I. Finalmente llegó el momento tan ansiado y festejado por muchos: concursos de efectividad en el Consejo de Formación en Educación (Cfe). Después de años y años se hizo justicia, un acto de “reparación histórica”, como se dijo en una moción de la comisión que entendió, internamente, sobre esta cuestión, en una de las asambleas técnico-docentes (Atd) del presente año que tuvo lugar en el Instituto de Profesores Artigas (Ipa).
Pero esta “reparación histórica”, que muchos suscribieron y que resulta de un exceso expresivo y un cinismo difíciles de digerir, es el nombre que se le dio no al final de la postergación infinita de los concursos, a la culminación de una espera casi eterna, sino a la demanda de un concurso cerrado al que sólo pueden presentarse los profesores de Formación Docente que tienen al menos un año de antigüedad en el consejo en cuestión.1 El argumento es sencillo: ayer hubo quienes sufrieron el derecho de piso, hoy les toca a los sufrientes del pasado ponerlo en práctica con las nuevas generaciones de docentes que eventualmente quisieran aspirar a dar clases en el Cfe. Así, pues, si un docente formado no tiene la antigüedad requerida o el número de horas de clase dictadas según se estipula (artículo 2 de las “Bases particulares”2), no puede postularse al concurso; y si las tiene, sólo podrá presentarse en aquella o aquellas asignaturas que dictó hasta el momento dentro de las secciones correspondientes (hasta dos secciones o subsecciones), aunque su formación le permita, en muchos casos con holgura, aspirar a dictar una asignatura diferente en una sección distinta de aquella en la que ha trabajado (artículo 3 de las “Bases particulares”).
Llegados a este punto, vemos que la Atd, con la posición adoptada, contradice su propia naturaleza: el argumento esgrimido está lejísimos de los aspectos técnicos, pedagógicos. La “reparación histórica” va en claro perjuicio de la razón de ser de la propia Atd, en la que predominaron intereses de diverso tipo, menos los de carácter estrictamente educativo, como debería ser.
De este modo, generaciones jóvenes se quedan fuera de la convocatoria, porque vale más el cuidado de lo que ya existe, del viejo y querido statu quo, que la renovación preparada académicamente (el cambio es una consigna corriente, pero tampoco hay que ponerse tan “cambiadores”, no sea cosa que…). Entiéndase bien que no se trata de un ataque a los profesores que tienen una larga y dilatada trayectoria en Formación Docente, que han dedicado su vida o parte de ella a enseñarles a los futuros docentes de enseñanza media, pero ciertamente sorprende que se haya apoyado (en gran medida) –o se haya hecho silencio sobre el asunto– la resolución de un concurso cerrado (aunque sea por única vez) destinado a proveer efectividades, a estabilizar un plantel docente que, año tras año, se ve en la necesidad de elegir y reelegir y ratificar y ratificar por segunda vez y extender las horas que se han elegido y reelegido y ratificado por dos. Corresponde que un concurso de esta naturaleza sea abierto (esto es una buena tradición a mantener), para que se puedan presentar quienes así lo deseen según unas pautas que no excluyan a “todo docente ajeno al personal”.
Se reedita la vieja disputa entre Formación Docente, particularmente el Ipa, y la Universidad de la República (Udelar), pero con un atenuante, no nos olvidemos: el concurso será cerrado sólo en esta primera instancia; en futuras ocasiones se hará una convocatoria abierta. Así que la cosa no es para tanto. Y esa vieja disputa toca también a quienes no son parte de la Udelar, pero tampoco del Cfe, con una formación acorde a la convocatoria realizada.
II. Pero ¿ante qué clase de concursos estamos?, ¿cuáles son sus características, es decir, qué deberán enfrentar los concursantes?, ¿cuál es la concepción de educación que subyace en el llamado, que se puede extraer de sus bases, teniendo en cuenta la tan manida profesionalización docente como faro ineludible para mejorar la educación?
Las primeras dos preguntas se responden diciendo que el concurso al que se convoca es, por lo menos, extraño, cuando no rechazable. Para empezar, desde el punto de vista de lo solicitado, llama especialmente la atención la elaboración de un proyecto que el concursante, en caso de que lo apruebe, deberá defender; un proyecto que ha mudado desde su primer formato (esto podría haber sido, en algún aspecto, positivo), en lo esencial muy parecido al actual, y que se parece a todo menos un proyecto, o al menos a un proyecto que se pudiera calificar como serio. Pero ¿por qué un proyecto llama la atención de esta manera, si al fin y al cabo se trata nada más que de eso, un proyecto? Porque este proyecto es, lisa y llanamente, un incentivo a la desprofesionalización. Así lo muestran los requisitos definidos para su confección: nadie sabe muy bien a qué apunta, por qué ni cómo se relaciona, seriamente, claro está, con la investigación (requisito c), término que parece querer legitimar (y darle un aura de importancia) un producto que hace agua por todas partes. Súmese a esto el hecho de que, como proyecto, está a caballo entre, o mejor, no se decide por lo disciplinario o lo didáctico (hay que poner todo, porque, a fin de cuentas, por qué decidirse), por lo académico o lo pueril, o mejor, se decide por la mezcolanza (requisitos a y b), por el “dejemos contentos a la mayoría”.
De esto se sigue que el llamado a concurso tal como ha sido planteado, según se dijo, no ayuda mucho a la profesionalización docente: 1) restricciones de acceso al llamado (recordemos, nadie que no haya trabajado en Formación Docente y tenga al menos un año de antigüedad o un cierto número de horas –60– dictadas en seminarios o talleres puede presentarse); 2) restricciones relativas a las asignaturas o las secciones. Consecuencia: no hay movilidad dentro de las distintas asignaturas o secciones; se cuidan las chacras, se impide una renovación académicamente formada; se reproducen los mismo vicios que existen hoy y prácticas pedagógicas de sospechosa solvencia; 3) ausencia de objetivos (un proyecto sin objetivos, leyó bien), en una materia escogida por otros, que no necesariamente se alinea con los intereses de los concursantes, esto es: alguien decide cuáles son los temas (hasta ahí, todo normal) y, acto seguido, se pide una “proyección de líneas de investigación” (ya no es tan normal) sobre aspectos que bien podrían ser otros igualmente legítimos, estos últimos relacionados con los intereses de los concursantes (algo de uso) o con sus antecedentes en cierto campo de producción de trabajos de la clase que fueran (algo también de costumbre). Así, se le dice al concursante: “Mirá, si querés concursar, vas a tener que pensar proyecciones de líneas de investigación en los temas que te proponemos, no en algo que vos sepas o quieras, aunque esté relacionado con la asignatura, aunque tengas experiencia en ese campo, etcétera”; 4) fundamentación epistemológica de la relevancia disciplinaria de los temas propuestos, algo que debería darse por descontado teniendo en cuenta que dichos temas fueron elegidos por un tribunal o semejante, que no elegiría, suponemos, temas irrelevantes, y, por fin, 5) vuelco “didacticoso” de lo que se quiera o pueda decir sobre los temas, orientado al aula terciaria (?), es decir, una adecuación de lo teórico, de lo disciplinario, al trabajo en el salón de clase con los estudiantes terciarios en términos de estrategias e instrumentos de evaluación (¿se está pensando en que debe usarse el cañón para dar clases en Ppt?, ¿se está pidiendo que se utilice la tecnología para ser docentes “aggiornados”?, ¿o es una muestra de cómo la didáctica le tuerce el brazo a las disciplinas?).
Este último punto se presenta como extraño, por cuanto el esfuerzo destinado a pensar los temas en su vertiente didáctica no tiene que ver con las clases en enseñanza media, sino con la manera como se trabajarían estos temas con los estudiantes terciarios. ¿Se está diciendo sin decir que exponer un tema en el pizarrón, esto es, hablar, ya no es un “recurso” válido para dar clases o dar la clase? ¿Se está sugiriendo sin sugerir que se abandonen las clases expositivas y todos nos sentemos en ronda, abriendo la cosa a lo que cada uno piensa sobre el tema que sea sólo por el hecho de que estamos reunidos en un salón de clase y de que estos son los nuevos vientos que soplan, aunque no hayamos amasado una base conceptual sobre la cual discutir? ¿Se estará proponiendo dejar de lado la evaluación mediante parciales escritos, es decir, mediante la escritura lisa y llana, en beneficio de modalidades más acordes con las “necesidades” de los estudiantes terciarios actuales, incorporando las nuevas tecnologías, porque, a fin de cuentas, eso de sentarse a escribir y pensar en un banco durante dos o tres horas es de tiempos ancestrales?
En definitiva, este concurso levanta no pocas sospechas y objeciones, pero sobre todo deja en evidencia la irresponsabilidad política de las autoridades del Cfe, que quieren llevarlo adelante a toda costa, poniendo sobre la mesa, como argumentos fundamentales, la profesionalización docente, la necesidad de estabilidad que tiene el sistema y las bondades del concurso per se (el reclamo histórico, que existe y es atendible y debe ser atendido, pero que no puede concebirse en términos de “reparación”), sin ideas claras de lo que se quiere para la formación docente y de lo que se pide para concretar lo primero; o, en todo caso, y en el peor de los casos, con ideas muy claras al respecto.
* Docente de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Información y Comunicación y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. De 2011 a 2018, profesor de teoría gramatical en el Instituto de Profesores Artigas.
- Véase Fernanda Diab, “Corporativismo, mediocridad y desidia”, en La Diaria, 23-XI-18.
- Para la consulta de las bases completas y de todas las resoluciones y las actas realizadas, así como de las marchas y contramarchas al respecto, véase www.cfe.edu.uy
