El último orejón del tarro - Semanario Brecha
Grados bajos de la Udelar: multiempleo, más trabajo y menos salario

El último orejón del tarro

La ausencia de fondos adicionales para la Udelar hasta 2025 perjudica especialmente a los grados más bajos de la escala docente. También pone en jaque la concreción de iniciativas vitales para el desarrollo de la institución.

Cartelera en la Facultad de Derecho. HÉCTOR PIASTRI

Florencia Salgueiro tiene 28 años y desde mediados de 2022 es docente grado 1 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). Está a cargo, junto con otro docente, de llevar adelante uno de los 15 grupos de la materia Derechos Humanos, que se dicta en el primer año de la carrera. Además de preparar e impartir clases semanales para los 120 estudiantes que participan de manera semipresencial, el curso tiene tres evaluaciones en el semestre. Por lo que, cada poco tiempo, Florencia debe corregir una cantidad de evaluaciones que forman una torre cuando se apilan. Su rol también implica el acompañamiento de los estudiantes, desde contestar dudas por correo hasta tratar de resolver situaciones extraordinarias, como la de un estudiante que no pudo hacer un parcial porque tuvo un problema familiar, tareas que por momentos le resultan difíciles de sostener, dado el tiempo y el desgaste mental que conllevan. En paralelo, Florencia tiene un cargo de asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, trabaja en un colegio privado y les da clases a unos estudiantes que vienen del exterior. Al preguntarle las razones que la llevan a tener otros empleos, además del grado docente en la Facultad de Derecho, respondió de forma concreta: «Es un salario que me da solo para pagar los gastos de mi apartamento».

En mayor o menor medida, la experiencia particular de Florencia se replica en los 7.271 docentes grados 1, 2 y contratados que se desempeñan en la Udelar. En el contexto de la discusión de la rendición de cuentas del año pasado, la falta de respuestas a los problemas que los aquejan derivó en la conformación de una Asamblea Nacional de Docentes (AND) grados 1, 2 y contratados, que alcanzó una convocatoria de 500 personas. Ante un nuevo proceso de discusión presupuestal, el último de este período de gobierno en el que es posible aumentar las erogaciones para los diversos incisos y entes del Estado, la AND volvió a poner sus demandas sobre la mesa. El 26 de mayo emitió una declaración en la que se detalla: «Percibimos salarios de hambre mientras sostenemos gran parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad. Vivimos con la incertidumbre de la inestabilidad laboral y el multiempleo. Y somos, además, quienes queremos continuar nuestra formación, desarrollar una carrera docente y aportar a la Udelar y al país, sin la necesidad de emigrar».

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A mediados de junio, antes de que el Ejecutivo presentara su proyecto, se llevó adelante una instancia tripartita entre la Udelar, los sindicatos universitarios y las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Allí, la Universidad y los sindicatos transmitieron cinco puntos de acuerdo, entre los que se encontraban la mejora salarial, ya que los ajustes de años anteriores no eran suficientes para revertir la pérdida salarial total que habían sufrido los docentes desde 2020. Las estimaciones de la pérdida indicaban que el salario real de los docentes en 2024 aún se encontrará más de dos puntos porcentuales por debajo del de 2020. En la instancia con el MTSS se esperaba la participación del Ministerio de Economía, algo que finalmente no sucedió. «Este año teníamos la expectativa de que el gobierno finalmente iba a direccionar los recursos necesarios para la Udelar, dado el carácter extremadamente precario de la situación salarial de los docentes y de las condiciones de trabajo que pusimos de manifiesto», dijeron a Brecha Nicolás Marrero y Sabrina Álvarez, voceros de la AND, al ser consultados sobre el proyecto del Ejecutivo.

La pérdida salarial transversaliza a toda la escala docente de la Universidad, pero se agrava en los grados más bajos, en los que se concentran los salarios más magros. Según el relevamiento efectuado en mayo por la AND –que alcanzó a 20 servicios–, siete de cada diez docentes de la institución se encuentran entre los grados 1 y 2 o no son efectivos. De ellos, uno de cada tres tiene una carga horaria inferior a 20 horas semanales, lo que representa un sueldo nominal por debajo de los 20 mil pesos. A su vez, casi la mitad (49 por ciento) tiene una carga base menor a las 20 horas semanales, más otra cantidad de horas que rigen bajo una extensión de contrato de acuerdo a las posibilidades presupuestales. En tanto, uno de cada diez (14 por ciento) se encuentra contratado de forma extrapresupuestal, lo que significa que la renovación de su cargo está atada a la disponibilidad de fondos anuales y que esos docentes no se encuentran habilitados para competir por instrumentos de promoción de carrera, como el régimen de dedicación total, entre otros.

La remuneración que reciben los docentes de los grados más bajos en la Udelar es magra, pero si se comparan con las de otros organismos públicos, entes educativos nacionales y universidades de la región, es aún peor. A modo de ejemplo, el nivel salarial al inicio de la carrera docente en 2019 –equivalente a grado 1, con 40 horas semanales– en la Universidad de Chile prácticamente duplicaba al de la Udelar. Asimismo, también era sensiblemente menor al salario de la Universidad de Buenos Aires, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y de las Universidades Federales de Brasil, según los datos presentados en la rendición de cuentas de la Udelar.

«Se dan muchas cosas al mismo tiempo», valoraron Marrero y Álvarez sobre las problemáticas que atraviesan a los docentes de los grados más bajos. Los docentes que ganan menos y tienen pocas horas de trabajo «muchas veces se hacen cargo de cursos masivos y además tienen que hacer actividades de extensión e investigación». Al mismo tiempo, «se espera que se estén formando para que el día de mañana puedan avanzar en su carrera docente, aunque la estructura docente está medio congelada y no tiene mucha capacidad de expandirse». A la vez, los voceros señalaron que aún no es posible establecer si «este proceso de precarización» comenzó en algún momento en particular «o si responde a una lógica estructural» de la Udelar. De igual manera,
sostuvieron que la situación se complejizó principalmente en los últimos años, producto de la menor asignación presupuestal y las condiciones de enseñanza aplicadas durante la pandemia.

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Cecilia Bértola tiene 40 años y desde 2015 es docente grado 2 en el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General de la Facultad de Humanidades de la Udelar. Está a cargo de una materia avanzada en la carrera de la que participan una docena de estudiantes, y además lleva adelante varios cursos iniciales en conjunto con otro docente. Ser la responsable de un grupo lleva a que Cecilia se encargue de la preparación, la coordinación y la corrección del curso entero, algo que en términos formales no debería poder hacer una docente grado 2. En paralelo, está cursando un doctorado en Lingüística y previamente finalizó una maestría en Gramática del Español. La manera de ascender en la estructura docente de la Udelar es mediante apertura de cargos y de concursos. Para poder aspirar a un grado 3, Cecilia entiende imprescindible contar con una maestría terminada y un doctorado en curso o finalizado. Su formación debe ser constante, pero su desarrollo se da en un contexto de altas responsabilidades. «En el universo de la lingüística somos muy pocas personas en comparación a otros servicios, eso tiene algunas ventajas, como que no haya una competencia tan voraz», dice. Y aclara: «Pero tiene la contracara de que asumimos tareas que quizás no estamos en condiciones de asumir formalmente».

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Revertir el deterioro de la relación de la cantidad de horas docentes por estudiante, que se registra desde 2014, era otra de las prioridades de la AND y de la Udelar para esta rendición de cuentas. Ese año la cifra se ubicaba en 1,86 horas semanales por estudiante, mientras que para 2022 pasó a 1,46 horas. Este fenómeno se dio en un contexto de crecimiento en la cantidad de estudiantes que ingresan a la Udelar. En 2012 se contabilizaban unos 110 mil en total; diez años después el número había aumentado a más de 156 mil. Para 2024 la proyección es que se superen los 160 mil estudiantes.

«Entran cada vez más estudiantes, pero no se incrementa el presupuesto para que haya más horas docentes y más docentes. Como resultado, se da esta situación de clases hipermasivas, que es muy compleja», sostuvieron Marrero y Álvarez. Complementariamente, señalaron que los docentes de los grados más bajos manifiestan «desazón» a la hora de proyectar sus posibilidades de desarrollo a futuro: «Una parte significativa de quienes están en los grados 1 y 2, que están en un proceso de formación, ven que no hay perspectivas de que pueda haber una mayor cantidad de horas docentes o fondos para investigación y extensión, y eso origina un clima de descontento».

Para comenzar a revertir estas tendencias, la Udelar solicitaba una partida incremental de 59,4 millones de dólares con el fin de mejorar el salario universitario y «reducir una parte significativa de la caída en la relación horas docentes/estudiantes y aumentar la dedicación horaria del cuerpo docente», se señala en la rendición. A su vez, solicitaba 21,6 millones de dólares adicionales para investigación, enseñanza, extensión, becas y garantizar el flujo de ingreso al régimen de dedicación total hasta 2025. El Ejecutivo, sin embargo, no contempló nuevas partidas.

Tampoco dio respuestas a las solicitudes de la Udelar para resolver problemáticas asociadas a la infraestructura edilicia y de funcionamiento (como la construcción de una nueva sede de la Facultad de Química y de una sede de la Udelar en Paysandú), y diversas propuestas en las áreas de salud humana, salud animal y medioambiente, como la aplicación de un dispositivo interdisciplinario para el tratamiento de la salud mental, el fortalecimiento del Hospital Veterinario Universitario y el desarrollo de un programa denominado Agua País, que tiene como objetivo la protección de los recursos hídricos del país y la contribución específica en la ejecución del Plan de Cuenca del Río Santa Lucía (véase «Pisa Fuerte», Brecha, 11-V-23).

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«Una de las cosas que más me complica es que, tanto en la Facultad de Derecho como en la de Sociales
–principalmente en esta última–, no tengo un puesto efectivo, por lo tanto la renovación de mi cargo no es automática. Además de que el sueldo no me da para dedicarme completamente a eso, no sé si el año que viene se van a abrir los cargos y me van a renovar.» Las palabras de Florencia dan cuenta de la incertidumbre laboral que atraviesa buena parte de los docentes con grados más bajos de la Udelar. Cecilia, por su parte, señala: «Si no hay presupuesto garantizado para la apertura de nuevos cargos, puede finalizar el período que establece el Estatuto del Personal Docente de la Udelar sin un llamado que te permita concursar para avanzar en la carrera docente. Y podés perder el grado».

«La lógica de que tengas pocas horas, estés mal pago y tengas muchos más estudiantes de los que realmente podés atender hace que no tengas el tiempo y el espacio mental necesarios para brindar las respuestas que requieren los estudiantes», sostuvo Florencia. Y agregó que quienes más «sufren» las consecuencias de ello son aquellos estudiantes que se encuentran al borde de la deserción, los de mayor edad y los que vienen del interior: «Esos son los primeros que van a quedar por el camino si no hay espacios de acompañamiento, que necesitan tiempo y recursos».

Según Cecilia, si bien los servicios universitarios presentan realidades muy diversas en su funcionamiento interno, comparten la característica de que, «como los docentes se están formando en lo que les gusta, no se cuantifica todo el trabajo que hacen». Asimismo, consideró que esas «lógicas solidificadas» desde hace tiempo están comenzando a ser discutidas. «La Udelar tiene un problema presupuestal, pero también estructural de las condiciones laborales de sus trabajadores, y es un problema que debe atender», concluyó.

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