El hallazgo de un centro clandestino en Buenos Aires da nuevas pistas sobre el derrotero de varios compatriotas desaparecidos o asesinados en Argentina. Documentos traspapelados sobre denuncias de traslados clandestinos a Uruguay de militantes secuestrados en ese país, que hoy siguen desaparecidos, adquieren ahora nueva vigencia e importancia.
Por más que la pongan a hibernar y la entierren bajo espesas capas de indiferencia y de formalismos, la verdad puja hacia arriba y aparece cuando menos se lo piensan los impunes y sus acólitos. Es posible que el resurgir de la verdad –y su contraparte, el desmonte de la mentira– no tenga la fuerza suficiente para quebrar la cómoda postura de quienes siguen reforzando la impunidad; pero en todo caso quedarán más en evidencia, y el juicio será cada vez más severo.
En la última semana, dos noticias provenientes de Argentina han desmontado el andamiaje de la desinformación en dos casos particularmente reveladores de los alcances del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Una de ellas es la confirmación del funcionamiento, desde marzo de 1976, de un centro clandestino de detención en Buenos Aires, en la misma manzana donde funcionó Automotores Orletti, la base donde los comandos militares uruguayos secuestraron, torturaron y desaparecieron a decenas de exiliados. Ese nuevo centro, conocido como El Jardín, en la calle Bacacay del barrio de Floresta, probablemente fue el lugar donde asesinaron a Ari Cabrera, fundador del Partido por la Victoria del Pueblo, Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista (ambos desaparecidos), Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, todos ellos secuestrados antes de la “inauguración” de Automotores Orletti, el 1 de junio de 1976. La existencia de ese centro confirma testimonios de uruguayos detenidos en Buenos Aires nunca investigados (algunos aportados ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados) y que dan pistas de las bases en Buenos Aires utilizadas por los comandos del Sid para los asesinatos de los dos legisladores. Por extensión, habrá que dar crédito a otras denuncias sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que quedaron por el camino debido a maniobras de ocultamiento de algunos de los legisladores que llevaban a cabo la investigación.
La otra noticia, reproducida por el diario regional Acción, de Mercedes, confirma, con el texto de un documento del Departamento de Estado desconocido hasta ahora, el casi seguro traslado clandestino a Montevideo de 21 uruguayos (de los Gau, el Pcr y el Mln) secuestrados en diciembre de 1977 y comienzos de 1978, que permanecen desaparecidos. El caso, conocido desde 2007, desmonta una perversidad instalada desde mediados de 2005, cuando el Comando de la Armada Nacional entregó al entonces presidente, Tabaré Vázquez, tres informes sobre los desaparecidos. Firmados por los vicealmirantes Tabaré Daners y Juan Fernández Maggio, los informes reconocen que la Armada, y en particular el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), había desarrollado una estrecha colaboración con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, con intercambio de oficiales (los capitanes de navío uruguayos Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, y los capitanes de navío argentinos Jorge “el Tigre” Acosta y Alfredo Astiz). Pero niegan enfáticamente que la Armada tuviera responsabilidad en la desaparición de 26 uruguayos secuestrados en Argentina a partir del 21 de diciembre de 1977. La mayoría de esos uruguayos hoy desaparecidos habían sido investigados en el Fusna por su vinculación a los Gau, a partir de la detención, en el puerto de Colonia, del dirigente montonero Oscar de Gregorio, quien fuera entregado en el puerto de Montevideo a oficiales de la Esma; el Fusna concentró, a partir de 1976, la represión a los Gau.
La razón del desmentido fue la imposibilidad de ocultar que varios prisioneros de los Gau en el Fusna vieron fotos y actas de interrogatorios de algunos de sus compañeros desaparecidos en Buenos Aires. De ahí que fue necesario admitir que de los 26 detenidos “se ubicaron copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto Corchs Laviña, Julio César D’Elía Pallares, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo, Guillermo Manuel Sobrino Berardi y Alfredo Moyano Santander”.El informe dice que “se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada, el tipo de redacción, formato y papel empleado permite inferir que habrían sido originados en el mismo órgano policial que había detenido a Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro”, porque, argumentaba, “no existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a unidades de la Armada Nacional”. Y en el anexo 5 del segundo informe, en julio de 2006, se reiteraba que “no se encontró registro alguno que pueda llevar a inferir que alguno de los uruguayos detenidos en Buenos Aires pueda haber sido trasladado a alguna dependencia de la Armada”.
La endeble justificación de la Armada, que dice desconocer cómo aparecieron esos documentos y simplemente se sorprende de que estuvieran en su poder las actas de los interrogatorios de los desaparecidos, soportó la escasa curiosidad oficial y judicial, aun a pesar de que un militante del Pcr –secuestrado en el centro clandestino La Tablada, regenteado por el Ocoa– denunció haber oído allí la voz inconfundible de Carlos Cabezudo, un coterráneo de Mercedes, que había sido detenido el 30 de diciembre de 1977 y visto por última vez en el Pozo de Banfield, hasta que un tal Saracho, un oficial con un inconfundible dejo uruguayo, supervisó el “traslado definitivo de todos los detenidos”, salvo dos mujeres, ambas embarazadas (lo que no impidió que desaparecieran después de dar a luz).
Las alegaciones de inocencia de la Armada parecen haber sido suficientes como para no mover la perezosa maquinaria estatal obligada a determinar cómo desaparecieron los prisioneros uruguayos, dónde fueron enterrados los restos y quién ordenó su asesinato. Por su responsabilidad en 37 desapariciones, entre las que se cuentan las 26 reseñadas, en 2008 fue condenado a 25 años de prisión el general Gregorio Álvarez: pero esa condena, que tuvo una significación ejemplarizante por su responsabilidad última en virtud de su condición de comandante del Ejército en ese momento, no resolvió la incógnita sobre el destino final en Uruguay de las víctimas, como tampoco lo hicieron los procesamientos de Jorge Tróccoli en Italia y de Juan Carlos Larcebeau.
El tribunal de honor contra el coronel (r) José Gavazzo –por el que el actual senador Guido Manini Ríos tiene una cuenta pendiente con la Justicia– demostró que es atinada la suposición de que todos los secretos del terrorismo de Estado están consignados en negro sobre blanco, y que sólo se necesita voluntad para ubicarlos, una voluntad empeñosamente esquiva. El dichoso tribunal juzgó la honorabilidad de Gavazzo, que permitió que un colega fuera procesado por un delito que él, Gavazzo, había cometido. Ninguno de los generales del tribunal, ni tampoco el comandante del Ejército, sintió que pudiera haber sido deshonroso para el Ejército que Gavazzo –a instancias de sus superiores, el jefe de Artillería 1 y el jefe de la Región Militar número 1, general Esteban Cristi– hubiera matado en tortura a un prisionero, Roberto Gomensoro Josman, y hubiera hecho desaparecer el cuerpo arrojándolo a la laguna de la represa en Paso de los Toros. La historia está pulcramente registrada en las actas del tribunal, con lo que fue posible conocer en detalle la aberración y sus responsables.
El conocimiento de la forma en que desapareció Roberto Gomensoro es producto de una casualidad, porque nadie en el Estado se puso a averiguar qué había pasado cuando el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro comunicó a una jueza de Tacuarembó que había sido un error procesar al capitán Juan Carlos Gómez por la desaparición de Gomensoro, cuando él, el ministro, sabía que el prisionero había muerto en el cuartel de La Paloma; el ministro se cuidó de revelar quién era el responsable, y nadie se lo preguntó.
Lo mismo ocurre con la tanda de desaparecidos entre 1977 y 1978 en Argentina. El 20 de junio de 2007, el abogado Óscar López Goldaracena incorporaba, en el expediente que el juez Luis Charles instruía contra el general Álvarez, copias de varios documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos obtenidos por la militante de derechos humanos Lille Caruso. En dichos documentos de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires se incluía una lista de 21 uruguayos y se consignaba que, según el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), todos ellos habían sido “devueltos” a las autoridades uruguayas. Un despacho de marzo de 1978, firmado por el embajador Raúl Castro, señalaba que la mayoría de los secuestrados desaparecidos pertenecían a los Gau, pero, según el Acnur, “ninguno de ellos tenía actividad política durante su asilo en Argentina”. También consignaba que 11 de los desaparecidos habían tramitado su condición de refugiados, por lo que las fuerzas represivas habían violado la protección de las Naciones Unidas. Según el Acnur, los secuestros de diciembre de 1977 fueron realizados por militares de inteligencia uruguayos que operaron autorizados por las autoridades argentinas. “La Acnur está preocupada por la entrega [de los refugiados] a Uruguay. Se sospecha que se trata de una devolución de favores al gobierno uruguayo (Gou) a cambio de la operación en el caso de Oscar Rubén de Gregorio”,dice uno de los documentos.
Pese a la contundencia de la denuncia, y a la importancia de la fuente, fue poco lo que se avanzó en la investigación sobre el destino final de los desaparecidos. La documentación incluida en el expediente del dictador Álvarez no fue confrontada con la versión de la Armada de un año antes. Sin embargo, del conjunto de la información de los documentos estadounidenses desclasificados se destacaba un hecho revelador, que confirma las sospechas del delegado del Acnur en Buenos Aires sobre los traslados clandestinos: el primero de los 21 nombres en la lista consignada por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires correspondía a Elsa Altuna. Altuna, una militante sindical de la prensa, fue trasladada en avioneta desde Buenos Aires y fue interrogada en el Fusna, a pesar de que el vicealmirante Tabaré Daners sostuvo, en su informe al presidente Vázquez, que ninguno de los secuestrados de 1977 estuvo en alguna dependencia de la Armada. Altuna finalmente fue procesada y recluida en la cárcel de Punta Rieles, hasta que obtuvo su libertad en 1985. Incidentalmente, otro elemento desmiente las afirmaciones del informe de la Armada. Un testigo en el juicio de Roma sobre el Plan Cóndor, portero de un edificio, identificó a Tabaré Daners como uno de los oficiales al mando de los operativos de un allanamiento en Buenos Aires que culminó con la desaparición de Edmundo Dossetti, Ileana García y Alfredo Bosco. Entrevistado en 2016 por Sala de Redacción, el portal de los estudiantes de Periodismo de la Facultad de Información y Comunicación, Daners declaró que era todo “una absoluta mentira”. Dijo: “No tengo la menor idea de lo que me está hablando”,cuando el periodista Federico Anfitti le mencionó los tramos del informe que él había firmado en 2005 y el secuestro del matrimonio Dossetti. “La verdad, no tengo conocimiento de eso”, dijo, flaco de memoria, la misma anorexia mental que le impidió recordar la presencia de Altuna en el Fusna, cuando elaboró el dichoso informe.
Si el primer nombre de la lista de los “devueltos” de 1977 apareció en Uruguay, es lícito presumir que los restantes también fueron trasladados. En su momento, diversas versiones adjudicaban varios traslados desde Argentina, por distintas vías y en diferentes fechas. En realidad, nunca es tarde para retomar esas pistas que incomprensiblemente quedaron por el camino.
Los orígenes de Orletti
Fabián Kovacic desde Buenos Aires
El juez federal Daniel Rafecas anunció el jueves 2 de julio el descubrimiento de los restos de un centro clandestino de detención sobre la calle Bacacay 3570, en la misma manzana donde funcionó, entre mayo y noviembre de 1976, el otro centro de detención, Automotores Orletti, lugar donde desaparecieron o fueron asesinados la mayoría de los uruguayos exiliados en Buenos Aires durante las dictaduras rioplatenses de aquellos años.
El descubrimiento fue posible por la desclasificación de documentos por parte del gobierno de Estados Unidos, y estos fueron ordenados en Buenos Aires entre 2019 y 2020 por un proyecto en común entre Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la organización Memoria Abierta, quienes trabajaron junto con la Secretaría de Derechos Humanos. En señal de apoyo, al juzgado concurrieron el Equipo Argentino de Antropología Forense y el programa estatal Memoria, Verdad y Justicia.
Uno de esos documentos datado por la Cia indica que el exembajador argentino en Venezuela Héctor Hidalgo Solá fue secuestrado el 18 de julio de 1977 por la banda del paramilitar Aníbal Gordon y llevado a la casa de la “calle Bacabay 3570” [sic]. El cable tiene como fecha el 8 de setiembre de 1977.
Con esa documentación y los testimonios de las sobrevivientes de Bacacay 3570 –Emma Le Bozec, una docente secuestrada el 30 de abril de 1976 y Anita Villareal de Jaroslavsky, quien permaneció en el lugar entre el 28 de abril y 7 de mayo– Rafecas pudo reconstruir la ubicación y la disposición original de las habitaciones de la vivienda en 1976.
Villareal tiene 72 años y vive en París, desde donde prestó declaración vía plataforma virtual ante el juez Rafecas el 28 de mayo pasado. En su testimonio –al que Brecha accedió– sostiene que durante su cautiverio los represores hablaban de dos uruguayos detenidos, uno de los cuales era llevado a un sótano de la casa para ser torturado. Cuando el juez le pregunta si le suenan los nombres de Ari Cabrera Prates, Manuel Liberoff y Ricardo Martínez Platero, sostuvo que no, pero sabe de una muchacha que estaba embarazada y que posiblemente fuera uruguaya, según el testimonio de otra detenida con la que compartió cautiverio. Sobre Hugo Gomensoro, secuestrado el 30 de abril de 1976 en Buenos Aires, aseguró que “era un muchacho uruguayo, pero no lo recuerdo ni lo conocí”.
La pista sobre un grupo de uruguayos secuestrados antes de los que pasaron por Venancio Flores 3519, sede de Orletti –entre los que también se cuentan Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz–, reabre un juicio que ya tuvo dos etapas, una en 2011 y otra en 2017 con nueve condenados. La llave para abrir la verdad que falta la tienen los propios represores, que prefieren el espeso silencio.
