Aunque las organizaciones sociales integrantes de la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología (PNA) pedían la presencia de la secretaria general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernanda Maldonado, fue el ministro quien se hizo cargo de la sorpresiva aparición de un Comité de Transición Agroecológica bajo la órbita de la cartera. Fernando Mattos se presentó ante la comisión para pedir disculpas por haber omitido información y no plantear el debate en el espacio establecido por la ley desde 2018, según establece el acta de la reunión del pasado 28 de octubre. El titular de Ganadería informó que fue Eduardo Blasina, presidente de la comisión honoraria, quien le explicó que en la agroecología «no se estaba operando así».
Durante la comparecencia, Blasina, también coordinador del comité inesperadamente creado, secundó las afirmaciones del titular de la cartera. Un cometido del nuevo organismo sería otorgar certificados «transitorios» a los productores agroecológicos, una política financiada por el Banco Mundial que tiene a disposición millones de dólares; algunas fuentes afirman que son 35 millones de dólares y otras, que en realidad ese es el monto de un préstamo tomado para atender varios fines y de él se destinarán a agroecología unos 3 millones de dólares. De este modo, el comité asumiría funciones que históricamente desempeñaban organizaciones integrantes de la comisión honoraria redactora del PNA. Ambas cifras resultan significativas teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a la comisión es de un millón y medio de pesos por año.
El diálogo con las organizaciones sociales integrantes de la comisión honoraria se había puesto tirante desde las primeras sesiones del órgano, en especial tras el cambio de administración, pero la tensión había menguado con la creación, por medio del PNA, de un grupo especializado.
«Eduardo [Blasina] nos explicó esta contingencia respecto del programa con el Banco Mundial, dentro de lo que entendíamos que era una acción […] de lo que es una transición agroecológica. Evidentemente, fue un error. Debemos pedir disculpas del caso y corregirlo», puntualizó Mattos. Para intentar explicar la omisión, tras una consulta conjunta realizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Red Nacional de Agroecología y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, el ministro aseguró comprender la situación: «Sabemos que todos ustedes disponen del tiempo en forma honoraria y voluntaria. Lo entiendo: fui gremialista por muchos años. No es grato que aparezcan resoluciones que debieron haberse discutido e ir por otro ámbito. Asumo el error por estar en el cargo, yo estoy desde el 28 de junio. No debió haber ocurrido, son cosas a corregir», aseguró.
Las funciones del comité de transición se explicitaron en la resolución ministerial 1405/021. Algunos suponían que, al estar integrado por todas las direcciones del MGAP, con esto el ministerio buscaría ocuparse directamente del sistema de certificación de producciones orgánicas. Pero lo cierto es que las funciones de este organismo no fueron detalladas en el sitio web de la cartera. Y, si bien la resolución alude a que «el Estado Uruguayo el 21 de diciembre de 2018 promulgó la Ley N.o 19.717, por la que se declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica», el espacio creado por la normativa citada era la comisión honoraria.
El desconocimiento sobre la existencia de este organismo creó terreno fértil para que la hostilidad se renovara. «Las organizaciones civiles no sabemos con exactitud si estamos volcando conocimientos de décadas para que el MGAP los utilice y luego no nos destine recursos», sostuvo Gabriel Picos, integrante de la comisión honoraria y del grupo redactor del PNA, creado por Blasina para limar asperezas con las organizaciones y poder redactar la política pública con celeridad. Consultado por Brecha sobre la aparición del comité, el presidente de la comisión honoraria y coordinador de la nueva institucionalidad sostuvo que prefería no hacer declaraciones para que el proceso de redacción del plan no se viera afectado.
La actualidad del futuro verde
Pese a que la demanda estimula al sistema productivo uruguayo a apuntar a un cambio y que la transformación debe incluir la disminución del empleo de agrotóxicos y comenzar a desarrollar producciones orgánicas, cosa por la que las asociaciones civiles pujan desde hace décadas, y a que, en palabras del propio Blasina, «la cartera apunta a la construcción transversal de políticas», el ministro advirtió que desde el MGAP «evidentemente no pretendemos construir unanimidades; los organismos colegiados son para escuchar las diferentes corrientes de opinión».
El ministro sí asumió que hay un aumento en la demanda de productos orgánicos y subrayó la importancia de llevar a cabo una política de transición agroecológica. «Estamos en un momento en que hay una sensibilidad mucho mayor de la población, de productos que respeten el ambiente, de los sistemas alimentarios, en los que, más allá de que muchos productores busquen un negocio, debe mirarse con una visión a largo plazo», señaló también Mattos.
Sobre el financiamiento, explicó que la «circunstancia presupuestal» de disponer de millones de dólares depende de la aprobación de otros organismos, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, en especial, al tratarse de una política «de captación de fondos de endeudamiento». Por lo tanto, para el ministerio esta política «implica una definición macro país; Uruguay defiende su grado inversor». Al concluir, para justificar por qué omitió aplicar llanamente la norma vigente, Mattos dijo que «las leyes por sí solas no resuelven nada, son un marco legal. Está en nosotros, son las personas las que debemos llevar el convencimiento de que esto es útil y necesario para los demás. Gracias».
Ante la duda, redacte
Si bien Blasina asumió la presidencia de la comisión honoraria con un ímpetu que lo terminó llevando a chocar con las organizaciones civiles, su postura había variado, al menos según indicó el pasado 28 de octubre, y creó un espacio de diálogo con la Red de Agroecología con el fin de redactar el PNA. Hasta que «no se logre un documento oficial no se podría llegar a aplicar una cultura transversal del MGAP», argumentó en la comisión.
Pero la resolución ministerial que instituyó el comité de transición no pasó desapercibida para las organizaciones sociales y, pese a que el propio titular de la cartera compareció para explicarla y disculparse, «el dinero destinado no quedó claro», manifestó Picos. Tampoco les quedó claro a otros integrantes de la comisión, quienes sostuvieron que fuentes del Banco Mundial les indicaron que, de los 35 millones de dólares, solo tres serán destinados a políticas agroecológicas y el resto sería para otras políticas del MGAP, como el establecimiento de un Registro de Animales de Compañía, anunciado el pasado 9 de noviembre, que tiene el cometido de llevar un registro de perros y gatos en todo el territorio nacional.
Las organizaciones sociales integrantes de la comisión honoraria dudan de mantener su vínculo con el ministerio: el plan de agroecología ya está redactado. La construcción de la política se desprendió de su propia militancia y formar parte de una institucionalidad que parece funcionar bajo un paradigma de «poca claridad» no las alienta a participar. «El esfuerzo de construcción no es fácil, es un proceso, pero a partir de contar con un plan consensuado todo va a ser más fácil, llegaremos a conseguir un préstamo sin contrapartida», aseguró Blasina ante las inquietudes expresadas por las organizaciones civiles. En este sentido, el presidente de la comisión honoraria sostuvo que el espacio debe «solicitar fondos y asegurarlos».
Sin embargo, ante el planteamiento de Hugo Bértola, integrante de la Red de Agroecología, sobre los criterios de certificación establecidos en el comité de transición, las posturas volvieron a tensarse. La Red de Agroecología certificaba predios en Uruguay de acuerdo al sistema establecido en la Unión Europea (UE), pero meses atrás fue inhabilitada por el ministerio para seguirlo haciendo. «La certificación de la carne que Uruguay exporta son 15 millones de dólares en el país. Estas exportaciones nunca pasaron por la Dirección General de Servicios Agrícolas, pero fueron aceptadas por el país de destino. El país acepta los criterios de la UE en su legislación. Debemos estar quienes estamos certificando desde hace 30 años, quienes eran certificados pagaban», se posicionó Bértola. Mattos replicó que él mismo es un productor orgánico hace más de 18 años y que «Uruguay tiene que ser verificado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos». «Sé lo que está en juego», respondió el integrante de la Red de Agroecología, a lo que el ministro volvió a remarcar: «Soy productor orgánico declarado desde hace 18 años».
Asimismo, habiendo informado el ministro que se financiarán dos proyectos a través del comité de transición, uno en la cuenca del río Santa Lucía, que será administrado por la Dirección General de Recursos Naturales, y otro a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las organizaciones quisieron conocer el motivo de esto. «Fue un error», acotó esta vez Blasina. «Es fundamental el acompañamiento de todas las organizaciones a la hora del diseño del aterrizaje en territorio.» El dinero destinado a este proyecto es un millón de dólares.
