Recién terminada de construir, la represa más grande de la historia de Colombia apenas sigue soportando la fuerza que ejerce sobre ella el caudal del río Cauca. La empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico admitió que puede romperse. Ya hay decenas de miles de evacuados y varios pobladores asesinados por oponerse al proyecto.
La situación de la mayor represa de Colombia es incierta. La empresa dueña de la hidroeléctrica Hidroituango, que todavía está en obras, admitió que en cualquier momento puede ceder: “Existe esa posibilidad de que la presa se rompa completamente. (…) Si esa presa se rompe, la mancha de inundación sería muy significativa, y afectaría grandemente varias regiones”, dijo en conferencia de prensa Jorge Londoño, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (Epm), encargada del proyecto. Y ya hay decenas de miles de evacuados. Hidroituango, ubicada en el departamento de Antioquia, en el norte del país, tiene problemas estructurales que no permiten el avance de las obras ni la puesta en funcionamiento de la usina. A raíz de la deforestación y las características geológicas de la región, hubo varios derrumbes de tierra que bloquearon el túnel de desvío del río Cauca –el segundo caudal más grande del país–, que debía alimentar las turbinas de esta nueva hidroeléctrica, y se llenó un embalse cuya construcción todavía no había terminado. Como consecuencia, se inundó la zona aguas arriba de la represa y el embalse corre riesgo de colapsar, mientras que, río abajo, bajó drásticamente el nivel de agua. Esta situación de emergencia, que estalló en abril, genera una gran preocupación en las comunidades de la región baja, por el riesgo de avalancha e inundación. De acuerdo con los cálculos de la gobernación de Antioquia, de estallar la represa la inundación afectaría gravemente las regiones de Puerto Valdivia (la más cercana a la represa), Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechi, dejando más de 130 mil afectados. Una tragedia sin precedentes.
RASTROS DE LA MUERTE. Colombia cuenta con una historia de mucha resistencia en los territorios, una resistencia que siempre fue sofocada a fuerza de fusil. Así, el departamento de Antioquia fue escenario de grandes masacres. Un año después de que se instalaran allí las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar de extrema derecha) se creó (en 1997) la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica de Pescadero SA, y se gestó el germen del proyecto Hidroituango. En ese momento el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez, quien fuera presidente de Colombia en dos ocasiones y también denunciado por sus vínculos con el paramilitarismo. Según datos de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz reportados por el periódico Voz, entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en municipios de la zona que rodea lo que hoy es Hidroituango. Se estima que 600 cuerpos de desaparecidos pueden estar todavía enterrados en las orillas del Cauca. Durante la construcción de la represa, la empresa constructora inundó las regiones donde se supone que se encuentran los cuerpos, lo que impide exhumarlos. Y las muertes continúan.
Ante la situación de emergencia que enfrentaban desde abril, los pobladores –que siempre se han opuesto al proyecto de esta represa– se habían organizado para hacer una protesta. El 2 de mayo pasado Hugo Abeiro, uno de los pescadores que se oponían a la represa e integraba la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia fue asesinado en Puerto Valdivia, también lo fue su sobrino, que lo acompañaba. Hugo y su familia eran sobrevivientes de la ola de violencia en la región y estaban siendo afectados por la represa, que se negaba a reconocer sus derechos de posesión sobre sus tierras. Por causa de las muertes y la promesa de la empresa de iniciar un diálogo, la movilización planificada no se realizó. Pero el diálogo no ocurrió y el 8 de mayo también fueron asesinados en Puerto Valdivia Luis Alberto Torres –otro integrante del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que defiende el río Cauca– y su hermano.
“Hay un conflicto en los territorios, asociado a fuertes intereses económicos de megaproyectos de represas y mineras en estas regiones. No hay condiciones ni garantías para protestar ni para organizarse, al mismo tiempo que se profundiza la estrategia de agudizar el miedo en la población”, comentó a Brecha Juan Pablo Soler, integrante de la coordinación nacional de Ríos Vivos. “Sistemáticamente las instancias de diálogo han sido postergadas y dilatadas. La respuesta que recibimos hasta ahora es la negación de la existencia del propio conflicto y el rechazo de un camino participativo con las comunidades afectadas. Por lo tanto, es un cúmulo de actuaciones del Estado lo que nos mantiene en esta situación caótica.”
La empresa Epm sigue con las obras de construcción del proyecto y está intentando subsanar los problemas, pero es una labor muy riesgosa. El pasado martes 29 de mayo se registró un nuevo movimiento de tierra en la montaña, en la misma zona donde se produjo el desprendimiento del 26 de mayo, el más grave hasta ahora, y la empresa tuvo que evacuar a 1.500 trabajadores. Cada hora que pasa aumenta la incógnita, y se espera lo peor.
