En la casa que el Ministerio del Interior (MI) le había dado para habitar al subcomisario de La Paloma Marcos Martínez, las fiestas eran cosa de todos los fines de semana. Para los vecinos de la zona, era habitual escuchar tiros en esas noches de juerga. Sin embargo, antes de que el 11 de noviembre de 2012 una bala fuera a parar a la columna vertebral de Víctor Hernández, lacerándole la médula espinal y dejándolo en silla de ruedas, a Asuntos Internos del MI no habían llegado noticias de esas temerarias celebraciones. La respuesta del Estado luego de aquella noche se puede clasificar en dos grandes áreas vinculadas entre sí: la investigación sobre el victimario y la atención a la víctima.
Los informes emitidos el 7 y el 14 de agosto por Santo y seña (que tituló que la bala, aún alojada en el cuerpo de Hernández por los riesgos que conllevaría su extracción, «apunta» hacia el senador Charles Carrera, entonces director general de secretaría del MI) abundaron en detalles sobre la investigación y sobre la atención a la víctima. En el primer aspecto, aunque hay un importante consenso –que incluye a la víctima, su familia, sus vecinos y a las autoridades del MI de entonces– en torno a que la bala provino de la casa donde el subcomisario festejaba su cumpleaños junto con policías y civiles, la justicia penal no probó la responsabilidad de ninguno de los presentes en la fiesta. En la vía civil, el caso está en un tribunal de apelaciones, luego de que la Justicia fallara en contra de las víctimas en su denuncia contra el Estado por los daños padecidos.
Son múltiples los obstáculos y desvíos que distintos funcionarios policiales habrían puesto a la investigación, de acuerdo a testigos oculares en la zona del hecho y a la propia familia de la víctima. A la posible eliminación de pruebas dentro de la casa del entonces subcomisario se suman otros elementos sospechosos. Por ejemplo, la pericia realizada por el subcomisario Jorge Rodríguez, que concluyó que el disparo había venido de un árbol. Su actuación ameritó la apertura de un sumario administrativo, que no llegó a culminarse porque el subcomisario se retiró durante el proceso. Asuntos Internos, actuando como auxiliar de la Justicia, también pidió que se realizara una nueva pericia, pero la jueza a cargo del caso entendió que sería recurrida por la contraparte y no la solicitó.
Aunque en Santo y seña no se explicitó, el segundo informe pericial referido en el programa fue realizado a pedido de los denunciantes, algo que en la jerga judicial se conoce como informe de parte. Estuvo a cargo de Washington Curbelo, presentado por el conductor Ignacio Álvarez como «un perito en serio». La calificación es, por lo menos, polémica, teniendo en cuenta que se trata del mismo que examinó, en 1978 y 2010, la carta que acompañó las botellas con vino envenenado enviadas a dirigentes del Partido Nacional, que terminaron con la muerte de la madre del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En 2010, un informe de Curbelo (también de parte, pues ya no era funcionario policial) controvirtió la conclusión de la pericia oficial, que había adjudicado la autoría de la carta a una mujer policía, cerrando así el camino a una pista que podía conducir a los autores de aquel crimen. Ese perito también acreditó como verdadera una foto falsa en el caso de Eugenio Berríos. Luego de retirado, fue reincorporado al MI por la actual administración, hasta que Heber lo destituyó cuando asumió al frente de la cartera. En el caso de Hernández, su conclusión fue que la bala provino de la casa del subcomisario Martínez, cuyo sumario terminó en una leve sanción de dos meses con retención de medio sueldo.
LA ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
En 2017, con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se creó en la fiscalía la Unidad de Víctimas y Testigos (UVYT), que tiene convenios suscriptos con diversas instituciones públicas (entre ellas la Administración de Servicios de Salud del Estado –ASSE–) para brindar atención a las víctimas de delitos que estén atravesando un proceso penal. En 2018, fue instaurado el Gabinete Coordinador de Políticas Destinadas a las Víctimas y Testigos del Delito, integrado por las carteras de Salud, Vivienda, Desarrollo Social, Trabajo e Interior. Esta institucionalidad se encarga de la atención a las víctimas de denuncias posteriores a la entrada en vigencia del nuevo CPP. No es el caso de Hernández, que hizo su denuncia en 2012, cuando esta tarea estaba a cargo del MI por disposición de la ley de humanización carcelaria de 2005. El artículo 19 de esa ley creó dentro del ministerio el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), que tras la creación de la UVYT pasó a asistir a policías afectados por situaciones de violencia. En enero de 2013, dos meses después de que Hernández fuera herido, se aprobó la ley 19.039, que creó una pensión para víctimas de delitos violentos.
No ha trascendido que el caso de Hernández haya pasado por el CAVID ni que se le haya otorgado esa pensión especial. Dentro de la asistencia que le brindó el MI, estuvo la entrega mensual de tickets de alimentación por 20 mil pesos, firmados por Carrera. La víctima también fue ingresada al Hospital Policial aunque no era policía ni familiar de policía. En los registros del centro asistencial figura con el grado de oficial subayudante, de acuerdo a la documentación que mostró Santo y seña. «Si el Estado es responsable del daño ocasionado por un mal accionar de la Policía, el MI debe hacerse cargo», sostuvo Carrera en un informe enviado al Frente Amplio luego de que se emitiera el programa. El senador fundamentó la atención brindada a Hernández en motivos humanitarios, los mismos que esgrimió el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, para ingresarlo a trabajar de manera directa en la comuna, pocos días antes de la emisión del primer informe televisivo.
Sobre la grabación de un diálogo con la familia de Hernández, difundida por el programa, Carrera dijo: «No accedo a ningún tipo de chantaje». No hizo ninguna autocrítica sobre el lenguaje soez que utilizó para rechazar ese presunto chantaje de la familia de la víctima, que se basaba en especular con acudir a la prensa o a la oposición. «La respuesta del MI no fue adecuada y la reunión nombrada en las distintas entrevistas tuvo altos niveles de tensión, al igual que en el resto del proceso donde participamos», valoró al respecto el Serpaj (Servicio Paz y Justicia) en una carta abierta. La organización acompañó desde un principio a Hernández luego del balazo y, junto con Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), acercó su situación a las autoridades del MI. «En ningún momento la intención fue solicitar ayuda con la atención sanitaria, que por supuesto era imprescindible para la víctima: fuimos a exigir que se abriera la investigación correspondiente y se determinaran las responsabilidades del hecho», aclararon, agregando que «es complejo avalar las irregularidades que hay en todo el proceso, porque refuerza la idea de que el tratamiento de los casos queda relegado a la buena voluntad de los funcionarios de turno».
El Serpaj también catalogó el episodio como «violencia institucional», criticó «el modo de exposición y utilización por parte de algunos medios de prensa de las víctimas» y lamentó «el lugar superfluo donde se está colocando la discusión, que se traduce únicamente en señalar una operación política [y] quita del foco la impunidad de las personas implicadas y la responsabilidad directa del Estado». Lo de la operación política sería una especulación más o menos fundada, si no hubiera sido confirmado por el propio Heber, que enfrenta una denuncia penal promovida por los senadores del FA (con Carrera en un rol protagónico) por el acuerdo del puerto: «No hay mejor defensa que un buen ataque», dijo el ministro en rueda de prensa, al otro día del informe del programa de Álvarez. El MI presentó una denuncia penal por abuso de funciones contra el senador frenteamplista por este caso.
