Durante mucho tiempo –quizás ahora bastante menos– el diario El País –el de Madrid– fue considerado el representante por excelencia del «progresismo» en España. Se asociaba su nacimiento, en 1976, a la entrada del país en cierta modernidad, apertura de ideas, «europeización» de los espíritus, cierta sofisticación. Y también con la defensa de un modelo de transición que suponía una salida ultrapactada de la dictadura franquista, en cuyo centro estaba la permanencia de la monarquía. El País fue desde entonces uno de los defensores más férreos de la institucionalidad derivada de aquel pacto y de un modelo de salida que se exportó sobre todo hacia América Latina y que inspiró procesos de transición como el uruguayo. Sus propios directivos habían tenido puestos de poder en el aparato mediático de la dictadura.
«España se acostó dictatorial y se levantó democrática», se ironizaba años atrás en la península para dejar en claro cuánto del antiguo régimen heredaba la condicionada democracia, desde un sistema judicial que hasta ahora permanece enquistado por lo más rancio de la sociedad española hasta unas fuerzas armadas que jamás fueron depuradas. Juan Carlos I, puesto en el trono en 1970 por obra y gracia de Francisco Franco y ardiente defensor del régimen hasta el día mismo de la muerte del generalísimo, fue convertido luego en «garante de la democracia» en parte por su aparición fulgurante para liquidar el intento de golpe del 23 de febrero de 1981, el llamado Tejerazo, un episodio en el cual su papel real está cada vez menos claro.
El País fue pieza fundamental de esa operación de santificación del monarca y de glorificación del modelo. En 2007, cuando Juan Carlos cumplía 70 años, el diario lo nombró «personaje del año» y le dedicó un número especial de ensalzamiento. Desfilaron con sus plumas empresarios, sociólogos, politólogos, calificados periodistas del propio matutino. Y muchos políticos. Fundamentalmente socialistas y del Partido Popular, los dos grandes puntales de la transición. Pero también el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), que trató de explicar más mal que bien cómo un partido que tenía a la república en su ADN y cuyos militantes se habían jugado la piel en la lucha contra el franquismo había terminado aceptando una vía de salida timorata y que consolidaba la monarquía (el PCE puede reivindicar al menos la paternidad de los «artículos sociales» de la Constitución de 1978, en los que se apoyan hoy los ministros de Unidas Podemos (UP) para tratar de incidir en el gobierno de coalición que comparten con el PSOE). El número de El País destacaba, entre otras cosas, «el férreo control» ejercido por Juan Carlos sobre la imagen, el «apego a la Constitución» y los gastos de funcionamiento de la corona, sus «esfuerzos» para manejarse con los 8,8 millones de euros mensuales que le asigna pobremente el presupuesto a la Casa Real (más gastos reservados y otras yerbas), el escaso personal de la Zarzuela para todo el «trabajo» que realiza, el poco interés de sus tres hijos «por la bonanza económica de sus parejas», etcétera, etcétera.
Cuando llegaron los escándalos, suyos y de otros miembros de la corte, y se multiplicaron al punto que su abdicación fue una necesidad patria, el blindaje a Juan Carlos se trasladó, por monárquica legitimidad transitiva, a su primogénito Felipe, el nuevo rey borbón. El País, que se había especializado en tapar los entuertos de Juan Carlos, terminó limitándolos a un «caso personal» y comenzó a construir una imagen virtuosa de su sucesor. Esa es hoy la línea de defensa de «las instituciones» y de la monarquía que han privilegiado todos los que, liquidado el padre, se empeñan en blindar al hijo.
«Lamenta el emérito que los jóvenes lo asocien con su Corinna, con elefantes y maletines. Los mayores, más generosos, vemos en él, en cambio, una pieza clave en la farsa de la transición, el albacea de los poderes fácticos, un sicario de Estados Unidos y el adalid del capitalismo patrio», escribía hace unos días en su cuenta de Twitter el ingenioso libertario español Carlos Taibo.
Felipe no ha tenido tiempo todavía de construir una épica personal que le dé lustre, un equivalente al 23-F paterno. Mientras piensan en alguna estrategia para tejérsela, lo levantan como un impoluto que primero le bajó el sueldo vitalicio al emérito, luego renunció a la herencia y finalmente se lo sacó de encima, además de encarrilar a la hermana y limitar los gastos de la corona. No tiene más «mérito» que ese (y hasta por ahí nomás: Felipe y sus hijas siguen siendo los beneficiarios de las fundaciones de Juan Carlos que están siendo investigadas en Suiza). Y cuando le tocó, hace apenas un par de años, intervenir directamente en un conflicto de talla como el catalán, en el que podría haber abierto el juego y comenzar a tejerse una leyenda fundacional, lo hizo como buen representante de su dinastía. A lo largo de la historia de España, escribía en 2018 el periodista Alejandro Torrús en Público.es, «los Borbones se han aliado con las fuerzas más conservadoras del territorio: los poderes que apostaron por impedir la caída del antiguo régimen, reprimir el liberalismo, el movimiento obrero y la evolución democrática del Estado».
Algo le debe ese reaccionarismo a su proverbial incultura, apuntaba Torrús. Y citaba al escritor Diego Medrano, que en La historia golfa de las dinastías hispánicas decía de los borbones: «Tienen cultura cuartelaria, de militar, ninguno ha destacado precisamente por ser un intelectual».
Los catalanes de Omnium Cultural comentaron que la salida al exterior de Juan Carlos es un engaña pichanga. Podrá irse a donde quiera el emérito, «pero la corrupción y las instituciones antidemocráticas se quedan». Y el periodista Dani Domínguez escribió en Lamarea.com: «Cuando su abuelo Alfonso XIII se exilió, en 1931, se llevó consigo la corona. Juan Carlos I se va para que ocurra justo lo contrario, para que la monarquía siga intacta».
Hay quienes piensan que hoy en España se ha abierto un «momento constituyente», que está tan venida a menos la monarquía borbónica que la opción republicana podría ser planteada con muchas más posibilidades de éxito que en cualquier otro momento de la historia reciente de España. En el Parlamento al menos no parece ser el caso. Huido Juan Carlos, UP planteó la realización de un referéndum para poner en juego la legitimidad de la monarquía. El PSOE lo barrió de un plumazo. «El gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional», dijo el presidente socialista Pedro Sánchez, que fue inmediatamente respaldado por la derecha moderada y ultra, del PP a VOX, pasando por Ciudadanos. La salida de Juan Carlos fue pergeñada entre Sánchez, sus colaboradores más íntimos y la Casa Real: UP se enteró de la gran fuga como el común de los mortales, con el emérito ya lejos. Lo que los liderados por Pablo Iglesias consideraron una huida impresentable, a sus socios mayoritarios les pareció un triunfo; Iglesias reclama que se juzgue a Juan Carlos, el PSOE dice que ni siquiera ha sido acusado. Una nueva batalla por el relato entre los actuales socios de gobierno, quizá en preparación de una ruptura a mediano plazo. Para Podemos, escribió uno de sus principales referentes, Juan Carlos Monedero, «la centralidad en el gobierno tiene que ver con los asuntos sociales y la defensa de los derechos humanos. Ahí tiene su límite. El PSOE verá qué hace con su peculiar republicanismo monárquico». Entre medio, los sapos y las culebras indigestas para UP pueden llegar a abundar.
En 2003 el sociólogo Fermín Bouza decía a El País que «si la izquierda española le negara un poco de legitimidad a la monarquía, esta no se mantiene ni un año». Va durando.
