La decisión del máximo tribunal de justicia de suspender la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos reavivó el debate sobre la memoria histórica en España. Mientras que algunos festejan la resolución, otros encuentran en ella una muestra más de la impunidad que se perpetúa en las instituciones del Estado, donde la maquinaria franquista sigue activa.
La suspensión cautelar del traslado de los restos del dictador Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, a las afueras de Madrid, era algo esperado por las asociaciones de memoria españolas. Muchos de los jueces integrantes de la audiencia pública que, el pasado martes 4, decidió paralizar el traslado formaron parte de la dictadura franquista y ascendieron a estos cargos durante el período democrático. Sin embargo, la decisión generó más indignación por la forma en que se redactó el fallo.
En setiembre de 2018, el Congreso de Diputados había aprobado un decreto de ley propuesto por el gobierno socialista de Pedro Sánchez que establecía quitar los restos de Franco del Valle de los Caídos. El plan fue votado por casi todos los partidos, salvo el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, que se abstuvieron. La fecha prevista era el lunes 10 de junio de 2019. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió paralizar la exhumación a instancias de un recurso presentado por la familia Franco. En el texto, se presenta a Franco como jefe de Estado de España desde el 1 de octubre de 1936, momento en el que el poder constitucional residía, en realidad, en la Segunda República, que entonces presidía Manuel Azaña.
De esta forma, el Supremo no sólo legitimó a Franco como gobernante, sino que obvió el golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil. “Está metido ahí casi de manera insultante. Aunque forma parte de una actitud muy coherente. El Tribunal es un órgano dócil al poder”, dijo a Brecha Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Armh). Esta agrupación recusó a José Luis Requero, uno de los magistrados, por tener vínculos con la Fundación Francisco Franco, dedicada a enaltecer la figura del dictador. Sin embargo, el juez participó, de todas formas, de la votación que aprobó la sentencia por unanimidad.
ALMA AUSENTE. La cruz de 150 metros de alto del Valle de los Caídos se ve a kilómetros de distancia. La construcción acompaña las desmedidas proporciones del mausoleo, que se erige en el corazón del Valle de Cuelgamuros. El acceso no es fácil. Hay un solo horario de ómnibus, que sale desde el municipio San Lorenzo de El Escorial. La otra vía es por carretera, en auto. En los días siguientes a que se anunciara la exhumación, las visitas aumentaron 50 por ciento.
“Yo lo llamo el fenómeno del ‘último selfie’. Mucha gente va ahí a rendirle un homenaje antes de que se lo lleven. A mí, cuando voy con estudiantes, me sigue una asociación que se llama El Valle no se Toca. Me empiezan a gritar que estoy mintiendo. Es un grupo que está vigilante por si ve algún camión que les diga que lo van a sacar. Pasan el día esperando una señal”, contó Silva.
En el Valle, la tumba de Franco se encuentra a ras del suelo, enfrentada a la de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido ultraderechista Falange Española. Luego de la misa que se celebra todos los días en la basílica católica que acompaña el mausoleo, se puede ver a personas con ofrendas florales arrodilladas sobre los sepulcros, entonando con la mano en alto el himno “Cara al Sol”, de la Falange. A pocos pasos, los restos de más de 33 mil combatientes de la guerra civil conviven en criptas de manera anónima y caótica, sin que el Estado habilite el reconocimiento y la entrega de los restos a sus familiares.
En 2018, el Psoe asumió el poder, con el compromiso de darle un nuevo impulso a la ley de memoria histórica de 2007 (“por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, de acuerdo a su nombre oficial). Sánchez dijo que la dotaría de presupuesto. También en la última campaña electoral, previa a las elecciones del 28 de abril, renovó esta promesa. En la línea de trabajo de su nuevo gobierno, presentaba un plan para la exhumación de fosas, la creación de un banco nacional de datos de Adn, el acceso a los archivos con información sobre el franquismo y la inclusión de ese período histórico en el sistema educativo español.
Sin embargo, para el presidente de la Armh, el Psoe nunca ha tenido la voluntad política de llevar adelante este tipo de transformaciones. “Hace un año que Pedro Sánchez llegó al poder y prácticamente no han hecho ninguna exhumación. ¿La excusa cuál era? Que no habían podido aprobar los presupuestos porque no los dejaban los catalanes. Y eso es contar una mentira. La administración pública puede mover una partida económica de un ministerio a otro con un informe técnico y dedicarla a las exhumaciones”, dijo Silva.
Además, a poco más de un mes del triunfo socialista en las elecciones, las asociaciones de víctimas del franquismo y sus familiares acusan a Sánchez de especular políticamente con el tema. En la movilización que realizan todos los jueves en Puerta del Sol, lo llamaron “hipócrita”, por “cambiar votos por los cuerpos de los desaparecidos”. Por estos días, el Psoe negocia acuerdos que le permitan obtener gobernabilidad, en un escenario cruzado de pactos con los distintos partidos del Congreso.
Ildefonso Gómez Martínez, víctima de tortura e integrante de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, considera que el gobierno apuesta a un equilibrio de fuerzas, pero nunca se decanta a favor de una solución democrática. “Auspicio que en los próximos meses habrá un aumento de las movilizaciones sociales y políticas, sobre todo ante las Cortes, exigiendo que se responda a las demandas del pueblo. La población va a seguir insistiendo”, indicó a Brecha el ex preso político.
EL SILENCIO DE OTROS. El único camino que encontraron las víctimas para buscar justicia es fuera de España. Desde 2010, 330 personas presentaron sus causas en lo que se conoce como “la querella argentina”. La jueza María Servini de Cubría, a cargo entonces del caso en el juzgado federal número 1 de Buenos Aires, solicitó en reiteradas ocasiones al Estado español la extradición de los acusados implicados en los crímenes del franquismo. Hasta el momento, los fallos españoles hicieron prevalecer la condición de prescripción. Incluso, una circular de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, instruyó a que no se colaborara con la causa.
Ana Messuti, una de las abogadas que llevan adelante la querella argentina, contó a Brecha que se está viendo la forma de desarticular esa instrucción que disciplina a los jueces españoles. Para la letrada, la dificultad para transformar las lógicas y las estructuras del Estado muestra el éxito que tuvieron el sistema represivo y sus protagonistas. “No sólo no se los castiga, se los premia. Las instituciones se niegan a recordar muchas veces de forma activa. Podés decir que, al no hacer nada, subliminalmente están haciendo una política franquista”, agregó.
Está previsto que el 9 de setiembre declare en Buenos Aires Rodolfo Martín Villa, ex ministro español durante la transición democrática, acusado por una serie de homicidios ocurridos en ese período, entre los que se encuentran los sucesos de Vitoria de 1976, los Sanfermines de 1978 y “la semana negra” de Madrid de 1977. La Audiencia Nacional negó la extradición de Villa en más de una oportunidad; sin embargo, el ex ministro y diputado del PP hasta 1997 anunció que acudirá a declarar de forma voluntaria, porque considera que “no ha cometido ningún delito”.
En los primeros días de abril, Televisión Pública Española transmitió, en horario central, El silencio de otros, un documental que retrata el proceso de “la querella argentina”. La producción audiovisual, que ganó el premio Goya 2019 en esta categoría, fue vista por un millón de espectadores. Hasta hace algunos años, eran inexistentes los contenidos vinculados al período franquista en la grilla televisiva. Incluso esta fue una excepción.
Para Emilio Silva, más allá de las obstáculos que plantea la justicia, lo importante es que se rompa el pacto de silencio que persiste en el sociedad española. La apertura de espacios de discusión sobre lo que sucedió con el franquismo ayuda a este cambio social, opinó. “Aquí, durante muchos años, el parlamento no discutía el tema de los desaparecidos. Incluso, en 1978, hubo un debate en el Congreso de los Diputados por la Operación Cóndor, pero de los de aquí, nada. Nosotros hemos abierto la conversación, y eso se va ramificando”.
