Dieciséis policías en actividad y tres ex jerarcas, entre ellos el ex jefe de policía del estado de Veracruz, fueron detenidos y enviados a prisión por el delito de desaparición forzada en la madrugada del pasado miércoles, en una causa que investiga su responsabilidad en la desaparición de 15 personas en Xalapa, la capital del estado, y en su conurbación, durante el segundo semestre del año 2013. Según la fiscalía, los policías imputados utilizaron la Academia de Policía, ubicada en El Lencero –a unos 15 quilómetros de la capital– para desaparecer a las personas que detuvieron ilegalmente.
La fiscalía de Veracruz informó el último día de enero que tiene registro de 3.600 casos de personas desaparecidas en ese estado; el 10 por ciento de los 34 mil del país. Desde el año 2011, peritos y organizaciones de familiares de desaparecidos han descubierto 102 sitios de enterramientos clandestinos que suman en total 343 fosas, de las que se extrajeron 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil fragmentos óseos que restan por identificar. Entre estos sitios hay tres predios mayores –Arbolillo, en el municipio de Alvarado; La Gallera, en el municipio de Tihuatlán, y Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz– que brindaron la mayoría de los hallazgos y se convirtieron en un triste récord para este estado recostado en el Golfo de México. Brecha informó en una extensa cobertura (véase “Los desaparecidos de hoy”, 2-VI-17) que familiares de desaparecidos del Colectivo Solecito, de Veracruz, señalaban la responsabilidad de la policía en múltiples casos denunciados y la participación y connivencia del ex jefe de policía de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita en los casos por los que fueron procesados los 19 uniformados. El colectivo también describió que las principales víctimas de las desapariciones forzadas fueron jóvenes pobres. Entre las 15 víctimas que considera el juicio iniciado el miércoles 14 hay tres menores de edad. El resto no supera los 30 años.
La imputación del ex jefe de policía Bermúdez Zurita representa un hito, por varios motivos. En primer lugar, que el mando mayor de la policía de un estado sea juzgado por desaparición forzada es algo inusual en México, y esto sienta un precedente a tener en cuenta. En segundo lugar, se trata de la primera causa penal que se abre luego de que entrara en vigor la ley general de desaparición, hace un mes. Al mismo tiempo, recoge y legitima las denuncias de las familias respecto del uso de la Academia de Policía como centro de detención clandestino.
Noé Zavaleta, corresponsal de la revista Proceso, publicó en octubre de 2013 el relato de una sobreviviente que hoy estructura la causa abierta por la justicia veracruzana. Se trata de una integrante del cuerpo policial que fue secuestrada por los policías hoy procesados. La mujer fue llevada a la academia de El Lencero y torturada para que admitiera que unos “ladrillos” de marihuana incautados eran suyos. Luego la liberaron. El taxista que fue detenido con ella sigue desaparecido.
“Este caso trasciende por dos motivos –explicó Zavaleta a Brecha–: porque se está investigando a los policías por actividades que siempre se atribuyen al crimen organizado, y porque estos policías de elite, encargados de velar por la seguridad de 8 millones de veracruzanos, tenían un escuadrón de la muerte. Esta causa representa la punta del iceberg de las desapariciones en Veracruz, ¿en cuántos casos se ha señalado (como responsable) al cuerpo de elite del Capitán Tormenta?”, reflexionó.
“Capitán Tormenta” fue el apodo de Arturo Bermúdez Zurita durante los cinco años de terror en que fue jefe de policía del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Actualmente Duarte es investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito, y Bermúdez Zurita fue detenido el año pasado por esos mismos delitos; el de desaparición forzada se agregó a esa lista.
Hay otros jefes de policía procesados en la misma causa. Dos de ellos son Óscar González Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social (cárceles), quien estaba preso desde setiembre pasado, acusado de la desaparición del ex novio de su esposa, y Roberto González Meza, un ex militar que era el jefe de la Fuerza Civil, un escuadrón policial de elite de Veracruz creado por Bermúdez Zurita. González Meza, dueño de varios hoteles de lujo en Quintana Roo, en el caribe mexicano, fue apresado en un hotel de esa localidad. Noé Zavaleta reveló que Bermúdez Zurita también es dueño de una cadena de hoteles, llamada Artisan. Hay un cuarto jefe imputado en la causa que está prófugo, Nabor Nava Holguín, subdirector de la policía, el número dos en el organigrama de la fuerza del Capitán Tormenta.
Miguel León Carmona, periodista local de E-Consulta y la Silla Rota, permaneció en el penal de Pacho Viejo durante las casi 50 horas que duró la audiencia de imputación de los policías. Según él, se está frente a un hecho “histórico aunque tardío”, porque existieron casos previos de desapariciones forzadas en los que la justicia contaba con evidencia para investigar a la cadena de mando y no lo hizo. Zavaleta, ya más veterano en el oficio periodístico, calificó de épica e inédita la causa que, dice, sólo va a crecer: hay otras 12 órdenes de aprensión contra policías imputados en este juicio que están prófugos. Este avance inesperado de la vapuleada justicia mexicana se debe a la presión que ejercieron sobre el gobierno federal y local las familias afectadas, señaló Zavaleta.
