Los seis primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 enfrentaron una grave crisis militar –quizás mayor que la de 1986– con desacatos, amenazas de golpe de Estado, insubordinaciones y desconocimiento del mando, supuestos planes para el asesinato del presidente y proyectos de secuestros, todo en medio de un operativo reservado impulsado por Presidencia para superar la cuestión de los derechos humanos.
Los detalles de los entretelones de esa crisis, que en su momento se había conocido a través de trascendidos de prensa, surgen del expediente del tribunal de honor que juzgó la conducta del excomandante del Ejército, teniente general Ángel Bertolotti, en setiembre de 2006, y al que accedió Brecha. El tribunal, integrado por los tenientes generales Fernán Amado, Juan Geymonat y Carlos Daners, propuso sancionar a Bertolotti por «falta grave, pero sin prohibición de usar el uniforme», por su actuación en el proceso que derivó, tras arduas negociaciones, en la detención de seis represores sobre los que pendía un pedido de extradición desde Argentina por su participación en el Plan Cóndor. La ministra de Defensa Nacional de aquel período, Azucena Berrutti, resolvió no homologar el fallo, defendiendo la actuación de Bertolotti y cuestionando la intención de los tres tenientes generales en situación de retiro de convertir el tribunal de honor en una plataforma de cuestionamiento de la política oficial de derechos humanos.
El motivo que dio pie a la instalación del tribunal de honor fue un episodio ocurrido en julio de 2006, cuando el presidente del Círculo Militar, el general retirado Ricardo Galarza, destrató públicamente al teniente general Bertolotti al negarse a estrecharle la mano tendida: «No tengo interés en saludarlo», dijo delante de otros altos oficiales. Galarza después explicaría que su comportamiento estaba dictado por la convicción de que el teniente general Bertolotti era «un traidor, un mentiroso y un comunista».
Pero el verdadero origen de la crisis data de febrero de 2005, cuando el electo presidente, Tabaré Vázquez, mantuvo una reunión con el general Bertolotti –recién designado comandante en jefe del Ejército por el presidente Jorge Batlle– en el despacho de su clínica médica. Vázquez le adelantó al teniente general lo que después reiteraría en una reunión con los oficiales generales del Ejército: su gobierno quería resolver definitivamente la cuestión de los derechos humanos violados durante la dictadura completando la labor de la Comisión para la Paz, instalada por Batlle e integrada por Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia de Vázquez. Según Bertolotti, Vázquez le aseguró que solo quedarían fuera de la ley de caducidad los casos de María Claudia García de Gelman y de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Planteó que, de encontrarse el lugar de enterramiento de María Claudia, él, Vázquez, no quería nombres. Bertolotti, según explicó ante la Justicia y en el tribunal de honor, interpretó que el presidente no quería identificar a los responsables, y eso lo tomó como una orden del mando superior.
«CAMINATA ÓSEA»
Con la asunción de Vázquez el 1 de marzo, Bertolotti puso en ejecución la estrategia presidencial, que suponía, además, la instalación de una comisión de dos generales para recabar la información que reclamaba el presidente. De acuerdo a lo que relató a los miembros del tribunal de honor, Bertolotti informó a la Junta de Oficiales Generales que el mando superior no quería que ningún oficial fuera preso. «Si se aclaran los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y Gelman, está todo arreglado, nadie irá preso», dijo, y ello fue ratificado por otros oficiales citados como testigos, entre ellos, el coronel Juan Pomoli y el general Juan Córdoba. Simultáneamente, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, mantenía reuniones paralelas con generales (que el comandante desconocía) y con algunos de los oficiales más comprometidos en los delitos de la dictadura. El general Juan Córdoba, por entonces comandante de la División de Ejército 1, reveló que había mantenido una reunión con Fernández, y con la presencia del abogado Carlos Curbelo, en la que el secretario de la Presidencia explicó «que no iba a ir nadie preso y que no era idea del gobierno atacar al Ejército». Sobre el compromiso del propio Vázquez, el general Córdoba detalló la reunión que el presidente mantuvo en el Comando General del Ejército con los generales: después de una exposición de Bertolotti «bastante vergonzosa, el presidente manifestó que lo que él quería era terminar el tema, lograr hacer un libro con la Comisión para la Paz; que él no pretendía tomar medidas con militares, solamente en el caso de la nuera de Gelman y de Gutiérrez Ruiz, y si aparecía el cadáver de la nuera de Gelman, el tema pasaba a estar incluido dentro de la ley de caducidad. Al preguntarle si no iba a haber detenciones y si el tema iba a ser tratado en suma reserva, contestó que sí». Con el compromiso del presidente, los generales debatieron la propuesta y coincidieron en que el comandante debía nombrar una comisión para obtener la información; debía ser integrada por los generales más antiguos, más próximos a pasar a retiro. Pero Bertolotti decidió nombrar a los generales Barneix y Carlos Díaz. En el expediente del tribunal aparecen los testimonios de varios declarantes en el sentido de que Bertolotti se reunió con algunos de los oficiales directamente involucrados y que, por lo menos en dos ocasiones, según relató el general Córdoba, el comandante en jefe intentó presionar al mayor en situación de reforma José Arab para que identificara el lugar donde había sido enterrada María Claudia García de Gelman. En el informe que Bertolotti entregó a Vázquez sobre los resultados de las gestiones de los generales Barneix y Díaz, se señalaba el lugar donde María Claudia supuestamente había sido enterrada. El general Ricardo Galarza calificó como «caminata ósea» el trayecto que Bertolotti hizo junto con Macarena Gelman, la hija de María Claudia, y el secretario de derechos humanos del gobierno argentino en los predios del Batallón 14 de Infantería. El mayor Arab desmintió que él hubiera señalado el lugar. Nunca se supo quién había engañado a Bertolotti y al presidente Vázquez.
CUATRO CABEZAS
En su testimonio ante el tribunal, Bertolotti explicó que la situación política era cambiante y que su intención consistía en negociar con el Poder Ejecutivo, con prescindencia de la Justicia, para dilatar las definiciones. Dijo que su situación era absolutamente inusual porque, a diferencia de otros comandantes en jefe en gobiernos que actuaban «a rajatabla» con la doctrina del Ejército, él estuvo obligado a obedecer al mando superior, aun en contra de su propio criterio. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Interpol pretendió detener a los coroneles Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira para ejecutar un pedido de extradición de la Justicia argentina. Gonzalo Fernández explicó al general Córdoba que se trataba de una decisión judicial. Córdoba le dijo a Fernández: «Nosotros no queríamos, y yo personalmente no quería, un golpe de Estado», sugiriendo que el peligro era latente.
Bertolotti explicó que hizo gestiones para evitar la detención y logró que los requeridos fueran alojados en la sede de la División de Ejército 1. Pero sus explicaciones ante la Junta de Oficiales Generales fueron recibidas como una «traición a la doctrina». «No hay opción, serán citados por la Justicia», comunicó Bertolotti a los directamente interesados. En ese caso, serían enviados a Argentina, «donde las condiciones en las cárceles son terribles». A menos que se aceptara la postura del gobierno de obtener «cuatro cabezas»; en ese caso, serían procesados en Uruguay y pasarían ocho años en una cárcel especial. El general Córdoba manifestó su total desacuerdo: «Si [las detenciones] son por temas de la lucha antisubversiva, yo les voy a dar protección». Córdoba explicó en el tribunal: «Yo no transmitiría esa orden a mis subordinados y no la iba a cumplir, y si él [Bertolotti] mantenía la orden, yo dejaba el cargo o él me relevaba». Así fue. Córdoba agregó que «durante esos dichos no hubo ninguna manifestación de parte de sus pares». Sin embargo, manifestó que «los oficiales generales no compartían la actitud asumida por el Poder Ejecutivo, y así se lo plantearon al comandante en jefe».
Tanto el general Galarza como el coronel Pomoli y su hermano, el general Santiago Pomoli, consideraron que la actitud de Bertolotti implicaba una «traición» por «haber violado el secreto militar en que estaban comprendidos los involucrados en operaciones antisubversivas, y por las presiones sobre ellos». Los hermanos Pomoli y Galarza sustentaron la acusación de que Bertolotti era «comunista» por las reiteradas reuniones, supuestamente reservadas, que mantuvo con la ministra Marina Arismendi, acusación que Bertolotti negó enfáticamente.
SECUESTROS Y ATENTADOS
El expediente del tribunal de honor consigna la revelación del coronel Pomoli sobre un plan para secuestrar al mayor Arab, considerado como el oficial que conocía la ubicación del enterramiento de los restos de María Claudia García. Según un relato del coronel Jorge Silveira en otro tribunal de honor, el teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti, el mayor Arab y el policía Ricardo Medina fueron quienes condujeron a María Claudia hasta el Batallón 14 de Infantería. De acuerdo con la síntesis del tribunal sobre las declaraciones del coronel Pomoli, ocurrió «la planificación de un posible secuestro al [sic] ex Mayor Arab con la anuencia del Tte. Gral. Bertolotti, el que casualmente habría sido suspendido alrededor de la fecha de las manifestaciones que el Coronel [Pomoli] hiciera sobre la condición de “traidor, mentiroso y comunista” del Tte. Gral. Bertolotti». A tales efectos se había obtenido un automóvil en Rivera. Los generales miembros del tribunal simplemente consignan la revelación. Otra afirmación de Pomoli se refiere a que «el general Pírez le había comentado telefónicamente que tenía conocimiento de la vigilancia a algunos [oficiales] retirados, y un plan del Comando General del Ejército para detenerlos».
En cambio, el operativo de inteligencia sobre la chacra que era propiedad del general Raúl Villar, en Canelón Grande, Canelones, intensificó el malestar de los generales hacia el comandante en jefe. El operativo fue supervisado por el coronel Raúl Gloodtdofsky, jefe del Estado Mayor Personal de Bertolotti, a partir de una denuncia de un exsoldado. Dicha denuncia establecía «que se estaría planificando atentar contra la vida del Señor Presidente». El exsoldado afirmaba que, en esa chacra, su dueño «hacía reuniones, tenía un campo de entrenamiento, se juntaba con militares e iba a atentar contra el Presidente, con una moto cargada de explosivos, y, por si fallaba, tendrían un avión con explosivos». Ni el teniente general Bertolotti, ni el coronel Gloodtdofsky, ni el capitán Neves [no consta en el documento su nombre de pila], de inteligencia, consideraron descabellada la versión y decidieron instalar una vigilancia sobre el predio rural. Finalmente, se estableció que la chacra pertenecía al general Raúl Villar. El general Carlos Díaz, que estaba presente cuando el coronel Gloodtdofsky informó a Bertolotti las novedades, le advirtió al comandante que si no informaba al general Villar sobre el operativo, entonces él, Díaz, lo haría. Recién entonces se suspendió la operación de inteligencia y Bertolotti pidió excusas a Villar en una reunión con generales. El ex comandante en jefe había convocado en 2005 a una conferencia de prensa en la que había relativizado la existencia de un operativo de vigilancia sobre la chacra, aunque el punto no pareció quedar del todo esclarecido, y en los hechos volvió a aflorar en el tribunal.
Para Bertolotti, la situación era tan crítica que no se podían descartar tales episodios. De hecho, las reuniones «paralelas» de mandos militares se multiplicaron cuando la Justicia inició el juicio sobre la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Buenos Aires en 1976. Un año después, Bertolotti argumentaría que fue el gobierno de Vázquez el que modificó «la doctrina» cuando, a fines de 2005, debió trasladarse al exterior para ser operado. Dijo en el tribunal de honor: «Hasta 2004 se respetó en un todo la ley de caducidad y, cuando algún juez buscó soluciones alternativas, se crearon situaciones conflictivas que siempre el Poder Ejecutivo las solucionó a pedido de los comandos, previendo preservar la vigencia de compromisos tácitos asumidos, que siempre estuvieron sintetizados en aquella expresión, que fueron temas no tratados directamente, pero que estuvieron siempre sobrevolando y subyacentes».
El problema lo heredó el general Carlos Díaz cuando, en febrero de 2006, fue designado como comandante en jefe. Duró hasta octubre de ese año, cuando fue relevado y pasado a retiro porque el coronel Gilberto Vázquez, recluido en el comando de la División de Ejército 1, urdió una enfermedad y logró ser trasladado al Hospital Militar, de donde se fugó.
