Entre la calle y el Congreso, el aborto será ley

La tónica del proyecto de Fernández y la viabilidad de su aprobación.

Manifestación a favor de la despenalización del aborto frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, el 19 de febrero / Foto: Afp, Ronaldo Schemidt

El 1 de marzo, ante el pleno del recinto y miles de espectadores afuera del Congreso, el presidente argentino anunció casi al final de su discurso que enviará un proyecto propio para la legalización del aborto. También uno para acompañar a quienes decidan tener un hijo y evitar así que, por razones de pobreza, abandonen la idea. Hubo ovación y aplausos de pie dentro del recinto. Afuera, pañuelos verdes alzados al cielo y lágrimas, especialmente de aquellas para quienes esto es una conquista, después de varias generaciones de lucha.

 “Es una circunstancia histórica. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el Poder Ejecutivo envía ese proyecto, que es un proyecto de derecho humano básico. Las viejas militantes estamos con los ojos siempre húmedos porque es una perspectiva inédita. No pensábamos que íbamos a verlo cristalizado, sobre todo por iniciativa del Poder Ejecutivo”, dijo a Brecha Dora Barrancos, socióloga, historiadora y militante feminista, además de asesora ad honorem del gobierno.

Afuera del Congreso, Chiara, de 16 años, festejó con su puño alzado: “Va a ser ley”. “Ya no vamos a tener que morir más por abortos clandestinos. Lo necesitamos todas las mujeres: que sea legal, seguro y gratuito. Esperaremos su plena y correcta implementación”, completó Renata, de 20, que caminaba junto a Chiara cuando las organizaciones sociales comenzaron a dispersarse, ya finalizado el acto.

El tratamiento del aborto, igual que la reforma judicial, ya era de público conocimiento, pero el hermetismo respecto del articulado final obligó a escuchar con detalle cada término del anuncio para reconocer cómo serán resueltos los puntos innegociables y también los más álgidos del debate que se dio en 2018, trunco al final.

“Dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”; el presidente explicó que la legislación vigente desde 1921, al penalizar la práctica, con excepción sólo en casos de violación o riesgo de muerte, no previene, sino que obliga a morir en la clandestinidad. “El aborto en Argentina sucede. Es un hecho.” “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, afirmó.

Mónica Macha, diputada por la provincia de Buenos Aires y miembro del bloque del Frente Todos, valoró la visión que expresó el presidente. “Lo enfocó desde la salud pública, lo que obliga al acompañamiento del Estado, y fue más allá: habló de la autonomía y del derecho a decidir interrumpir o continuar un embarazo. Fue una mezcla de orgullo, alegría y profunda emoción. Son banderas que venimos militando hace mucho tiempo, y que un presidente lo plantee y tome partido es muy importante para nosotras”, dijo a Brecha.

El proyecto es redactado por un equipo interdisciplinario vinculado a los ministerios de Salud, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y coordinado por Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de presidencia. A la par, trabajan en otra iniciativa que el presidente también anunció el domingo: el Plan de los Mil Días, que dará acompañamiento durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza a quienes decidan no abortar.

Aunque ninguna de las instituciones intervinientes en la redacción informó detalles, Jenny Durand, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, estimó, ante la consulta de Brecha, que el proyecto recogerá los consensos alcanzados en 2018 y lo que en términos generales plantea el texto que en 2019 presentó por octava vez la Campaña Nacional al Congreso. La Campaña es una articulación de cientos de colectivos y organizaciones vinculadas al tema que hace 15 años impulsa la discusión.

La interrupción legal y garantizada por el sistema de salud hasta la semana 12 o 14 de gestación y excepciones para embarazos más avanzados, según ya establece la ley (en caso de violación o de que corra peligro la vida de la persona gestante), formarían parte del piso de discusión.

Respecto de aquellos puntos álgidos, como la objeción de conciencia institucional o individual y la incorporación al Programa Médico Obligatorio, no se conoce lo que planteará el texto.

Durante una entrevista televisiva el domingo, Vilma Ibarra fue consultada por la objeción de conciencia y respondió, sin más detalles, que “las instituciones de salud están para hacer cumplir las normas de salud pública. Una vez que se establece que hay una política de Estado de salud pública, es necesario garantizar que la prestación se realice en términos y tiempos oportunos, efectivos y garantizando que se pueda ejercer la práctica sin violentar a la mujer”.

Con un comunicado oficial, la Campaña celebró la iniciativa del gobierno y valoró que lo acumulado por la lucha feminista permitiera llegar a esta instancia: “Los argumentos expuestos por Alberto Fernández sobre la necesidad de legalizar y despenalizar la práctica del aborto son argumentos generados, construidos, instalados y difundidos por todo el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país. Las décadas de lucha que llevamos transitando generaron las condiciones para que hoy seamos protagonistas de este momento histórico”, decía el texto que ratificó que el proyecto que ingresaron en 2019 “es producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia”, fue firmado por más de setenta diputados y diputadas, y “tiene el apoyo de senadoras y senadores”.

VOTO A VOTO. En 2018, el entonces presidente, Mauricio Macri, habilitó la discusión del proyecto que presentó la Campaña Nacional, en medio de una caída estrepitosa de su imagen y del inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional que dieran lugar a la adquisición de la deuda más grande en la historia de Argentina y del organismo. Aunque se posicionó en contra, dio libertad de acción a los miembros de la alianza Cambiemos. El debate, que duró cuatro meses, retrotrajo la contienda política a un enfrentamiento entre liberales y conservadores, más allá del oficialismo y la oposición, o de derechas e izquierdas.

En ese entonces, 129 diputados acompañaron la medida en la Cámara baja y 125 se opusieron. En el senado, 31 representantes votaron a favor y 38 en contra, lo que definió el rechazo del proyecto. Sobre esa experiencia, este año se descuenta que el proyecto avanzará con facilidad en la Cámara baja, mientras que en la Cámara alta podrán presentarse dificultades, incluso dentro del oficialismo, que posee 41 de las 72 bancas, y donde la postura no es homogénea. Existen 33 senadores a favor y 36 en contra, según un relevamiento realizado por Perfil. De los tres que no han expresado su postura, dos pertenecen a la oposición y uno, al partido justicialista. Es posible, sin embargo, que el apoyo presidencial respecto al tema obligue al oficialismo a encolumnarse bajo la postura común. Trascendió, además, que podría dársele libertad de no asistir al debate a aquellos senadores que no estén de acuerdo con el tema.

“Estoy convencida de que la Argentina necesita tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo y pienso que [esta vez] no va a ser difícil ponernos de acuerdo, porque el presidente fue muy contundente en su mensaje”, dijo a Brecha Silvia Lospennato, diputada por el Pro, en la alianza Juntos por el Cambio, hoy en la oposición. Durante los debates de 2018 Lospennato se destacó por la vehemencia con la que defendió el proyecto de la Campaña Nacional, del cual es firmante. Según explicó, la alianza no presentará una postura de bloque, por lo que sería difícil afirmar qué es lo que va a pasar en el Senado, pero “sé que los dos senadores de Juntos por el Cambio que ingresaron por Ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos dos votos negativos la vez anterior, están a favor de la legalización”, confirmó.

Para Mónica Macha, del bloque oficialista, que el proyecto sea enviado desde presidencia garantiza éxito en su aprobación. “Que el presidente esté presentando un proyecto significa que lo va a militar. Lo hace para lograr que se convierta en ley.”

Según la organización Socorristas en Red en Argentina, cada tres horas una niña es obligada a gestar, parir y criar. Las escasas cifras oficiales indican que en tan sólo un año (2013) se produjeron 49 mil internaciones en hospitales públicos por problemas relacionados con el aborto. La cifra equivale a 135 mujeres por día. La Fundación de Estudios sobre la Mujer estima que se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos por año. Entre 1983 y 2016 hubo 3.040 muertes por este tema, según lo registrado por el Ministerio de Salud, lo que convierte la problemática en la primera causa de muerte en mujeres gestantes.

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