En la pasada campaña electoral, la entonces oposición apuntó directamente contra la gestión de las empresas públicas. En el programa de gobierno del Partido Nacional se aseguraba que desde el Frente Amplio (FA) vieron a las empresas públicas «como un instrumento de recaudación» y que estas fueron utilizadas para lanzar carreras políticas personales o como un espacio para organizar negocios poco transparentes.
El entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou refrendaba esta línea argumental en sus discursos: el gobierno utilizaba las empresas estatales como herramienta de recaudación para reducir el déficit fiscal, lo que impedía reducir las tarifas de los servicios públicos. Lejos de aquellos tiempos e inserto en la campaña electoral rumbo a octubre, el Poder Ejecutivo dejó atrás aquellas críticas y comenzó a utilizar a las empresas públicas como sostén de las arcas del gobierno central.
Según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2023, el déficit fiscal (es decir, el resultado fiscal del gobierno central y el Banco de Previsión Social) se ubicó en 3 por ciento del PBI, por encima de las estimaciones hechas por el gobierno. En tanto, el informe del MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre las empresas públicas mostró un déficit de 0,2 por ciento en sus cuentas, con transferencias al gobierno central por 8.657 millones de pesos (unos 221 millones de dólares). En el caso de ANTEL, se constató un saldo desfavorable por casi 20 millones de dólares.
Según el informe,1 durante 2023 ANTEL facturó 1.314,4 millones de dólares por venta de bienes y servicios y otros ingresos, por encima de los registros alcanzados en los anteriores tres años del gobierno multicolor. Sin embargo, los egresos fueron por 1.333,2 millones de dólares, lo que evidencia un resultado negativo de 18,7 millones de dólares. Esto difiere del resultado que se presentó los años anteriores, cuando ANTEL terminó con ganancias: 60 millones de dólares en 2020, 84 millones de dólares en 2021 y 66 millones de dólares en 2022. En este sentido, el director de ANTEL en representación del FA, Daniel Larrosa, dijo que estos números en rojo muestran que el gobierno «le está metiendo mano a la caja de ANTEL» para financiar al gobierno central.
De acuerdo a la información oficial publicada por el MEF, las transferencias tuvieron un aumento significativo en los últimos dos años: en 2020, ANTEL transfirió 80 millones de dólares para las arcas del Estado; en 2021 fueron 79 millones de dólares y en 2022 subió a 126 millones de dólares. En 2023, en tanto, las transferencias alcanzaron los 147 millones de dólares, y está previsto que esa cifra trepe a 171 millones de dólares este año. A esto se suma el pago de 14 millones de dólares por una cuota de la subasta de la frecuencia de 3,5 gigahercios (clave para el desarrollo de la tecnología 5G), que finalmente quedaron por fuera del cálculo de las transferencias.
Larrosa explicó que el balance de ANTEL mostrará superávit, ya que tiene en cuenta criterios distintos al análisis hecho por el MEF y la OPP. Sin embargo, muestra las alertas que se ciernen sobre la gestión de la empresa pública. Larrosa explicó que, pese a las transferencias al gobierno central, en los últimos años ANTEL ha logrado una posición sólida en el mercado. La caja de ANTEL, es decir, el saldo de dinero en efectivo que tiene la empresa para sustentar su trabajo diario y atender situaciones de emergencia o gastos imprevistos, comprende unos 210 millones de dólares. El dato de 2023, por el contrario, muestra que el flujo de dinero hacia el gobierno central se produce a costas de una pérdida de fondos propios de la empresa estatal. «Ahora se transfiere la ganancia más una parte de la caja; están haciendo lo que criticaban cuando eran oposición», evaluó.
El informe del MEF y la OPP se produce en un momento de desafíos importantes para el ente de las telecomunicaciones. El dato se da en un contexto de retracción de las inversiones, de falta de avances en el desarrollo del mercado de los servicios digitales, donde –a juicio de Larrosa– está el futuro del sistema de las telecomunicaciones, y de pérdida de recursos humanos valiosos, sobre todo de personal calificado que no ha sido sustituido; esto se traduce, por ejemplo, en que en los últimos cuatro años no ingresó ningún ingeniero a la empresa de las telecomunicaciones.
A esto se le suma que, desde 2020, el Poder Ejecutivo ha otorgado decenas de licencias clase B a cableoperadores de todo el país, que los habilitan a vender servicios de internet. Con esto, los privados ingresaron a un negocio multimillonario, que representa más de 40 por ciento de la facturación anual de ANTEL, es decir, unos 410 millones de dólares. En este sentido, los cables de Montevideo –Monte Cablevideo SA, Tractoral SA (TCC) y Riselco SA (Nuevo Siglo)– ya comenzaron con un plan piloto para impulsar este servicio en el barrio La Blanqueada, lo que representa la punta de lanza de su irrupción en el mercado, que continuará con otros barrios con alta densidad de población y buen nivel económico, como Punta Carretas, Pocitos, Cordón y Buceo.
El informe de ingresos y egresos del MEF y la OPP también mostró números rojos en UTE, con una pérdida acumulada de 99 millones de dólares, una cifra alineada a las transferencias del ente al gobierno (unos 97 millones de dólares). Según la directora de UTE en representación del FA, Fernanda Cardona, el dato se explica por el aumento de los egresos por compra de combustible, la baja de las exportaciones de energía a Brasil, que se ubicaron en unos 30 millones de dólares, y los beneficios otorgados a los grandes consumidores a partir de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo (véase al respecto la nota de Luciano Costabel), que llevaron a la empresa a tener que recurrir a un crédito por 35 millones de dólares para sustentar los costos de la generación de energía.
Sus críticas quedaron asentadas en el acta de una sesión del directorio en la que se debatió el último aumento de las tarifas. En esa instancia, Cardona fustigó las políticas implementadas por la actual administración y aseguró que la empresa «se endeuda, entre otras cosas, para transferir al gobierno lo pactado, independientemente de si cuenta genuinamente con esos fondos».
- Información referente a los resultados del sector público a diciembre de 2023, publicada el 31 de enero de 2024.
