En los próximos días, senadores del Frente Amplio (FA) declararán ante la fiscalía sobre la denuncia presentada por la coalición de izquierdas a raíz del acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo y la empresa belga Katoen Natie –propietaria del 80 por ciento de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)– para extender hasta 2081 el contrato para explotar la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Se trata de una instancia formal que opera como ratificación de la denuncia. Con esto, el fiscal de la causa, Gilberto Rodríguez, iniciará la indagatoria sobre la negociación entre el gobierno y la principal accionista de la TCP.
La denuncia recoge el grueso de las críticas planteadas por el FA durante la interpelación al ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, alma mater del acuerdo transaccional. En esa instancia, la oposición acusó al gobierno de tener un accionar «arbitrario, abusivo y fuera de la ley», que produjo un beneficio indebido para la transnacional. El gobierno argumentó que el acuerdo permitió evitar un juicio por 1.500 millones de dólares de Katoen Natie contra el Estado, pero el FA aseveró que había argumentos sólidos para que ese juicio no se concretara. Además, la denuncia apuntó a que la decisión de firmar el acuerdo se adoptó «sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como dueños del Estado»: «Se está denunciando que existió una confabulación entre autoridades del gobierno y representantes de la empresa Katoen Natie para arribar a un acuerdo ilegal y que dichas autoridades no dudaron en eludir los procedimientos administrativos correspondientes […] para lograr que el hecho se consume sin obstáculos».
En este contexto, la fiscalía comenzó a recopilar información para avanzar en la indagatoria. Según un documento al que accedió Brecha, Rodríguez envió un oficio a la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que se le entregue, en un plazo de diez días, toda la documentación que obre en los expedientes que sustentan el acuerdo. Se trata de documentos que pretenden avanzar en cómo fue el proceso de negociación entre el gobierno y la empresa. Entre otras cosas, la fiscalía solicitó los antecedentes administrativos correspondientes a la conformación de la sociedad mixta TCP SA, los de la concesión otorgada en el 2000 a favor del grupo Katoen Natie (que incluyen informes jurídicos y financieros, asesoramientos, resoluciones, contratos, ofertas y procedimientos administrativos) y el plan de negocios presentado por la firma en el 2001. También solicita los antecedentes de reclamos judiciales y administrativos formulados por Katoen Natie por la aplicación del régimen de concesión y todos los documentos que derivaron en el acuerdo transaccional extrajudicial del 25 de febrero de 2021 entre el Estado uruguayo y el grupo Katoen Natie (Seaport Terminal NV, Katoen Natie NV, Seaport Terminals Montevideo SA y Nelsury SA). Además, pidió que se agreguen los informes jurídicos que haya en el organismo, desde 2001 hasta la fecha, sobre la valoración del principio de libre competencia que involucran al grupo de origen belga.
Días atrás, la postura de la oposición tuvo un espaldarazo. Un informe de abogados del Tribunal de Cuentas señala que el acuerdo «es objetable en cuanto a su regularidad jurídica», ya que, al firmarlo, el gobierno no tuvo en cuenta la tutela del interés general y no hay elementos suficientes para determinar que la actividad concesionada en 2001 «configura una suerte de monopolio de hecho o monopolio natural». Además, se afirma que el presidente de la ANP, Juan Curbelo, actuó sin el respaldo del directorio, por lo que incumplió la normativa vigente en materia de representación del organismo. Este punto es clave, ya que Curbelo es uno de los cuatro jerarcas mencionados en la denuncia del FA, junto con Heber; el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y el prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés. Según fuentes judiciales, los cuatro jerarcas serán defendidos por el abogado Jorge Pereira Schurmann.
