El clima judicial en Argentina no está del lado de la militancia por los derechos humanos. Primero se les concedió a condenados por delitos de lesa humanidad la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria. Después llegó la decisión de la Corte Suprema avalando la salida anticipada de prisión de los genocidas mediante la aplicación de la caduca ley llamada del “dos por uno”. Y el lunes 15 la justicia dirigió su atención hacia Hebe de Bonafini y la procesó en la causa que investiga la construcción de unas 300 viviendas a cargo de la Fundación Sueños Compartidos, encabezada por la propia presidenta de Madres de Plaza de Mayo. La decisión fue festejada en la Casa Rosada por partida doble. “Estamos avanzando sobre la corrupción”, sostuvo el jefe del Gabinete, Marcos Peña, en un tiro por el...
Artículo para suscriptores
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
