló de un “nuevo impulso”, lo que permite pensar que algo se había agotado; sin embargo, no explicitó los contenidos de ese eslogan suyo. El único que esbozó algo hacia adelante fue Óscar Andrade cuando habló de aumentar los impuestos a los sectores del capital y planteó el tema de la vivienda y la necesidad de un plan para resolver esa cuestión. Por otro lado, tanto Martínez como Carolina Cosse mencionaron a las Tics como un posible desarrollo para el país, insistiendo la segunda en llevar esa industria hacia el Interior. Propuestas, estas últimas, que tuvieron poca repercusión en el electorado. No son pocos los referentes de la coalición de centroizquierda que insisten en que hay un alejamiento sensible entre parte de la dirigencia frenteamplista y la gente, e incluso que hay una negación de la realidad compleja del momento. A esa incapacidad para palpar el sentir de la ciudadanía suman omisiones en la batalla de ideas contra un sentido común dominante, forjado durante décadas de gobiernos de la derecha. Un ejemplo de esa ausencia de debate ideológico es que la población, cuando explica las mejoras en su nivel de vida, lo atribuye a Dios o al esfuerzo personal, pero no a las políticas públicas iniciadas desde 2005. Por otro lado, las respuestas del oficialismo a las nuevas demandas sociales (algunos han llegado a decir que el pueblo no tiene memoria) no se resuelven recordando la crisis del 2002 y lo mal que se pasaba a consecuencia de las políticas neoliberales desarrolladas por los gobiernos de los partidos tradicionales. Un fenómeno (el de no leer cómo sienten los ciudadanos y los nuevos desafíos) que se repitió en otras administraciones progresistas del continente, con las consecuencias conocidas.
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Un último factor a analizar de lo ocurrido en las internas es esa luz amarilla que se encendió y que interpela a la democracia uruguaya y al sistema político. Dos hechos concurren en dirección de una advertencia: la votación del partido encabezado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos y la emergencia de Sartori (la comadreja introducida en el PN, en palabras del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana) en la interna blanca. En pocos meses Manini Ríos, con un discurso ultraderechista, logró el cuarto lugar en la preferencia ciudadana. Es posible que en octubre alcance una representación parlamentaria significativa, pues ha logrado que la familia militar (y no sólo ella) lo acompañe. El general tiene un discurso corporativo que se resume en su cuestionamiento a la reforma de la Caja Militar y a la modificación de la ley orgánica que rige a las Fuerzas Armadas, entre otros temas. Además esboza el cuestionamiento al estamento político y se ubica en la lógica del “bolsonarismo” brasileño. Por omisión o por una política militar errónea, Manini Ríos vio facilitado su ascenso por las acciones del gobierno frenteamplista, que permitió que se transformara en un caudillo de ese sector de la sociedad. El otro es Sartori, el millonario que introdujo en la campaña prácticas de otras realidades, a pesar de que lo hizo dentro de la estructura blanca. En el PN se lo acusa de utilizar fake news en la competencia electoral y de un despliegue de dinero insólito en la competencia. Su segundo lugar en la interna del partido que lo albergó es un dato mayor a tener en cuenta en el futuro. Estos dos elementos reseñados cuestionan la idea de que Uruguay es inmune a lo que ocurre en otras sociedades.
En consecuencia y ante esta nueva realidad uruguaya, el partido de gobierno, si quiere repetir, deberá ajustar su discurso y entender que la población interpela la gestión y que no alcanza con ofrecer más de lo mismo.
