Dame una señal - Semanario Brecha

Dame una señal

El Ejecutivo recibió 355 solicitudes para obtener nuevas autorizaciones de radio y TV.

Solicitudes por tipo de emisora 2017 * Expresiones de interés presentadas en 2017 ante llamados de Miem / Dinatel

Por el momento no se ha informado dónde se habilitarán concursos públicos ni para cuántas emisoras. En todo caso, cualquier convocatoria deberá definirse antes del último domingo de octubre próximo, y lo que no se autorice para esa fecha tendrá que postergarse hasta 2020.

Los resultados no habían sido divulgados y se conocieron a través de un pedido de acceso a la información pública realizado por Gustavo Gómez –director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia–, al que Brecha accedió. Tras un llamado abierto durante setiembre del año pasado, el Ministerio de Industria (Miem) recibió 355 solicitudes para obtener nuevas autorizaciones de radio y TV (comerciales y comunitarias) en todo el país. De acuerdo al documento, más de la mitad de las solicitudes presentadas al Miem para nuevos medios (53 por ciento) correspondieron a radios comerciales: 187 de 355. Maldonado (23), Rocha (20), Salto (18) y Colonia (15) son los departamentos donde más expresiones de interés hubo.

En cuanto a las solicitudes de nuevas autorizaciones de TV comercial, que representan 28 por ciento del total, es llamativo el caso de Canelones: 42 de las 99 presentadas correspondieron a ese departamento. En Colonia y Montevideo se registraron 11 expresiones de interés y en Maldonado, siete. Apenas un 15 por ciento de los inscritos expresó su intención de manejar una radio comunitaria; en tanto el 4 por ciento manifestó su interés en obtener autorización para TV comunitaria.

Amparado en la ley de protección de datos, el Estado se negó a informar sobre las empresas o personas que manifestaron su interés en las diferentes localidades. Por el mismo motivo tampoco es posible saber si, en el caso de los medios comunitarios, se trata de solicitudes de nuevas frecuencias o de radios y canales que ya existen sin autorización y tienen ánimo de regularizarse. En cualquier caso, teniendo en cuenta el volumen total de solicitudes, resulta lógico concluir que hubo varias expresiones presentadas por la misma persona o empresa. Esto no significa que todos los aspirantes estén en condiciones de explotar un nuevo medio: la convocatoria estatal se limitó a habilitar un simple formulario de inscripción en el sitio oficial del Miem, donde no se requería definición o detalles de los proyectos ni se establecían requisitos para acceder a la autorización. Por lo tanto, si el Estado concreta su aparente intención de llamar a un concurso para otorgar nuevas autorizaciones, es posible que buena parte de quienes aparecen como interesados no se presenten.

Otro dato a tener en cuenta es que en muchas localidades no hay frecuencias disponibles o donde la cantidad de medios ya existentes no amerita nuevas adjudicaciones. Sobre esa base, nada obliga a hacer llamados en todos los puntos donde hubo expresiones de interés. Por el momento la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) no ha informado dónde se habilitarán concursos públicos ni para cuántas emisoras. De hacerlos, tendría que ser pronto y contrarreloj, porque desde 2005 la ley uruguaya prohíbe otorgar nuevas adjudicaciones para medios de radiodifusión 12 meses antes de las elecciones y seis meses después. Cualquier convocatoria deberá definirse antes del último domingo de octubre próximo y lo que no se autorice para esa fecha tendrá que postergarse hasta 2020. El llamado implica publicar la resolución estatal, otorgar al menos dos meses para que los interesados preparen las carpetas con sus proyectos y analizar los requisitos en función de los criterios de admisibilidad determinados. Luego habrá que organizar audiencias públicas a través de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y, por último, evaluar, seleccionar y convocar a los adjudicatarios para iniciar el trámite administrativo. Todo ese proceso de apertura a nuevos operadores de radio y televisión debería resolverse en los próximos siete meses, algo poco probable si se considera que los llamados públicos para radios comerciales durante este gobierno llevan años sin definición.

 

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