El gobierno comenzó anunciando que la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (para los íntimos y valga la alegoría: la rendición) correspondiente a 2021, que el Parlamento discute y aprueba en 2022, sería de «gasto cero». Esto es: no habría recursos adicionales para el presente año y todo el mundo debería seguir arreglándose con lo que se votó en el presupuesto quinquenal, que, pese a que se llama «2020-2024», regirá de 2021 a 2025.
Viniendo de la economista Azucena Arbeleche –siempre cuidadosa de los equilibrios fiscales, tan caros a los organismos multilaterales de crédito–, era lo que se sospechaba. Sin embargo, el propio presidente de la república, Luis Lacalle Pou, se encargó de corregir el soneto. Aclaró que, tal como le pedían propios y extraños, se haría un esfuerzo para aumentar los recursos destinados a la educación (en particular, a la reforma de la enseñanza básica, y dejando de lado la Universidad de la República), la seguridad, la ciencia, la innovación y la tecnología, la salud y la recuperación para los funcionarios públicos de los niveles de ingreso prepandemia (no así de las pérdidas durante la pandemia, que perdidas están). No habría gasto cero, entonces, pero habrá gasto ¿cuánto?
Aclaremos que gasto cero es una expresión equívoca si las hay. En primer lugar, porque lo que es cero es el incremento y no el gasto, que simplemente sigue siendo el de antes (claro que si el de antes era muy poco, se lo puede sentir como cero); en segundo lugar, porque, aunque suele llamarse gasto público a todo aquello en lo que el Estado pone dinero, «gasto» es un rubro específico del presupuesto, que incluye sueldos e inversiones. Y lo que se suele recortar –o al menos congelar– primero no son los gastos ni los sueldos, tan difíciles de domeñar, sino las inversiones. Por lo cual, más que de gasto cero, en estos casos debería hablarse de esfuerzo cero: lo que hay es lo que hay, y a arreglarse. Y si en el presupuesto quinquenal les tocó poco, también a arreglarse.
Finalmente, el 30 de junio se supo que el cero se sustituyó por un 226: 226 millones de dólares sería el esfuerzo adicional que el gobierno haría para atender las cuestiones que entendía prioritarias, entre las cuales (digámoslo ya), ¡ay!, no está la vivienda. Ese esfuerzo ¿es poco o es mucho? Desde luego que la cifra nos impresiona a los mortales alejados de la gran economía, y si se hubiera asignado íntegramente a la enseñanza o a la salud, sería significativa. Pero la cuestión es que la decisión es dedicarla a todas esas prioridades juntas, por lo cual las centenas bajan a decenas y, entonces, los impactos son mucho menores, más allá de que en estas cosas no solo importa el cuánto, sino también el cómo y el para qué.
Pero, en definitiva, todo junto o repartido, ¿es poco o es mucho? La única forma de tener una referencia, en estos casos de muchos ceros, es comparar la cifra con otra que también tenga muchos ceros. Por ejemplo: ¿qué porcentaje del presupuesto total son estos 226 millones? Siendo el presupuesto de unos 19.000 millones de dólares a valores de hoy (y redondeando, porque el dólar cambia todos los días y a veces a todas las horas), el incremento que establecería la rendición sería apenas superior al 1 por ciento. Y si lo comparamos con el producto bruto interno (PBI), que ahora anda por los 54.000 millones de dólares, el 0,4 por ciento. La montaña parió un ratón.
MIRADA SOBRE LA VIVIENDA
¿Cómo le fue a la vivienda en todo esto? Refuerzo presupuestal: cero (este sí, indudablemente cero). Con lo cual seguimos con inversiones que, desde hace muchos años, rondan el 5 por mil del PBI. ¿Estamos igual? No, estamos peor: porque los recursos presupuestales para la inversión en vivienda ya se redujeron en alrededor de un 10 por ciento respecto al período anterior y el PBI subió (aun con el episodio de la pandemia), por lo que ahora ya no estamos en el 5 por mil: llegamos (volvimos) al 4.
Pero las rendiciones de cuentas no son solo números. También hay letras. Y las letras pueden ser peores que los números. En el mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el inciso 14, que corresponde al ahora Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), contiene 16 artículos. La mitad de ellos tiene que ver con la regularización de propiedades de inmuebles entre el ministerio, el Banco Hipotecario y otros organismos públicos. Los problemas están en la otra mitad.
Por ejemplo, el primer artículo del inciso, el 304, pretende establecer que las disposiciones de la Ley de Subsidios al Ingreso y la Permanencia, 19.588, de 2017, se aplicarán solamente a los préstamos otorgados luego de la aprobación de esa ley, cosa que originalmente no se establecía y que ahora pondría en cuestión la adjudicación de subsidios a una enorme cantidad de préstamos anteriores a esa fecha, subsidios en su gran mayoría ya otorgados, pero también otros a otorgarse en el futuro. Más allá de la dudosa juridicidad de la propuesta, por el efecto retroactivo que tendría, ¿qué se busca? ¿Recaudar más, a costa de crear un fenomenal número de morosos?
El artículo siguiente, el 305, legaliza la figura de la unidad modular dinámica (UMD), creada expresamente para aplicarse en el programa Entre Todos, que proyecta la construcción de vivienda, financiadas por privados, para sectores de ingresos medio bajos y medios. La idea es que las viviendas proyectadas, de uno, dos o tres dormitorios, puedan entregarse con diferente grado de definición, en particular en cuanto al cerramiento de los ambientes, con excepción de los baños y la cocina. Esto permitiría flexibilidades que hoy no existen e, incluso, optar por construir más metros cuadrados economizando en las terminaciones.
La duda surge cuando se establecen las áreas, porque, si bien se exige que tengan una superficie adicional del 10 por ciento, la referencia que se toma es el mínimo habitacional y no la vivienda económica, en la cual, por ejemplo, proyectan las cooperativas. Esto hace que, mientras que en la vivienda económica una unidad de dos dormitorios puede tener hasta 60 metros cuadrados (por otra ley de 2017), en las UMD podría tener sólo 55. Esos cinco metros de diferencia pueden abrir, o no, la posibilidad de acondicionar un dormitorio más de ser necesario, lo cual es muy importante. Y el afán de reducir áreas recuerda las malas experiencias de los núcleos básicos evolutivos, que impulsara en los ´90 otro gobierno herrerista de coalición, buscando siempre la varita mágica de la reducción de costos, sin ver con cuidado a costa de qué.
El artículo 306, por su parte, formaliza otra cosa que ya se había creado: el subsidio de capital de hasta un 30 por ciento del valor de las viviendas para lo que se construya con el financiamiento privado previsto en el artículo 466 de la ley de presupuesto (que crea el sonado fideicomiso), otro paso para desarmar el sistema universal de subsidios previsto por la ley 19.588, de 2017, que prevé subsidios mucho mayores y hasta totales, según las circunstancias. Para no decir que dicha ley se deroga parcialmente con esta medida, este aporte del Estado no se llama subsidio, sino compensación económica no reembolsable. Pero ya se sabe que el nombre no hace a la cosa.
El artículo 307 es confuso, por decir lo menos. Modifica la forma de ajuste periódico de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, en la parte que correspondería a los aportes personales de la versión original de la integración del fondo, la cual quedaría sujeta a la variación del índice medio de salarios. Pero, como no se deroga la forma de ajuste que estaba rigiendo para todos los recursos del fondo, queda la duda de cómo operaría el cambio que ahora se propone.
Por su parte, el artículo 318 del proyecto de rendición modifica la vigencia de los certificados de regularidad (que se otorgan para que puedan actuar, por ejemplo, las cooperativas y los institutos de asistencia técnica), llevándola a tres años, lo que parece excesivo y, más que a desburocratización, suena a soltar la mano, porque en ese lapso pueden crearse problemas que, al no detectarse a tiempo, luego será más complejo superar.
Finalmente cabe mencionar lo que sigue sin estar en la rendición; entre otras cosas, la principal, la eliminación de los impuestos a la vivienda social (de los que solo están exonerados el MEVIR y, ¡sorpresa!, los inversores privados de la vivienda promovida), la cual hace que, por cada inversión que realiza el MVOT, deba devolverle, solo por el pago de IVA, entre un 10 y 15 por ciento de esos recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. Otra forma de recortar recursos, tan callando.
