El sigilo fue efectivo durante un año. Mientras la pandemia ocupaba la atención y el sistema político debatía una ley ómnibus bajo los urgentes tiempos impuestos por el gobierno, una pequeña comitiva del Ejecutivo negociaba con la empresa belga Katoen Natie un acuerdo que transformaría radicalmente el funcionamiento del puerto de Montevideo, con serias consecuencias para la economía del país. Orgulloso, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, reveló la noticia en la Asamblea General el 2 de marzo. Pero ese silencio de un año hoy estalla en un conflicto político y jurídico de consecuencias insospechadas, que puede ser determinante para la trayectoria del gobierno.
El tema volvió a poner a la vista las tensiones en la interna de la coalición e impulsó a la oposición frenteamplista a...
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