Antes de renunciar oficialmente a su cargo como comisionado parlamentario penitenciario –luego de diez años en ese rol– y asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo este jueves 18, Juan Miguel Petit presentó el último informe anual de esa oficina sobre el estado de situación del sistema penitenciario, correspondiente al año pasado. «Como Penélope, la esposa de Ulises en la Odisea, que descosía de noche lo que cosía de día para así nunca tener que aceptar un pretendiente, la política criminal uruguaya (un colectivo aluvional y poco planificado de leyes, presupuestos, políticas sociales y penitenciarias) también rompe con una mano lo que hizo con la otra», ilustra el excomisionado en la apertura del documento, adelantando el diagnóstico que da pie a sus recomendaciones de reformas legislativas. «Rompe los ojos el excesivo uso de la prisión como mecanismo para frenar inconductas que […] requieren una intervención más compleja y abierta que la mera privación de libertad», cuyo «aumento desmesurado» solo «frena o anula los programas de rehabilitación y no hace más que agravar el problema, porque genera más reincidencia», escribió Petit.
Las cifras que presenta el informe van en línea con lo antes plasmado. Basta con observar la tendencia de crecimiento sostenido de la población penitenciaria, que en 2024 alcanzó una tasa de 456 personas por cada 100 mil habitantes y asciende, este año, a 477. Esto deja a Uruguay entre los primeros 15 lugares del mundo con mayor prisionalización por cantidad de habitantes, y primero en América del Sur. En el último lustro, el volumen de la población penitenciaria creció, en promedio, casi 1.000 personas por año. A mediados de 2025 eran 16.624 personas. Al observar los datos por sexo, se constata que el crecimiento es mucho mayor para las mujeres: el 18,5 por ciento frente al 6,3 por ciento del incremento total del sistema. Actualmente las mujeres representan más del 8 por ciento de la población carcelaria.
INHUMANO Y DEGRADANTE
Al problema de la superpoblación carcelaria debe sumarse el de las precarias condiciones de reclusión en las que viven las personas privadas de libertad. Con base en las normas del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, y tomando indicadores, como hacinamiento, condiciones edilicias, características de la convivencia y rol educativo-pedagógico de las autoridades, el informe concluye que en casi la mitad de las unidades del sistema penitenciario –el 46 por ciento– se dan «tratos crueles, inhumanos o degradantes», con «condiciones de vida muy malas, elevados niveles de violencia», en las que «no se cumplen estándares mínimos previstos en las Reglas Mandela» ni se ofrecen «oportunidades de rehabilitación e integración». En esta categoría entran, entre otras, el Penal de Libertad, los módulos 4, 10 y 11 del ex-Comcar, la Unidad 5, de mujeres, y la Unidad 7, de Canelones. En un nivel intermedio de «insuficientes condiciones para la integración social» se encuentra otro 37 por ciento de las unidades, mientras que solo el 17 por ciento ofrece «oportunidades de integración social».
En relación con el hacinamiento, se señala que existe una «densidad crítica» del 120 por ciento, es decir, que se supera en un 20 por ciento la capacidad de plazas disponibles; en el caso de las mujeres, el número asciende al 147 por ciento. Esto ocurre a pesar de que en 2024 había cerca de 1.500 plazas sin utilizar en distintos centros –500 en el ex-Comcar– que, por fallas en la distribución de la población carcelaria, no fueron asignadas. Entre las unidades con más hacinamiento está la Unidad 5 –(174 por ciento), el Centro de Ingreso (162 por ciento), la Unidad 7 (144 por ciento) y el ex-Comcar (121 por ciento)–. En tanto, tienen disponibilidad de plazas unidades como la 6 Punta de Rieles, la 10 Juan Soler y la 2 Chacra Libertad.
Respecto a las condiciones edilicias de las unidades, el comisionado advierte situaciones de «deterioro» de tal magnitud que ameritan el «reciclaje total» e incluso el «cierre». En la misma línea de lo planteado por la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, el informe menciona que están en esa situación el Penal de Libertad, la cárcel de Canelones, varios módulos del ex-Comcar y la Unidad 5 Femenino. En el caso del primero, por ejemplo, el documento afirma: «El cierre del penal y el alojamiento de personas presas en un centro con programas de rehabilitación intensivos para casos con penas largas y trayectorias complejas será, algún día, señal de que la cultura de derechos humanos en Uruguay ha dado un salto cualitativo».
Sobre la convivencia y el rol pedagógico, se destaca el incumplimiento del derecho a tener una hora libre de patio por día, establecido en las Reglas Mandela, en muchos establecimientos. Llama la atención, por ejemplo, lo que ocurre en sectores del módulo 11 del ex-Comcar, donde los presos salen de su celda apenas una hora a la semana, como lo relataron varios de ellos a este semanario (véase «La ciudad del llanto», Brecha, 5-IX-25). En cuanto al acceso a la educación y el trabajo, concebidos como derechos fundamentales y «ejes clave de la política penitenciaria para el desistimiento delictivo», se reconoce que, aunque «en los últimos años ha habido un crecimiento de las plazas educativas y laborales», las cifras siguen siendo muy bajas: solo el 27,6 por ciento de la población carcelaria siguió alguna actividad educativa formal en 2024, en tanto el 35,8 por ciento emprendió alguna actividad laboral, según el documento, que apunta que «la regularización del trabajo penitenciario es una política pública pendiente» y advierte que «en muchos casos los internos trabajan sin recibir una paga ni un reconocimiento formal o acreditación, e incluso realizando tareas de riesgo».
NEGLIGENCIA ASISTENCIAL
En 2024 hubo 57 casos de muertes bajo custodia, es decir, todas aquellas ocurridas en contexto de privación de libertad, independientemente de su causa. Se trata del segundo año con mayor cantidad de casos luego de 2021, cuando hubo 86 muertes de este tipo. Del total del año pasado, 36 fueron muertes violentas: 18 homicidios, 15 suicidios, dos accidentales por intoxicación y una provocada por una caída de altura cuya causa aún no se ha establecido. Las 21 restantes fueron muertes no violentas (y en tres de ellas no se han podido esclarecer del todo las causas). Cincuenta y cuatro de las víctimas eran hombres y tres eran mujeres. El documento señala que la tasa de homicidios en cárceles es 11 veces mayor que la nacional, mientras que la de suicidios es casi cinco veces más alta. Más de un tercio de los casos –el 37 por ciento– ocurrió en el ex-Comcar.
Llaman la atención las conclusiones a las que llegó el comisionado a partir del monitoreo caso a caso de las muertes bajo custodia. Para empezar, en casi la mitad de las muertes (27, el 47 por ciento), se detectaron «manifiestas negligencias asistenciales o fallas institucionales estatales vinculadas con el resultado letal». En esa línea, se señala que «la política del comisionado de denunciar ante la Fiscalía todas las muertes en el sistema carcelario permitió comprobar que es frecuente que los forenses encargados de las autopsias no dispongan de información sobre el proceso asistencial de los fallecidos, por lo que la conclusión de que se trata de una muerte natural, o incluso autoprovocada, puede conducir al rápido archivo de casos» (véase el recuadro «Caso a caso»).
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El informe también registró los casos de violencia institucional, que comprenden los malos tratos y otros tipos de actos violentos efectuados por funcionarios contra las personas privadas de libertad. El documento subraya que «siempre existe un subregistro» de este tipo de hechos, en buena parte debido a la reticencia de las víctimas a denunciarlos. En 2024, se contabilizaron 50 casos, de los cuales solo cinco fueron denunciados. La cifra es superior a la de 2023, cuando se registraron 39 casos, pero algo menor que la de 2022, cuando hubo 62 episodios.
Igual que en años anteriores, la gran mayoría de estos hechos, el 86 por ciento, ocurrió en unidades de la zona metropolitana, casi la mitad en el ex-Comcar. De ese total, el 74 por ciento sucedió en los módulos 10 y 11. Siete de las 50 víctimas fueron mujeres (el 14 por ciento) y una de las denuncias fue por un «presunto hecho de abuso sexual por parte de una autoridad penitenciaria».
RECOMENDACIONES
El trabajo del comisionado incluye un abanico de recomendaciones que abarca desde la mejora de la calidad de la alimentación, el mantenimiento y las reformas edilicias de las unidades, y los planes de tratamiento personalizados de acuerdo al perfil de los usuarios, hasta el fortalecimiento de la atención que ofrece ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y mejoras en su coordinación con el INR. Se propone, entre otros puntos, la creación de una historia clínica unificada para el sistema penitenciario como «instrumento eficaz de prevención de muertes evitables», y la incorporación de un carné de salud penitenciario que paute controles obligatorios mínimos.
Con todo, se reafirma que reducir a la mitad la reincidencia es una «misión posible» para un país con el desarrollo social que tiene Uruguay, por lo que transformar el sistema de sanción penal debe ser prioritario para el gobierno. En esta línea, se ratifica la necesidad de descentralizar el INR, «de manera de tener una voz técnica y política potente para encaminar las transformaciones necesarias». A su vez, se encomienda al Poder Judicial, como «responsable de la privación de libertad y garante primero de los derechos humanos», que refuerce los recursos de la defensoría pública. Además, se propone crear una fiscalía penitenciaria, en el entendido de que «en las cárceles ocurren múltiples delitos, lesiones, amenazas, abusos, extorsiones y en el extremo homicidios, que no son debidamente captados y atendidos por el sistema judicial», y que requieren un «agente especializado» en la materia.
En tanto, se presenta una serie de propuestas de reformas legislativas de la política criminal que apuntan a hacer «un uso más eficiente de la privación de libertad» y disminuir los índices de prisionalización. La primera es la restauración de la suspensión condicional del proceso penal, mecanismo que, hasta su derogación en la Ley de Urgente Consideración de 2020, permitía que un imputado pudiera evitar una sanción penal a cambio del cumplimiento de una serie de medidas durante un período determinado en acuerdo con la fiscalía, un recurso pensado para delitos de «escasa lesividad penal». También se plantea modificar el régimen de redención de penas, y ampliar el universo de delitos por los que se pueda finalizar el encierro de forma anticipada en caso de cumplir actividades de «trabajo o estudio formalmente registrado y rigurosamente cumplido». Se sugiere ampliar el beneficio para distintos delitos comprendidos en la ley de estupefacientes, delitos sexuales, rapiña con privación de libertad, copamiento, secuestro, y homicidio intencional y agravado, y homicidio muy especialmente agravado. Con el mismo fin, la tercera modificación apunta a ampliar las posibilidades de acceso al aplazamiento o la sustitución de la prisión por medidas alternativas, establecidas para situaciones excepcionales vinculadas a la salud, necesidades familiares o edad, entre otras, y hoy limitadas a penas que no superen los 24 meses de prisión.
Una de las propuestas fue planteada particularmente para la desinstitucionalización de las mujeres presas con hijos a cargo, población que creció sustantivamente en el último quinquenio por delitos con penas cortas y de escasa gravedad. «La gran mayoría de esas mujeres podrían estar en un régimen de prisión domiciliaria asistida con programas de rehabilitación, asistencia y control, a los efectos de evitar que vuelvan a caer en el delito como estrategia de supervivencia», plantea el informe. A su vez, se subraya que «la alta vulnerabilidad de estas mujeres requiere del uso de medidas alternativas fuertes y consistentes, ya que, de no tener ese apoyo, fácilmente vuelven a ser usadas, manipuladas, explotadas o incurren en estrategias de supervivencia ilegal».
«Habrá sorpresas»
Tras aceptar formalmente la renuncia de Juan Miguel Petit este jueves, la Asamblea General votó también la conformación de la Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que tendrá un plazo de 45 días para elegir al próximo titular de la oficina. La designación requiere el apoyo de una mayoría especial de tres quintos de los votos de la Asamblea General.
Al llamado público de candidatos pueden presentar postulaciones personas particulares, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Por estos días las distintas bancadas analizan nombres para proponer, en tanto algunos legisladores ya han recibido consultas por parte de interesados, según pudo saber Brecha. Consultado por este semanario, Petit subrayó que él, en su condición de excomisionado, no puede hacer recomendaciones de manera explícita, pero adelantó que, por lo menos, se recibirán unas 30 postulaciones. Si bien evitó manejar nombres, dijo que los perfiles manejados son «diversos e interesantes», y aseguró que «habrá sorpresas». En tanto, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, que el martes será nombrada presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Situación Carcelaria, apuntó que un requisito excluyente para ocupar el cargo es la experiencia y el conocimiento del sistema, y manifestó la voluntad de poder arribar a un nombre que genere los consensos políticos necesarios para el ejercicio de ese rol.
Caso a caso
El informe del comisionado destina un apartado a exponer, caso a caso, las características en que se dieron las muertes violentas o naturales con evidencia de fallas asistenciales o negligencia institucional. Uno de los casos es el de un hombre de 26 años que se autolesionó dos veces en un mes, la primera con un alambre y la segunda con un arma blanca, lo que provocó una herida que, tras no ser atendida de forma correcta, le causó la muerte. El informe destaca que el tratamiento psicofarmacéutico que le correspondía había sido interrumpido durante su privación de libertad. El hombre había advertido que se había lastimado en reclamo de medicación para poder dormir.
Otra de las muertes fue la de un preso de 27 años que cayó de una azotea a la que llegó saliendo por la ventana de su celda. El trabajo constata que se desconocen las circunstancias del episodio, pero afirma que en este caso «es palmaria la falta de control y vigilancia». También se reporta el fallecimiento de una mujer de 31 años por ahorcamiento tan solo 40 días después de haber ingresado a prisión. Con un antecedente de intento de autoeliminación, en ese período tuvo cinco consultas con médico psiquiatra por ansiedad, insomnio e ideas de muerte, entre otras afecciones. «Se evidencia la subvaloración del riesgo y la consiguiente falta de un tratamiento oportuno», concluye la evaluación. Entre las fallas asistenciales constatadas, se reiteran casos de interrupción de tratamientos farmacológicos, subvaloración de heridas de gravedad, demoras en los traslados a centros hospitalarios de pacientes en estado de riesgo, subestimación de cuadros de riesgo de suicidio o, directamente, falta de asistencia médica, además de falta de información oportuna en las historias clínicas de los pacientes.
Sistematizan recursos para acompañar a privados de libertad
Una guía
Carolina opta por no decirle «liberado» al familiar que estuvo un año en la cárcel. Le llama, en cambio, «sobreviviente». La experiencia que vivió acompañándolo la llevó a aproximarse a Familias Presentes, el colectivo en el que se organizaron familiares de personas privadas de libertad para reclamar por mejores condiciones de reclusión y cumplimiento de derechos. A través de una amiga, Carolina se integró también a la cooperativa Bien Alto, formada por extrabajadores de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social que se organizaron luego de un viaje a Argentina para ver a La Renga. La cooperativa toma su nombre de una canción de esa banda.
Ambas organizaciones están elaborando en conjunto una guía de recursos «con la información que todos y todas necesitamos al momento de acompañar a nuestro familiar privado de libertad», según anunciaron en sus cuentas de Instagram. El proceso de trabajo se está financiando con el premio de Derechos Humanos que la delegación en Uruguay de la Unión Europea le dio en diciembre de 2024 a Familias Presentes, por un monto de 5 mil dólares. Será una guía digital e interactiva en constante actualización, en la que quienes acompañan a privados de libertad podrán acceder con facilidad a información como la vestimenta permitida en las visitas o los lugares donde se realizan distintos trámites. «Muchas veces las familias terminan pagando a un abogado por gestiones que pueden hacer directamente y no asumen porque la información, no está o está dispersa», ejemplifica Carolina.
El INR cuenta con la Oficina de Atención a la Familia de Privados de Libertad, ante la que se pueden presentar denuncias referidas a las unidades carcelarias y solicitar traslados de establecimiento, módulo o sector, asistencia médica y plazas educativas y laborales, de acuerdo al sitio web del organismo. Los trámites deben iniciarse presencialmente. Para las decenas de miles de personas que tienen familiares presos en Uruguay, la información oficial es bastante escasa. Ese vacío es el que pretende empezar a llenarse con la nueva guía, que se presentará a fines de octubre.
Leonardo Cardozo
