El coronel retirado Rodolfo Álvarez, sobrino del dictador Gregorio Goyo Álvarez y condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, presentó una queja internacional contra el Estado uruguayo. El militar alegó supuesta falta de garantías durante el proceso penal en su contra y que su condena constituye una afrenta a la independencia judicial.
En abril de 2017, la Justicia dispuso el procesamiento con prisión de Rodolfo Álvarez –hijo de Artigas Álvarez– por un delito de torturas, por los abusos cometidos contra detenidos políticos en la cárcel de La Tablada, en plena dictadura. El juez José María Gómez consideró que, en su rol de juez sumariante, Álvarez homologó las torturas sufridas por Gerardo Riet Bustamante en ese centro clandestino.
El militar fue enviado a prisión y alojado en una dependencia de la Guardia Republicana. Dos años después, fue condenado a seis años de penitenciaría por los tormentos sufridos por tres víctimas (Riet, Miguel Muyala y María de los Ángeles Michelena), pero se cambió el delito: encubrimiento y abuso de autoridad contra los detenidos. Álvarez recuperó la libertad el pasado 5 de abril, después de cumplir la totalidad de la pena.
Ahora, el militar pretende que el Estado uruguayo sea responsabilizado por los años que pasó en prisión. En contra de la prédica que cuestiona la posición de los organismos transnacionales en estas causas, Álvarez presentó una queja ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (Acnudh), donde criticó el proceso penal tramitado en Uruguay en su contra. Según un documento, al que accedió Brecha, alegó que entre 1980 y 1981 actuó como juez sumariante ciñéndose a lo que dispone el código de procedimiento militar. Así estuvo a cargo de tres casos de «gran relevancia para la seguridad del Estado», que terminaron con la condenas por delitos graves por actividades subversivas.
En sus descargos, el militar alegó que su única función en ese caso fue recabar la firma de las actas con las declaraciones de los detenidos para elevarlas al juez militar. Pero no menciona la causa de su procesamiento: los ex presos políticos eran coercionados a firmar esas actas, de lo contrario, volverían a ser sometidos a tortura.
Álvarez planteó ante el Acnudh que «fue investigado e imputado penalmente por sus interpretaciones y la aplicación de la ley en el contexto de sus investigaciones judiciales», y que la única prueba en su contra fueron las resoluciones judiciales por él dictadas. «El uso del derecho penal para confrontar lo que se consideran “errores” en la interpretación del derecho constituye una afrenta a la independencia judicial», alegó, equiparando sus funciones en dictadura a las de los jueces civiles en democracia.
Además, argumentó que durante los primeros 26 meses de privación de libertad presentó seis solicitudes de excarcelación o detención alternativa, que fueron rechazadas, pese a que no existía condena firme. Y agregó que ni el Tribunal de Apelaciones ni la Suprema Corte de Justicia analizaron el contexto de su relación con sus denunciantes, por lo que no se pudo constatar si sus declaraciones inculpatorias fueron «por móviles de resentimiento, venganza o enemistad, u otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad».
Todo esto, dice Álvarez, contradice tanto el derecho internacional como las garantías en materia de derechos humanos. «Se está ante una denegación de justicia y una persecución que pone claramente de manifiesto que el Estado uruguayo no está en condiciones de hacer efectivas las garantías de imparcialidad, debido proceso y juicio justo», señala la denuncia. Todo lo que, al parecer, a su juicio, tenían los ex presos políticos durante el terrorismo de Estado.
