En las semanas previas a las elecciones españolas se disparó, desde los medios y los partidos de izquierda, una verdadera ofensiva para movilizar al electorado agitando el temor al «fascismo» que representaría Vox en las instituciones. Más allá de si el término es aplicable a la realidad actual, es evidente que la ultraderecha pudo haber ingresado al gobierno de la mano del Partido Popular (PP), aunque no es probable que hubiera podido cumplir sus objetivos contra inmigrantes y diversidades sexuales.
Una cosa son las promesas electorales o los deseos profundos de una fuerza política (¿quién no recuerda la frase de Tabaré Vázquez «van a temblar las raíces de los árboles»?) y otra muy diferente es tener las condiciones para ponerlas en práctica.
Lo cierto, empero, es que la participación subió cuatro puntos respecto a 2019 y alcanzó el 70 por ciento, pero en el promedio de los últimos años. El debate sobre a quién favorece la abstención no tiene conclusiones claras, ya que izquierda y derecha han ganado, o perdido, independientemente de esa variable. Preocupa, sin embargo, que el bipartidismo se reforzó y el binomio PP-Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pasó del 44 por ciento en 2019 al 65 por ciento, lo que no augura nada positivo para la izquierda no socialdemócrata y para los nacionalismos de izquierda.
DEUDAS PENDIENTES
Lo cierto es que el miedo a Vox movió la aguja y mostró la enorme capacidad de los temores para hacer dejar de lado los tremendos debes del gobierno del socialista Pedro Sánchez, apoyado por el izquierdista Podemos, los nacionalismos y los independentistas.
Entre los desvíos de este gobierno, destacan dos. Por un lado, la ley mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana), aprobada en marzo de 2015, durante el gobierno del PP, nombrada así por amordazar la protesta en las calles. Otorga más libertades a la Policía y es señalada por recortar derechos ciudadanos, además de haber sido objeto de críticas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y hasta por los comisionados de derechos humanos del Consejo de Europa.
La ley prevé multas que pueden llegar a los 600 mil euros. Las «faltas de respeto» a un policía (tratarlo de «tú», por ejemplo) supone una multa de 100 a 600 euros. Se prohíbe hacer fotos a agentes en operaciones, con multas de hasta 30 mil euros a quien incumpla. Una de las disposiciones más criticadas es que las faltas, que antes se resolvían en un juzgado, ahora tienen carácter de multa administrativa, con lo que se salta el control judicial. De ese modo, alcanza con el testimonio del policía para imponer sanciones.
El segundo es la masacre de Melilla, el 24 de junio de 2022, cuando 2 mil personas, en su mayoría de origen sudanés, intentaron cruzar la valla que separa España de Marruecos. El informe de Amnistía Internacional destaca: «Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería de al menos 76» («Tragedia en la valla de Melilla: un año de impunidad tras la masacre», 26-VI-23).
El informe asegura que cientos de personas fueron devueltas a Marruecos sin garantías y agrega que «durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria y, a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, no se requirió que interviniese».
Fue la mayor masacre en democracia en el Estado español; estando Podemos en el gobierno, Yolanda Díaz (la candidata de Sumar, que agrupa a Podemos, Más, Izquierda Unida y otra decena de partidos) fungía ya como ministra de Trabajo. Ninguno de los cinco ministros de Podemos atinó a renunciar, pese a la evidencia de que la Policía española participó en la matanza.
LA TRISTEZA COMO FORMA POLÍTICA
A los horrores anteriores habría que sumar que el gobierno PSOE-Podemos apoya la guerra en Ucrania contra Rusia. Según el Instituto para la Economía Mundial de Kiel, «España es uno de los 20 países que más ayuda militar y financiera envió a Ucrania» (La Marea, 11-IV-23). En el primer año de la guerra, la ayuda militar española ascendió a 320 millones de euros, además de una cuantiosa ayuda financiera y «humanitaria».
Quizá por eso las voces de personas cercanas a la izquierda han debido hacer malabarismos para justificar el voto. La comunicadora social Paula Guerra Cáceres, nacida en Chile, antirracista y feminista, justificó su apoyo del modo tradicional: «No significa que un posible gobierno PSOE-Sumar sea el ideal para nosotras, sino que somos conscientes de lo que puede llegar a significar un gobierno de PP y Vox para muchos de nuestros hermanos y hermanas que al día de hoy se encuentran en gran situación de vulnerabilidad» (El Salto, 26-VII-23).
La periodista y actriz Marta Nebot reconoció ya en el título de su columna que el suyo fue un voto en contra de la derecha: «Sumar sobrepasa la delgada línea entre ilusionar y el flower power con frecuencia. Además desilusiona con mayúsculas al no dejar participar a los partidos que integran la coalición ni en el programa ni en la campaña». La formación de Yolanda Díaz pretendía ser algo nuevo, «una formación horizontal, que venía a proponer y a alcanzar mejoras para tod@s y, de momento, ni lo uno ni lo otro [sic]» (Público, 16-VII-23).
La voz más crítica fue la de antropóloga Nuria Alabao, quien investigó qué votan los más marginalizados, las trabajadoras sexuales y los manteros (inmigrantes que venden en las calles), y tituló su última columna de modo transparente: «Apuntar a la Luna en vez de mirar el dedo de Vox» (CTXT, 12-VII-23). Allí destaca que la izquierda no debe polarizar con Vox porque hacerlo «es completamente funcional a su estrategia, porque su política fundamental es, básicamente, política comunicativa». En consecuencia, llama a abandonar los escenarios de la política-espectáculo, como la pugna por banderas ultras en edificios públicos, porque «hay vida más allá de la institución».
Alabao defiende la autonomía de los movimientos, la acción directa y, sobre todo, la organización «por abajo» como la mejor forma de frenar a la ultraderecha. Siguiendo la trocha de Gilles Deleuze, sostiene que «la polarización implica un cierre de la potencia y de la imaginación», atenaza la posibilidad de criticar la tibieza de los progresismos, y concluye: «Contra el miedo, organización».
A propósito de Deleuze, cabe recordar su llamado a recuperar la potencia frente a la im-potencia que provoca tristeza. «La gente del poder son impotentes que solo pueden construir su poder sobre la tristeza de los otros.»
