Colombia está a punto de aprobar una ley que reglamenta la prostitución, pese a que la experiencia internacional demuestra que estas leyes benefician a los proxenetas más que a las prostitutas. Se necesita una política distinta. En 2010 la Corte Constitucional emitió la sentencia T-629, buscando subsanar una injusticia: la que discriminaba a una prostituta que había ejercido su actividad en un bar. Con esta medida la Corte dispuso que incluso si no hay contrato de trabajo existe la obligación de cumplir con los derechos laborales de quienes, empleados formales o informales, contribuyen al funcionamiento de un negocio. La sentencia, que podría aplicarse para muchos casos de abuso de los empleadores, sentó un precedente por tratarse de una prostituta. Al afirmar que ella tenía los mismos de...