Quedados – Brecha digital
La actuación judicial en el caso de explotación laboral en Carrasco

Quedados

No siempre la palabra “herméticas” es adecuada para definir las actuaciones judiciales. Pero en el caso vinculado a la explotación laboral que involucra al matrimonio de Javier Fernández y Nathalie Manhard, propietarios de importantes empresas uruguayas, pronunciarla resulta más que apropiado.

El silencio al que siempre obliga el presumario esta vez se cumple estrictamente. Tal vez un punto suelto para los lectores que siguen el caso sea por qué el juzgado del crimen organizado investiga a la familia Fernández Manhard desde junio, cuando fue recién en agosto que se hizo el allanamiento que encontró trabajando en la residencia familiar a varias ciudadanas irregulares ante Migración y que no estaban inscriptas en la seguridad social. Sucede que una de las trabajadoras se fue de la casa en marzo, agotada por el nivel de estrés que, contó a Brecha, le significaba el abuso de sus patrones, e incentivada por sus nuevos empleadores concurrió ante la Dirección Nacional de Migración para regularizar su situación en el país. Aquella mañana de abril llegó a la sede de la calle Mercedes y allí quedó, sentada y más asustada que convencida de lo que estaba por hacer. Seguramente todavía resonaban las palabras que Manhard le lanzó el día que decidió renunciar, asegurándole que iría presa por estar “sin papeles”. Así pasaron las horas hasta que una mujer –¿una funcionaria?– se acercó para preguntarle si necesitaba algo y la asistió con los trámites. Durante el transcurso de la conversación la boliviana fue contando algunas de las situaciones vividas en su antiguo trabajo de Carrasco, hasta que finalmente la funcionaria se puso en contacto con un policía de Interpol que les recomendó que se trasladaran hasta la sede de esa dependencia. Así lo hicieron. Y allí quedó registrada la denuncia.

Corrían los primeros días de abril, pero según le fue informado a Brecha, el expediente judicial se abrió el 18 de junio, cuando ya el Ministerio de Trabajo había encontrado durante un allanamiento conjunto entre sus inspectores y la Policía a otras dos trabajadoras extranjeras en situación irregular y sin inscripción en la seguridad social.

Según supo Brecha, el juez del crimen organizado que lleva la causa, Néstor Valetti, realizó averiguaciones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para saber si Javier Fernández –empleador de las bolivianas junto a su esposa Nathalie Manhard– está amparado por la inmunidad diplomática, al fungir como vicecónsul de Malta. La respuesta fue clara: no.

DESDE LA PAZ

Las trabajadoras bolivianas que prestaron su testimonio al semanario en la edición del 10 de agosto y contaron la situación de explotación laboral a la que fueron sometidas, y también intentos de traslado fuera del país contra su voluntad, están aún en Uruguay y aquí pretenden quedarse mientras la justicia actúa. Desde La Paz, Bolivia, la dueña de la agencia de colocaciones a través de la cual llegaron contratadas por la familia aseguró a Brecha que hasta ahora nunca fue contactada por ningún organismo uruguayo y se enteró de la situación de sus compatriotas a través de una radio paceña. Verónica –la dueña– deslindó responsabilidades ante la situación de abuso e irregularidades: “Yo hago esto –dijo, y explicó–: la señora me pide una empleada, llamo a su trabajo anterior, pido referencias, si es honrada”. Una vez verificados los antecedentes laborales “les hacía el contacto telefónico. A la chica le decía que preguntara todo: cómo es el trabajo, todas sus expectativas… ‘Ponte curiosa’, le decía, ‘pregunta cómo vas a laborar, de qué hora a qué hora, todo lo que vas a hacer’”. A pesar de ser el nexo, aseguró no tener nada que ver con el contrato: “La señora (Manhard) se comprometió a eso. Dijo ‘que vengan con su carné de identidad, yo acá voy a hacer su visado porque tengo que asegurarlas’. A las chicas les dije que le dijeran a la señora para hacer un contrato que tuviera validez en Uruguay. El contrato que hago acá no tendría validez”. Según contó la propietaria de la agencia, conversó con familiares de una de las actuales empleadas de la familia que le aseguraron que aquí en Uruguay “están muy bien”, aunque hay quienes “no se han acostumbrado bien a la forma de trabajo de la señora, pero ellas son flojitas”. Verónica también afirmó estar en contacto con dos ex empleadas que trabajaron con la familia ahora investigada y, dice, ambas tenían “muy buenas noticias” pues estaban contentas con la experiencia. Sin embargo, las abogadas de Cotidiano Mujer han estado en contacto con ex trabajadoras que hoy están de vuelta en Bolivia y su testimonio reafirma las acusaciones de explotación y maltrato que ya han sido formuladas. Y aunque fueron presentadas como testigos, por ahora el juzgado no ha tomado declaración a ninguna de ellas.

“En este caso el tiempo es importante”, opina Valeria España, una de las abogadas de Cotidiano Mujer, preocupada por la ausencia de respuestas desde el Poder Judicial. “Ellas vinieron a Uruguay con el objetivo de ganar dinero para enviarlo a sus familias, y no lo están pudiendo hacer.” Una de las trabas es que las domésticas bolivianas suelen ser contratadas por sectores de alto poder adquisitivo, reticentes ahora a hacerlo luego de la divulgación de lo sucedido. Pero además esto encubre “un desprecio al migrante”, puesto que si dejan de aceptar los códigos de contratación (no figurar en caja, someterse a horas y tareas mayores a las reguladas, por ejemplo) disminuye el interés en su contratación.

Desde el Parlamento el tema está siendo abordado por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de diputados, que ya lleva dos sesiones extraordinarias escuchando los aportes de los diversos actores involucrados.

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