La aplanadora Odebrecht alcanza a Keiko

Diez días sin cócteles

La hija mayor de Alberto Fujimori y líder de la oposición en Perú fue puesta en prisión preventiva por diez días, acusada de recibir dinero de la empresa constructora brasileña para su campaña electoral y de montar una estructura para lavarlo a través de aportantes falsos y la organización de eventos.

Keiko Fujimori es escoltada por la policía luego de ser detenida el 10 de octubre en Lima / Foto: Afp, Luka Gonzales

La familia Fujimori no está transitando días felices. La semana pasada la justicia peruana anuló el indulto al ex presidente y autócrata Alberto Fujimori (véase “Los ricos también lloran”, Brecha, 5-X-18); ahora le está tocando la puerta a su hija Keiko.

La dos veces candidata presidencial por el fujimorismo nunca imaginó, al entrar el miércoles a la fiscalía, que saldría esposada y detenida con prisión preventiva por diez días. Pero así lo dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, por considerar que la orden de detención se justificaba en “fundados elementos de convicción que relacionan” a Keiko Fujimori “con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular (el partido de Keiko) en 2011”, según indicó en Twitter el Poder Judicial. Según la resolución emitida por la justicia peruana, “el hecho investigado gira sobre la constitución de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener poder político”.

La orden de detención por el mismo caso alcanzó también a otras 19 personas, entre ellas los dos ex ministros fujimoristas: Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama.

UNA LARGA LISTA DE INVESTIGADOS. La diputada peruana, líder de la bancada mayoritaria en el Congreso de su país, fue una de las más grandes críticas del ex presidente y archirrival suyo Pedro Pablo Kuczynski, y promovió su destitución cuando este fue acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht (al final Kuczynski terminó renunciando a fines de marzo pasado; véase “La caída de Kuczynski y la república de los empresarios”, Brecha, 6-IV-18). Ahora está acusada de haberse involucrado en la misma trama de corrupción por la que son investigados también los ex presidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y que ha salpicado a políticos y funcionarios públicos de todo el continente.

La justicia investiga supuestos aportes ilícitos de la empresa brasileña a Fuerza Popular para la campaña política de las elecciones presidenciales de 2011, que finalmente ganó Ollanta Humala. Las acusaciones contra Keiko Fujimori en el caso Odebrecht surgieron de declaraciones de Jorge Barata, quien fuera representante de la compañía brasileña en Perú. Según Barata, la entonces candidata recibió 1,2 millones de dólares, y en una agenda de Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa, aparece una anotación que dice “aumentar Keiko a 500”. Algo que ha sido considerado como un indicio de transferencia monetaria. El dinero procedía de los fondos de la contabilidad paralela de la constructora, explicó Barata, y parte de este fue entregado a Bedoya y Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular.

DINERO A CAMBIO DE BENEFICIOS. Según la orden de detención, Fuerza Popular recibía “aportes ilícitos de Odebrecht para que luego, estando en el poder, retribuyera esos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o judiciales, continuando así con un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”. La constructora brasileña ha reconocido ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de dólares en sobornos a políticos peruanos.

Según las acusaciones de la fiscalía, Keiko habría sido cabecilla de una estructura de lavado de dinero con falsos aportantes. El dinero para la campaña electoral que el partido habría recibido ilícitamente se habría lavado, entre otras formas, a través de la organización de eventos, como por ejemplo cócteles para los que los participantes pagaban tiques de montos elevados para poder asistir, en lo que se denomina el “caso cócteles”.

SOLIDARIDAD ENTRE EX RIVALES. La decisión del arresto preventivo se basa en un supuesto riesgo de fuga de la investigada. Según la resolución, Keiko Fujimori no cuenta con “arraigo de calidad” en Perú, vive en una casa alquilada, no tiene trabajo conocido, tiene ascendencia y familiares en Japón, y su esposo, Mark Vito, es estadounidense.

Tras su detención, la lideresa encarcelada de Fuerza Popular se pronunció en una carta manuscrita divulgada en Twitter, en la cual afirmó que “la persecución se ha disfrazado de justicia en Perú”. “Sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”, aseguró.

El miércoles, luego de la detención de Keiko, Pedro Pablo Kuczynski –quien indultó a su padre, Alberto Fujimori, y más tarde renunció ante su incesante amenaza de destituirlo a través de una votación en el Congreso– escribió en Twitter: “Deploro el drama que vive la familia Fujimori”. Esta vez los dos ex rivales políticos se encontraban del mismo lado.

Hasta hace unos días, la anulación por la justicia del indulto a Alberto Fujimori, y la detención de su hija mayor eran algo no imaginado en Perú. Octubre es conocido en este país como el mes de los milagros, y pareciera que el Cristo Morado, gestor de esa celebración, ha decidido meterse de lleno en política; ahora muchos optimistas sueñan con que vaya tras Alan García.

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