De acuerdo a dos recursos de acceso a la información pública elevados por el semanario al Ministerio de Salud Pública (MSP), en el último año se ha recurrido al mecanismo de contratación previsto en el Fideicomiso Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro) y también al polémico régimen de Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para contratar funcionarios para diversas tareas vinculadas a la pandemia, pero también personal de confianza de distintos directores.
El Fideicomiso Renadro es una herramienta que se conformó en 2013 con el objetivo de ampliar la cobertura de los centros de atención para los usuarios con consumo problemático de sustancias, a partir de recursos vertidos por la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social, el MSP, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y ASSE, bajo la administración de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Aunque los ministerios destinan partidas al fideicomiso, su principal fuente de ingresos es el Fondo de Bienes Decomisados (recursos provenientes de actuaciones judiciales vinculadas a las drogas). En noviembre de 2020, en pleno avance de la pandemia, el gobierno decidió ampliar el objeto del fideicomiso, en virtud de la «emergencia sanitaria por covid-19 o por otras emergencias sanitarias decretadas como tales por el Poder Ejecutivo». Siete meses después, el Ejecutivo, urgido por las necesidades vinculadas al plan de vacunación, resolvió extender las contrataciones y reforzar el financiamiento de este fideicomiso con 300 millones de pesos provenientes del Fondo Solidario Covid-19.
El mecanismo del fideicomiso permite «marcar» y comprometer los fondos de diversos orígenes para un mismo fin, pero además le da mayor flexibilidad a la administración para contratar personal y adquirir insumos. No es abundante la información pública disponible en la actualidad sobre los destinos de los fondos del Renadro específicamente utilizados para la atención de la pandemia. En principio, la extensión de los objetivos del fideicomiso no habría afectado las políticas públicas relacionadas con la atención de las adicciones, de acuerdo a consultas llevadas a cabo por Brecha en la Junta Nacional de Drogas, pues el Ejecutivo habría depositado allí partidas independientes para solventar, por ejemplo, parte del plan de vacunación.
Pero, de todos modos, la herramienta del pedido de acceso a la información pública permitió a Brecha conocer que esa modalidad se está utilizando, por lo menos en el MSP, no solo para contratar de modo directo vacunadores, rastreadores, técnicos de laboratorio (son 1.403 los funcionarios que cobran a través del Renadro, de acuerdo a los informes obtenidos por el semanario), sino también para contratar personal de confianza de jerarcas del propio ministerio, en varios casos, militantes de Cabildo Abierto. Hasta el momento, los distintos sondeos hechos por el semanario no han permitido discriminar las funciones de los contratados con precisión o, por ejemplo, cuánto personal ingresó mediante la evaluación técnica de la Comisión para la Lucha Antituberculosa (organismo paraestatal encargado de las vacunaciones desde hace décadas) y cuánto mediante el MSP (así como tampoco los criterios de remuneración).
EL EQUIPO CABILDANTE
La primera respuesta obtenida por el semanario, del 16 de agosto pasado, permitió corroborar la contratación de una contadora y una licenciada en Administración simpatizantes del partido de Guido Manini Ríos y el ministro Daniel Salinas. La primera es la contadora Karina Sisniega, quien, de acuerdo a la información complementaria enviada a este semanario (el 17 de setiembre), actúa como «asesora de la Dirección General de Secretaría [del MSP] en el área de Compras y Contrataciones de Servicios». El salario que recibe es de 50.822 pesos más impuestos y su contrato es anual.
El director general de Secretaría, el coronel retirado Gustavo Cardoso, afirmó al ser consultado por Brecha que esta profesional no trabaja en su despacho, sino en el área de Compras. Si bien en la información pública obtenida por el semanario hubo contradicciones, Cardoso aseguró en diálogo telefónico que Sisniega fue contratada por el régimen de Comisión de Apoyo de ASSE, así como otros técnicos, «en función de las necesidades generadas por la pandemia». Esta contadora estaría teniendo dos cargos públicos a la vez, porque también se desempeña, según su perfil en Linkedin, en la unidad centralizada de compras del Comando General del Ejército.
Un caso similar es el de Fernanda Gulla, que es licenciada en Gerencia y Administración de Empresas y, de acuerdo a la información brindada desde la Dirección General de Secretaría, «tiene a su cargo el control y el cálculo de necesidades de insumos y materiales» para la campaña de vacunación contra la covid-19. Gulla también está relacionada al estamento militar, ya que es hija del coronel retirado Walter Gulla. Su salario es de 54.660 pesos nominales y su primera contratación fue por el lapso de seis meses.
Cabe preguntarse en qué medida era necesario sumar estos cargos al MSP, pues el organigrama del ministerio muestra que la Dirección General de Secretaría cuenta desde hace años con una división de Recursos Materiales e Infraestructura de la que se desprenden cuatro departamentos, entre ellos el de Compras y Suministros y el de Servicios e Infraestructura, en los cuales hay contadores y técnicos especializados.
Pero estos no son los únicos casos. Por lo menos otros tres adherentes o simpatizantes de Cabildo Abierto han logrado puestos de trabajo en 2021 en la órbita del MSP y mediante el fideicomiso Renadro. Se trata de Valentín de Negris, Roberto Porciúncula y Mariana Flores.
De Negris es uno de los principales referentes de la Juventud Artiguista Cabildo Abierto, donde confluyen unos cuantos militantes jóvenes con discursos de derecha radical (véase «Casos orgánicos», Brecha, 11-VI-21). A mediados de este mes, De Negris fue uno de los que representaron a Cabildo Abierto en la jornada «Yo digo sí a los jóvenes en el Parlamento». Por su parte, Roberto Porciúncula es un militar subalterno retirado que trabajó en Sanidad de las Fuerzas Armadas y es «idóneo en farmacia». Al igual que Mariana Flores, es una persona que tiene vínculos militantes con Cabildo Abierto.
En estos tres casos, también con base en la información pública enviada a Brecha, los salarios nominales son de 54.660 pesos. Su tarea consiste en «recepción, control, registro, clasificación y archivo de todos los Acuerdos firmados en el actual plan de vacunación». Estos acuerdos, según lo averiguado por el semanario, son los consentimientos informados que cada vacunado suscribe al inmunizarse. Curiosamente, las remuneraciones de De Negris, Porciúncula y Flores superan la de Sisniega, profesional de la contabilidad que reviste como asesora de la Dirección General de Secretaría.
Pero este semanario también consultó al MSP sobre si se aplicó algún mecanismo de selección por concurso o llamado abierto para el ingreso de estos cinco cabildantes. Las designaciones fueron basadas en «experiencia y aptitudes de cada candidato», respondieron por escrito desde la cartera, con lo que descartaron la existencia de cualquier proceso concursal. Un apunte complementario es que en la rendición de cuentas –aún a estudio en el Parlamento– se faculta a las direcciones generales de Secretaría de los ministerios a contratar «adscriptos» mediante el recurso del pase en comisión, con la posibilidad de compensar sus salarios con hasta el 85 por ciento del salario del director de la unidad. En buen romance, esto significa unos 170 mil pesos nominales. En el caso del MSP, se faculta a la Dirección General de Secretaría a contratar hasta dos adjuntos, por lo cual estos cargos no provistos por concurso se sumarían a los asesores y otro sinfín de cargos con contratos a término, como los del Renadro. No existe una rendición de cuentas pública sobre estas contrataciones. De hecho, en las respuestas de los pedidos de información se consignó que no existe resolución pública sobre las designaciones, aunque sí se firmaron contratos.
Además de la discrecionalidad y el clientelismo que sobrevuela este tipo de designaciones –que proliferan en torno a los cabildantes que ocupan cargos en el Estado–, estos usos de los fideicomisos para contratar personal tienen otra utilidad, funcional al discurso de austeridad de la coalición multicolor: se presentan como alternativa a la asignación presupuestal directa, lo que evita que sus gastos engorden las cifras del déficit fiscal que el gobierno pretende reducir. Lo que se recorta en el Estado oficial –por ejemplo, en materia de políticas sociales, salarios de funcionarios o llenado de vacantes– se deriva, en muchos casos, a cargos designados por afinidad política –aunque se camuflen con distintos disfraces– que corren por los discretos canales del Estado paralelo.
La versión del coronel retirado Gustavo Cardoso
«Yo no hago política»
Desde julio de 2020, la Dirección General de Secretaría es conducida por el coronel retirado Gustavo Cardoso, uno de los militares de estrecha confianza del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos («amigo mío de toda la vida», según el coronel), integrante de la camada de exuniformados que logró acceder a cargos a lo largo y ancho del Estado a expensas de las negociaciones que formaron parte del acuerdo de gobierno de la coalición multicolor .
«Yo no hago política. Soy un funcionario público. La prueba de que no hago política –lo tengo vedado por ley– es que todo mi staff de secretarias es el mismo de la administración pasada y también el 90 por ciento de los directores», respondió a Brecha. El militar retirado dijo que hay que «ver las cosas en su contexto» y que las contrataciones por el Renadro y la Comisión de Apoyo respondieron a una «situación de emergencia». Sobre la contratación de Karina Sisniega dijo que es una de las tantas realizadas en función de las «necesidades» y sobre Fernanda Gulla, que la conoció en el ministerio.
Cardoso es un egresado de la misma promoción militar que Manini, denominada «General Leandro Gómez». Al igual que otros camaradas, como el coronel retirado Raúl Lozano (senador), el coronel retirado Enrique Montagno (exvocal de ASSE destituido tras el escándalo de las grabaciones difundidas por el semanario Búsqueda) o el mayor retirado Enrique Mangini (exintegrante de la Juventud Uruguaya de Pie y uno de los impulsores de la candidatura del líder de Cabildo Abierto), egresó de la Escuela Militar en 1978.
A través de Cabildo Abierto, la «familia militar» ha logrado penetrar en una multiplicidad de organismos públicos por designación directa, con una fuerte impronta de los vínculos familiares en el criterio de asignación de cargos. Aunque en la campaña el partido criticaba que el Estado fuera «una puerta de entrada para cargos de confianza» y despotricaba contra el clientelismo, una vez que pasó a integrar el gobierno pobló ministerios y entes de hermanos, primos y parejas de sus referentes (véase «La parentela», Brecha, 2-VII-21). El criterio se hizo explícito en el mensaje enviado por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a la directora de la Unidad de Servicios de Energía y Agua –difundido por este semanario– cuando le preguntó si había podido «colocar algún cabildante» en el organismo (véase «Agencia de Colocaciones», Brecha, 7-V-21).
