Hubo un tiempo en que los turistas uruguayos que paseaban de termo y mate por Gorlero eran como una tarde ventosa en la arena de la Brava. No los veían bien ni los muchos operadores que soñaban a Punta del Este como destino de la elite regional e internacional ni los empleados interesados por las propinas en dólares de los extranjeros. «Para los turistas uruguayos están Piriápolis o Rocha», comentaban con desdén patrones y empleados.
El turismo interno rara vez fue objetivo de los operadores puntaesteños, la Intendencia de Maldonado y el gobierno nacional. En buena parte de los últimos 20 años, enfocaron sus recursos en campañas publicitarias y costosos ágapes de presentación del verano en Argentina y Brasil, proveedores de los principales clientes. Hasta que las coyunturas económicas y políticas de los países vecinos, más la pérdida de competitividad frente a otros destinos, advirtieron sobre el error. La necesidad de independizarse llevó a expandir las acciones promocionales a horizontes lejanos, como España, Estados Unidos y Japón, cuyos viajeros gastan más que los regionales, en estadías más cortas. Y a partir de 2014 el empresariado empezó a mirar con cariño al poco valorado turismo de uruguayos, de poder adquisitivo aumentado. «¡Vamo’ arriba! Llegaron las vacaciones. Disfrutalas en tu país», arengaba, en 2016, uno de los spots destinados al mercado nacional; se potenció el turismo social y aparecieron los primeros descuentos de IVA y con tarjetas de crédito para tentar a los residentes. Para 2019, el público uruguayo se posicionó como el segundo generador de divisas, detrás del argentino, destacó el ministro Germán Cardoso en junio, cuando el Poder Ejecutivo aprobó el protocolo nacional de reactivación de la actividad turística, gastronómica y hotelera bajo la amenaza del covid-19. Entonces, estudiar medidas para incentivar el turismo interno –como forma de contrarrestar la falta de visitantes extranjeros– se convirtió en una de las principales líneas de trabajo del gobierno.
EL SOL INTERIOR
En Maldonado, la estrategia tuvo su correlato desde la Junta Departamental y se espera que dé frutos en los próximos meses. Partidos políticos y empresarios acordaron promocionar en el interior del país la oferta de turismo aventura y turismo rural de un departamento mucho más conocido por su propuesta de sol y playa. A partir de agosto, los ediles se lanzaron de gira por el Interior y la Junta creó el sitio www.destinomaldonado.uy para que los operadores aporten sus ofertas y reciban consultas.
«En temporadas normales, Maldonado recauda para el país 1.000 millones de dólares en impuestos y, como esta temporada será diferente, es muy importante difundir el destino para que más gente lo conozca», señaló el edil blanco Adolfo Varela, presidente de la Junta e impulsor de Destino Maldonado. Aseguró a Brecha que se trata de una batería de acciones de «bajo presupuesto», con recursos que se destinaban a actividades promocionales en el exterior.
Por otra parte, la Comisión de Turismo de la Junta –que ha recibido inquietudes de empresarios y trabajadores– insistió ante el ministro Cardoso en la necesidad de subsidios estatales para las empresas que, se estima, este verano sufrirán una merma de al menos 35 por ciento en su actividad. El frenteamplista Remy Delacroix refirió a Brecha que el ministro –oriundo de Maldonado y cercado por operadores a quienes conoce desde siempre– comprendió la situación, pero alegó que «todo depende» del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entretanto, pese a su compleja situación financiera, la Intendencia resolvió apuntalar al empresariado con medidas tributarias y fiscales que «podrían llegar a implicar una resignación de unos 100 millones de pesos», señaló a Brecha el prosecretario general, Álvaro Villegas. Pese al aciago panorama turístico, la administración departamental no prevé sobresaltos financieros por esa causa: «En materia de tributos inmobiliarios tenemos expectativa de mantener la recaudación, considerando los beneficios tributarios para los contribuyentes por la continuidad en el pago en fecha y por abonar en los meses de enero y febrero», argumentó Villegas.
DE MESA EN MESA
En las últimas semanas, la Liga de Punta del Este ha sido sede de las reuniones entre empresarios y trabajadores angustiados por su situación y por la incertidumbre de los próximos meses. La emergencia sanitaria en Maldonado provocó que unas 15.000 personas pasaran a seguro de desempleo –de acuerdo a cifras divulgadas por el Plenario Intersindical–, al tiempo que más de 40 ollas populares y merenderos se abrieron en diferentes ciudades. «Maldonado ocupa los primeros lugares en cantidad de trabajadores desempleados o en seguro de paro. Aquí, particularmente, el cierre de emprendimientos turísticos tuvo un tremendo impacto. Y, aunque la cobertura de los seguros de desempleo (totales y parciales) atemperó la situación en estos meses, esos seguros se están terminando en la mayoría de los casos», señaló a Brecha la presidenta del Plenario Intersindical, Silvia Pérez Plada. En este escenario, observa «con mucha preocupación las perspectivas frente a la temporada», sobre todo en el rubro de la gastronomía y la hotelería.
El secretario departamental del sindicato gastronómico y hotelero, Óscar Andino, cree que el turismo interno, sumado al contingente de argentinos y brasileños con segunda residencia en Punta del Este, servirá, por lo menos, para mitigar la desocupación que –según sus datos– afecta en esta baja temporada a unas 4.000 personas en el rubro. «La clave será ver cómo subsistiremos y cómo evitaremos que se pierdan más fuentes de trabajo. En una temporada estival normal, el sector gastronómico y hotelero ocupa a entre 18.000 y 20.000 trabajadores en Maldonado. Sin embargo, se estima que en el próximo verano ingresarían 10.000», dijo a Brecha. Por ahora, los patrones argumentan que «están evaluando día a día» y «no dan garantías de cuántos emplearán». Ni siquiera se sabe, a ciencia cierta, cuántos están en régimen de seguro parcial o total, porque los datos del Banco de Previsión Social «tienen dos meses de atraso». Sin embargo, «el planteo a las empresas es que los trabajadores roten entre un régimen y otro, que todos perdamos lo mismo, porque para quienes están en seguro de paro parcial la situación es angustiante: cobran la mitad de un salario que no aumenta, mientras se incrementan las tarifas y el costo de vida», lamentó Andino.
SOLOS EN EL HALL
La situación de los trabajadores de edificios merece un subtítulo aparte. A diferencia de otros rubros, prácticamente paralizados por la pandemia, la ocupación en los edificios de Punta del Este es un 20 por ciento superior a la de otros años, señaló a Brecha el dirigente César Teijón. El fenómeno se explica en la cantidad de extranjeros con segunda residencia que en estos meses se han instalado en el balneario, sanitariamente más seguro que sus países de origen. Sería algo a celebrar, pero ocurre que «nadie controla que se cumplan los protocolos» y los empleados se arriesgan a ser contagiados por los propietarios y a contagiar a otras personas cuando salen del trabajo. «Lo primero que hace un dueño cuando llega al hall es pedir un servicio de mucama o de mantenimiento. No sabemos si el hisopado fue positivo o si hubo un segundo hisopado, y el trabajador que se niega a brindar el servicio se expone a un escándalo con el propietario o a que lo manden a seguro de paro; ha pasado», se quejó el dirigente.
Otro aspecto que inquieta es lo que ocurrirá en temporada alta. En circunstancias normales, hay entre 7.000 y 9.000 empleados en baja temporada, a los que se suman otros 7.000 en verano. «Si se mantiene el cierre de fronteras en los actuales términos, en la próxima temporada se perderá el 80 por ciento de la mano de obra», advirtió Teijón. «¿Cómo se contemplará la situación de esos trabajadores de temporada, que están fuera del circuito laboral, para quienes el gobierno no ha pensado nada?» Un panorama similar avizora para el sector servicios (comercios, empresas de seguridad, áreas verdes, etcétera): «Bajo cierre de fronteras, en este rubro quedarían desocupados unos 10.000 trabajadores, para los que tampoco observamos contención», sentenció Teijón, que, además, es dirigente nacional de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios.
Mientras tanto, la Intersocial de Maldonado trabaja en un diagnóstico de situación para «visibilizar y priorizar las problemáticas del departamento y generar un plan de acción colectiva», señaló a Brecha la activista Paula Caballero, integrante de este grupo de personas y organizaciones sociales. En principio, preocupa el cierre de la mayoría de los espacios de alimentación –merenderos y puntos de distribución de viandas–. «Estimamos que permanece apenas el 20 por ciento de los espacios abiertos al inicio de la emergencia, no porque sean innecesarios, sino por el desgaste de los organizadores y por la merma de donaciones», explicó la activista. «El mundo adulto y adolescente que depende mayormente del turismo se está moviendo para conseguir trabajo, pero no hay posibilidades nítidas de eso. Ni siquiera hay certezas de que se mantengan los empleos», observó.
