OSE contrató al abogado de Katoen Natie y el Tribunal de Cuentas lo cuestionó

Jubilación activa

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó la contratación hecha por OSE del abogado Augusto Durán Martínez, exjerarca del gobierno de Luis Lacalle Herrera, porque cobra una jubilación y porque en su contrato no se establece siquiera un plazo para la entrega de las consultas por las que se lo contrató. El profesional –que ofició como abogado de Katoen Natie– cobrará 15 mil dólares por una consultoría al organismo.

OSE

El abogado Augusto Durán Martínez tuvo un rol clave en el acuerdo para la cesión por 60 años del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (TCP) SA. Como abogado de la empresa belga Katoen Natie, socia mayoritaria de TCP, Durán Martínez se reunió en reiteradas oportunidades con su correligionario, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber para sellar el acuerdo que hoy se debate en los estrados judiciales tanto civiles como penales.

En estos días, Durán Martínez interviene en otro asunto polémico. La OSE definió su contratación –bajo la figura del arrendamiento de obra– para elaborar una consulta jurídica sobre la viabilidad legal de dos iniciativas privadas que están a estudio del organismo: el proyecto Neptuno1 y la millonaria inversión en obras de saneamiento en 150 localidades del interior del país, que incluye la construcción de una red y de plantas de tratamiento de líquidos residuales.

Se trata de las obras más relevantes de OSE para este período de gobierno, ambas en la etapa del estudio de factibilidad, pero cuya legalidad está puesta en entredicho. Sus detractores señalan que estos proyectos –sobre todo, el segundo– contravienen la Constitución, que establece que los servicios de saneamiento y de distribución de agua deben estar en manos del Estado.

En su informe, entregado días atrás, Durán Martínez sostuvo una posición más benévola para el gobierno. Según su interpretación, el control estatal refiere al abastecimiento de agua a los usuarios, pero OSE puede recurrir a terceros para que le brinden el servicio de extracción de agua y de potabilización. Esta fue la postura asumida por la Gerencia Jurídica de OSE (Sudestada, 28-III-2021). El abogado, exprosecretario de la Presidencia en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, facturó por sus servicios 15 mil dólares más IVA.

Sin embargo, el TCR resolvió, por mayoría, observar el gasto. El organismo cuestionó que, en este caso, no se estableció plazo de duración del contrato ni para la entrega de la consulta jurídica asignada, según una resolución a la que accedió Brecha. Además, se apunta a que Durán Martínez es un funcionario público amparado al beneficio jubilatorio –cobra una pasividad–, y que la ley 17.556 prohíbe que personas en esta condición sea contratadas por el Estado. Según el TCR, para celebrar este contrato, el abogado debió acreditar, mediante una declaración jurada, su intención de suspender el cobro de su jubilación «por el plazo que dure la relación contractual». Algo que no hizo.

Este punto no es nuevo. En 2018, el TCR observó la contratación de Durán Martínez por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria con el fin de elaborar informes jurídicos en respuesta a la demanda interpuesta por subsidiarias de la empresa brasileña Petrobras. En ambos casos se objetó que no renunció a sus beneficios jubilatorios durante la vigencia de los contratos; por sus servicios, facturó 60 mil dólares (véase Brecha, 14-V-21).

Durán Martínez es un hombre de extensa trayectoria jurídica y política. Es especialista en derecho administrativo y, además de haber ocupado cargos durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, actualmente es integrante de la Comisión de Ética del Partido Nacional. Su hijo, Andrés Durán Hareau, también abogado, fue designado en un cargo de confianza por el actual gobierno: el presidente Luis Lacalle Pou, su amigo y excompañero de estudios, lo designó como embajador de Uruguay en Estados Unidos.

1.  El proyecto Neptuno procura garantizar el suministro de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, mediante la toma de agua del Río de la Plata y la construcción de una planta de tratamiento en la zona de Arazatí (San José) y de una tubería de 80 quilómetros. La inversión alcanza los 250 millones de dólares, pero sus costos aumentan a medida que avanza el estudio de factibilidad.

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