La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará, el 28 de mayo, un nuevo proyecto de ley. El debate sobre la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo promete volver con fuerza a la agenda política argentina.
Los cachetes de Ana María Acevedo le desbordaban la cara cuando un equipo médico del hospital Iturraspe, de la provincia de Santa Fe, le practicó una cesárea. De su cuerpo inerte extrajeron una criatura de entre 22 y 23 semanas de gestación que sobrevivió menos de un día. La joven de 19 años agonizaba: ya no podía respirar por sus propios medios y sus órganos internos fallaban. Sufría desde hacía un año un cáncer de mandíbula que había avanzado con el ritmo de la falta de un tratamiento adecuado. Desde que supieron que estaba embarazada y, a la vez, enferma, no la curaron, pero la obligaron a parir. Ana María fue forzada a mantener un embarazo durante cinco meses a costa de su salud, primero, y de su vida, más tarde. Tuvo que parir en estado pre mortem. Tenía derecho a un aborto terapéutico porque su salud estaba en peligro y el embarazo era inviable. Le negaron un derecho garantizado en la legislación argentina desde 1921 y, además, la obligaron a transitar su cuadro clínico con dolor. En ningún momento recibió el tratamiento paliativo a la altura de la enfermedad que atravesaba. Recién después del parto inducido le practicaron quimioterapia. Ya era tarde: el 17 de mayo de 2007 murió, cuando habían pasado 21 días de la intervención. Doce años después, su muerte continúa impune, pero su imagen e historia recorre el mundo como emblema de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en Argentina.
El sábado 18 de mayo, la mamá de Ana María Acevedo, Norma Noemí Cuevas, levantó la foto de su hija mientras caminaba sobre la alfombra roja del Festival de Cannes, en Francia. No estaba sola. La acompañaban militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de Argentina, que tiñeron de verde, rock y activismo el glamuroso evento internacional. En ese marco se estrenó la película Que sea ley, de Juan Solanas, que narra la historia de Ana María Acevedo, entre otras, y la de las luchas de los feminismos por el derecho a decidir de las personas gestantes.
Apoyos y obstáculos. Durante el año 2018, Argentina casi alcanzó la aprobación de la ley, cuando por primera vez en la historia de la democracia consiguió debatir en las dos cámaras una propuesta legislativa construida desde la ciudadanía. En junio se logró la media sanción del proyecto, pero en agosto no pasó el bloqueo del Senado. El martes 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se presentará por octava vez en el Congreso argentino la iniciativa de la campaña para despenalizar y legalizar el aborto, en un año marcado por las elecciones presidenciales. Será a las 17.30 con movilizaciones simultáneas en todo el país: una acción federal llamada “Las calles al Congreso y el Congreso a las calles”. También habrá pañuelazos en distintos puntos del mundo.
Las firmas de apoyo estarán encabezadas por ocho diputadas de distintos partidos: Victoria Donda, de Somos; Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical-Córdoba; Mónica Macha, de Unidad Ciudadana; Romina del Plá y Mónica Schlotthauer, del Frente de Izquierda; Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita; Cecilia Moreau, del Frente Renovador, y Carolina Moisés, del Frente para la Victoria. Al cierre de esta nota, la campaña continuaba recolectando apoyos al proyecto. El año pasado logró un récord: 71 avales.
Aunque la interrupción del embarazo es legal bajo el sistema de causales, esta normativa no se cumple por igual en todas las provincias del país. La última historia resonante tiene un nombre de fantasía para proteger su identidad: Lucía. Se trata de una niña de 11 años embarazada por una violación que fue obligada a parir en Tucumán después de pasar 15 días retenida en el Hospital del Este en febrero de este año. Médicos, funcionarios y religiosos pusieron obstáculos entre el deseo de la niña, que había dicho “quiero que me saquen lo que me puso adentro el viejo”, y su derecho. Todos los profesionales de la salud presentes el día de la cesárea se declararon objetores de conciencia, por lo que se tuvo que buscar a dos médicos de fuera del sistema público. Hoy son denunciados por “homicidio” por un grupo antiderechos. La de Lucía no es una historia aislada: los números de la maternidad forzada señalan que 2.787 niñas menores de 15 años se convierten en madres al año.
La clandestinidad también se traduce en femicidios de Estado. En Argentina, desde el regreso de la democracia hasta 2016 murieron 3.040 mujeres por abortos. No hay dudas de que es una realidad de la salud pública cotidiana de las personas gestantes: según una estimación realizada a pedido del Ministerio de Salud, se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir, 1.300 por día.
EL PROYECTO. Se trata de un nuevo texto que, en 20 artículos, plantea algunas modificaciones con relación al anterior, que consiguió media sanción. La propuesta fue aprobada durante una asamblea plenaria realizada en marzo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que concurrieron 190 representantes de todas las provincias después de cuatro meses de trabajo. La comisión redactora recogió discusiones territoriales en todo el país y sumó los aportes de distintas regionales.
“En el marco de las elecciones a realizarse este 2019, se exige a los y las candidatas expedirse respecto de la legislación del aborto voluntario”, expresó la campaña en un comunicado de prensa. La iniciativa despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y, más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. En estos casos, se debe garantizar en el sistema de salud público, privado y de obras sociales. Las prestaciones deberán estar incluidas en el Programa Médico Obligatorio. La práctica debe garantizarse dentro de los cinco días de requerida. La causal “graves malformaciones fetales” fue eliminada de la propuesta legislativa a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.
El nuevo texto incorpora la definición de “persona gestante”. Y suma, en su artículo 7, “asesorías”, para las personas que al momento de solicitar realizarse un aborto pidan un espacio de información objetiva y precisa sobre la práctica. Recoge, de alguna manera, la idea de “consejerías” que estaba presente en la media sanción. La propuesta pone el acento sobre el acceso a la información y la dimensión intercultural. En el caso de que la persona gestante que quiere abortar hable una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad.
La iniciativa no dice nada con relación a la objeción de conciencia. Respecto de los menores de edad que soliciten un aborto, establece que si tienen menos de 13 años, se les deberá exigir su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o con su representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, se presume que tienen la madurez suficiente para dar el consentimiento requerido. Pero la propuesta de la campaña agrega que cuando esté en riesgo la integridad o la vida por una condición preexistente, deberá acompañar el consentimiento al menos uno de sus progenitores. También resalta, en uno de los artículos, la importancia de la educación sexual integral, y la responsabilidad de las instancias de gobierno nacional, provincial y municipal para aplicarla y fortalecerla.
OTOÑO VERDE. El debate sobre el aborto vuelve con fuerza a la agenda política de Argentina en un contexto marcado por el retroceso del acceso a la salud pública y una avanzada de los grupos antiderechos. El gobierno de Mauricio Macri convirtió al Ministerio de Salud en secretaría. A su vez, la inflación también repercute en los precios de los medicamentos para aborto farmacológico. En 2014, la caja de 16 comprimidos de Oxaprost formaba parte del programa estatal Precios Cuidados, con un precio sugerido de 452 pesos argentinos, el equivalente a 56 dólares. Hoy esa misma caja cuesta 5.876 pesos argentinos.
La conversación sobre el derecho a decidir quedó abierta en 2018 y el aborto dejó de ser un tema tabú en Argentina. Al menos dos millones de personas se movilizaron en las calles para exigir aborto legal. La posibilidad de dar una respuesta política que permita salir de una situación injusta que se mantiene casi intacta desde 1921 estará en manos de los y las legisladores a partir del 28 de mayo.
