Dicen que las mentiras tienen patas cortas. Pero, aunque cortas, en Brasil tienen millones. Y sirven para ganar elecciones. Las de 2018, que llevaron a la presidencia a Jair Bolsonaro, son un caso paradigmático. Y hasta hoy tienen desdoblamientos. El miércoles 27 de mayo, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (Stf), ordenó 29 allanamientos a casas de blogueros, activistas, políticos y empresarios bolsonaristas sospechosos de conformar una asociación ilícita para producir en masa noticias falsas, con el objetivo de “atacar las instituciones”.
En el texto de la orden judicial, se lee: “Las pruebas recogidas y los laudos periciales presentados apuntan a la real posibilidad de existencia de una asociación criminal denominada en los testimonios de los parlamentarios como ‘gabinete del odio’”. Esta organización, de acuerdo al Stf, estaría dedicada a la diseminación de noticias falsas “con flagrante contenido de odio” y “ataques ofensivos a diversas personas, autoridades e instituciones, entre ellas, el Stf”, con el supuesto fin de “subvertir el orden e incentivar el quiebre de la normalidad institucional y democrática”.
La operación irritó al bolsonarismo y reavivó las amenazas de ruptura institucional. La misma noche del 27 de mayo –y en una transmisión en vivo del canal Terça Livre, dedicado a difundir teorías conspirativas y propaganda anticomunista–, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, afirmó que es “inevitable” una ruptura institucional en el país: “El problema ya no es si la habrá, sino cuándo la habrá”. Ya en octubre de 2018, Eduardo Bolsonaro había dicho que sólo se necesita “un soldado y un cabo para cerrar el Supremo”.
El jueves 28, el propio mandatario se refirió a lo acontecido durante un discurso en el palacio presidencial: “No tendremos otro día igual al de ayer; no se van a cumplir más órdenes absurdas”. “¡Se terminó, mierda!”, afirmó, a medio camino entre la pataleta y la amenaza. El sábado 30 a la noche, el grupo 300 de Brasil –denominado por el Ministerio Público del Distrito Federal como milicia armada– marchó frente a la sede del Stf con antorchas y máscaras. Su líder Sara Winter, una militante ultraderechista partidaria de Bolsonaro, aprovechó para amenazar al juez De Moraes por su investigación, en la que ella misma está implicada: “Usted jamás tendrá paz. Esta es la peor decisión que tomó en su vida”.
Otro de los objetivos de los allanamientos, el presidente del conservador Partido Laborista Brasileño y exdiputado federal, Roberto Jefferson, había escrito en su cuenta de Twitter a comienzos de mayo que “para atender al pueblo y tomar las riendas del gobierno” Bolsonaro debe, de manera “impostergable”, “echar y sustituir a los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal, esa herencia maldita”. Poco después, publicó en la misma red social una foto suya con un fusil automático en sus manos y el siguiente mensaje: “Me estoy preparando para combatir el buen combate. Contra el comunismo, la dictadura, la tiranía, los traidores, los vendepatria”.
EL CLAN. Joice Hasselmann es la mujer más votada en la historia de la Cámara Baja de Brasil. Pertenece al ultraderechista Partido Social Liberal (Psl), el mismo con el que Bolsonaro alcanzó la presidencia en 2018 y que abandonó el año pasado. Actualmente, es la cara más visible en el Congreso de la oposición de derecha al presidente. En diálogo con Brecha, Hasselmann dijo que en el entorno del presidente existe un grupo que “no sólo es el mayor confeccionador de fake news de Brasil, sino también el que las impulsa y difunde a través de una serie de grupos interligados entre sí”. Se trataría de “milicias bolsonaristas” compuestas de cuentas que apoyan a Bolsonaro, tanto reales como falsas, organizadas no sólo para difundir desinformación, sino también para lanzar ataques contra los opositores.
La diputada señala a Eduardo y Carlos, hijos del presidente, como los principales articuladores en el “gabinete del odio” y dice que ese fue uno de los principales motivos de desgaste en su otrora estrecho vínculo con el presidente de la república: “Él me exigió que, como líder en el Psl, defendiera a sus hijos, a pesar de que cometieron crímenes: uno de ellos está claramente involucrado en corrupción [se refiere a Flávio, acusado de desvío de dinero público por el Ministerio Público] y los otros dos [Eduardo y Carlos] conspiran a través de las milicias digitales”.
De acuerdo a Hasselmann, estas milicias actuaron durante la pasada campaña electoral para impulsar la elección del presidente y ahora se dedican a hostigar a sus adversarios en las redes sociales y otros medios de comunicación. La diputada menciona al ex secretario general de Presidencia y excoordinador de la campaña de Bolsonaro Gustavo Bebianno y al secretario de gobierno Carlos Alberto dos Santos Cruz como víctimas de este tipo de ataque una vez que rompieron con el mandatario.
Según publicó Folha de São Paulo el pasado 25 de abril, la propia Policía Federal (PF) tiene identificado a Carlos Bolsonaro como uno de los articuladores del gabinete del odio. Esa sería una de las causas de la decisión presidencial de cambiar las autoridades de la institución policial, una medida que llevó a Bolsonaro padre a pelearse con su hasta entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien finalmente renunció a su puesto. Para sustituir al exdirector de la PF Maurício Valeixo, Bolsonaro intentó designar a Alexandre Ramagem, un amigo de su familia y del propio Carlos. La nominación de Ramagem, sin embargo, fue suspendida por el Stf el 29 de abril.
EN LA MIRA. El testimonio de Hasselmann fue uno de los pilares de la investigación de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación conocida como “Cpmi de las fake news”, instalada por el Congreso brasileño en setiembre de 2019. La relatora de la comisión, la diputada Lídice da Mata, del centroizquierdista Partido Socialista, dijo a Brecha que ese grupo de trabajo venía investigando “una red de creación de desinformación que se sustenta en la difamación y la calumnia, y busca asesinar biografías de forma consciente y organizada”. Da Mata, al igual que Hasselmann, afirma que el llamado “gabinete del odio” intervino en el proceso electoral de 2018 y cree que puede interferir en futuros comicios. Aunque la agenda de sesiones de la Cpmi de las fake news quedó en suspenso a comienzos de mayo a causa de la pandemia de coronavirus, para su relatora la operación actual del Stf liderada por el juez Alexandre de Moraes converge con la línea indagatoria que venía llevando la comisión.
Uno de sus principales temas de investigación hasta el momento era el financiamiento del gabinete del odio, al que se canaliza dinero de origen tanto privado como público, afirma Da Mata. Según explicó, en la actualidad los fondos públicos entrarían al grupo de dos formas principales. Por un lado, “por la contratación de sus miembros por algunos diputados, en ocasiones para servir en sus despachos o para desarrollar trabajos en redes sociales con dinero destinado a publicidad” y, por otro, “por medio de la publicidad estatal que se canaliza a través de los anuncios de Google AdSense”, un procedimiento revelado el año pasado por la sucursal brasileña de Sleeping Giants, un movimiento dedicado a denunciar a las empresas que financian a los grupos de extrema derecha en Estados Unidos.
Un informe producido a pedido de la Cpmi y divulgado el martes 2 informó que la Secretaría de Comunicación de Presidencia gastó 2 millones de reales en anuncios pagos en una serie de sitios entre los que se encuentran difusores de noticias falsas, como Terça Livre, O Jornal da Cidade, Folha do Brasil, conocidos sitios de derecha, pero también en medios como Diário do Centro do Mundo y la revista Fórum, considerados de izquierda. El dinero usado fue parte de la campaña a favor de la reforma previsional. El documento también identifica cinco canales dedicados a promocionar al presidente o sus familiares, como el canal personal del senador Flávio Bolsonaro.
ALTA TENSIÓN. La doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Fhoutine Marie cree que la reacción del bolsonarismo a los operativos recientes del Stf “no se puede reducir a una bravuconada”. Sin embargo, dijo a Brecha que, aunque el riesgo de un quiebre institucional es real, “no es posible saber si Bolsonaro tiene poder para hacerlo en este momento, ya que no parece haber consenso respecto a eso en las Fuerzas Armadas”. Y recordó, además, que este tipo de amenaza es, según ella, “parte del modo de gobernar de Bolsonaro: mientras las instituciones no reaccionen con nada más que notas de repudio, él y los suyos continuarán dando esas declaraciones, que agradan a los bolsonaristas más radicales, que todavía constituyen la base de apoyo del gobierno”.
Sin embargo, ve con más preocupación las constantes manifestaciones callejeras de grupos de extrema derecha. “A pesar de que son poco numerosas en términos de asistencia, son episodios peligrosos porque van tornando aceptable la presencia de discursos de odio y símbolos nazis y fascistas en el espacio público”.
Marie agregó que, “hasta el momento, los que han decidido reaccionar a esto han sido las hinchadas y los colectivos antifascistas, que se han unido para correr a los extremistas de las calles de algunas capitales brasileñas”. Se refiere a las protestas que los sectores organizados de las hinchadas de varios clubes de fútbol hicieron el domingo pasado, que en San Pablo fueron reprimidas por la Policía. Hasta el momento fueron las únicas protestas callejeras significativas de sectores de izquierda en lo que va de la pandemia del coronavirus, que en Brasil ya ha dejado unas 35 mil muertes. Una chispa en una pradera seca.
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Polémico precedente
Ocho reconocidas juristas progresistas publicaron el martes 2 de junio en el diario O Estado de São Paulo un artículo titulado “Investigación de las fake news: ¿trampa o salvación al Estado de derecho?”, en el que señalan algunos aspectos que consideran preocupantes del proceso iniciado por el Supremo Tribunal Federal (Stf). Las autoras enviaron una nota a Brecha en la que apuntan: “Creemos que los hechos investigados son gravísimos y deben ser aclarados con todo el rigor previsto por la ley”. Pero, al mismo tiempo, entienden que la magnitud de los supuestos delitos investigados “no puede servir como justificativo para la distorsión de las reglas procesales y constitucionales”.
Las juristas explican que en la actual indagatoria “se fusionan en la figura del Stf el investigador, el juez y la víctima”, y alertan sobre la “casi total ausencia en el proceso del Ministerio Público”. Esto abre, según ellas, un “peligroso precedente para otras ‘investigaciones de oficio’, sujetas a pasiones y discrecionalidades humanas y sin la necesaria supervisión externa”. Y cierran: “A despecho de la innegable gravedad de los hechos, la creación de tales precedentes parece ser, en sí misma, un riesgo para la democracia”.
Para Marco Aurélio Carvalho, jurista e integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, el proceso tiene, sin embargo, “amparo legal en el Código Penal y en la Constitución Federal, así como en el regimiento interno del Stf, que tiene fuerza de ley. Es fundamental que esa institución dé una respuesta a lo que está pasando en esta caso”, afirmó Carvalho a Brecha, “y es muy positivo para el país que se instale esta investigación”. Para él, “bajo ninguna hipótesis esta indagatoria puede ser entendida como un acto abusivo o ilegítimo”.
En una lectura más general, Carvalho afirma: “La investigada es una organización que actúa al margen de la ley, y el hecho de que no haya aún reglas que definan penalidades específicas para la utilización de ese tipo de mentira en procesos electorales no exime a nadie de ser eventualmente penalizado por las normas que ya existen hoy concernientes a difamación e injurias”. Estos crímenes son tratados en el Código Penal, pero no existe todavía una explicación clara en el universo electoral y una asignación de responsabilidad que supere la esfera civil y la mera indemnización por daños. Para el jurista, “las democracias precisan madurar para entender cuál es el tipo de penalidad que precisan establecer para esos crímenes, porque son delitos gravísimos que subvierten la lógica de la propia democracia y pueden matarla por dentro”.
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Sigue igual
Ya en la primera elección presidencial tras la reapertura democrática, en 1989, dos noticias falsas fueron determinantes para la victoria de Fernando Collor de Mello sobre Lula da Silva. En la última semana de la campaña, la televisión transmitió un video financiado y publicado por la campaña de Collor en el que Miriam Cordeiro, una mujer que había tenido una hija con Lula, aparecía diciendo que el candidato izquierdista le había ofrecido dinero para que abortara a la niña y, además, lo acusaba de racista. La otra fue el intento –exitoso– de asociar al Partido de los Trabajadores (PT) con el secuestro del empresario Abílio Diniz. Cuando fue liberado en la víspera de la segunda vuelta, la Policía presentó camisetas del PT y material de campaña de Lula como perteneciente a los secuestradores. La supuesta relación jamás se comprobó.
Más de treinta años después, ha avanzado la tecnología y aumentado la velocidad, pero algunas prácticas se mantienen. Unas noticias hilarantes –viralizadas en las redes sociales–, que para muchos pueden resultar imposibles de creer, tuvieron un efecto determinante en la elección que llevó a Jair Bolsonaro al poder. El entonces candidato mostró en vivo en el Jornal Nacional –el informativo más visto de Brasil– un libro llamado Aparato sexual y Cía, que según él integraba un “kit gay” que el gobierno del PT había distribuido en las escuelas. Otra fake news muy extendida fue la de la mamadeira de piroca, una imagen manipulada de biberones con forma de pene que, de acuerdo a los ultraderechistas, había sido distribuida en las escuelas y guarderías de San Pablo cuando el candidato rival Fernando Haddad gobernó la ciudad. Son versiones actuales de las viejas mentiras y cucos que siempre rondaron las elecciones, pero el bajísimo nivel actual es sintomático del estado del debate político bajo el bolsonarismo.
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