En una recta final plagada de crispación ultraderechista en las calles y también en la cámara del Congreso, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha conseguido este jueves los apoyos suficientes para volver a ser presidente, gracias a los votos a favor de Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego y la Coalición Canaria. Un total de 179 diputadas y diputados elegidos el pasado 23 de julio han respaldado que vuelva a formar un gobierno, previsiblemente de coalición con Sumar. Del otro lado, el Partido Popular (PP), Vox y la Unión del Pueblo Navarro, con 171 votos, han expresado su negativa a la vuelta de Sánchez a los mandos del gobierno, al que han acusado de romper con la democracia.
Un mix de apoyos conseguido entre el ruido de la ultraderecha, que ha agitado la amnistía pactada por el PSOE con los soberanistas catalanes como excusa para conseguir una repetición electoral. Solo Coalición Canaria se ha salido del sentir entre los partidos que se han coaligado para investir a Sánchez, avisando que no va a votar a favor de la amnistía. Una de cal y otra de arena de un partido que ha justificado su sí al presidente por un pacto económico para las islas y que votó a favor del líder del PP en su fallido intento de investidura de fines de setiembre.
Durante la sesión de investidura de este jueves, y exceptuando a Coalición Canaria, el grupo de partidos que prestaron su apoyo a Sánchez hizo piña para poner un cordón sanitario a la extrema derecha y así es como justificó su voto al presidente. Un sí a la investidura dado como «muro de contención» a la ultraderecha, en palabras de Néstor Rego, o por «principios antifascistas», como ha expresado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. Aizpurua se ha mostrado muy dura con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de meter a la ultraderecha en las instituciones y sacarla a las calles.
MANIFESTACIONES ULTRADERECHISTAS
Los aliados del PSOE también han ido todos a una contra las manifestaciones ultraderechistas que se han vivido en los últimos días frente a la sede de ese partido en la madrileña calle Ferraz, que también retumbaron este jueves en las afueras del Congreso. Los diputados del bloque oficialista han coincidido en señalar a Feijóo por su tibieza a la hora de condenar los cantos fascistas y la violencia ultra. «Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox», ha expresado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al portavoz del PP. «Algún día contaré lo que nos ofrecieron hace un par de meses, y va a ser llamativo», ha asegurado Esteban, en referencia a la ronda de negociaciones infructíferas que llevó a cabo el PP para hacerse con la legislatura.
De manera simultánea, grupos fascistas lanzaban huevos a diputados del PSOE, que alcanzaron al diputado por la provincia de Teruel Herminio Sancho. Patxi López, cuando tuvo la palabra, ha sido contundente: «Ánimo, fuerza, ¡no nos van a callar!», mientras instaba al PP a no seguir «alimentando a la bestia, porque acabará devorándoles. Igual se creen que atacan a los socialistas, pero atacan a la democracia».
(Publicado originalmente en El Salto. Titulación de Brecha.)
Los detalles del pacto con el independentismo
¿Amnistía para quiénes?
Gessamí Forner
Cataluña convocó, el 9 de noviembre de 2014 y el 30 de octubre de 2017, una consulta popular y un referéndum, respectivamente, para ejercer el derecho a la autodeterminación que le impedía el Estado español. Más de 4 mil personas fueron reprimidas por ello judicial o policialmente entre el 13 de noviembre de 2012 y ahora, que son las fechas que comprende la ley de amnistía ahora acordada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts.
¿Quiénes serán amnistiados? La respuesta varía según quién conteste la pregunta: no más de 400 personas, incluyendo a 75 agentes de la Policía Nacional, afirma el PSOE; alrededor de 1.432, sostiene Junts, en referencia a los casos cuantificados por la asociación catalana Òmnium Cultural. Tres profesores de Derecho Constitucional explican cuál es el proceso judicial que centenares de personas deberán incoar una vez que se apruebe la ley de amnistía. Uno de ellos, Joaquín Urías, aporta otra respuesta: «El número no lo puede saber nadie, solo son cuentas personales. Lo decidirán los jueces».
La norma registrada el lunes por el partido de Pedro Sánchez ha generado cierta escenificación por parte de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya, trifulcas callejeras de fascistas en las inmediaciones de la calle Ferraz de Madrid, manifestaciones del Partido Popular (PP) para mostrar músculo político y malestar en el partido de izquierda catalana Candidatura de Unidad Popular –«estamos delante de un pacto de rendición», valoró ayer la parlamentaria Laia Estrada sobre la imposibilidad de llevar a cabo el mandato popular de defender el derecho a la autodeterminación y celebrar un referéndum de independencia–.
Horas antes, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, declaró que su partido, valiéndose de la mayoría que ostenta en el Senado, pretende evitar admitir que la ley se tramite. Este acto inconstitucional podría alargar algo más los inevitables dos meses de trámites parlamentarios de la ley orgánica, antes de que la norma vuelva al Congreso para ser aprobada por mayoría absoluta –necesita 176 votos, es decir, la mitad más uno.
Dilatar el proceso ofrecería un margen extra a los jueces para apresurarse en las instrucciones y las sentencias. Sobre todo a Manuel García-Castellón, el único que ve un posible delito de terrorismo en actos de desobediencia civil no violenta. Es el magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional de las causas de los 12 Comités de Defensa de la República catalanes (Operación Judas), que concluyó el 3 de noviembre y elevó a juicio, y los 12 encausados de la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic, a los que también imputó por terrorismo, contradiciendo el criterio de la Fiscalía, que proponía desórdenes públicos y devolver la instrucción a los juzgados ordinarios. El tiempo se le echa encima a García-Castellón no solo por la ley de amnistía: el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jubilación forzosa para los magistrados es a los 70 años –García-Castellón tiene 71–, aunque da una opción a alargarla hasta los 72 –los cumplirá el 16 de octubre de 2024–; el PP, no obstante, presentó en febrero una propuesta para estirarla hasta los 75 años, aduciendo que el Estado acumula un retraso en la convocatoria de oposiciones.
El proyecto de ley ha previsto esta maniobra, sugiere Marco Aparicio, de la Universitat de Girona, y deja fuera de la amnistía los delitos por terrorismo que cuentan con «sentencia firme». Para el resto de los delitos no se menciona la necesidad de sentencia firme. ¿Podría la Audiencia Nacional concluir la instrucción, celebrar el juicio y dictaminar la sentencia de ambas causas antes de febrero? «A veces los tribunales van muy lento, otras, muy rápido», indica el profesor catalán. En cualquier caso, advierte que el proceso contra el periodista del diario catalán La Directa Jesús Rodríguez, a quien el juez ha incluido en Tsunami Democràtic, «al ser persona no aforada, debería ser más lento».
Si todo va según lo que disponen las normas, la ley de amnistía quedaría aprobada en febrero y los abogados de las defensas de cada una de las causas abiertas por el procés, las fiscalías e incluso los propios magistrados podrían solicitar el sobreseimiento. Se espera que las defensas lo hagan; las fiscalías podrían recibir instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre el sentido de la aplicación de la norma, pero los jueces, previsiblemente, no cerrarán los procesos de oficio.
Marco Aparicio señala que cuando las defensas presenten el recurso, los jueces pueden, a su vez, presentar una «cuestión de inconstitucionalidad» ante el Tribunal Constitucional, y esto conllevaría que el proceso «quede suspendido», añade Joaquín Urías, de la Universidad de Sevilla. Aventura una cascada de cuestiones de inconstitucionalidad y procesos en suspensión, hasta que el Tribunal Constitucional dirima las dudas planteadas por los jueces, así como el esperado recurso de inconstitucionalidad que presentará el PP.
¿Cuánto tiempo tardará en resolverse? «Pueden pasar seis meses o 12 años», apunta Urías. Quién sabe. Lo importante radica en la calidad del texto del proyecto de ley de amnistía y sobre este punto existe consenso entre los juristas consultados. Roberto Uriarte, de la Universidad del País Vasco, recalca que la ley tiene cabida dentro de la Constitución y que, aunque sea una medida excepcional, la buena redacción del texto y la justificación del preámbulo evitarían que decayera: «Es evidente que detrás de cada palabra hay muchos juristas expertos asesorando. Los elementos más difíciles del acuerdo político han sido retocados y los objetivos de la exposición de motivos son acordes a la Constitución, no plantean dificultad. Asimismo, esta ley se basa en amnistías previas concedidas por los tribunales españoles y de nuestro alrededor».
UNA MEDIDA INMEDIATA
Aunque los procesos puedan quedar suspendidos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, hay una medida que será inmediata: las órdenes de búsqueda y captura caerán tras su aprobación. Es decir, Carles Puigdemont podrá regresar a Cataluña, por ejemplo. Tampoco se pueden aplicar medidas cautelares a los procesados, como inhabilitaciones.
Por último, en el caso de que haya jueces que apliquen la ley y amnistíen a encausados, la amnistía será indiscutible diga lo que diga posteriormente el Tribunal Constitucional: «El recurso de inconstitucionalidad no paraliza la ley de amnistía. Si hay jueces que la aplican, la persona beneficiada no podría verse perjudicada por una posterior sentencia del Constitucional», indica Aparicio.
A última hora de la tarde de ayer, Òmnium Cultural valoró el texto de forma positiva, al considerar que «tiene camino para recorrer política y jurídicamente», pero alertó que hasta que no se apruebe «los procedimientos judiciales y, por tanto, la represión seguirán su curso». La asociación destacó que la norma no contempla medidas de reparación para las víctimas de la violencia policial del 1 de octubre, de infiltraciones policiales y de escuchas telefónicas, y concluye que el conflicto político sigue vivo y que «la única resolución pasa inevitablemente por el ejercicio del derecho a la autodeterminación».
(Publicado originalmente en El Salto. Titulación de Brecha.)
