Sueldos “astronómicos” para los cargos directivos, tercerizaciones en manos de amigos o familiares y déficits estructurales son algunas situaciones que Aebu ha detectado en cooperativas de ahorro y crédito. Para sanear lo que consideran un escenario generalizado proponen modificar la ley de cooperativas y delegar el rol de contralor al Bcu. Señalan que la Auditoría Interna de la Nación (Ain), que ejerce ese rol para todas las cooperativas, no tiene los recursos necesarios para hacer un control más riguroso pese a que “ha hecho un trabajo muy importante”. “El Bcu es el que controla al sistema financiero, por lo que debería controlar a las cooperativas de ahorro y crédito”, plantea Fabián Amorena, consejero de Aebu.
Desde el sindicato se anticipa además que algunas cooperativas deficitarias culparán a la ley de inclusión financiera por sus pérdidas, cuando el problema radica en años de malas gestiones. Viviana Grajales, también consejera de Aebu, adelanta que “si mañana empiezan a despedir trabajadores, el problema es la gestión, la distribución de los gastos, que cada una arme y desarme el estatuto a piacere, que nadie termine respaldando el patrimonio”. Apunta también que los gerentes, en su mayoría, no están capacitados para dirigir una empresa en régimen de competencia, y que “los gastos operativos son altísimos: hay demasiados directores, demasiadas comisiones, demasiados viáticos”. Pone como ejemplo que en una cooperativa del rubro se paga el equivalente a medio sueldo de un funcionario por cada día de suplencia a los directivos: “Tienen nueve directores y, si uno falta, el suplente cobra medio salario”.
Por su parte, el director de la Ain sostiene que no podría afirmar que se trate de una situación generalizada, más allá de que algunas cooperativas puedan estar con problemas. Además, reconoce que la división que se encarga de fiscalizar a este sector posee un personal reducido, de alrededor de veinte personas entre administrativos, técnicos y directores. Y debe controlar a 700 cooperativas, de las cuales 69 son de ahorro y crédito.
HECHA LA LEY. Más allá de la situación deficitaria de muchas, desde Aebu también se señala una pérdida en materia de principios cooperativos. “No hay independencia entre el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal”, de una elección a otra “los directivos pasan a ser fiscales y viceversa, por tanto, no hay un control real”, dice Amorena. Y Grajales agrega: “Hubo casos en que los fiscales eran honorarios, pero con esto de que todo el mundo cobraba cifras astronómicas, empezaron a cobrar. Sabemos que en una cooperativa, por ejemplo, se laudó el equivalente a un sueldo de auxiliar para los fiscales, que van sólo una vez por semana. Y después los números no cierran”.
Por eso se plantea que debería existir un estatuto marco para las cooperativas, y en esta línea proponen incluir un código de ética que establezca que los directivos no pueden tener antecedentes penales, además de regular los contratos con empresas tercerizadas y los salarios de los cargos electivos. Grajales se detiene en que en la situación actual “la Ain no tiene mucho de qué agarrarse: no tiene competencia sobre las tercerizadas, por eso hay tanta viveza”, y que Cossac no es la única cooperativa donde hay apellidos repetidos entre los directivos, fiscales y dueños de las tercerizadas.
Pose, por su parte, comparte “conceptualmente” que deberían existir “determinados límites”. En ese sentido, indica que ha visto “sueldos bastante altos para lo que son los cargos jerárquicos en Uruguay, muchas veces están cerca de lo que gana un gerente de una multinacional, y no parece razonable de acuerdo a la dimensión económica del emprendimiento”. Pero Pose considera que no se trata de un problema con soluciones fáciles: “Generalmente (los salarios) están resueltos por una asamblea, que es el órgano soberano. Después viene lo otro: la legitimidad de la asamblea, el quórum…”.
No obstante, el director de la Ain se centra en otras dificultades para el control de las cooperativas que tienen que ver más con la forma que con el contenido de la ley: “La normativa quiso ser tan garantista que nos ha encorsetado”. La reglamentación de la ley dispuso una serie de controles que la Ain debe realizar “como mínimo”, lo que, según Pose, impide “analizar de forma selectiva y ahondar en las que verdaderamente tienen dificultades”. O lo que es peor, impide que la Auditoría dedique esfuerzos a “detectar personas jurídicas que están bajo la forma cooperativa y que ni siquiera están inscriptas acá. Me parece injusto que haya cooperativas a las que el Estado no les esté exigiendo nada, cuando en realidad están compitiendo con otras instituciones del mismo rubro que mal o bien cumplen: se registran, mandan sus balances y actas de asamblea”.
El director cree que debería ajustarse la ley para que “se nos faculte, pero no se imponga. Si hay una cooperativa que viene incumpliendo, le voy a exigir todo. Pero si hay una que cumple hace años en forma prolija y no tiene grandes variaciones en sus balances, para qué vamos a estar ahondando.
Habría que trabajar con matrices de riesgo”. Pose plantea que, en los hechos, “si efectivamente nos ponemos a analizar cada expediente, inspeccionaríamos diez en un año, y aunque tuviéramos el triple de gente, estaríamos con la misma dificultad”.
HECHA LA TRAMPA. El de Cossac es el caso más complejo que ha detectado la Auditoría en los últimos años. En 2013 la justicia decretó su intervención, a pedido de la Ain, tras arrastrar un resultado negativo acumulado de casi 140 millones de pesos a julio de 2012. El déficit fue acompañado de incumplimientos a “una serie de normas legales y estatutarias así como principios cooperativos”, según argumentó la Ain y tal como lo consignó Brecha en su momento.1 Hoy, luego de casi dos años de intervención judicial, siguen apareciendo indicios de maniobras ilegales. El 28 de abril de este año la jueza civil Marta Gómez Haedo decretó “la remisión de testimonio” de las irregularidades constatadas y los obstáculos experimentados por los auditores a la justicia penal, y la intervención fue recientemente prorrogada, una vez más, en este caso hasta el 10 de febrero de 2015.
En este tiempo los interventores señalan que han abatido “costos” que entendieron “eran irregulares y/o estaban sobredimensionados”, como gastos que eran abonados por la cooperativa pero beneficiaban exclusivamente a los directivos, “servicios tercerizados sobrefacturados” y “personal excedentario y que concurría a la cooperativa sólo a cobrar su sueldo”. Cada uno de esos titulares merece un apartado, que gira en torno al beneficio personal que obtuvo su presidente desplazado, Julio César Talamás. A los gastos que ya se identificaban como de beneficio personal (entre otros, facturas dirigidas a domicilios particulares) se añadió el pago al abogado Gonzalo Fernández por concepto de la defensa penal de Talamás, a raíz de un causa que debió enfrentar luego de ingresar con ametralladoras Uzi y guardaespaldas a la cooperativa Cps (donde trabajaba antes de ser el presidente de Cossac). Se constató que al menos uno de los servicios tercerizados sobrefacturados pertenecía a la ex pareja de Talamás y que parte del personal excedentario tenía su mismo apellido, como su hijo, quien fue despedido recientemente.
Entre fojas y fojas que relatan la situación de caos en la que se encontraba la cooperativa, la imposibilidad de ubicar sus vehículos resulta sugestiva. “Asombroso”, anuncian los auditores en uno de sus informes a la justicia, en un tono irónico que da cuenta de que “las lealtades creadas resultan un verdadero obstáculo para la actuación de la intervención”, donde “buena parte de los trabajadores de Cossac tienen una relación familiar o de parentesco más o menos estrecha con uno o más miembros del anterior Consejo Directivo”. “Luego de diez meses de que la intervención había solicitado información precisa sobre los vehículos”, sostienen los interventores, “a lo que se respondió verbalmente que los vehículos habían sido enajenados”, resultó que una camioneta aún pertenece a la cooperativa pero el chasis se encuentra en un domicilio particular y el motor en un taller mecánico. Otra camioneta “se vendió, ¿cuándo?, el 30 de abril de 2013, fecha en que asumió la intervención”, y por tanto las autoridades desplazadas no podrían haber vendido el automóvil. El tercer vehículo “había sido robado en abril de 2010 y se dio de baja, ¿cuándo?, el 1 de julio de 2012, es decir luego de tres cierres de ejercicios”.
Para los interventores, tal como lo consignan en sus informes, está claro que “si las autoridades desplazadas han llevado a Cossac a la situación caótica en la que la encontró esta intervención”, con su “retorno no resulta previsible que ellas puedan tomar medidas pendientes a corregir la situación desfavorable que contribuyeron a crear”.
1. Véanse las notas de Brecha “La fuerza de Talamás”, del 18-V-12, y “Talamás y asociados”, del 25-VII-13.