En la dulce espera

La algarabía por la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) entró en un impasse. El Parlamento Europeo decidió esta semana solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que evalúe el acuerdo entre ambos bloques. El objetivo es que el TJUE dictamine si lo firmado cumple con los estándares del bloque europeo y si los aspectos comerciales pueden entrar en vigencia sin la aprobación de los parlamentos nacionales.

La decisión adoptada por mayoría –334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones– representa, en los hechos, un freno al proceso de asociación entre ambos bloques, y un triunfo, al menos parcial, de los sectores europeos contrarios al acuerdo comercial. También es un golpe para la Comisión Europea –presidida por Ursula von der Leyen–, que tenía expectativas de evitar esta instancia, pero no logró los votos para hacerlo.

Del otro lado del Atlántico el talante fue de expectativa. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, fue de los primeros en reaccionar. Aseguró que la decisión «no es una sorpresa», pero puntualizó que no supone «ni la congelación ni la liquidación del acuerdo que se firmó». Para Lubetkin, la estrecha votación refleja la complejidad del debate existente en la sociedad europea sobre la conveniencia de este TLC y obliga a las autoridades del Mercosur a buscar convencer a los eurodiputados sobre las virtudes del pacto comercial. También pidió al Parlamento nacional que ratifique rápidamente el acuerdo, para fortalecer la posición mercosuriana en estos intercambios.

Se trata, en los hechos, del acuerdo más significativo firmado por el Mercosur desde su creación: supone la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, con un PBI conjunto equivalente a una cuarta parte del PBI mundial y una corriente comercial de unos 100.000 millones de dólares. Como todo acuerdo comercial tendrá ganadores y perdedores, con grandes oportunidades y riesgos, algunos de los cuales ya comienzan a manifestarse.

SEGUIR ANDANDO

Lubetkin explicó el miércoles 21 en rueda de prensa que aún no habían podido hablar con sus contrapartes de la UE para conocer al detalle lo que había pasado. Por esas horas, dijo, las autoridades europeas estaban focalizadas en lo que sucedía en el Foro Económico Mundial de Davos, cuyo punto central era la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexar Groenlandia al territorio estadounidense. Por eso solo podía hacerse una lectura parcial de la decisión del Parlamento Europeo.

En esa línea, el canciller valoró que la decisión se adoptó por una mayoría mínima –de diez votos– y que la votación dividió en forma transversal a los partidos políticos del bloque, con formaciones de derecha y de izquierda votando para uno y otro lado.
La cancillería –dijo– tenía información de que esto podía pasar, pero existe confianza («y pocas dudas») de que el TJUE dictamine a favor del acuerdo, como sucedió con los casos de Canadá y Singapur. Este proceso puede demandar entre 18 y 24 meses.

«¿Qué tenemos que hacer nosotros?», se preguntó Lubetkin. «Lo primero es seguir adelante y con mucha fuerza [en] la ratificación del acuerdo. Estos tropezones nos tienen que dar más fuerza para que Uruguay sea el primer país que ratifique» el tratado, aseguró. Según el ministro, el gobierno ya está conversando con los distintos partidos políticos para acelerar el proceso parlamentario, ya que lo ideal sería ratificar el acuerdo antes de mitad de año. Eso, sin embargo, dependerá, entre otros factores, del plazo en que Paraguay –que ejerce la presidencia pro témpore del bloque sudamericano– envíe la documentación certificada (el documento final tiene 8 mil fojas), que le permita al gobierno remitir el proyecto de ley al Parlamento.

La celeridad en ratificar el TLC es importante para la estrategia que pretende impulsar Uruguay en la negociación con los eurodiputados. «Sin dudas vamos a tener que jugar, en acuerdo con las autoridades europeas, más activamente para convencer a esos parlamentarios europeos para que se entienda por qué es válido. No tenemos que ser pasivos, tenemos que ser activos. Si tenemos el acuerdo ratificado, vamos a tener una fuerza completamente diferente», expresó Lubetkin.

La estrategia es similar a la impulsada por Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca «acelerar al máximo» la ratificación del acuerdo por parte del Congreso Nacional, de forma de demostrar el compromiso de ese país con el pacto y también utilizarlo en las conversaciones con los parlamentarios europeos. Esta idea fue discutida durante una reunión de alto nivel en la Casa Civil, órgano de gobierno brasileño, horas antes de conocerse el pedido de un dictamen del TJUE (Folha de São Paulo, 21-I-26). También se espera que Argentina y Paraguay, los otros dos miembros del bloque sudamericano, inicien rápidamente el proceso de ratificación.

La idea del gobierno uruguayo es que el Parlamento apruebe el acuerdo en su totalidad, es decir, el Acuerdo Interino de Comercio –que elimina aranceles para buena parte del comercio interbloques– y el Acuerdo de Asociación –en el que confluyen los aspectos políticos y de cooperación–. Esta subdivisión responde a una estrategia de la Comisión Europea: el primero entrará a regir con la sola aprobación del Parlamento Europeo, mientras que el segundo requiere ser aprobado por los parlamentos nacionales y regionales de todos los países, algo difícil de lograr en el actual contexto político (véase «Nada color de rosa», Brecha, 16-I-26).

CONSENSO PARTIDARIO

La ratificación uruguaya del acuerdo parece un trámite. Los tres principales partidos políticos –Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN) y Partido Colorado– tienen una visión favorable; las mayorías parecen aseguradas. Además, existe consenso en aprobarlo rápidamente. El FA apuesta a darle «un mecanismo fast track» y aprobarlo durante el primer semestre, dijo el senador Daniel Caggiani a Brecha. «Si fuera por nosotros, lo ratificamos a tapas cerradas», resumió el diputado blanco Juan Martín Rodríguez a este semanario.

Por ahora, el Parlamento aguarda que las autoridades del Mercosur cumplan con los aspectos administrativos y que el Poder Ejecutivo remita el proyecto de ley para comenzar su estudio formal. Pero ya existen algunas definiciones. Se prevé, en principio, que el proyecto ingrese por la Cámara de Senadores y que allí se conforme una comisión bicameral para unificar el recibimiento de las delegaciones. Esto permitirá conocer los alcances del tratado, sus beneficios y sus eventuales impactos negativos, y adelantar los tiempos del debate en la Cámara de Representantes.

La lista de delegaciones incluirá a la cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, así como a asociaciones gremiales, empresariales y agropecuarias que quieran dar su opinión. «La idea es tener una agenda amplia», dijo Caggiani. «Siempre es bueno que estos temas se debatan públicamente, que queden claros los impactos que tendrá el acuerdo», agregó.

«El impacto país es positivo», aseveró Caggiani. Para esto, se basó en datos elaborados por el MEF, que fueron presentados públicamente por el ministro Gabriel Oddone: el acuerdo permitirá un crecimiento del 1,5 por ciento del PBI, un incremento del 4 por ciento en las exportaciones de bienes en el largo plazo, un impacto positivo del 0,5 por ciento en el empleo y un aumento de los salarios en el orden del 1 por ciento. Ahora, deberá hacerse foco en cada sector, valoró el legislador frenteamplista.

«Uruguay como país soberano debe construir su agenda propia y todos estos insumos serán importantes para la construcción de políticas que permitan que los beneficios que recibirán algunos sectores sean compartidos por toda la sociedad, y de políticas compensatorias para los sectores que puedan verse impactados», señaló Caggiani. Esto último requerirá una acción decidida del gobierno en la definición de medidas que atiendan estas situaciones y será –seguramente– la agenda de temas más robusta que deberá analizar el Parlamento en los próximos años, afirmó.

El objetivo del PN, en tanto, es que el TLC se apruebe, pero también «tomar nota de las preocupaciones» que puedan tener algunos sectores «para luego ir evaluando en forma sistémica soluciones para sectores que, eventualmente, resulten perjudicados», afirmó Rodríguez. «El texto del acuerdo es el mismo al que el expresidente de la república Luis Lacalle Pou estaba dispuesto a meterle el gancho arriba de la mesa en 2024; no ha cambiado nada. Es un tratado de última generación que estamos dispuestos a acompañar en todo: lo comercial y el acuerdo de cooperación política», enfatizó el legislador.

En esta línea, Rodríguez valoró que la entrada en vigencia de los aspectos comerciales es muy importante porque «es lo que vamos a ver los uruguayos, en materia de recursos, de ventas al exterior y de creación de nuevos mercados». «Queremos lograr darle dinamismo a la cosa, lo otro [el acuerdo de cooperación y político] seguirá su curso y esperemos que en los próximos años se apruebe definitivamente. […] El impacto será en todos los sectores», expresó.

La decisión del Parlamento Europeo de enviar el acuerdo al TJUE tampoco sorprendió a los legisladores. Según Rodríguez, las conversaciones mantenidas con «amigos de nuestra familia ideológica» europea hacía presumir que era una posibilidad, pero que existen alternativas para sortear este escollo y que el acuerdo logre su ratificación.

«Es una movida política de algunos sectores políticos que están en contra [del TLC] e intentan parar el acuerdo, como pasó con el acuerdo con Canadá», valoró Caggiani. Según dijo, durante los últimos años hubo contactos con distintas fuerzas políticas europeas –de distinto signo ideológico– para intentar fundamentar la relevancia del acuerdo para ambos bloques. En este sentido, la posición de algunos partidos de la izquierda europea que están en contra «tiene legitimidad desde las miradas regionales», pero –a su juicio– deberían mirar lo que sucede a nivel internacional.

«O Europa cambia su lógica sobre el papel que está teniendo a nivel internacional y adopta una posición de mayor presencia, de búsqueda de equilibrio y de desarrollo compartido, o termina subsumida a los intereses estadounidenses», advirtió el diputado. En este sentido, apuntó que el TLC no discute las políticas de subsidio de la UE al sector agrario, pero atiende las diferencias y asimetrías importantes entre ambos bloques.

OTROS ACUERDOS

Esta semana, Uruguay realizó el depósito del instrumento de ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Con esto, el acuerdo comercial con el país asiático entrará en vigor el próximo 1 de marzo. Según informó la cancillería, este acuerdo representa un avance concreto en la diversificación del comercio uruguayo, ya que permitirá incrementar los flujos comerciales y promover mejores condiciones para la radicación de inversiones.

La ratificación de este acuerdo se alinea con la política exterior del gobierno de apuntar a Asia, ante las demoras del TLC con la UE. En este punto, el canciller Lubetkin aseguró que Uruguay sigue trabajando en su ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y promoviendo las negociaciones del Mercosur con Emiratos Árabes Unidos e India. Además, destacó el inminente viaje del presidente de la república, Yamandú Orsi, a China, junto con una delegación «extremadamente grande» de empresarios para encauzar negocios con el gigante asiático. «Esta es la línea de apertura de Uruguay al mundo, con negociaciones lo más amplias posible», apuntó Lubetkin.

Por su parte, Caggiani dijo que el TLC con la UE es muy importante, porque representa el piso para futuras negociaciones del Mercosur con Canadá, Japón e India. «Esto nos permitirá, en un mundo que se está cerrando en sus fronteras nacionales, tener una mirada para generar mecanismos de comercio regulado, que son clave para Uruguay. Hoy en el mundo está primando la ley del más fuerte, y que no existan reglas claras para Uruguay y el Mercosur es complicado», puntualizó. Por eso, el legislador consideró importante la reciente convocatoria del presidente Orsi para lograr acuerdos nacionales en materia de política exterior y aseguró que, si algunos partidos políticos están reticentes a participar de este ámbito, el gobierno deberá buscar acuerdos con el sector productivo –trabajadores y empresarios–, para generar beneficios para el país.