A partir del convenio firmado el miércoles pasado entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional, el gobierno, sin admitirlo explícitamente, disimula una realidad que el progresismo difícilmente puede aceptar, a menos que esté dispuesto a intervenir de manera profunda y estructural en la sociedad.
El gobierno no tiene inconvenientes en mostrar, a través de esta iniciativa, el fracaso –o la inutilidad– de las instituciones del Estado uruguayo para resolver uno de los problemas estructurales que enfrenta nuestra sociedad en relación con las personas privadas de libertad; ya se trate, como en este caso, de adolescentes infractores o de adultos que terminan convirtiéndose en personas en situación de calle.
Al igual que en aquel 27 de junio, pero esta vez en democracia y sin disolver instituciones, las Fuerzas Armadas acuden a enderezar tuertos de la sociedad. Una vez más, a último momento, un soldado parece salvar a la patria.
Para el progresismo resulta difícil cuestionar el statu quo, ya que ello implicaría admitir que las promesas de un capitalismo más humano ya no resultan creíbles en el mundo actual, salvo que se logre estar bien con el sistema.
Lo que está en crisis –y eso es lo que se manifiesta en los círculos de pobreza, en el narcotráfico, en los centros de reclusión y en las personas en situación de calle– es la propia sociedad capitalista. No se trata de un problema de capacidad para gestionar políticas públicas, sino de la esencia misma de un sistema que cada día expulsa a millones de personas fuera de los márgenes de la vida digna.
Las Fuerzas Armadas intervendrán para salvar el prestigio del Estado frente a las consecuencias de los círculos de pobreza y exclusión propios de una sociedad cada vez más desigual. Y si a fuerza de orden y mando se obtienen algunos resultados, probablemente se les terminarán asignando otras tareas en otras áreas de la vida social.
El convenio, presentado como una forma de ampliar las oportunidades formativas para adolescentes y jóvenes, en realidad amplía las políticas de acción cívica de las Fuerzas Armadas; su participación en supuestos planes de desarrollo y en tareas de «apoyo a la comunidad». Todo ello como una aplicación disimulada de la supuestamente fenecida doctrina de la seguridad nacional.
Hace poco más de 20 años, el general Víctor Licandro –uno de los fundadores del Frente Amplio e histórico integrante de la Comisión de Defensa del partido– alertaba: «Siento que mi país se compromete cada vez más con conductas que luego serán difíciles de revertir. Particularizo en lo que refiere a la defensa nacional y al empleo de las Fuerzas Armadas. Ahí sigue estando el poder militar».1 Y agregaba: «Mantengo mi diferencia con las soluciones militares para problemas que son creadores o resultantes de la pobreza y la injusticia social».
Pensar que con este tipo de políticas se fortalecen los procesos socioeducativos y de inclusión social de los jóvenes vinculados al INISA constituye un grave error.
Seguramente, esta situación podrá convertirse en una oportunidad para discutir otros temas y efectos colaterales vinculados al rol de las Fuerzas Armadas. Los acontecimientos recientes en el mundo han puesto en cuestión valores esenciales para la convivencia de la humanidad, como el concepto de soberanía. Este dejó de ser, a partir de las políticas de Estados Unidos, un atributo propio de las naciones para convertirse en una dádiva de los poderosos.
En ese marco, y dadas las características de nuestro país, la defensa de la soberanía ya no es –si alguna vez lo fue– una función que dependa exclusivamente del poder de las Fuerzas Armadas de Uruguay. Probablemente por ello esta política busque otorgar sentido a una institución cuya existencia insume una parte sustantiva del presupuesto nacional.
- Palabras de Licandro en la Fundación Vivian Trías, el 3 de octubre de 2005. ↩︎
