Las organizaciones firmantes repudiamos enérgicamente la apertura de la “oficina de innovación y emprendimiento” realizada el 19 de diciembre por el gobierno uruguayo –con participación de la ANII– en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sabemos cómo operan en el discurso sionista los términos innovación y cooperación para el desarrollo de tecnologías avanzadas: es una estrategia para lavar la imagen de Israel e invisibilizar sus prácticas colonialistas, de apartheid y genocidio, con el objetivo de controlar las percepciones y acciones de las élites de poder, las fuerzas políticas y la opinión pública.
El año pasado nos pronunciamos contra la iniciativa y dijimos: este paso sigue alejando a Uruguay de la legalidad internacional y lo posiciona estrechando vínculos de normalización con el régimen de apartheid israelí. Al hacerlo, legitima sus constantes violaciones del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de innumerables resoluciones de la ONU y de los derechos fundamentales del pueblo palestino, en particular el de autodeterminación.
La comunidad internacional no reconoce la soberanía del Estado de Israel sobre Jerusalén, ni la anexión unilateral e ilegal (“unificación”) que ese país realizó en 1980 de la parte oriental (tras ocupar en 1948 la parte occidental y en 1967 el resto de la ciudad), en la cual según el consenso internacional el pueblo palestino debería ejercer su derecho a la autodeterminación. Por eso casi ningún país tiene su embajada en esa ciudad (la movida de Estados Unidos con Trump en 2018 solo fue imitada por Guatemala, Honduras, Paraguay y Kosovo). Más aún, la Ciudad Vieja –donde están los sitios históricos y religiosos más importantes para las tres religiones monoteístas– se encuentra en Jerusalén Oriental, y por lo tanto según la ONU es territorio palestino ocupado.
Dijimos también: Uruguay no puede salirse del consenso internacional para alinearse con los intereses de la potencia ocupante y su régimen de apartheid. Uruguay, como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado por Ley Nº 17.510 de 27/06/2002 y Ley Nº 18.026 de 25/09/2006) tiene la obligación legal no solo de no colaborar con un régimen de apartheid, sino de trabajar activamente para ponerle fin. Por eso rechazamos la apertura de una oficina paraestatal en Jerusalén y cualquier medida tendiente a ignorar las resoluciones y mecanismos de la ONU.
Hoy, a 15 meses de la intensificación del genocidio continuado y brutal en Gaza (producto inevitable de 76 años de ocupación colonial ilegal e impune), esta iniciativa es todavía más inadmisible y escandalosa. Desde el punto de vista ético y humanista, pero también legal, ya que este año en particular la ONU emitió importantes dictámenes y resoluciones que Uruguay, como Estado miembro, está obligado a cumplir. La lista de dichos pronunciamientos es muy larga, pero citamos dos en especial:
– la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (19/7/24) que reiteró la ilegalidad del régimen de ocupación colonial israelí, calificándolo además de apartheid, y la obligación de los Estados miembros de la ONU de no colaborar para sostenerlo, sino por el contrario, de tomar medidas efectivas para ponerle fin en la forma de sanciones y suspensión de relaciones;
– la resolución de la Asamblea General (13/9/24) que hizo suyo ese dictamen de la CIJ con 124 votos a favor (y con la vergonzosa abstención de Uruguay, como durante casi todo este período de gobierno).
Lo decimos con claridad: la acción del gobierno uruguayo viola la legalidad internacional y convierte a nuestro país en cómplice del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, así como de sus crímenes y su expansión colonial bélica en Cisjordania, Líbano, Siria y toda la región. Exigimos al gobierno saliente, así como al entrante, que rectifiquen el rumbo, clausuren la oficina y, en cumplimiento de los mandatos de la ONU, pongan fin a este y a cualquier otro proyecto de cooperación e intercambio con universidades, instituciones o empresas israelíes involucradas y al servicio del régimen de dominación colonial, ocupación militar, apartheid, agresión bélica y exterminio de la población árabe nativa de
Palestina y de sus territorios vecinos.
Por último, reiteramos nuestra plena solidaridad con el pueblo palestino y su derecho inalienable a la autodeterminación y a vivir en libertad, justicia e igualdad en su territorio ancestral y con plenos derechos en el seno de la comunidad internacional.
Campaña Espacios Libres de Apartheid – Uruguay (ELAUy)
Coordinación por Palestina Uy
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
PIT-CNT
Secretaría de DDHH del PIT-CNT
Secretaría de DDHH, Diversidad y Género de AFFUR
SUNTMA, PIT-CNT
FUCVAM
FEUU
CRYSOL – Asociación de Ex-presos Políticos de Uruguay
SERPAJ
Cotidiano Mujer
Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA)
Colectivo Contraimpunidad
Colectivo “Sandía en Acción”
Redes – Amigos de la Tierra
Unidad Popular – Frente de los Trabajadores
Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
Plenaria Memoria y Justicia
Frente de Lucha Ambiental «Delia Villalba»
Red de Ollas al Sur – CPS
Somos Barrios
Rebeldía Organizada
Jacarandá. Cultura de la Memoria
Comisión Derecho a la Ciudad
