Favor con favor se paga

Leonardo Bertulazzi, que hoy tiene 73 años, vive desde 2003 en Buenos Aires junto con su pareja. Trabajaba como lutier y era un vecino más en la capital argentina. Hasta que el presidente Javier Milei y la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, decidieron que su libertad podía ser canjeada por la del cura mendocino Franco Reverberi, que en 2011 huyó a Italia para evitar ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Bajo la dictadura argentina, el sacerdote operó en el centro clandestino de detención La Departamental, en Mendoza, donde acosaba a militantes secuestrados para que «confesaran» bajo la tortura y delataran a compañeros.¹

Desde 2004 Bertulazzi goza de un estatuto de refugiado político en Argentina concedido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la local Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Poco antes la jueza María Servini de Cubría había rechazado un pedido de extradición de Italia alegando que la condena a 27 años de prisión que Bertulazzi había recibido en su país por actos de «terrorismo» había sido decidida en ausencia, sin que el acusado hubiera podido defenderse y sin pruebas sólidas.

Desde fines de 2023 las cosas cambiaron para el exmilitante: en Argentina llegó al gobierno el libertariano Milei, de muy buenas relaciones con la neofascista Meloni. Una de las «reformas» que el ultraderechista encaró fue cambiar la integración de la Conare, por medio del reemplazo de un miembro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –disuelto en una decisión paralela– por uno del Ministerio de Seguridad. En agosto de 2024 la Conare le quitó el estatuto de refugiado a Bertulazzi, que fue inmediatamente detenido. Con una pompa insólita. «Detuvimos a un terrorista ex-Brigadas Rojas», dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y habló de un vastísimo trabajo de inteligencia de sus servicios, cuando la policía había ido a buscar al italiano a la casa del barrio porteño de San Telmo en la que vive desde hace más de 20 años.

A fines de agosto el italiano pasó a prisión domiciliaria y su caso comenzó a ser examinado de vuelta por el juzgado a cargo de Servini. El 28 de febrero pasado la jueza concedió la extradición, contradiciendo su fallo de dos décadas antes. Dos días después llegaba a Buenos Aires el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, que en enero de 2024 se había negado a ejecutar la decisión de un tribunal de su país de extraditar al cura Reverberi a Argentina.

Y el martes último, en una más de sus resoluciones exprés cuando de casos que movilizan al gobierno de Milei se trata, la Corte Suprema resolvió dar vía libre al pedido de extradición de Bertulazzi a pesar de que el italiano sigue siendo refugiado para el ACNUR y que la resolución del Conare todavía no está firme.

Los trámites para concretar las extradiciones suelen tardar semanas, pero «con Milei nunca se sabe», dijo al semanario Rodolfo Yanzón, el abogado que defiende a Bertulazzi, que tiene detrás una vastísima experiencia en casos de delitos de lesa humanidad.

Pocos días antes de su detención, Brecha había podido conversar con Bertulazzi.

—¿Cómo y cuándo se gestó su llegada a Argentina?

—Salí de Italia en octubre de 1980. Lo que viví y que hoy es la razón del entendimiento entre dos gobiernos de extrema derecha se inscribe en la historia italiana de los setenta. Estoy hablando de una historia de hace medio siglo que muchos desconocen.

—¿Podría contarla?

—Nací en 1951 y me crie en el seno de una familia que había vivido la resistencia contra el nazifascismo y que me educó en los valores propios de aquella resistencia. Participé, primero como estudiante y después como trabajador, en el movimiento social que se inició en 1969 y que logró en la década siguiente grandes avances en cuanto a derechos individuales y colectivos. Por aquellos años el movimiento obrero y el movimiento social ganaban espacio en la sociedad italiana y generaban esperanzas de cambio, pero los gobernantes no solo bloqueaban esas reivindicaciones, sino que respondían con represión.

A la represión estatal se le sumaba la acción de los grupos de extrema derecha, que realizaban atentados con bombas. Entre 1969 y 1980 hubo decenas y decenas de muertos. El peor atentado fue el de la estación de trenes de Boloña, en 1980, en el que murieron 86 personas y unas 200 fueron heridas.

Los grupos neofascistas actuaban en connivencia con el aparato del Estado. Eran ellos los que colocaban las bombas, pero la Policía dirigía las investigaciones hacia las organizaciones extraparlamentarias de la nueva izquierda. Los inspiradores de esta estrategia querían suscitar un clima de tensión tal que provocara un giro autoritario. En esos años se descubrieron varios intentos de golpe promovidos por poderosos sectores económicos, políticos y militares.² Entonces Italia se asomaba al mar Mediterráneo con dictaduras en España y Portugal al occidente y con la Grecia de los coroneles al este.

La represión, que buscaba aterrorizar al movimiento y criminalizarlo, no dejó afuera ningún lugar de trabajo o de estudio y el conflicto político y social se radicalizó. Aquel movimiento, que había nacido armado solo de sus esperanzas, tuvo que organizarse para defenderse, sostener sus reivindicaciones y oponerse a los diseños autoritarios que se estaban orquestando. Nacieron así organizaciones revolucionarias no clandestinas, como Lotta Continua y Autonomia Operaia, y otras que actuaban desde la clandestinidad, como Prima Linea y las Brigadas Rojas.

Mientras que en el otoño italiano de 1969 los trabajadores habían logrado modificar las relaciones de fuerza a su favor y resistir la reestructuración capitalista, el otoño de 1980 fue el momento de la derrota de la clase obrera allí donde más fuerte y más concentrada estaba: en la FIAT de Turín, con sus 140 mil trabajadores. Tras 35 días de ocupación, el sindicato firmó un acuerdo con la FIAT que contemplaba el despido de 23 mil obreros. Lo hizo sin el consenso de los trabajadores, que no habían votado la propuesta. Esta dura derrota tuvo consecuencias desastrosas para el mundo del trabajo y revirtió las relaciones de fuerza a favor del capital, creando las condiciones para la afirmación del neoliberalismo en el ámbito económico, social y político. Terminaba así una década de insubordinación de masas, de liberación, de fiesta de la esperanza, durante la cual el movimiento social mantuvo en jaque a las patronales.

Esa derrota debía sellarse también con el fin de las organizaciones revolucionarias, y para eso las vías elegidas fueron la represión, una legislación especial «antiterrorista» y la tortura.

La implementación de una legislación especial fortaleció los poderes de la Policía e hizo posible construir acusaciones basadas únicamente en el delito de «asociación subversiva» y con base en la figura de los pentiti, los «arrepentidos». El sistema de «arrepentimiento» permitía descuentos de pena que iban hasta la libertad de quienes denunciaban a compañeros. La tortura, además, era sistemática.

—¿Cuánta gente fue a la cárcel?

—Entre fines de los setenta y principios de los ochenta unos 6 mil militantes fueron condenados a penas exorbitantes y varios centenares se exiliaron en otros países, fundamentalmente Francia. Toda «una generación política», según reconoció el ministro de Justicia de entonces, Mino Martinazzoli, de la Democracia Cristiana.

La legislación de excepción, denunciada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, fue la base de la decisión de Francia de no extraditar a los italianos que se habían refugiado en su territorio. La razón de esta política, inaugurada por el socialista François Mitterrand y continuada después por otros presidentes, fue la constatación de que la «guerra a la subversión» en Italia no garantizaba juicios justos.

Por décadas Italia pidió la extradición de unos 200 activistas políticos exiliados en Francia y Francia los rechazó. Recién en abril de 2021, ya bajo la presidencia de Emmanuel Macron, París concedió diez extradiciones, pero la Justicia acabó denegándolas, con el argumento de que los diez militantes habían sido condenados «en rebeldía y sin tener la oportunidad de defenderse en un nuevo juicio, ya que la ley italiana no ofrece esta garantía». Los jueces franceses señalaron, además, que los acusados «viven en el país desde hace décadas, su situación familiar es estable y están integrados profesional y socialmente».

La Justicia de otro país suplía así la incapacidad del Estado italiano para cerrar una fase histórica. En 1946 hubo en Italia una amnistía general que benefició a los fascistas, que habían cometido crímenes atroces, incluidas masacres. ¿Qué sentido tiene la persecución que apunta a los militantes de izquierda de los setenta? Sobre ellos recae una verdadera venganza del Estado, pero, además, ninguno de los gobiernos italianos de las últimas décadas ha intentado aclarar las masacres por bomba que quedaron impunes, las tramas golpistas, la complicidad del Estado con la violencia neofascista y el encubrimiento de los autores de los atentados, así como la responsabilidad de las fuerzas policiales en el asesinato de tantos estudiantes y obreros.

Otro punto: no se puede, al juzgar el pasado, prescindir de este presente al que nos condujeron quienes nos derrotaron. Un presente de trabajo precario, de desempleo, con un sistema de salud pensado para los más ricos, mientras el Mediterráneo es una tumba colectiva de migrantes, se incita al rearme, se acostumbra a la gente a la idea de la guerra y retorna el fascismo. Nosotros luchamos por un presente bien diferente.

—Usted salió de Italia en 1980. ¿Dónde vivió hasta recalar en Argentina?

—Llegué a Buenos Aires con mi mujer en junio de 2002, en plena revuelta que había comenzado en diciembre de 2001. Pronto empezamos a conocer los barrios populares y a frecuentar las asambleas donde los vecinos discutían la organización de comedores, de farmacias populares y otras formas de autogestión. Veníamos de muchos años en El Salvador, donde habíamos trabajado en contextos similares. En noviembre de 2002 la Interpol me detuvo por una solicitud de extradición italiana.

—¿Por qué motivos?

—Tenía una condena por el secuestro del armador Piero Costa y otra por integración de «banda armada», ambas en ausencia. Las dos sentencias se unificaron en 1986 en una condena única a 27 años de reclusión, una pena enorme, visto que no se me acusaba de ningún delito de sangre. En Argentina las organizaciones piqueteras y las asambleas barriales se solidarizaron mucho conmigo y se organizó una campaña a mi favor.

Después de siete meses de detención, la jueza decidió que no procedía la extradición de un condenado en rebeldía y fui liberado. En 2004 me reconocieron como refugiado.

En estos 23 años en Buenos Aires trabajé como diseñador gráfico y traductor hasta 2015, cuando comencé a frecuentar una escuela municipal de lutería. Empezamos fabricando instrumentos musicales para las orquestas de niños de escuelas del conurbano y nos convertimos en lugar de encuentro para alumnos, estudiantes, padres, profesores, lutieres y aprendices de lutier.

Cuando Milei llegó al poder, comenzó una estrecha relación de afinidad ideológica con Meloni. En agosto de 2024 se me quitó el estatuto de refugiado político e inmediatamente se presentó una nueva solicitud de extradición por parte de la fiscalía de Génova, por lo que fui detenido. En setiembre me pusieron en arresto domiciliario con una tobillera electrónica. El 27 de febrero pasado, la misma jueza argentina que en 2003 –con [Néstor] Kirchner como presidente– había rechazado la petición de extradición, con Milei la aceptó. Y ahora, la Corte Suprema.

1. En enero pasado el diario italiano La Repubblica dio cuenta del «gesto de reciprocidad del gobierno ultraderechista italiano» con el de Milei detrás del pacto que involucra a Bertulazzi y Reverberi. Otros medios italianos ya lo habían ventilado antes. ↩︎
2. Véanse «Un capo de la “internacional negra”», Brecha, 20-IX-19 y «La definitiva normalización del fascismo», Brecha, 30-IX-22, notas en las que se habla del Plan Gladio, orquestado por Estados Unidos para dar un golpe de Estado en Italia. ↩︎