El pueblo en medio del fuego cruzado - Semanario Brecha
El conflicto en el Catatumbo colombiano

El pueblo en medio del fuego cruzado

Los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC en la zona fronteriza con Venezuela se han convertido en una de las peores crisis políticas para el presidente colombiano, Gustavo Petro. En los pueblos del Catatumbo, quienes ponen los muertos y los desplazados son los campesinos.

Militares custodian una incautación de armamento en Catatumbo, Colombia, el 25 de enero Xinhua, COLPRENSA

Desde la oleada de violencia en Arauca tres años atrás, los catatumberos temían que se agravara la situación humanitaria en su territorio. Desde mediados del mes, decenas de víctimas mortales, de un número aún por establecer, enseñan la peor cara del conflicto entre disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mientras naufragan los diálogos de paz, organizaciones sociales y firmantes de paz piden ser escuchados para direccionar el accionar institucional.

El jueves pasado, en horas de la noche, Javier1 se movilizaba por la vía que va del casco urbano de Tibú a La Gabarra, en la región colombiana del Catatumbo, al noreste del departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. A la altura de la vereda quilómetro 25, las ráfagas de fusil sostenidas entre elenos (miembros del ELN) y disidencias de las FARC lo frenaron. La comunidad le advirtió que se resguardara porque ya iban varios muertos en el pueblo. «La gente muy atemorizada y de ahí para acá, mejor dicho…», lamenta.
A la mañana siguiente, en diferentes caseríos del Catatumbo, miembros del ELN fueron casa por casa sacando personas, que después fueron encontradas sin vida. El temor se propagó y ese mismo día, en caravana de motos y carros, ondeando banderas blancas, cientos de docentes salieron huyendo de El Tarra y Tibú.

Varios enfrentamientos se propagaron por la región los días posteriores y dejaron una situación sin precedentes en el departamento de Norte de Santander: al menos 80 muertos –de estos, cinco firmantes del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC–, 20 heridos, decenas de secuestrados y miles de desplazados, según informó el domingo 19 el gobernador del departamento, William Villamizar.

Aunque se han desatado varios combates en los municipios de El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y la zona norte de San Calixto, la situación es más aguda en Teorama y Tibú. Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, 11 mil personas han sido desplazadas en la región durante esta crisis, las cuales, en su mayoría, han llegado a la cabecera municipal de Ocaña y Tibú, y la ciudad de Cúcuta.

Entre los cientos de desplazados que la administración municipal de Cúcuta acomodó en el estadio General Santander, Javier ahora se alista para volver a la zona rural de Tibú, a pesar de la situación. «Yo tenía un tío que decía: “Mejor vivir entre las balas y tener la comida y no estar por ahí mendigando”, expresó, lamentando la manera en que se está atendiendo la crisis humanitaria del Catatumbo.

A pesar de que tanto disidencias de las FARC como el ELN hacían presencia en todos los municipios del Catatumbo, líderes de la región señalan que las tensiones empezaron hace dos años, cuando con diferentes acciones cada uno fue declarando el control sobre ciertas regiones y restringiendo la movilidad. Luego se presentaron retenciones de hombres de un grupo al otro. Después, empezaron a tener lugar las balaceras. Finalmente, los muertos en enfrentamientos.

El riesgo estaba ampliamente advertido, recuerda Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar. «Las organizaciones de derechos humanos, en distintos espacios y mecanismos de interlocución que tenemos con el gobierno nacional, hemos discutido el riesgo evidente de que se desencadenara una guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC», expresó. «El gobierno nacional hizo muy poco para parar esto», agrega.

En distintas alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que se asomaba para ocho municipios del Catatumbo. En la última de estas, fechada el 15 de noviembre del año pasado, llama la atención sobre la escalada de violencia que venía ejerciendo el Frente de Guerra Nororiental del ELN y la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El asesinato de líderes y firmantes de paz alertó de la situación a nivel internacional. Algunos de ellos optaron por esconderse ante el inminente riesgo de muerte. Es el caso de José del Carmen Abril, líder social fundador del municipio de Convención. «Hoy temo por mi vida, porque ha ido a la casa a buscarme cuatro veces el ELN», denunció en un video. En un segundo testimonio, su hijo, Dairo Abril, un firmante de paz, le imploró al gobierno que no dejaran que le arrebaten a su padre. Carmito Abril, como lo conocen en su comunidad, fue rescatado por el Ejército colombiano en una extracción aérea el viernes pasado. De la misma manera, familias de excombatientes y líderes sociales han sido liberadas y extraídas del territorio por el gobierno.

Gran parte de la responsabilidad de esta violencia se le ha atribuido al ELN, estructura con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz que mantenía. «Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz», afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el viernes 16. El lunes 20, volvió a pronunciarse acusando al ELN de perder su rumbo revolucionario y ser una estructura narcoarmada. «El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo», expresó.

Unas horas después, Petro declaró la conmoción interior y el estado de emergencia económica. La primera es una figura constitucional que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público. Cañizares recuerda que exigirle al ELN que no se levantara de la mesa era parte de evitar que empezaran las confrontaciones con las disidencias.

Ya en los últimos días, el comandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Hernando Cubides, había anunciado el fortalecimiento de las operaciones militares en la región. Cerca de 300 efectivos fueron dispuestos para fortalecer la seguridad del Catatumbo, según anunció el Ministerio de Defensa.

Antes de esta oleada de violencia, el país se había conmocionado por la masacre del dueño de una funeraria, su esposa y su bebé de seis meses el pasado 15 de enero. Les arrebataron la vida cuando un grupo armado abrió fuego contra el vehículo en el que se movilizaba la familia López Durán, en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. A la fecha, ningún grupo se ha atribuido la autoría y se endilgan la responsabilidad unos a otros. Aunque varios expertos han apuntado a una relación entre este hecho y la violencia que experimenta la región, lo cierto es que aún hay muchas preguntas y las familias siguen silenciadas por el fuego cruzado.

En un comunicado difundido el domingo 19, el Frente de Guerra Nororiental del ELN señaló que el «fracaso» del acuerdo de paz de 2016 ha conducido a cientos de excombatientes a vincularse a grupos armados ilegales «al servicio del narcotráfico, bandas, a los organismos de seguridad del Estado». Bajo esa idea, el grupo armado acusa al Frente 33 de las disidencias de estar conformado por varios firmantes de paz que actúan como combatientes y milicianos. De esa manera, el ELN justifica el asesinato de los firmantes de paz y de otros miembros de la población civil. «Jugaban a dos bandos. Por un lado, ponían la cara ante la Jurisdicción Especial para la Paz para recibir prebendas y, por otro, integraban las filas del 33, prueba de ello son las armas, la logística y la cocaína decomisada en las operaciones contra estos sujetos», se lee en el comunicado.

Una vocera del partido Comunes, formado por los miembros de las FARC que adhirieron al acuerdo de 2016, que pidió la reserva de su nombre, expresó que estos señalamientos ponen en riesgo a toda la población firmante y a sus familias, que, desde todas las orillas, han sido catalogadas como traidoras a la causa revolucionaria. Camilo Fagua, abogado defensor de varios firmantes, trae a colación las estadísticas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que muestran que más del 90 por ciento de los excombatientes se mantiene en su proceso de reincorporación.

«Asesinar, desplazar, amenazar firmantes es una manera de demostrarle al gobierno que un acuerdo de paz en Colombia es inviable. Es decirle: “No dejo las armas porque, si dejo las armas, paso al lugar de ese tipo que ahora no se puede defender por sí solo” y a quien tampoco la arquitectura de la implementación del acuerdo tiene cómo responderle», expresó la vocera de Comunes.

SIN SALIDAS

«Estas son comunidades que han sufrido mucho el rigor del conflicto armado: grandes operaciones militares, el control estricto de grupos guerrilleros toda la vida, el paramilitarismo del 99», lamenta Cañizares. Ahora, con la guerra entre disidencias y elenos, las familias actúan bajo el instinto que siempre han conocido: sobrevivir.

«Ambos actores tienen una responsabilidad política inmensa con la que están afectando gravemente a la población, y hasta ahora, ante la historia, son responsables de una crisis humanitaria que no veíamos en 20 años», expresó Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

La violencia contra la población civil, según coinciden varios analistas, se centra en que para uno y otro bando los líderes sociales, los firmantes de paz y la población en general son el apoyo o «la base social» de su enemigo, por el simple hecho de vivir en un territorio controlado por dicho actor. En otros casos, por ser familiares de personas armadas del grupo enemigo.

«El tema financiero siempre es importante, pero lo que uno supone es que en el fondo hay una decisión de quedarse uno solo en el territorio. Así lo ha dicho Richard [comandante de las disidencias de las FARC en el Magdalena Medio]. Según un audio que estaban difundiendo, el hombre dice: “Aquí no cabemos dos”», explica Cañizares.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, resalta que estos enfrentamientos están mediados por la reconfiguración armada de las estructuras ilegales, que obedece no solo a la situación del Catatumbo, sino a una dinámica nacional de divisiones y reacomodaciones. Según explica, durante las negociaciones de paz que ha llevado el actual gobierno, el Frente 33 había venido afianzando su presencia en esta zona fronteriza con Venezuela. Con estos enfrentamientos, cree que distintas estructuras del Magdalena Medio se reacomodarán en la zona para apoyar las confrontaciones.

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN movilizó tropas ubicadas en el departamento de Arauca para lograr su violenta arremetida en el Catatumbo. «Andrey [Avendaño] [jefe de las disidencias de las FARC] ya había advertido que el ELN iba a hacer una arremetida para sacarlos de la zona», recuerda la investigadora. El escalamiento de las hostilidades al que está vinculado el Frente 33, aunque no es una violación al cese el fuego con el Estado, para varios sectores desestima su voluntad de paz. «Más cuando quien los representa en la mesa es uno de los que comanda este frente», aclara Cabezas.

Sobre esto, a la vocera de Comunes le preocupa que en este momento la fuerza pública no puede entrar al Catatumbo a confrontar al ELN porque tienen «una mesa incipiente con una parte de las disidencias de las FARC, entonces corren el riesgo de no saber si se van a enfrentar con los del Frente 33», expresó.

«Como organizaciones, nos habíamos pronunciado múltiples veces, nos habíamos movilizado junto con las poblaciones campesinas, habíamos hecho incidencias frente a las delegaciones de paz en las mesas de diálogo de ambos actores, pero la conclusión que podemos sacar hoy es que ninguna de las dos partes hizo caso al clamor de las comunidades de que este tipo de enfrentamientos solamente va a generar mucho dolor y sangre en nuestro territorio», lamenta Quintero.

La investigadora de Indepaz resalta que a la situación se suma la inestabilidad que atraviesan las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela y las acciones que ha tomado el ELN para mantener el poder fronterizo sobre economías ilegales, como las extorsiones al sector de hidrocarburos, el narcotráfico o la extracción de coltán y oro.

«Se viene una oleada de violencia que si no se atiende desde el gobierno puede generar una emergencia humanitaria gravísima en los próximos meses, muy parecida a la que vimos en 2022 en Arauca, cuando tomaron el estado de Apure en Venezuela», explica Cabezas. Con esto concuerda Cañizares, quien recuerda que desde los hechos ocurridos en Arauca empezaron a correr rumores de que esa guerra se trasladaría al Catatumbo, en especial donde el control social y militar lo compartían ambas organizaciones armadas. «Lo preocupante es que se repita lo de Arauca… Esto que está arrancando no sabemos en qué va a terminar si no hay una actuación de la sociedad civil, las autoridades locales y el gobierno nacional», lamenta.

Una fuente de una organización social que pidió la reserva de su nombre por seguridad recuerda que, en el caso de Arauca, entre 2022 y 2023 esta guerra entre ambos actores dejó un saldo de 200 muertos del lado colombiano, pero con un número de víctimas sin establecer del vecino país. «Ahora en Catatumbo los homicidios parecen ser sistemáticos y tienen características de un plan sistemático de exterminio», señala.

BUSCANDO SOLUCIONES

Ante la posibilidad de declarar conmoción interior en Catatumbo, como lo esbozó el presidente Petro, líderes como Quintero ven con preocupación que la situación se agudice más. «Militarizar la cotidianidad de la sociedad catatumbera puede generar una situación muy compleja que la organización que yo represento no comparte.» Por el contrario, el líder considera que debe insistirse en habilitar diálogos sociales, el principal, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, con el cual se vinculen las visiones de diversos actores sociales del territorio.

Por su parte, Cañizares critica que para este gobierno las organizaciones de derechos humanos no han sido escuchadas. «El movimiento de derechos humanos, para este gobierno, no existe», cuestiona. Según él, las 750 organizaciones sociales que tienen presencia en 27 territorios en conflicto en el país no han podido discutir con el presidente la lectura de lo que está ocurriendo en las regiones.

Cabezas señala que, además de atender la situación humanitaria de manera integral, el gobierno debe llegar al Catatumbo más allá de la acción militar y garantizar su presencia para quitarles el poder a los actores armados. «Hemos visto cómo el Frente 33 en los últimos meses ha inaugurado obras o construcciones viales, dejando de lado el control que debería tener el Estado», explica. Incluso, en un video que circuló por las redes en diciembre del año pasado, se observa a hombres repartiendo regalos en un barrio de Cúcuta y dicen hacerlo a nombre de Jhon Mechas, Richard y Andrey, comandantes de las disidencias.

El vocero de Ascamcat se pregunta si ambos grupos van a volver a respetar las reglas de la guerra. «Aquí lo que hay son crímenes de guerra, hay una grave violación al derecho internacional humanitario [DIH], independientemente de si hay acusaciones o no. Hay unos juicios a priori a pena de muerte a gente desarmada.»

En esto coincide la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien precisó que hay una vulneración generalizada del principio de distinción. «Hay ataques indistintos a excombatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas», expresó a través de un video de X.

Según precisó Ortiz, a partir de reuniones con las organizaciones sociales y las autoridades territoriales de la región, las exigencias que les hacen a los armados se centran en el respeto a la vida y el DIH, la libertad de los secuestrados y la necesidad de establecer corredores humanitarios para evacuar a las familias en riesgo, ingresar alimentos y extraer los cuerpos de las personas asesinadas. También les solicitaron a los grupos armados que levantaran las restricciones a la movilidad en todo el territorio, así como que cesaran la estigmatización de la población y las autoridades que son acusadas de colaborar con alguno de los grupos, evitando cualquier tipo de represalia contra ellas.

«Que las garantías no solo sean para los grupos, sino también para nosotros los campesinos del Catatumbo», expresó Javier antes de volver a su tierra asediada por las balas. 

(Publicado originalmente en Verdad Abierta. Brecha reproduce fragmentos.)

  1. Nombre cambiado por seguridad. ↩︎

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