Niños que son entregados para cumplir tareas domésticas a cambio de su crianza, derechos rebajados, legislaciones con resabios coloniales, mujeres invisibilizadas cumpliendo una tarea “natural”. Todo esto sigue siendo una realidad en la región. Pero también lo es que en la última década los derechos de las trabajadoras domésticas comenzaron a ser atendidos y se vislumbraron cambios en sus condiciones de trabajo. A pesar de la diversidad, hay muchas similitudes en los desafíos pendientes en la región.
El trabajo doméstico sigue estando, inevitablemente, asociado a la invisibilización, desvalorización y precarización. Si bien se reconocen avances importantes para este sector, que se dieron principalmente en la última década, en muchos casos todavía está relegado como empleo del resto del mercado laboral, pese a su aporte fundamental en el funcionamiento de la sociedad. “No es un trabajo precapitalista, un trabajo atrasado, un trabajo natural, sino que es un trabajo que ha sido conformado para el capital por el capital, absolutamente funcional a la organización del trabajo capitalista”, advierte Silvia Federici en su crítica feminista que realiza al marxismo,1 en el entendido de que el trabajo doméstico y la familia producen la fuerza de trabajo y son, por lo tanto, los pilares de la producción capitalista. La invisibilización histórica de estas tareas, asociadas a una vocación natural de las mujeres y estrechamente ligadas a la mano de obra esclava, se arrastra hasta hoy en día, tanto cuando las realizan en sus propias casas como cuando son remuneradas. Al analizar los procesos históricos que llevaron a la desvalorización e invisibilización del trabajo doméstico y su naturalización vinculada a las mujeres, Federici destaca un evento que considera “extraordinariamente importante”: la caza de brujas. No sólo la que tuvo lugar en Europa, sino también en América Latina. “La caza de brujas fue un evento fundante de la sociedad moderna que permitió generar muchas de sus estructuras, como la división sexual del trabajo, la desvalorización del trabajo femenino y, sobre todo, la desvalorización de las mujeres en términos generales, al crear y expandir la ideología de que las mujeres no son seres completamente humanos. (…) En ese sentido, abrió la puerta a nuevas formas de explotación de trabajo femenino.”
Justamente por este proceso histórico esclavista, heteropatriarcal y racista, que ha generado resistencias en todos los ámbitos, aún resulta todo un desafío para las trabajadoras domésticas lograr que su trabajo sea valorado como tal. Todavía se escuchan frases como “la muchacha que me ayuda en casa” o “ella es como de la familia”. Palabras que nada tienen de inofensivas y que conllevan a que este trabajo no sea tomado como tal y quede exento del marco legal laboral al que debería estar asociado. Desde hace un tiempo las trabajadoras domésticas dan la lucha para romper con estas dinámicas, instalar el debate y ganar derechos. En la región los avances son muy recientes, y si bien las realidades varían según los países, hay algo que tienen en común y es que todavía queda mucho por hacer.
Este proceso de organización, movilización y logros del sector es lo que recoge el libro La mesa está servida. La lucha de las trabajadoras domésticas en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, publicado por la Articulación Feminista Marcosur y Cotidiano Mujer, y presentado este lunes en el Pit-Cnt.
Con distintos abordajes interdisciplinarios y miradas interseccionales que consideran las desigualdades de género, étnico-raciales, socioeconómicas y territoriales, la publicación se aproxima a los reconocimientos sociales, políticos, económicos y jurídicos del trabajo doméstico en estos países.
EL DESPUÉS DE LA CAZA DE BRUJAS. Como es sabido, el trabajo doméstico continúa siendo una actividad altamente feminizada. En todos estos países más del 90 por ciento de quienes ejercen estas tareas son mujeres. En América Latina, las trabajadoras domésticas continúan siendo las menos privilegiadas y, según el contexto local, existen otros mecanismos de diferenciación social que influyen, como la etnia, la raza y la condición de migrante.
Según se destaca en el libro, a principios del siglo XXI, el trabajo en casas particulares constituía, en Argentina, una de las principales ocupaciones femeninas. Según datos de 2016, representa el 7,5 por ciento del total de la población ocupada y el 17 por ciento de las mujeres ocupadas, lo que corresponde a cerca de 850 mil trabajadoras en todo el país. El 64 por ciento de quienes se insertaron en la ocupación no han podido terminar la escuela secundaria. El porcentaje de migrantes prácticamente duplica al del resto de las mujeres urbanas ocupadas y alcanza el 32 por ciento entre las trabajadoras domésticas: 19 por ciento son migrantes internas y 13 por ciento, de otros países.
En un informe de la Oit de 2013, Brasil figuraba como el país donde más personas se ocupaban de esta actividad en el mundo con 7,2 millones de trabajadores domésticos, de los cuales 6,7 millones son mujeres. Es así que en este país “la tensión social y la discriminación a las mujeres, negras y pobres, se traslada directamente al trabajo doméstico porque son ellas quienes lo representan en gran medida”, se señala en la publicación.
En Paraguay, el empleo doméstico constituye una de las categorías ocupacionales principales para las mujeres: casi 1 de cada 5 trabajadoras se dedican a tareas en este sector. Del libro se recoge que, según datos de 2017, el 7,33 por ciento de la población económicamente activa se dedica al empleo doméstico, así como las trabajadoras domésticas remuneradas constituyen el 17,1 por ciento de la fuerza de trabajo femenina. Un dato alarmante es que el 14 por ciento de quienes se dedican a este empleo tienen menos de 19 años. Esto da cuenta también de “una de las peores formas de trabajo infantil que persisten en Paraguay”, el criadazgo: “Consiste en la entrega de las niñas a familias ajenas a las suyas para que se ocupen de realizar algunas tareas domésticas a cambio de promesas de crianza y costeo de estudios”, se señala. De acuerdo a un estudio de 2011, hasta esa fecha habían sido contabilizados 46.993 niños, niñas y adolescentes en situación de criadazgo, lo que representaba el 2,5 por ciento del total.
En el caso de Perú, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2017, el 2,4 por ciento de la población económicamente activa se dedica a esta labor: de ellas el 44 por ciento ha alcanzado el nivel educativo secundario completo, el 87 por ciento no es pobre y el 52 por ciento es migrante dentro de su país. Sin embargo, se destaca cómo esta sociedad poscolonial mantiene rezagos de servidumbre y esclavitud en la regulación que se ha dado a este trabajo.
En Uruguay, en 2018, los trabajadores domésticos asalariados eran 113.192, de los cuales 102.086 eran mujeres. El sector representa el 13,8 por ciento del empleo femenino total y es el sector de empleo más grande dentro de las trabajadoras en Uruguay. Es, además, una de las principales puertas de ingreso de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo, según se indica en el libro. Otro aspecto que se destaca es que, luego del conocido caso de 2012 de explotación laboral a trabajadoras extranjeras que laboraban en una residencia en Carrasco, la Inspección General de Trabajo advirtió que “el trabajo doméstico se visualiza como uno de los sectores con trabajadoras/es más vulnerables a la problemática de trata”.
LAS LEYES QUE FALTAN. El proceso de lucha y reconocimiento de la labor doméstica tiene un hito muy importante: el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (Oit) que en 2011 reconoció los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y entró en vigor en 2013. Desde entonces, fue paulatinamente ratificado por los países miembros del organismo internacional, dándole un marco a las legislaciones nacionales y regionales. Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar este convenio en junio de 2012, y, según recoge la periodista Nausícaa Palomeque, autora del capítulo uruguayo, la ley de trabajo doméstico de 2006 funcionó como modelo a tomar por la Oit. La ley 18.065 es resultado de un proceso que comenzó con un conjunto de normativas y políticas públicas implementadas a partir de 2005 con el objetivo de generar mejoras para el trabajo doméstico que, al igual que el rural, ha estado históricamente relegado, indica.
La ley estableció, entre otras cosas, “una jornada laboral máxima de ocho horas diarias y 44 semanales, un régimen de descansos, salarios e indemnización por despido, incluido el despido durante el embarazo, seguro de desempleo, seguro de salud, período de prueba, horas extras, salario vacacional, aguinaldo, con régimen igual al del resto de los asalariados privados”, destaca la periodista.
La normativa vino acompañada de los consejos de salarios para el sector. En 2008, recuerda Palomeque, las trabajadoras participaron por primera vez de un ámbito tripartito de negociación conformado por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, la Liga de Amas de Casa –en representación de las personas empleadoras– y el Poder Ejecutivo. La valoración de las negociaciones ha sido positiva. Hasta el momento, se desarrollaron cinco convenios que, en términos generales, permitieron incrementar de forma sostenida el salario de quienes se dedican a esta tarea. Durante el último convenio, explica la autora, se generó la negociación más compleja hasta ahora, ya que no se avanzó en las metas planteadas por el sindicato, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento de categorías laborales dentro del rubro.
En términos de normativa, se puede decir que Uruguay está bastante avanzado respecto a los otros países evaluados. Perú, por ejemplo, fue el último en ratificar el convenio de la Oit que entrará en vigencia en noviembre de este año. Recién ahora el Estado peruano se encuentra en un proceso de adecuación de su normativa a los estándares mínimos que plantea el instrumento internacional, explica Clea Guerra Romero, integrante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y autora del capítulo sobre este país. La ley peruana de los trabajadores del hogar del año 2003, señala, “institucionaliza situaciones de discriminación”,ya que los beneficios laborales reconocidos están por debajo de la mitad del régimen general del trabajo. Por este motivo, las trabajadoras domésticas organizadas están participando en un debate que busca incidir en el ámbito parlamentario para que se aprueben los proyectos de ley presentados por diversas bancadas para la adecuación normativa interna. En términos generales, explica la autora, no se han realizado avances, ya que las iniciativas no son debatidas “debido a que los integrantes de ambas comisiones (la mayoría de la bancada fujimorista) impiden el debate faltando a las sesiones y dejándolas sin cuórum”.
En Brasil, sin embargo, el punto de inflexión se dio en 2013, cuando los proyectos impulsados por la ex presidenta Dilma Rousseff extendieron una gran parte de los derechos laborales a las trabajadoras domésticas, explica Rivane Fabiana de Melo Arantes, integrante de Sos Corpo Instituto Feminista para la Democracia, quien escribió el artículo sobre el país vecino. Este logro, “que fortaleció la condición de sujetos de derecho de las trabajadoras e implicó un conjunto de obligaciones para los empleadores y el propio Estado”, se dio gracias a “la resistencia y la lucha intransigente por mejores condiciones de vida y de trabajo para esa categoría, compuesta mayoritariamente por mujeres, negras y empobrecidas”, señala la autora. Sin embargo, advierte que esta conquista, al igual que muchas otras, se ve amenazada tras la ruptura democrática a partir del “golpe parlamentario-judicial-mediático” de 2016. “Las trabajadoras domésticas y sus nuevos derechos fueron utilizados por las clases más ricas del país para tensionar aún más la sociedad y poner en peligro los proyectos del entonces gobierno de Dilma Rousseff, amenazando la legitimidad de la equiparación, de los propios sujetos de esos derechos y de sus formas organizativas. No es menor que tales derechos fueran los objetivos preferenciales de las reacciones que defendieron los intereses de la clase patronal del país”, explica.
Fue también en 2013 que en Argentina se alcanzó un nuevo régimen de trabajo cuyo objetivo es igualar las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares respecto del conjunto de la población asalariada. Según explican las investigadoras del Conicet Ania Tizziani y Débora Gorban, si bien en las últimas dos décadas se implementaron diversas iniciativas públicas para mejorar la situación del sector, la más importante fue la de hace seis años, ya que reemplaza la legislación discriminatoria de 1950. Esto permitió que desde 2015 las trabajadoras domésticas de Argentina puedan negociar colectivamente sus condiciones laborales. Las investigadoras advierten que, si bien la nueva normativa supuso un avance importante, todavía “mantiene la continuidad de un régimen de exclusión con relación a las trabajadoras a tiempo parcial, y a que no contempla formas igualitarias de acceso a los beneficios sociales de este grupo con relación a las trabajadoras a tiempo completo”.
En el caso de Paraguay, la investigadora del Centro de Documentación y Estudios de ese país, Lilian Soto, señala que, si bien las trabajadoras domésticas paraguayas están logrando importantes avances desde la segunda década de este siglo, “el más relevante en términos de políticas públicas es la modificación de la mayor parte de las disposiciones discriminatorias para el empleo doméstico, lograda en el año 2015, con un claro impacto de cambio de las condiciones de vida del sector”. La autora destaca especialmente el rol central que tuvieron las trabajadoras organizadas en la colocación del debate sobre el trabajo doméstico remunerado, no remunerado y de cuidados en la agenda pública, social y política del país. Las líderes sindicales de este sector tienen una importante presencia mediática, y los resultados que han alcanzado constituyen, a su entender, un hito en la historia de la organización sociogremial del Paraguay. “La visibilidad de las mujeres trabajadoras domésticas, su vocería potente y su irrupción en el escenario público han impulsado el debate de la sociedad paraguaya sobre la división sexual del trabajo, y hoy este es un eje central de la agenda de debate nacional”, explica.
UNA LUCHA QUE NO SE DETIENE. Del análisis de cada país que se realiza en el libro se desprende como conclusión general que, si bien los avances fueron importantes y en muchos casos significativos para la calidad de vida de las trabajadoras, todavía quedan desafíos por delante. Uno de los objetivos pendientes en todos los casos es la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección laboral. Existe una gran dificultad en la implementación de instancias de control y fiscalización en los hogares empleadores que tiene que ver con la característica privada de este espacio de trabajo.
También se destaca la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones y sindicatos. En Uruguay, por ejemplo, según los datos oficiales del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, el número de afiliadas promedia las 300 personas, menos del 1 por ciento del total de puestos de trabajo formalmente inscriptos en el Bps. En el caso de Argentina, las investigadoras detectaron que es en los espacios públicos de sociabilidad, como las plazas, por ejemplo, donde las trabajadoras ponen en circulación la información sobre sus derechos laborales.
Perú todavía tiene un debe normativo con las trabajadoras domésticas; en este sentido se sostiene que es necesario activar el debate parlamentario y aprobar los proyectos pendientes.
En Brasil, una de las grandes luchas de las trabajadoras domésticas en este momento es poder mantener los derechos conquistados, así como también “enfrentar el racismo sexista presente en las relaciones sociales”. En Perú, también se denuncia “el débil actuar del Estado con relación a la lucha contra la discriminación hacia las trabajadoras del hogar, que ha generado la perpetuación de la desvalorización de este trabajo”.
1. Federici, Silvia. El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Buenos Aires, Tinta Limón, 2018.
[notice]Evidenciar las violencias
En el marco de la presentación de la publicación sobre la situación regional, Mary Núñez presentó su libro ¿Domésticas o esclavas?,en el que busca evidenciar las situaciones de violencia que viven estas trabajadoras en Uruguay. Allí cuenta su propia experiencia como empleada en este sector, pero también le da voz a otras historias de compañeras que atravesaron la discriminación en el ámbito del trabajo doméstico. “Es una realidad que duele mucho. Escribí el libro para crear conciencia en la sociedad y en las trabajadoras”, explicó. Además, dio espacio en el libro para que los hijos de las trabajadoras pudieran contar también cómo se veían afectados directamente por las situaciones que vivían sus madres. Luego de publicar esto, Núñez recibió muchos comentarios de otras trabajadoras que querían contar su historia. “El apoyo entre compañeras es muy importante”, explicó.
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