Donde hubo fuego – Brecha digital

Donde hubo fuego

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tca) anuló parcialmente un enroque de abogados entre dos asesorías letradas: la de Bomberos y la de Asistencia y Seguridad Social Policial. Considera que el acto fue arbitrario y perjudicó a una de las partes en beneficio directo de la otra, que es la esposa del gerente del Área Jurídico Notarial del Ministerio del Interior (MI).

Cuartel Centenario de Bomberos / Foto: Pedro Pandolfo

De todas las direcciones nacionales que dependen del MI, sólo la de Bomberos cuenta con la posibilidad –para parte del personal subalterno y del cuerpo de oficiales– de acceder a complementos de sueldo. A ese tipo de plus se accede brindando servicios contratados por instituciones públicas o privadas en cumplimiento de la normativa de prevención de incendios. El fondo generado por estos recursos, además de los contratos que lo generan y la distribución del servicio entre el personal según sus distintas responsabilidades, es gestionado por la Comisión Administradora de Servicios Contratados de Prevención y de Cursos de Capacitación Externa. Según la reglamentación, este organismo debe ser integrado, entre otros, por quien ocupe la asesoría letrada de la dirección.

En el caso en cuestión, al asesor jurídico le correspondía una partida mensual que podía llegar a los 40 mil pesos, una cifra incluso mayor que el propio salario. El director general del MI, Charles Carrera, aseguró a Brecha que no estaba al tanto de esas compensaciones cuando el 30 de noviembre de 2012 trasladó a la subcomisaria Mariela Nallem desde la asesoría jurídica de Seguridad Social Policial a la de Bomberos, disponiendo en ese mismo acto que el oficial ayudante Luis Rodríguez recorriera el camino inverso.

La resolución firmada por Carrera alegó “razones de servicio” para disponer el enroque, un argumento que para Rodríguez no fue de recibo. Por eso el 18 de diciembre de 2012, un día después de haber sido notificado personalmente del cambio, se decidió a presentar un recurso de revocación y jerárquico. Hasta el 24 de julio de 2013, fecha en la cual se inició la acción de nulidad ante el Tca, el MI no había contestado los recursos.

La respuesta llegaría recién el 2 abril de 2014, suscrita por el subsecretario, Jorge Vázquez, ratificando la medida y reiterando que “el cambio de destino asignado al recurrente obedece a razones de servicio, siendo un trámite común en esta secretaría de Estado”.

CAMPANAS. Para abonar la hipótesis de que las “razones de servicio” en todo caso no tendrían que ver con la búsqueda de una mejor calidad de éste, el ex asesor letrado de Bomberos aporta notas y reconocimientos sobre su desempeño en la función, remarcando entre ellos el correspondiente al 30 de noviembre de 2012 (el mismo día en que lo trasladaron), expresado por el entonces y aún hoy director nacional de Bomberos, Raúl Díaz. El jerarca calificó la participación y colaboración de Rodríguez como asesor letrado “a tal punto relevantes que sin ellas no sería posible lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos”.

“Lo que no surge del acto” –anota el demandante ante el Tca– es que Nallem “es la cónyuge (o concubina) del gerente del Área Jurídico-Notarial del Ministerio del Interior, Jorge Filiberto”. “Debe tenerse presente, además, que las compensaciones que dejé de percibir sólo se abonan en la Dirección Nacional de Bomberos, puesto que sólo en ese organismo existen las comisiones que administran los servicios contratados de prevención (que también existen en la Policía –el popularmente conocido ‘servicio 222’–, pero su administración no está confiada a comisiones administradoras), y los cursos de capacitación externa (que sólo existen en Bomberos)”.

El MI articuló su alegato en 20 puntos, sosteniendo que Rodríguez no era dueño del cargo ni de las compensaciones, y que la motivación para elegir a su remplazante no fue el vínculo de la funcionaria con el jefe jurídico del MI, al tiempo que aclara que Filiberto “no participa en modo alguno” de la decisión sobre los destinos de los funcionarios “ni tampoco del proceso, ni siquiera en la redacción de resoluciones”. Por otra parte, sostiene que se configuraría una “discriminación en contrario en caso de que por ser la esposa de un gerente de área no pueda ser pasada en comisión de una unidad a otra porque el acto estaría automáticamente sospechado de desviación de poder”.

CONSIDERANDO. Luego de que se escuchó a las partes y a los testigos aportados por cada una, y consideradas las pruebas agregadas, el expediente 467/2013 pasó a vista del procurador general en lo Contencioso Administrativo, cargo que desde enero de 2012 ocupa el ex fiscal de Corte Rafael Ubiría. Este abogado entendió que no basta con decir o apelar a “las necesidades del servicio”, ni a las “facultades discrecionales” ni a la “posibilidad legal” de efectuar traslados para concluir que “no se han violado los derechos del funcionario trasladado, aunque se trate de un funcionario policial”.

A criterio de Ubiría, Rodríguez ha sido lesionado al no poder “permanecer en el cargo y la función, (…) los que justificadamente emanan de una larga permanencia en una misma función (27 años), con total dedicación, esmero y eficiencia, todo lo que se traduce en un óptimo rendimiento, que es lo que a la postre la administración pretende de sus funcionarios”.

Y si bien considera que no hay prueba contundente de que la relación entre Filiberto y Nallem haya sido la causa del “enroque”, su existencia, y otros elementos “constituyen indicios que llevan a concluir que los motivos del acto no son sinceros. En suma, la prueba traída al proceso revela la falta de un motivo plausible, y que los poderes de que está investido el jerarca han sido ejercidos en forma no razonable o arbitraria. Por lo expuesto, se estima que corresponde anular el acto procesado”, recomienda Ubiría.

CENIZAS QUEDAN. Finalmente, en la sentencia del 4 de agosto de 2015 el Tca laudó la situación. Primero consignó la trayectoria del demandante: ingresó en 1985, en 2004 se incorporó al Departamento Jurídico Notarial y en 2005 pasó a ser asesor letrado. De sus actuaciones –da cuenta el fallo– “pueden puntualmente extraerse profusos antecedentes positivos en la ejecución de sus tareas. De igual forma, en las actuaciones administrativas relacionadas lucen infinidad de anotaciones positivas en el desempeño” en los años “2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012”.

En especial el Tca pone el ojo en la que firmó el 30 de noviembre de 2012 el director de Bomberos, quien sostuvo que el accionar de Rodríguez “ha evidenciado celeridad, profesionalidad, contracción al trabajo y un elevado espíritu de colaboración, todo lo cual configura méritos para el titular”.

El tribunal también le dio la razón al reclamante en cuanto a que existió “desviación de poder y violación del principio de imparcialidad”, al señalar que, paradójicamente, las citadas “razones de servicio” no pueden “razonablemente constituir una expresión debida y adecuada de los motivos que orientaron el dictado del acto”. Por el contrario, los ministros encontraron en la relación matrimonial y la dependencia funcional de Filiberto con la Dirección General de Secretaría “una base indiciaria sólida, convergente y concordante que ilustra suficientemente sobre la disociación entre el fin debido o normado y el perseguido”, que en realidad sería “la mejora retributiva de la funcionaria señalada”.

Con su fallo el Tca anuló el traslado de Rodríguez que, al haberse jubilado en julio de 2013, no tendrá que volver al cargo. Sin embargo, este dictamen servirá de base para las acciones civiles y penales que decidió impulsar el ex asesor letrado de Bomberos, institución con la cual, pese a todo, todavía mantiene un vínculo, aunque indirecto, con el área jurídica. Este año, por primera vez, fue contratado para dar clases de derecho penal a los cadetes bomberos que se forman en la Escuela Nacional de Policía.

[notice]

Sí, pero con peros

El director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo a Brecha que la decisión del traslado estuvo ajustada a derecho, y que si bien no comparte el fallo, “las sentencias hay que cumplirlas, aunque no veo cómo puede cumplirse ya que el señor está jubilado”. Sí reconoció que no estuvo bien fundamentada: “es que no hay referencias, es una práctica habitual, pero teniendo conocimiento de esta situación hay que empezar a fundamentarlas”.

Sobre el traslado sostuvo que “había sido solicitado por el director nacional de Bomberos por un tema de falta de confianza”, en referencia al inspector Raúl Díaz, que había asumido en marzo de 2012. Sin embargo, se trata del mismo oficial que tuvo comentarios elogiosos para con Rodríguez, tal como figura en la sentencia del Tca. Carrera no especificó a qué se debió esa “falta de confianza” pero afirmó que “debe de figurar en el expediente que se abrió en su momento”.

Por otro lado, sostuvo que “no se le causó ningún daño al funcionario”, y calificó como “una grosería hacer mención en la sentencia a la doctora Nallem, porque nunca se negó el vínculo. La doctora Nallem es la esposa del gerente del Área Jurídica y por eso no está prestando funciones acá (en el MI), pero es una profesional intachable”. El número tres del MI dijo a Brecha que no estaban en conocimiento de que existían las compensaciones y el mecanismo de administración que había desarrollado la institución, servicio que –aseguró– será reestructurado. “Es una compensación que llega a ser mayor que el sueldo, algo que es bastante irracional”, argumentó Carrera. Y en este sentido informó que se están solicitando auditorías para tener insumos a la hora de tomar decisiones, entre ellas sobre la normativa que habilitó la prestación de servicios de carácter privado.

Respecto de los beneficios que supuso el cambio para Bomberos, Carrera dijo que desde que está Nallem “hemos podido sacar varios decretos que teníamos pendientes, entre ellos los vinculados al programa Prometeo”, un software de certificación empleado para evaluar los proyectos de prevención de incendios.

[/notice] [notice]

El que avisa

El denunciante Luis Rodríguez le relató su situación a importantes figuras del oficialismo. En 2013, una semana después de haber iniciado la acción de nulidad ante el Tca, le envió una carta a la por entonces presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, ante quien se presentaba como militante del Partido Demócrata Cristiano hasta su ingreso en Bomberos. “No vi que ocurrieran estas cosas en Bomberos durante gobiernos de otro signo; pienso que el Frente Amplio tiene que saberlo, y detenerlo. Una cosa es el error político, cometido de buena fe; otra el uso indebido del poder público, ya para perjudicar, ya para beneficiar, ya con ambos fines”, escribió.
El 29 de agosto de 2014 decidió dirigirse a José Mujica. Finalmente redactó una tercera carta (en setiembre pasado) para el presidente Tabaré Vázquez, a quien le aclaró que la primera misiva la envió cuando ya había pasado a retiro, “para que no se especulara (con) que tenía la intención de regresar” a su puesto en Bomberos. Lamentó en esta última que en ninguno de los dos casos anteriores hubiera recibido respuesta.

[/notice]

Artículos relacionados