Cuentas pendientes del caso Sanabria.

El expediente viajero

Cuentas pendientes del caso Sanabria.

Francisco Sanabria en noviembre de 2018 / Foto: Agencia Foco, Gastón Britos

El Poder Judicial no se pone de acuerdo sobre a qué sede compete investigar a los titulares de las empresas vinculadas al clan Sanabria que funcionaban con dinero ilícito del Cambio Nelson. En tanto, Brecha confirmó que la justicia de Maldonado –donde hay fijadas audiencias por el procesamiento del gerente general y una contadora de la empresa– liberó de responsabilidad en las maniobras al contador Humberto Capote. Mientras, a más de dos años del cierre de la empresa, decenas de trabajadores siguen sin cobrar los créditos laborales adeudados.

A ocho meses del procesamiento del dueño del Cambio Nelson (Camvirey SA) por lavado de activos, el Poder Judicial no se pone de acuerdo sobre qué sede penal debe investigar a los titulares de al menos cinco empresas que se beneficiaron con dinero ilegal desviado desde el cambio. Entretanto, la justicia especializada en crimen organizado continúa sustanciando pruebas e interroga a profesionales que participaron en la adquisición de bienes por parte de Sanabria, indicaron fuentes de la causa a este semanario. Por otro lado, en Maldonado la jueza penal Verónica Pena, que el martes próximo dejará la sede de décimo turno y será trasladada a Las Piedras, aseguró a Brecha que ya se fijaron nuevas audiencias por los procesamientos del gerente general Nelson Calvete y una de las contadoras de la empresa. Además, en mayo pasado esta magistrada levantó las medidas cautelares que pesaban sobre el contador Humberto Capote, indagado como asesor y artífice en las maniobras en la casa cambiaria. El abogado de Capote, Mario Spangenberg, dijo a Brecha que las actuaciones sobre su cliente fueron archivadas y quedó libre de toda responsabilidad. A todo esto, a dos años del cierre intempestivo de todas las sucursales del cambio, decenas de trabajadores siguen sin cobrar sus créditos laborales, a la espera de que la justicia concursal se expida sobre los reclamos de un centenar de acreedores. De esto tratan los siguientes párrafos.

EMPRESAS EN EL LIMBO. Intentar una puesta a punto sobre las diversas aristas del caso Cambio Nelson y su director, el ex dirigente colorado Francisco Sanabria –con expedientes abiertos en la justicia penal, concursal, civil y especializada en crimen organizado–, es como adentrarse en un laberinto de salida incierta. Ejemplo de esto fue, para este semanario, determinar qué pasó con la investigación de los titulares de las empresas vinculadas a Sanabria que funcionaban con dinero ilegal (proveniente de depósitos prohibidos por el Banco Central) y desviado desde la casa cambiaria.

El dinero que depositaban los clientes quedaba en una cuenta corriente desde la cual, por orden de Francisco Sanabria, se transferían los fondos a otras empresas de su propiedad, afirmaron los restantes imputados ante la justicia penal fernandina. En esto quedaron comprometidos los titulares de la rentadora de autos Firosol, la empresa de transporte Tureste, las radios Cadena del Mar y FM Gente, la inmobiliaria Destinos del Sur y Mijal SA (razón social de un edificio ubicado en la parada 24 de la playa Mansa de Punta del Este, al que se desviaron al menos unos 800 mil dólares) y el edificio Art Tower en parada 3, entre otras.

En abril de 2017, tras procesar a Sanabria con prisión por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica, el juez Marcelo Souto anunció su intención de citar a los titulares de estas empresas (algunos testaferros de Sanabria) para determinar su participación en esas maniobras. Paralelamente, remitió un testimonio del expediente para que la justicia especializada en crimen organizado investigara, en Montevideo, si además había lavado de activos. Finalmente, Souto dejó la sede penal de décimo turno de Maldonado en junio, cuando fue trasladado a Montevideo, sin avanzar en la investigación de las empresas. En agosto de 2018, a pedido del fiscal Carlos Negro, la jueza Beatriz Larrieu procesó a Sanabria por lavado de activos y solicitó unificar la causa del ex dirigente colorado en Maldonado con la que se sustanciaba en Montevideo. Según constató Brecha esta semana, a raíz de esta solicitud la investigación sobre los titulares de las empresas que funcionaban con dinero del cambio quedó en una zona gris. Las actuaciones están trancadas por una contradicción entre la sede penal de Maldonado y la de crimen organizado.

¿QUIÉN ATIENDE QUÉ? A casi ocho meses del procesamiento de Sanabria por lavado de activos, la causa todavía se encuentra en etapa de prueba. “Las pruebas que se están tramitando por ahora refieren al interrogatorio de otras personas vinculadas a la adquisición de bienes con dinero desviado”, en el marco del sumario del caso Sanabria, señaló a Brecha el fiscal Luis Pacheco. Sin embargo, sostuvo que la investigación de las empresas vinculadas al ex político sigue en manos de la sede penal de décimo turno, a cargo de la magistrada Verónica Pena. También el juez Pablo Benítez, quien sustituyó a Beatriz Larrieu en crimen organizado, entiende que esta arista del caso Cambio Nelson debe sustanciarse en el juzgado penal fernandino. Al momento de la consulta, Benítez transitaba entre audiencias, por lo cual aclaró que no contaba con detalles en profundidad sobre el trámite solicitado por su antecesora. “Con base en mi conocimiento del expediente, en principio la investigación de testaferros y empresas conexas sería de Maldonado. Lo de las empresas y sus responsables puede surgir más adelante, pero en principio lo que tenemos es un auto de procesamiento por determinado delito respecto de Sanabria”, puntualizó.

Sin embargo, ni la jueza Verónica Pena ni el fiscal Schubert Velázquez –cuyos antecesores en el caso Cambio Nelson fueron Rodrigo Morosoli y Alejandro Machado– han tratado el asunto de las empresas. Pena –quien tiene la voz cantante en la investigación porque el caso se sustancia bajo el viejo Código del Proceso Penal (Cpp)– señaló a Brecha que “el expediente con todo lo relacionado a la investigación de Sanabria se remitió al juzgado de crimen organizado a solicitud de Larrieu” cuando esta lo procesó por lavado. Velázquez, por su parte, confirmó que nunca habló del asunto con la jueza, bajo el entendido de que lo vinculado a Sanabria “es competencia exclusiva de crimen organizado”.

Pena acotó que en la sede fernandina sólo quedó la causa de Nelson Calvete y de otra contadora, que se encuentra en etapa de sumario, y en el marco de la cual ya hay varias citaciones definidas; ninguna para los titulares de las empresas en cuestión, precisó. De todos modos, no será ella quien actúe, porque el martes próximo dejará el juzgado para pasar a asumir en Las Piedras. El juez Ruben Etcheverry, actualmente en funciones en Salto, será quien se ocupe de los procesamientos de Calvete y la contadora. Y, quién sabe, decida ocuparse de la contradicción que, hasta ahora, impide investigar a las empresas.

CAPOTE A SALVO. En este contexto, Brecha confirmó que en mayo de 2018 la jueza Verónica Pena liberó a Capote de responsabilidades en las maniobras ilícitas del cambio que él mismo autorizó cuando era presidente del Bcu, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Mediante el decreto 2233/2018, la magistrada se acogió a un fallo del tribunal de apelaciones que había intervenido a raíz del pedido de procesamiento de Capote por parte del fiscal Rodrigo Morosoli (veáse Búsqueda, edición 1965). Sobre esa base, Pena levantó el cierre de fronteras que pesaba sobre Capote, autorizó a que le devolvieran el pasaporte retenido y liberó “la caución oportunamente constituida a su respecto”. Para Spangenberg, defensor del ex indagado, esto no es otra cosa que el archivo de las actuaciones sobre su cliente. “El tema de Capote está cerrado”, sentenció el abogado, quien reconoció la reserva en que hasta ahora se mantuvo este hecho pese a la exposición mediática y la polémica sobre la participación del contador en el caso. “No salgo a hacer una rueda de prensa para comunicar estos temas”, argumentó.

Para el fiscal Morosoli, la investigación había dejado en claro que la actuación de Capote como asesor de la familia Sanabria (primero de Wilson y a partir de su fallecimiento, de Francisco) fue determinante en las maniobras delictivas del Cambio Nelson. También en la comisión investigadora sobre el financiamiento de campañas de los partidos políticos, cuyas actuaciones finalizaron en diciembre pasado y fueron derivados a crimen organizado, los diputados frenteamplistas tenían la firme convicción de que Capote era “el corazón” de las maniobras contables para engañar al Estado y posibilitar el desvío de dinero del Cambio Nelson. “Tenía una amistad con Wilson Sanabria, era su correligionario, fue quien le autorizó el cambio y quien hacía los informes contables, incluso cuando Francisco asumió la dirección de la empresa y tenía acceso al sistema informático. Cuesta creer que no estuviera en este esquema de lavado de activos, estafas y apropiación indebida”, insistió el diputado oficialista Alfredo Asti, quien al momento de la consulta de Brecha desconocía el decreto por el cual la justicia liberó al contador de toda culpa. “En la información de la comisión a crimen organizado consta que incluso después de cerrado el cambio, Capote ingresó al sistema con una clave de acceso remoto”, enfatizó.

DINERO DE CAMPAÑA. Hace dos años, cuando se resolvió designar la comisión investigadora, Sanguinetti acusó al oficialismo de actuar “de mala fe”. “No se precisa armar una investigadora. La plata que ganaba Sanabria la invertía en su campaña. ¡Mire qué novedad!”, dijo a El País TV. “Acá no hay un tema de ejercicio político equivocado ni de administración corrupta o espuria; es un tema privado, de la vida comercial de un ciudadano que es dirigente de un partido”, sostuvo el ex mandatario en otro pasaje de la entrevista, realizada en marzo de 2017. Entonces definió a Francisco como “un muchacho que heredó una situación compleja de muchas empresas que no supo manejar” y que “arrastró a su familia” a perder “todo lo que ha construido su padre durante tantos años”. En efecto, un año y medio antes de su muerte (se suicidó el último día de setiembre de 2015) el ex senador colorado Wilson Sanabria figuraba entre los hombres más ricos de Uruguay. Lo que Sanguinetti evitó mencionar en la entrevista es que el patrimonio de la familia Sanabria se multiplicó gracias al poder y los contactos que Wilson logró durante sus dos gobiernos (sobre todo en el segundo período las finanzas foristas se hacían en el despacho del legislador) y a una astucia para los negocios que, evidentemente, no permeó al heredero Francisco. Como operador del Foro Batllista, el productor rural oriundo de San Carlos resultó favorecido con la adjudicación de frecuencias de radio, y consiguió autorización para operar una rentadora de autos y el Cambio Nelson en Punta del Este, además de influir en la adjudicación de obras públicas. Estas actividades incrementaron notoriamente su patrimonio y difícilmente pasaban desapercibidas en el espectro político, aunque nadie del sistema lo denunció ni frenó las ansias de poder del caudillo. Más adelante, Wilson compró la empresa Tureste (cuyas frecuencias unen Treinta y Tres con Maldonado), incursionó en el negocio de bienes raíces y se adentró en el campo de la construcción al asociarse con otros poderosos empresarios para construir el mencionado Art Tower.

Si bien la investigadora parlamentaria sobre la financiación de campañas no concluyó si el dinero mal habido en el Cambio Nelson fue a parar a alguna de las campañas del Partido Colorado, no hay dudas de que Sanabria tuvo mucho que ver en los fondos que percibía la colectividad. El ex diputado colorado Fernando Amado sostuvo que Wilson era “el cajero” de las campañas coloradas y que, incluso, incurría en “prácticas mafiosas” para forzar aportes a esa colectividad. Esas declaraciones forman parte de la investigación en crimen organizado.

Trabajadores en ascuas

La última actuación judicial que trascendió públicamente en torno al Cambio Nelson se dio el viernes pasado, cuando la jueza concursal Susana Moll sometió a careo a los dos principales implicados, a pedido de la defensa de un médico de Maldonado que reclama 800 mil dólares que tenía depositados cuando la casa cambiaria cerró, en febrero de 2017. Sanabria dejó la residencia familiar de Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria desde diciembre, para enfrentarse al socio fundador y gerente general de la empresa, Nelson Calvete, también en cumplimiento de prisión domiciliaria desde abril de 2018 por motivos de salud. La instancia concursal, enmarcada en decenas de reclamos de acreedores, no aportó demasiado: como hasta ahora, los implicados se acusaron mutuamente de captar depósitos prohibidos por el Bcu y dirigir el sistema operativo por el cual disponían de esos fondos. Esta causa tendrá una próxima instancia en abril, con el alegato de las defensas, según adelantó a El País el abogado del médico, Daniel Bonsignore. Entretanto, decenas de trabajadores que quedaron en la calle el día que Sanabria cerró el cambio y huyó a Estados Unidos siguen sin cobrar sus créditos salariales. Algunos van contra Camvirey y otros, como los patrocinados por el doctor Guillermo Ahlers, pretenden que la justicia reconozca a otras empresas vinculadas al caso como parte de un grupo económico de Sanabria. Con esto, señaló a Brecha el abogado, tienen alguna chance de hacerse del dinero adeudado, ya que el pasivo de Camvirey es insuficiente para cubrir los reclamos de todos los acreedores.

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