El martes 3, la delegación de Uruguay en la Asamblea General de las Naciones Unidas se abstuvo en tres votaciones relacionadas con los derechos palestinos y la ocupación israelí. La primera votación fue sobre la resolución «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina», que resultó aprobada con 157 votos a favor. El documento llama a comenzar con urgencia un proceso de paz en Oriente Medio y pide a Israel que cumpla, como potencia ocupante, con el derecho internacional, «incluido el cese de todas las actividades de asentamiento y la evacuación de los colonos del territorio palestino ocupado» en pos de poner en práctica la solución de los dos Estados.
Luego se abstuvo en una votación protocolar (aprobada por 101 votos a favor) referida a la División de los Derechos de los Palestinos de la Secretaría General de la ONU, donde se pide al secretario general que continúe otorgando recursos y facilitando el trabajo de la división, creada en 1977. Por último, Uruguay se abstuvo también al votarse una resolución que «exige una vez más que Israel se retire de todo el Golán sirio ocupado, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad». La resolución fue aprobada por 97 votos a favor.
En setiembre, la delegación uruguaya se había abstenido frente a una resolución que exige a Israel «poner fin sin demora a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados», en cumplimiento del histórico fallo del 19 de julio de este año de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reafirma la ilegalidad de las colonias y de la ocupación israelí. La seguidilla de abstenciones repite el patrón mantenido por Uruguay con respecto a las resoluciones de la Asamblea General que en los últimos 14 meses llamaron a un cese el fuego en Gaza (con excepción de una única instancia en la que Uruguay votó a favor de esa medida, casualmente, la única en la que Estados Unidos lo hizo).
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A fines de noviembre, el Semanario Hebreo publicó una entrevista con el presidente del LATU, Ruperto Long, en la que se explicita que continúan, aunque con bajo perfil, las gestiones para «la próxima apertura de una Oficina de Innovación de Uruguay en Jerusalén». En una «reciente» visita a Israel, Long se reunió específicamente con ese fin «con el ministro de la Diáspora, Amichai Chikli, con el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, con la vicepresidenta del Technion, Lihi Zelnik-Manor, con jerarcas de la Autoridad de Innovación de Israel y con el director general de OurCrowd, Jonathan Medved, con quienes somos socios en una aceleradora instalada en nuestro parque de innovación en Montevideo». Long aclaró a la publicación que la iniciativa es liderada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero «con el apoyo activo de LATU y de Uruguay Innovation Hub», y destacó que ya se alcanzó un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén para que acoja la sede física de la oficina del Estado uruguayo. A pesar del «conflicto» en Oriente Medio, dijo el presidente del LATU, la decisión de abrir esa oficina «sigue plenamente vigente».
Los dichos de Long reafirman lo anunciado por el canciller Omar Paganini en setiembre, cuando insistió en varios medios que Uruguay abriría una sede oficial en Jerusalén. La comunidad internacional, en cumplimiento del derecho internacional, ha evitado largamente abrir representaciones oficiales de Estados en esa ciudad, anexada ilegalmente por Israel en 1980 tras ocupar por la fuerza Jerusalén Este en 1967. Israel intenta desde entonces que Jerusalén, cuyo estatus permanece en suspenso en el ámbito del derecho internacional y es objeto de recientes pronunciamientos de los tribunales internacionales desfavorables a la posición israelí, sea considerada su capital «unificada». Con ese fin, insta desde hace décadas a los gobiernos del mundo a abrir allí sus sedes oficiales en el país. En 2018, Donald Trump rompió con el derecho internacional y abrió una embajada estadounidense en la ciudad santa, una brecha por la que se han colado varias promesas de gobiernos afines al de Benjamín Netanyahu, como la hecha por Luis Lacalle Pou, durante la campaña electoral de 2019, de abrir allí una representación uruguaya.
Según insistió Paganini en setiembre, la oficina de próxima apertura «no tiene estatus diplomático», una afirmación que viene a contradecir lo prometido previamente por las autoridades uruguayas y que ha sido contrariada tanto desde los países árabes con representación en Uruguay como desde diversas instancias de la ONU. Uruguay tiene actualmente su embajada en Israel en Tel Aviv, ciudad que es reconocida internacionalmente como la meca tecnológica israelí, a diferencia de Jerusalén, donde los emprendimientos tecnológicos son comparativamente menores.
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Un día después de la triple abstención uruguaya en la ONU, Amnistía Internacional publicó el informe Es como si Fuéramos Seres Infrahumanos,1 en el que señala que tras una larga investigación «ha encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que, entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024, Israel cometió actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio». En sus recomendaciones finales, el informe pide que, «de acuerdo con su obligación de prevenir y castigar los actos de genocidio, todos los Estados, en particular los que tienen influencia sobre Israel, tomen medidas urgentes para poner fin a toda conducta israelí en Gaza que pueda constituir genocidio. Como primer paso, deben garantizar que Israel aplique debidamente todas las medidas provisionales dictadas por la CIJ desde el 26 de enero de 2024. De conformidad con la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024, los Estados no deben prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación ilícita creada por la persistente ocupación israelí del Territorio Palestino Ocupado, que está reforzada por el apartheid.»
